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Más Allá de las Barreras: Un Llamado a la Dignidad y la Inclusión

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Introducción

Cada 3 de diciembre el mundo conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992 para recordarnos una verdad fundamental: una sociedad solo es justa cuando todas las personas pueden vivir con dignidad, acceder a oportunidades reales y participar plenamente en la vida colectiva.

En Ecuador, esta conmemoración nos invita a mirar más allá de los avances normativos y las políticas públicas, para reflexionar sobre las condiciones reales en las que viven miles de personas con discapacidad. ¿Hemos logrado construir entornos verdaderamente accesibles? ¿Garantizamos una educación inclusiva y de calidad? ¿Reconocemos y valoramos su talento, su voz y sus derechos? ¿O seguimos levantando barreras que limitan su autonomía y su proyecto de vida?

Las personas con discapacidad conforman un grupo diverso, con necesidades, capacidades y experiencias igualmente diversas. Sin embargo, muchas continúan enfrentando prejuicios, exclusión e indiferencia. Esta reflexión nos recuerda que la discapacidad no es un límite, sino una condición humana; y que las barreras más profundas y a menudo invisibles no están en los cuerpos, sino en las estructuras, las políticas y las actitudes sociales que frenan el desarrollo pleno de quienes viven con una discapacidad.

En este contexto, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad no es solo una fecha para conmemorar, sino un llamado urgente a la acción, a la empatía y a la corresponsabilidad. Nos enseña que la inclusión no se proclama: se construye. Y que ese compromiso involucra al Estado, a las instituciones, a las familias y a cada uno de nosotros.

Dignidad en Cifras: La Realidad de la Discapacidad en Ecuador 

En el mundo, más de 1.000 millones de personas (una de cada siete) viven alguna forma de discapacidad. En Ecuador, según datos del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), se registran aproximadamente 471.205 personas con discapacidad, lo que equivale al 2,67 % de la población nacional. Dentro de este universo el 45,66 % presenta discapacidad física, 23,12 %, discapacidad intelectual, 14,12 %, discapacidad auditiva, 11,54 %, discapacidad visual y 5,55 %, discapacidad psicosocial. Sin embargo, muchas de ellas continúan enfrentando abandono, exclusión y postergación. Esto se debe, en gran parte, a prejuicios y barreras sociales que limitan sus oportunidades. Tal como expresó María del Carmen Azuara de Curi: “No es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino los pensamientos y acciones de los demás.”

Estas cifras revelan una diversidad amplia de realidades y necesidades. Las discapacidades pueden ser físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales, y cada una requiere respuestas diferenciadas por parte del Estado, la sociedad, el sistema educativo y las familias.

Por ello, la lucha por empoderar, visibilizar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad nos convoca a todos. Especialmente interpela a quienes tienen responsabilidades en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas, pues la igualdad de oportunidades solo se materializa cuando la inclusión deja de ser un discurso y se convierte en acción.

Ejemplos inspiradores como Tony Meléndez, Adriana Macías y Nick Vujicic nos recuerdan que, con tenacidad y apoyo social adecuado, las barreras pueden transformarse en plataformas de crecimiento. Sus vidas son testimonio de la resiliencia humana y del enorme potencial que florece cuando se derriban los muros de la discriminación. 

Leyes que Protegen, Acciones que Transforman 

El Ecuador cuenta con un robusto marco constitucional y legal que respalda los derechos de las personas con discapacidad. La Constitución de 2008 las reconoce como grupo de atención prioritaria y garantiza igualdad de oportunidades, acceso a salud, educación, empleo, rehabilitación y la eliminación de todas las barreras que limiten su participación plena.

Sobre esta base, la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) dispone que las instituciones públicas con más de 25 servidores deben incorporar al menos un 4 % de personas con discapacidad, asegurando accesibilidad, adaptación laboral y protección contra la discriminación. Asimismo, la Ley Orgánica de Discapacidades establece mecanismos de certificación, registro, rehabilitación integral, inclusión educativa y social, y acceso a ayudas técnicas y ajustes razonables.

