José Serrano es parte de los cuatro procesados por la Fiscalía de Ecuador en el caso Magnicidio FV, en el que se investiga el asesinado del periodista y excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Además de Serrano, exministro del gobierno de Rafael Correa, hay otro exfuncionario del correísmo acusado en esta causa, Ronny Aleaga. Ambos están fuera del país y fueron señalados como presuntos autores intelectuales del magnicidio de Villavicencio.

¿Qué se sabe sobre Serrano? Un día después de la formulación en cargos, el abogado de Serrano, Robert Sheldon, señaló a la cadena Telemundo 51 de Estados Unidos que su defendido «está muy mal, hasta lloró cuando estuve allí, se siente frustrado».

Serrano se encuentra bajo custodia de ICE desde el 7 de agosto de 2025 en Miami, y según explicó Sheldon, el exfuncionario correísta había aplicado para un asilo en Estados Unidos.

«Hizo todo bien, no tiene ningún crimen, y sin embargo lo arrestaron y lo tienen en Krome como a un criminal», añadió Sheldon.

De acuerdo con el abogado, el caso de Serrano es complicado, él fue detenido por ICE afuera de su casa en Miami por supuestamente excederse en la permanencia en Estados Unidos, hasta donde llegó con visa de turismo.

«Todo esto se ve muy mal, se ve que lo van a devolver a Ecuador. Es parte de un arreglo, quien sabe, entre Estados Unidos y Ecuador», indicó Sheldon al canal estadounidense, quien no descartó que Serrano sea extraditado a territorio ecuatoriano.

El caso de Serrano en Ecuador
En la audiencia de formulación de cargos en Quito, la jueza dictó prisión preventiva para Serrano, pero como se encuentra en Estados Unidos, ordenó que se presente de forma periódica ante el consulado ecuatoriano en Miami.

Esta misma medida fue dispuesta para Xavier Jordán, quien vive en Estados Unidos y fue procesado por este caso. En tanto que para Aleaga, que viajó a Venezuela, se pidió prisión preventiva.

La Fiscalía además acusa de cómplice del magnicidio a Daniel Salcedo, quien cumple condenas por corrupción en hospitales de Ecuador.

Mientras que el autor de los disparos contra Villavicencio fue abatido por guardaespaldas del político y cinco implicados más fueron condenados en 2024 a penas de hasta 34 años de cárcel. Seis colombianos presuntamente vinculados al magnicidio fueron asesinados en la prisión.

En Ecuador el delito de asesinato es sancionado hasta con 26 años de prisión. Fuente: Primicias

Con la detención de 28 personas -entre ellas un ciudadano serbio– y el decomiso de armas y más de 700 paquetes de cocaína se saldó una operación policial desplegada en cuatro ciudades de Ecuador este jueves 4 de septiembre. De esta manera, la Policía Nacional desarticuló una red criminal que enviaba droga a Europa, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.

En una rueda de prensa en Guayaquil, el funcionario detalló que se trataba de una organización que contaminaba embarcaciones que salían del país. Aunque no mencionó los nombres de compañías involucradas, aseguró que altos ejecutivos de corporaciones están implicados. «Era una organización totalmente completa», enfatizó Reimberg.

El ministro precisó que esta estructura enviaba droga a naciones como Grecia, Italia o Países Bajos. La autoridad estima que se ha afectado a esta organización con unos 200 millones de dólares.

Las intervenciones de este jueves ocurrieron tras 15 meses de investigaciones, en las que también participó la Oficina Europea de Policía (Europol). Hubo allanamientos en Quito, Guayaquil, Durán y Latacunga. En esta última ciudad, los uniformados ingresaron a la cárcel para detener al ciudadano serbio. A pesar de estar recluido debía ser trasladado a una unidad judicial para someterse a un nuevo proceso.

Mientras que, en Guayaquil, uno de los operativos se ejecutó en un domicilio en el sector de Ceibos. Cerca de las 06:00, el Ministerio del Interior había informado que ahí se encontró 730 paquetes de cocaína, junto con armas de fuego, municiones, detectores de metales, máscaras antigás y radios intercomunicadores

Esos procedimientos fueron encabezados directamente por el ministro Reimberg y el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila.