Nacionales
Marcha en rechazo al Gobierno de Daniel Noboa y en defensa de la Corte Constitucional se llevó a cabo en Quito
Cientos de personas, convocadas por la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) y gremios sindicales, como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), marcharon este jueves en Quito para manifestarse en contra del Gobierno de Daniel Noboa y mostrar su postura a favor de recientes decisiones tomadas por la Corte Constitucional.
La movilización tuvo lugar pocas horas después de que el presidente Daniel Noboa encabezara en Guayaquil la denominada «Marcha por la Paz y la Justicia», en la que participó junto a miles de simpatizantes. La convocatoria, impulsada por el propio mandatario, se enmarca en la tensión que mantiene con el alto tribunal, luego de que este suspendiera parcialmente tres controvertidas leyes promovidas este año por el Ejecutivo, orientadas a desarticular economías criminales.
La pugna entre el Gobierno y la Corte Constitucional se intensificó esta semana, luego de que los jueces determinaran que tres de las siete propuestas de reforma constitucional presentadas por el presidente Noboa para la consulta popular y referéndum previstos para noviembre no cumplían con los requisitos legales para su aprobación. Entre las iniciativas rechazadas se encontraba la propuesta de permitir el juicio político a los magistrados de ese ente.
Reclamos por parte de las organizaciones sindicales e indígenas
La principal movilización en contra de la gestión del Ejecutivo, conformada por casi 800 personas, recorrió importantes avenidas de la capital, como la 10 de Agosto y la calle Guayaquil, hasta llegar a la plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de la capital. Marchas similares, de menor tamaño, también se llevaron a cabo en ciudades como Cuenca, Portoviejo y Santo Domingo.
En Quito, la multitud encabezada por dirigentes sindicales y líderes indígenas gritó consignas que referían la crisis de salud que atraviesa el país por el desabastecimiento de medicinas en centros de salud, principalmente de las provincias de Guayas y Manabí, así el despido de casi cinco mil funcionarios públicos efectuado por el Ejecutivo el mes pasado, con miras a reducir el gasto público.
«Hemos convocado esta movilización para rechazar las leyes que el Gobierno a estilo de metralleta ha ingresado a la Corte Constitucional, a muchas de estas las hemos demandado», declaró Edwin Bedoya, presidente del FUT. También cuestionó la marcha convocada por el presidente Noboa, señalando que no quedaba claro «si se estaba exigiendo seguridad al Gobierno o a Estados Unidos», en alusión a los acercamientos del Ejecutivo con ese país para el posible restablecimiento de bases militares extranjeras.
Por otro lado, los dirigentes indígenas expresaron su rechazo tanto a las políticas mineras impulsadas por el Ejecutivo como a las leyes económicas aprobadas con carácter de urgencia. La vicepresidenta de la organización, Ercilia Castañeda, se pronunció en contra del proyecto minero Loma Larga, que se pretende ejecutar en la zona de Quimsacocha.
Nacionales
El presidente Noboa cierra 29 viajes internacionales, ¿cuánto le asignaron en viáticos y cuántos informes de gestión presentó?
Los gastos del presidente Daniel Noboa en sus viajes internacionales no son públicos hasta ahora. Con su última gira por España, Emiratos Árabes y Noruega, el Mandatario cierra el año con 29 desplazamientos desde que llegó al poder por primera vez.
Pero, desde el 23 de noviembre de 2023, el Jefe de Estado ha presentado solo una declaración de viáticos por esos traslados: cuando viajó a Madrid para la Feria de Turismo, en enero de 2024. El documento fue publicado en abril de ese año, pese a que la fecha del informe data del 31 de enero y el plazo para que este sea verificado y aprobado en el sistema de la Presidencia es de 30 días.
Esa comisión de servicios se efectuó entre el 23 y 27 de enero y el Mandatario viajó en el avión presidencial. Pero el único gasto declarado es una factura de 6.253 euros por hospedaje. Y el informe de actividades refleja una ajustada agenda con un promedio de 13 horas diarias.
En esa comitiva oficial se enumeró en el Decreto Ejecutivo No. 133 a: Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración Pública, la entonces asesora Diana Jácome y el Jefe de seguridad presidencial. Según sus propias declaraciones, las funcionarias viajaron con Noboa.
Otros tres servidores presidenciales tomaron vuelos comerciales un día antes: la Subsecretaria de Protocolo, un fotógrafo y un camarógrafo. Los viáticos de los ministros que estuvieron en la Feria Internacional de Turismo y sus comitivas, no se toman en cuenta porque son cubiertos por cada entidad.