El CONADIS coordina políticas públicas y acciones nacionales para garantizar la inclusión, mientras que el Ministerio de Educación impulsa la educación inclusiva en escuelas regulares y unidades especializadas, con apoyos pedagógicos y adaptaciones curriculares.

El Ministerio de Salud Pública cumple un rol determinante: previene y detecta tempranamente condiciones discapacitantes, certifica la discapacidad, ofrece rehabilitación integral, entrega ayudas técnicas, garantiza atención prioritaria, sensibiliza a la población y produce datos epidemiológicos para la toma de decisiones. Su intervención marca el punto de partida para que las personas accedan a los derechos y servicios establecidos en la ley.

En conjunto, estas normas y políticas evidencian el compromiso formal del Estado con la inclusión. Sin embargo, el gran desafío sigue siendo su implementación efectiva: convertir los principios legales en acciones sostenidas que aseguren dignidad, igualdad y justicia social para todas las personas con discapacidad. 

La Inclusión Nos Convoca: Un Compromiso de Todos 

Alcanzar una verdadera inclusión de las personas con discapacidad no es responsabilidad de un solo actor: es un compromiso compartido entre el Estado, la sociedad, el sistema educativo y las familias. Solo cuando cada uno asume su rol con convicción, la inclusión deja de ser un ideal y se convierte en una realidad cotidiana.

El Estado: Garantizar derechos con acciones concretas

Corresponde al Estado asegurar que los derechos de las personas con discapacidad se cumplan plenamente. Esto implica:

  • Destinar recursos suficientes y sostener políticas públicas reales.
  • Implementar de manera efectiva la Ley Orgánica de Discapacidades.
  • Desarrollar programas integrales de salud, rehabilitación, educación, protección social y empleo.
  • Garantizar accesibilidad universal en espacios públicos, servicios, transporte y edificaciones.

Sin presupuesto, seguimiento y voluntad política, los derechos permanecen solo en el papel.

La sociedad: Transformar la mirada para transformar la inclusión

La inclusión comienza en la forma en que vemos y valoramos a quienes son diferentes. La sociedad debe avanzar del asistencialismo hacia el reconocimiento pleno de la dignidad y los derechos. Para ello es necesario:

  • Eliminar barreras físicas, sociales y estructurales.
  • Construir una cultura que celebre la diversidad funcional.
  • Garantizar accesibilidad comunicacional: lengua de señas, materiales adaptados y tecnologías de apoyo.
  • Impulsar empleo inclusivo y participación social efectiva.
  • Promover campañas de sensibilización en comunidades, escuelas y medios de comunicación.

Una sociedad que excluye se limita a sí misma; una que incluye, se fortalece.

El sistema educativo: Un pilar decisivo para el cambio

La educación tiene el poder de abrir puertas o de mantener barreras. Por ello, el sistema educativo debe:

  • Fortalecer la formación docente en educación inclusiva y atención a la diversidad.
  • Garantizar recursos especializados y adaptaciones curriculares.
  • Crear entornos accesibles, seguros e integradores.
  • Involucrar a las familias y redes de apoyo en el proceso educativo.

La escuela no debe reproducir desigualdades: debe ser el espacio donde se derriban.

Las familias: El primer sostén de la inclusión

La familia es el núcleo emocional y afectivo de toda persona con discapacidad. Su rol es fundamental para el desarrollo, la autonomía y la autoestima. Entre sus responsabilidades están:

  • Registrar y certificar la discapacidad para acceder a derechos y beneficios.
  • Buscar terapias, atención médica y rehabilitación temprana cuando sea necesario.
  • Informarse sobre apoyos disponibles y estrategias de acompañamiento.
  • Exigir inclusión educativa y social, participando activamente en escuelas y comunidades.
  • Promover la autonomía, la participación y los proyectos personales.

Una familia que acompaña y cree en las capacidades abre caminos donde otros ven límites.

Un compromiso que nos une

En este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, renovemos nuestro compromiso de pensar, decidir y actuar con un enfoque verdaderamente incluyente. La única discapacidad peligrosa es la incapacidad de amar, de sentir y de tener corazón.

La inclusión no es un favor: es justicia. Solo cuando nuestras acciones —y no solo nuestras palabras— transformen la vida de quienes han enfrentado barreras históricas, podremos afirmar que estamos construyendo una sociedad realmente humana.

No es la Discapacidad: Son las Barreras que Construimos 

Las mayores barreras no están en los cuerpos, sino en las sociedades que aún no aprenden a incluir. Cuando el Estado, las instituciones y la comunidad no garantizan una protección real a las personas con discapacidad, las consecuencias son profundas, injustas y dolorosas.

Exclusión social y marginalidad:

Sin accesibilidad, empleo digno, educación inclusiva o apoyos adecuados, miles de personas quedan fuera de la participación social, económica y política. Esta exclusión no solo limita su desarrollo individual; también empobrece a la sociedad al privarla de su talento, creatividad y diversidad.

Pérdida de oportunidades y desarrollo truncado:

La ausencia de inclusión educativa, laboral y comunitaria implica la pérdida de capacidades, proyectos de vida y aspiraciones. Una sociedad que impide el desarrollo pleno de todos sus miembros se limita a sí misma y renuncia a su propio potencial humano.

Mayor vulnerabilidad frente a pobreza, discriminación y violencia:

Cuando las políticas no son efectivas o no se aplican, aumentan los riesgos de abandono, abuso, maltrato y discriminación. La exclusión genera ciclos persistentes de pobreza que afectan no solo a la persona, sino también a su familia y a su entorno más cercano.

Impacto en la salud y el bienestar integral:

Sin acceso a rehabilitación, atención médica o apoyo psicosocial, la calidad de vida se deteriora notablemente. La salud física y emocional se ve afectada por la falta de servicios adecuados, la sobrecarga familiar y el aislamiento social.

Retroceso en derechos humanos y justicia social:

Negar protección y garantías a las personas con discapacidad es vulnerar principios esenciales de igualdad y dignidad. Es incumplir compromisos éticos y legales, debilitando la convivencia democrática. Un país que excluye no avanza: retrocede.

Una reflexión necesaria:

Cuando una sociedad cierra puertas, lo que se limita no es la discapacidad, sino nuestra propia humanidad. La inclusión no es un gesto de buena voluntad; es una obligación ética, legal y profundamente humana. Construir un país más justo empieza por derribar las barreras que nosotros mismos hemos creado.

Más Allá de las Aulas: Un Camino Abierto a la Dignidad y al Futuro 

Durante mi gestión al frente de la Dirección Distrital 19D01 Yacuambi–Zamora Educación (1 de septiembre de 2013 al 6 de marzo de 2019), una de mis prioridades fue fortalecer las oportunidades educativas para las y los estudiantes de la Unidad Educativa Especializada “Andrés Francisco Córdova”, institución dedicada a la formación de personas con discapacidad. Hasta el año 2016, esta unidad únicamente ofertaba la educación básica superior hasta décimo grado. Sin embargo, gracias a un trabajo comprometido y articulado, impulsamos y elaboramos el proyecto para la creación del Bachillerato en Hotelería y Turismo, aprobado en 2017 y que permitió proyectar la primera promoción de bachilleres para el año 2020.

Como parte del fortalecimiento institucional, gestionamos un convenio con CELEC que hizo posible la construcción de tres aulas completamente equipadas, con mobiliario adecuado y accesos inclusivos para garantizar un entorno seguro y pertinente a las necesidades de estudiantes con discapacidad.

