Hay una realidad que cada día me preocupa más: la política está dejando de debatirse con ideas para convertirse en un campo de resentimientos. Las redes sociales, que podrían ser una herramienta para vigilar el poder y enriquecer el debate democrático, hoy parecen ser el lugar donde muchos descargan frustraciones personales disfrazadas de defensa del pueblo.

Hace pocos días observé las reacciones a una publicación en la que una asambleísta de nuestra provincia solicitaba seguridad personal. En lo personal, no comparto esa decisión, aunque está en todo su derecho de hacerlo. Pero ese no es el tema de fondo.

Lo verdaderamente preocupante fue leer a ciertos personajes —algunos exfuncionarios, otros profesionales y varios actores políticos— presentarse como defensores de la provincia. Muchos de ellos escribían con una dureza que pretendía aparentar indignación ciudadana. Sin embargo, detrás de varios de esos discursos no se percibe preocupación por la gente, sino el sabor amargo de intereses que nunca fueron satisfechos, es decir; es un interés personal.

Porque hay que decirlo con claridad: no toda crítica nace del compromiso con la sociedad. Hay críticas que nacen porque no hubo un nombramiento, porque no llegó un contrato, porque no existió un favor político o simplemente porque alguien no fue tomado en cuenta. Cuando eso ocurre, la defensa del pueblo deja de ser una convicción para convertirse en una excusa.

Y esa diferencia es enorme.

La democracia necesita una oposición firme, necesita periodistas críticos, ciudadanos vigilantes y voces que fiscalicen el poder. Lo que no necesita son ataques motivados por resentimientos personales. Quien cuestiona únicamente cuando sus intereses fueron afectados no está haciendo política; está cobrando una factura.

También resulta curioso que muchos de los más valientes en las redes sociales desaparezcan cuando tienen la oportunidad de expresar esas mismas opiniones en un debate público o frente a un micrófono. Es más sencillo escribir detrás de una pantalla que sostener una posición con argumentos y responsabilidad.

La política jamás debería medirse por la cantidad de favores recibidos. Un cargo público no existe para repartir puestos de trabajo entre amigos ni para devolver apoyos electorales. Su obligación es servir al conjunto de la sociedad. Cuando reducimos la política al beneficio personal, el desarrollo deja de ser el objetivo y pasa a ser una simple disputa por espacios de poder.

Pero sería injusto señalar únicamente a quienes gobiernan. Los ciudadanos también tenemos una enorme responsabilidad en la calidad de nuestra democracia.

Cada autoridad que hoy ocupa un cargo llegó porque alguien votó por ella. Y aquí aparece una verdad incómoda: quien aceptó dinero, una dádiva o cualquier beneficio para entregar su voto pierde buena parte de la autoridad moral para reclamar después honestidad. El voto no es una mercancía. Cuando se vende, también se vende una parte del futuro colectivo.

No podemos indignarnos por la corrupción si primero normalizamos comprar y vender conciencias durante una campaña electoral. Quien llega al poder repartiendo dinero difícilmente entenderá la política como un servicio. Lo más probable es que la vea como una inversión que deberá recuperar.

Por eso la transformación de una provincia no empieza cuando cambian las autoridades. Empieza cuando cambia la conducta de quienes las eligen.

Necesitamos recuperar algo que parece estar desapareciendo: la autoridad moral para exigir. Esa autoridad no nace del odio ni del resentimiento. Nace de actuar con coherencia. Nace de votar con libertad, de rechazar las dádivas, de denunciar con pruebas, de criticar con argumentos y de exigir pensando en el bien común.

Una provincia no progresa cuando cada grupo pelea por su propio interés. Progresa cuando la ciudadanía entiende que las verdaderas luchas son aquellas que benefician a todos.

El odio nunca ha construido un hospital o una universidad. El resentimiento nunca ha generado empleo. Los insultos jamás han mejorado una escuela ni han abierto una carretera.

Lo que sí cambia una sociedad es una ciudadanía capaz de mirar más allá de sus intereses personales y entender que la política no debe servir para cobrar favores, sino para construir futuro.

Porque, al final, la pregunta no debería ser qué nos dio un político. La verdadera pregunta es qué estamos haciendo nosotros para que la política vuelva a ser un servicio y no un negocio.

Solo cuando podamos responder esa pregunta con honestidad tendremos la autoridad moral para exigir el cambio que tanto reclamamos.

Mishel Vásquez, sostiene que la provincia enfrenta el desafío de fortalecer la formación política de sus futuros líderes y promover una participación ciudadana más informada al momento de elegir a las próximas autoridades. Durante una entrevista concedida a Diario El Amazónico, la profesional zamorana realizó un análisis sobre la realidad política local, el funcionamiento de las organizaciones políticas y la necesidad de construir una cultura democrática basada en la preparación, la transparencia y el servicio público.

Vásquez, quien recientemente retornó a Zamora tras desarrollar actividades profesionales en la ciudad de Quito, señaló que la experiencia adquirida fuera de la provincia le permite observar con mayor amplitud los retos que enfrenta el territorio amazónico. En ese contexto, manifestó que uno de los principales problemas radica en la improvisación con la que, a su criterio, algunos partidos y movimientos políticos conforman sus listas de candidatos.

Según explicó, el adelantamiento del calendario electoral ha evidenciado la falta de cuadros políticos preparados dentro de varias organizaciones, situación que obliga a buscar aspirantes de manera acelerada, sin que muchos de ellos hayan desarrollado previamente procesos de formación, liderazgo social o experiencia en administración pública. Para la entrevistada, la política requiere preparación permanente y no debe convertirse en una actividad circunstancial motivada únicamente por una candidatura.

Durante la entrevista, Mishel Vásquez sostuvo que la ciudadanía debe evaluar con mayor profundidad los perfiles de quienes aspiran a ejercer funciones públicas, considerando no solamente su nivel de popularidad, sino también su capacidad técnica, conocimiento de la gestión pública y trayectoria de servicio a la comunidad. En su criterio, las decisiones electorales tendrán incidencia directa en la administración de los recursos públicos durante los próximos años.

En su análisis sobre el contexto político provincial, expresó que las organizaciones políticas deben invertir con mayor anticipación en la formación de nuevos liderazgos, especialmente entre los jóvenes, promoviendo espacios de capacitación, debate y participación democrática. A su juicio, fortalecer estos procesos contribuiría a mejorar la calidad de la representación política y reducir la improvisación en la selección de candidatos.

Respecto a la realidad administrativa del cantón Zamora, la entrevistada manifestó opiniones críticas sobre diversos aspectos de la gestión pública local, particularmente en materia de infraestructura turística y planificación. En ese sentido, consideró que existen espacios públicos que requieren mayor mantenimiento y que el turismo debería consolidarse como uno de los ejes estratégicos del desarrollo económico de la provincia. Estas apreciaciones corresponden a valoraciones expresadas por la entrevistada durante el diálogo con este medio.

Mishel Vásquez también hizo un llamado a la ciudadanía para ejercer un voto informado y responsable. Recomendó revisar los planes de trabajo oficialmente registrados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y compararlos con las propuestas que los candidatos presentan durante la campaña, con el propósito de evaluar la coherencia entre los compromisos asumidos y los documentos oficialmente inscritos.

Otro de los temas abordados fue el funcionamiento de las elecciones primarias dentro de las organizaciones políticas. La entrevistada consideró que estos procesos deben fortalecerse mediante una mayor organización interna, padrones actualizados de militantes y mecanismos que garanticen la transparencia y legitimidad de la democracia interna, aspectos que, a su criterio, contribuirían a consolidar organizaciones políticas más sólidas y representativas.

En materia de control político, Vásquez destacó la importancia de que concejales y demás autoridades de fiscalización posean conocimientos sobre contratación pública, administración estatal y normativa vigente, señalando que estas competencias son fundamentales para ejercer una fiscalización técnica y efectiva sobre la gestión de los recursos públicos. Asimismo, sostuvo que el acceso oportuno a la información institucional fortalece los principios de transparencia y rendición de cuentas.

La entrevistada también formuló observaciones sobre distintos temas de interés provincial relacionados con la administración pública, el sistema de salud y el papel de diversas autoridades nacionales y locales. Estas declaraciones reflejan su análisis y posición política frente al actual contexto institucional y deberán ser contrastadas con las versiones de las entidades mencionadas para garantizar el principio de equilibrio informativo.

Finalmente, reiteró que el desarrollo de Zamora y de la provincia de Zamora Chinchipe dependerá, en buena medida, de la capacidad de la ciudadanía para participar activamente en los procesos democráticos, informarse sobre las propuestas de los candidatos y promover una cultura política basada en el respeto, el debate de ideas y la formación de liderazgos comprometidos con el servicio público. A su juicio, una democracia sólida requiere tanto de instituciones transparentes como de ciudadanos informados y críticos, capaces de ejercer un voto consciente en beneficio del desarrollo de la provincia.

Por: Alonzo Cueva / OPINIÓN POLÍTICA 

El «secreto a voces» sobre el condicionamiento de recursos a los gobiernos locales destapa la desesperación electoral del poder de turno y pone a prueba la ética de las autoridades.

El ambiente preelectoral en Ecuador arrastra una sombra de coacción que ya recorre los pasillos de los gobiernos autónomos descentralizados. Un alarmante «secreto a voces» en las provincias revela una estrategia de supervivencia del poder de turno: presionar a alcaldes, prefectos y presidentes de gobiernos parroquiales rurales en funciones que buscan la reelección para que se sumen obligatoriamente a sus filas políticas.

Ante sus bajos niveles de aceptación popular y la evidente incapacidad para consolidar cuadros competitivos desde sus propias bases, el oficialismo parece recurrir a la captura forzosa de liderazgos ajenos. La táctica consiste en amenazar veladamente con congelar presupuestos y créditos estatales destinados a obras vitales si las autoridades no ceden al condicionamiento partidista. Es, en esencia, la sustitución del arrastre electoral por la asfixia económica.

Este mecanismo de coacción es tan perverso como sutil. Al operar estrictamente tras bastidores mediante calculadas dilaciones burocráticas y el bloqueo discrecional de fondos de desarrollo regional.

Sin embargo, este escenario de presiones no solo desnuda las costuras del centralismo, sino que también pone a prueba la integridad política y moral de las propias autoridades chantajeadas. Ceder ante la extorsión presupuestaria bajo el cómodo pretexto de «salvar las obras de la comunidad» constituye una claudicación ética inadmisible. Ningún proyecto, por más urgente que sea para el territorio, justifica sacrificar los principios democráticos ni validar el abuso del poder central.

Subordinar el financiamiento que por ley pertenece a todos los ciudadanos y no a una bandera política, al carnet de un partido es una confesión implícita de profunda debilidad electoral. La verdadera autonomía local y el proceso de descentralización exigen tanto el respeto normativo de las instituciones del Estado como la firmeza moral de sus autoridades seccionales.

Castigar a las comunidades cuyos líderes se niegan a claudicar es un atropello que la ciudadanía debe rechazar; pero arrodillarse ante el chantaje para asegurar una candidatura es institucionalizar la trampa. La dignidad de los territorios no se negocia en los despachos del poder central.