En el ámbito académico, realizamos gestiones ante el Gobierno de Japón, a través de la Agencia de Cooperación Internacional JICA–Ecuador, logrando la presencia de docentes especialistas provenientes de este país. En una primera etapa contamos con el valioso acompañamiento pedagógico de Yuki Codera y posteriormente de Yuki Manno, dos destacadas profesionales que apoyaron en la capacitación del personal docente, el trabajo con las familias y la atención directa a los estudiantes de la institución.

Gracias a estos esfuerzos sostenidos, desde 2020 hasta 2025 la Unidad Educativa Especializada “Andrés Francisco Córdova” ha graduado seis promociones de bachilleres con discapacidad. Esto no solo representa un logro educativo, sino también un avance significativo para su inclusión laboral, en cumplimiento del artículo 64 de la LOSEP, que obliga a las instituciones públicas con más de 25 servidores a contratar al menos un 4% de personas con discapacidad.

Es una enorme satisfacción saber que contribuimos a que las personas con discapacidad culminen su bachillerato y cuenten hoy con herramientas que fortalecen su autonomía, dignidad e inclusión plena en la sociedad.

Conclusión 

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad no es solo una fecha en el calendario: es un recordatorio de que la dignidad, la igualdad y la inclusión deben ser parte de nuestra vida cotidiana. En Ecuador contamos con un marco legal y normativo que reconoce y protege los derechos de las personas con discapacidad; sin embargo, la distancia entre la ley y la realidad sigue siendo amplia. Persisten barreras físicas, culturales, sociales y estructurales que limitan el acceso pleno a la educación, a la salud, al empleo y a la participación comunitaria.

La inclusión no puede seguir siendo una aspiración abstracta ni un discurso repetido cada 3 de diciembre. Debe convertirse en una práctica concreta, en una decisión ética y en un compromiso sostenido. Implica garantizar condiciones dignas, promover oportunidades reales, eliminar prejuicios y transformar los entornos para que todas las personas puedan desarrollarse plenamente. El desafío es compartido.

El Estado debe asegurar políticas efectivas, financiamiento adecuado y una implementación real de la Ley Orgánica de Discapacidades. La sociedad debe abandonar el asistencialismo y reconocer la dignidad y el valor de la diversidad humana. El sistema educativo tiene que fortalecerse, adaptarse y abrir puertas, no cerrarlas. Y las familias necesitan acompañamiento, información y apoyo para promover la autonomía y los proyectos de vida de sus seres queridos.

Solo cuando cada actor asume su responsabilidad, la inclusión deja de ser un ideal y se convierte en realidad.

Solo cuando nuestras acciones facilitan la vida de quienes históricamente han enfrentado barreras, podemos afirmar que estamos construyendo una sociedad verdaderamente humana.

Porque, al final, una nación que excluye se debilita, pero una que abraza la diversidad se engrandece.

Que este 3 de diciembre sea más que una conmemoración: sea una invitación permanente a mirar sin prejuicios, a actuar con justicia y a construir un Ecuador donde todas las personas, sin excepción, puedan vivir con dignidad, participar plenamente y aportar al progreso colectivo.

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PISA 2025: una llamada urgente a transformar la educación ecuatoriana

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Las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) es una evaluación internacional de la OCDE (organización para la cooperación y desarrollo económico), que mide conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes de 15 años en ciencias, lectura y matemática, buscando determinar no solamente cuánto recuerdan, sino su capacidad para utilizar conocimientos, razonar, resolver problemas y desenvolverse ante situaciones de la vida real.  Esta evaluación se aplicó a 91 países y en Ecuador fueron evaluados 9128 estudiantes de 266 colegios.

Los resultados de las pruebas PISA 2025, publicados por la OCDE este 8 de septiembre de 2026, no puede ser utilizado como una herramienta para buscar culpables, deben ser asumidos por el estado como una señal de alarma y, sobre todo, como una oportunidad para emprender una transformación profunda de su sistema educativo.

Un diagnóstico que no admite indiferencia

 Los resultados de PISA evidencian los importantes desafíos que enfrenta el sistema educativo ecuatoriano. En matemáticas, aproximadamente 8 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel básico de competencia. En lectura y ciencias, la situación también es preocupante: 6 de cada 10 estudiantes no llegan al nivel mínimo esperado.

PISA no evalúa simplemente cuánto pueden memorizar los estudiantes, sino su capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos, resolver problemas y utilizar lo aprendido en situaciones de la vida real. Por ello, sus resultados permiten observar no solo qué saben los estudiantes, sino también qué tan preparados están para utilizar ese conocimiento.

En comparación con los resultados de 2017, Ecuador presenta un deterioro en matemáticas y lectura, mientras que el desempeño en ciencias se mantiene aproximadamente estable. Esto demuestra que las dificultades del sistema educativo no responden únicamente a un problema reciente, sino que tienen también un componente estructural.

En la evaluación, Ecuador obtuvo 393 puntos en ciencias, 385 en lectura y 366 en matemáticas, frente a los promedios de la OCDE de 482, 461 y 463 puntos, respectivamente. Esto representa brechas de 89 puntos en ciencias, 76 en lectura y 97 en matemáticas. En el ordenamiento nominal de los 91 participantes, Ecuador se ubicó alrededor del puesto 70 en ciencias, 65 en lectura y 76 en matemáticas.

Sin embargo, más allá de los promedios y las posiciones, uno de los datos más relevantes es la proporción de estudiantes que no alcanza las competencias básicas. Solo el 40% llegó al nivel mínimo de competencia en ciencias, el 38% en lectura y apenas el 20% en matemáticas. En otras palabras, aproximadamente 8 de cada 10 estudiantes ecuatorianos no alcanzan el nivel básico en matemáticas.

Los resultados también muestran dificultades relacionadas con las condiciones en las que se desarrolla el proceso educativo. El 51% de los estudiantes asistía a colegios cuyos directores reportaron carencias de materiales educativos, mientras que el 47% estudiaba en establecimientos donde la infraestructura física representaba una dificultad para la enseñanza. A esto se suma que el 25% de los estudiantes se encontraba en instituciones cuyos directores reportaron falta de personal docente.

Estos resultados deben ser analizados con seriedad, pero también con responsabilidad. PISA no debería convertirse en una herramienta para buscar culpables individuales. Los datos reflejan un desafío que involucra al Estado, las autoridades educativas, las instituciones, los docentes, los estudiantes, las familias y a la sociedad en su conjunto.

El reto, por tanto, no consiste únicamente en mejorar una posición en un ranking internacional. Se trata de lograr que más estudiantes desarrollen las competencias fundamentales que necesitan para comprender lo que leen, resolver problemas matemáticos, interpretar información científica y aplicar sus conocimientos a situaciones concretas.

Los resultados de PISA deben servir como una señal de alerta, pero, sobre todo, como una oportunidad para identificar las causas de estas dificultades y construir políticas educativas sostenibles que permitan mejorar los aprendizajes de los estudiantes ecuatorianos.

Datos importantes de esta evaluación:

Los resultados de PISA muestran que el 86% de los estudiantes ecuatorianos considera que sus profesores se interesan por su aprendizaje, el 80% afirma continúan explicando hasta que comprenden y el 85% señala recibir ayuda adicional cuando la necesita. Además, el 80% de los estudiantes demuestra curiosidad por aprender, por encima del promedio internacional del 73%.

Al mismo tiempo, existen condiciones que dificultan el aprendizaje: el 51% reporta falta de materiales educativos, el 47% problemas de infraestructura y el 27% interrupciones por ruido y desorden. A esto se suma la influencia del nivel socioeconómico, pues los estudiantes con mayores recursos obtuvieron mejores resultados.

Otro aspecto relevante es el uso de la inteligencia artificial. El 52% de los estudiantes la utiliza para sus tareas. Los datos muestran una diferencia según su uso: quienes la emplean para comprender y aprender alcanzaron mejores resultados que quienes la utilizan para que realice las tareas por ellos.

Estos resultados evidencian que mejorar la educación requiere mirar el conjunto de factores que intervienen en el aprendizaje: condiciones económicas, infraestructura, recursos, acompañamiento docente y nuevas tecnologías. También es necesario considerar la situación profesional del magisterio, donde muchos docentes llevan años sin poder ascender de categoría y existen autoridades educativas que desempeñan funciones directivas sin una remuneración adicional.

El informe PISA plantea, además, que los gobiernos y autoridades educativas construyan planes de mejora escuchando a toda la comunidad educativa. La discusión no debería centrarse en buscar culpables, sino en identificar las condiciones que deben cambiar para mejorar los aprendizajes.

¿Qué debemos hacer? 

  1. El Estado debe convertir la educación en una política nacional de largo plazo.

La educación necesita estabilidad, continuidad y una visión que trascienda los gobiernos de turno. Ecuador debe garantizar financiamiento suficiente y eficiente, priorizando infraestructura, bibliotecas, laboratorios, conectividad, equipamiento tecnológico y contratación de docentes donde exista déficit. La Constitución establece, en su disposición transitoria decimoctava, incrementos progresivos de recursos para educación hasta alcanzar al menos el 6% del PIB para educación inicial, básica y bachillerato.

Pero invertir más no basta: hay que invertir mejor. Se requiere un sistema nacional de evaluación que mida periódicamente aprendizajes en lectura, escritura, matemáticas y ciencias y permita corregir rápidamente las deficiencias. Los cargos directivos deben responder a criterios de mérito, formación, liderazgo y resultados, no a afinidades políticas. Asimismo, es necesario revisar las normas educativas para recuperar una cultura de esfuerzo, asistencia, responsabilidad, evaluación y exigencia académica, sin sacrificar la inclusión.

  1. El docente debe volver a concentrarse en enseñar.

Ningún sistema educativo puede ser de excelencia si no cuenta con maestros preparados, motivados, respetados y con un salario digno. Es indispensable reducir la carga administrativa innecesaria y fortalecer la formación inicial y la capacitación permanente, especialmente en didáctica de matemáticas, lectura, ciencias, evaluación y herramientas digitales.

La OCDE destaca que los docentes necesitan no solamente conocimiento de su asignatura, sino capacidades prácticas para explicar con claridad, gestionar el aula, mantener la motivación y ofrecer retroalimentación. La tecnología y la inteligencia artificial deben ser instrumentos al servicio del aprendizaje, no sustitutos del razonamiento del estudiante.

  1. La familia debe asumir que educar es una responsabilidad compartida.

Los padres no pueden delegar completamente la formación a la escuela. Es necesario establecer horarios de estudio, fomentar la lectura, controlar el uso de celulares y redes sociales, garantizar descanso adecuado, alimentación saludable y actividad física, y conversar regularmente con los hijos sobre su rendimiento y comportamiento. PISA muestra que solo el 60% de los estudiantes ecuatorianos reportó que sus padres o representantes les preguntan semanalmente qué hicieron en la escuela.

La familia debe recuperar su papel como primera escuela: enseñar responsabilidad, disciplina, honestidad, respeto, perseverancia y valoración del conocimiento. Mucho ayuda que los padres entiendan a la educación de sus hijos como un proceso y que garanticen un muy buen clima familiar.

  1. El estudiante debe asumir un papel activo.

Una educación de calidad también exige esfuerzo personal. Los jóvenes necesitan desarrollar hábitos de lectura, estudio, puntualidad, asistencia y organización del tiempo. PISA encontró que solamente alrededor del 44% de los estudiantes ecuatorianos afirma planificar frecuentemente su manera de estudiar y que solo el 49% presenta una mentalidad de crecimiento, frente al 69% de promedio OCDE.

No se trata de regresar a una educación basada exclusivamente en memorización, sino de combinar conocimientos sólidos con pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas, comunicación, trabajo en equipo y capacidad para aprender durante toda la vida.

 

 

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CITACIÓN A LOS USUARIOS CONOCIDOS O NO QUE SE CREAN CON DERECHO A LAS AGUAS PROVENIENTES DE LA(S) FUENTE(S) CAP-VZ4-QUEBRADA,CAP-G17-QUEBRADA,CAP-G16-QUEBRADA,CAP-G15-QUEBRADA,CAP-G13- QUEBRADA,CAP-G3-QUEBRADA,CAP-VZ3-QUEBRADA,CAP-VZ2-QUEBRADA,CAP-VZ1-QUEBRADA,CAP-G12-QUEBRADA,CAP-G11-QUEBRADA,CAP-G4- QUEBRADA,CAP-G2-QUEBRADA,CAP-G1-QUEBRADA UBICADA EN CAP-VZ4, PARROQUIA NUEVO QUITO, CANTÓN PAQUISHA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, EL AGUA SERÁ UTILIZADA PARA USO Y/O APROVECHAMIENTO MINERÍA.

ACTOR(ES): AURELIANMENOR S.A.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, DIRECCIÓN ZONAL 10.

Proceso Administrativo Nro DZ10-DZ10-2026-00031-AA. Fecha 15-07-2026 A las 10:20.

VISTOS: Avoco conocimiento del presente trámite administrativo en mi calidad de Autoridad Única del Agua a nivel desconcentrado. Ministerio de Ambiente y Energía.

En lo principal: Agréguese al expediente los documentos referentes a la Solicitud de Autorización de aprovechamiento de agua, presentada por AURELIANMENOR S.A. de 2026-07-15 10:20:05.198, en el mismo que solicita la Autorización de aprovechamiento de agua de MINERÍA, provenientes de la fuente, CAP-VZ4-QUEBRADA,CAP-G17-QUEBRADA,CAP-G16-QUEBRADA,CAP-G15-QUEBRADA,CAP-G13- QUEBRADA,CAP-G3-QUEBRADA,CAP-VZ3-QUEBRADA,CAP-VZ2-QUEBRADA,CAP-VZ1-QUEBRADA,CAP-G12-QUEBRADA,CAP-G11-QUEBRADA,CAP-G4- QUEBRADA,CAP-G2-QUEBRADA,CAP-G1-QUEBRADA ubicada en CAP-VZ4,

parroquia NUEVO QUITO, cantón PAQUISHA, provincia de ZAMORA CHINCHIPE. Con estos antecedentes en mi calidad de Autoridad Única del Agua a nivel desconcentradose DISPONE:

1.- Aceptar a trámite la solicitud de Autorización de aprovechamiento de agua MINERÍA, por haberse emitido el Certificado de Disponibilidad de Agua – CDA, en cumplimiento con Art. 23 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua y en concordancia con el Art. 107 del Reglamento General Aplicación a la ley, por lo expuesto se dispone el cumplimiento de las siguientes diligencias.

2.-Notifíquese a los señores MARIA AGUSTINA KITIAR TSASAM,JOSE DOMINGO GUALAN ABRIGO,PEDRO FRANCISCO CANGO,ENRIQUE GUALAN

GUALAN,GUILMER MEDARDO ESPINOSA GONZALEZ, en su domicilio señalado en la petición inicial; y a los usuarios desconocidos y presuntos mediante la fijación de carteles que contendrán un extracto de la solicitud y ésta providencia, los que permanecerán expuestos por diez días consecutivos en los parajes más concurridos CAP-VZ4 – NUEVO QUITO – PAQUISHA– ZAMORA CHINCHIPE, mediante comisión que le imparte al señor Teniente Político de la parroquia NUEVO QUITO, anunciar por la prensa tres publicaciones consecutivas.

3.- Finalizado el plazo de publicidad, se contarán diez días para que se puedan presentar

 

adhesiones, oposiciones o proyectos alternativos en sobre cerrado, cumpliendo los mismos requisitos fijados en el numeral 1 del Art. 107 (procedimiento general).

4.- En caso de que el administrado no cumpla con lo dispuesto, esta Administración actuará de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 212 del Código Orgánico Administrativo. 5.- Luego de cumplidas estas diligencias se designará un analista técnico/perito, quien realizará la inspección de rigor y emitirá su informe en atención a lo solicitado.

6.- Téngase en cuenta Casillero Judicial 0 , correo electrónico daniela.alvear@lundingold.com señalados para posteriores notificaciones y la autorización conferida a su abogado defensor de ser el caso AURELIANMENOR S.A. NOTIFIQUESE.-

DIRECTOR/A ZONAL DIRECCIÓN ZONAL 10

 BYRON STALIN MEDINA PACHECO

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Cooperativa Unión Yantzaza fortalece la capacitación de su personal y anuncia renovación de unidades

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Mediante una rueda de prensa realizada el miércoles 16 de septiembre en el cantón Yantzaza, representantes de la Cooperativa Unión Yantzaza informaron sobre los procesos de capacitación dirigidos al personal administrativo y sobre los principales proyectos orientados a fortalecer la calidad, la seguridad y la tecnología de sus servicios de transporte.

La jornada estuvo encabezada por Yajaira Medina, presidenta de la Cooperativa Unión Yantzaza; José Luis Medina, gerente de la institución; y Carlos Cabrera, vicepresidente. Durante el encuentro se destacó la culminación de una capacitación planificada para el personal administrativo y de oficina, con énfasis en la atención al usuario, la calidad del servicio y el trato cordial.

Yajaira Medina señaló que el personal de atención constituye la carta de presentación de la cooperativa ante sus usuarios, por lo que consideró fundamental fortalecer sus conocimientos y capacidades. Asimismo, destacó su presencia como primera mujer en ocupar la presidencia de la Cooperativa Unión Yantzaza, expresando su expectativa de que más mujeres se incorporen a espacios de representación y liderazgo dentro de la organización.

Por su parte, el gerente José Luis Medina explicó que la capacitación responde a los requerimientos actuales de la cooperativa y forma parte de un proceso encaminado a brindar servicios con mayor eficiencia, calidad, calidez y cortesía.

Entre los principales anuncios consta la incorporación de aproximadamente 15 nuevas unidades modelo 2026, destinadas a fortalecer el segundo grupo de trabajo. Según lo informado, la nueva flota está prevista para incorporarse hasta noviembre de 2026, fecha en la que se realizaría su presentación ante la ciudadanía.

Medina también anunció la implementación de internet satelital en sus unidades, una solicitud presentada por los usuarios que permitirá mantener conexión durante los recorridos. Esta tecnología ya se encuentra incorporada en unidades del primer grupo, correspondiente a frecuencias de larga distancia hacia Quito, mientras se prevé su ampliación progresiva al segundo grupo.

Actualmente, la Cooperativa Unión Yantzaza cuenta con 57 socios y opera mediante tres grupos de trabajo, con servicios de transporte a nivel nacional y atención de rutas intracantonales. El tercer grupo comprende las denominadas “rancheras”, modalidad que también se encuentra en proceso de fortalecimiento.

José Luis Medina manifestó que la institución analiza nuevos proyectos y frecuencias para atender sectores que requieren mayor cobertura dentro del país. Además, destacó que las mejoras en la vialidad y la renovación de infraestructura vial constituyen factores que pueden contribuir al fortalecimiento de los servicios de transporte.

Los representantes de la cooperativa señalaron que las acciones emprendidas buscan responder a las necesidades planteadas por los usuarios, priorizando seguridad, confort, tecnología y calidad en la prestación del servicio, como parte de un proceso de modernización institucional.

Medina gerente de la Cooperativa Unión Yantzaza reiteró su compromiso de continuar trabajando en la renovación de sus unidades y en la implementación de nuevas herramientas tecnológicas, con el propósito de fortalecer su servicio y mantener su presencia en las rutas nacionales e intracantonales.

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