Antes y después de ese viaje, no hay ningún informe de actividades ni resultados sobre los otros 28 viajes del presidente Noboa. Por lo tanto, más allá de los boletines de la Secretaría de Comunicación, nada se sabe de los objetivos, justificaciones y logros de cada desplazamiento.
El Reglamento de Viajes al Exterior de la Presidencia establece como obligatorio el registro de esa información en cada traslado, y la Ley de Transparencia, en su artículo 19, obliga a todos los funcionarios públicos a transparentar sus viáticos, informes de trabajo y justificaciones de movilización.
Aunque la Ley no prohíbe que el presidente Noboa o cualquier otro funcionario público cubra sus propios gastos, lo que también debería ser informado en cada traslado, esto no exime la responsabilidad de cumplir con los informes legales.
A esto se suma el creciente hermetismo sobre los desplazamientos internacionales. Viajes oficiales que después se transforman en personales, comitivas que no se mencionan en los decretos, y solamente se señala los países a los que va el Mandatario, pero nada sobre las ciudades y citas en las que participará.
Incluso, el Gobierno dijo que había clasificado uno de los últimos viajes del Mandatario a Estados Unidos, para supuestamente tratar temas comerciales y de seguridad. Ninguna entidad ha presentado la respectiva declaración de confidencialidad que existe la Ley de Transparencia.
En los datos de Carondelet sí aparecen otros 213 informes de viáticos internacionales, de 58 funcionarios presidenciales. La mayoría de ellos han formado parte de las comitivas que acompañan al Mandatario. Los que más lo han hecho son el director de Fotografía, el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, y los subsecretarios de Protocolo.
PRIMICIAS consultó directamente a la Presidencia de la República sobre la información de viáticos del Mandatario, pero hasta la fecha no ha habido respuesta. Fuente: Primicias
La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este jueves una recompensa de hasta USD 5 millones por información que conduzca a la detención de Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias ‘El Churrón’, líder de Los Choneros en el Ecuador.
‘El Churrón’ es acusado de participar en la toma de decisiones sobre el tráfico de drogas y armas para Los Choneros. Además, es conocido como un lugarteniente de alias ‘Fito’, máximo cabecilla de aquella banda delictiva.
Previamente, el sujeto junto a ‘Fito’ y Darío Javier Peñafiel Nieto, alias ‘Topo’, fueron acusados en el Distrito Este de Nueva York de conspirar para importar y distribuir cocaína y poseer armas de fuego para facilitar el tráfico de drogas.
Tanto ‘Topo’ como ‘Fito’ están bajo custodia, pero Bermúdez Cagua permanece prófugo de la justicia.
La oferta del Gobierno de Estados Unidos se enmarca en el Programa de Recompensas contra el Narcotráfico (NRP), que busca desarticular organizaciones internacionales de tráfico de drogas en todo el mundo y llevar a los prófugos ante la justicia.
Si tiene información sobre alias ‘El Churrón’, puede contáctese con la DEA al +593 988292235 (texto/WhatsApp/Signal), al Plan de Recompensas al 131 (en Ecuador), o por correo electrónico a ecuadortips@dea.gov o informa@recompensas131.org.
LOS CHONEROS EN LA MIRA
Los Choneros, una de las organizaciones criminales más violentas del Ecuador, está vinculada al Cártel de Sinaloa y controla rutas clave del tráfico de cocaína, según el Gobierno de Estados Unidos.
El 5 de septiembre de 2025, el Secretario de Estado Rubio designó a Los Choneros como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).
En enero de 2024, el Gobierno del Ecuador también había designado a Los Choneros como una organización terrorista. Fuente: Vistazo
Nacionales
Cruce de acusaciones en la Asamblea por el caso Chevron y la explosión en la Bahía de Guayaquil
Fuertes intercambios se registraron este miércoles en la Asamblea Nacional entre la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana (RC), con respecto al reciente fallo del caso Chevron y la explosión de un artefacto en la Bahía de Guayaquil, el pasado 3 de junio.
El asambleísta Xavier Ordóñez (ADN) afirmó que la Revolución Ciudadana es la principal responsable del reciente laudo arbitral que obliga al Estado ecuatoriano a pagar USD 220 millones a Chevron.
Según el legislador, las actuaciones del correísmo en el proceso judicial vinculado al caso habrían derivado en que el tribunal internacional sancione económicamente al país.
Ordóñez aseguró que entre la década de los 70 y los 90 existió contaminación ambiental en la Amazonía por operaciones conjuntas entre Texaco y el Estado, pero que posteriormente se certificó que la petrolera había cumplido los procesos de remediación.
Según su versión, cuando el correísmo llegó al poder “vio la oportunidad de un juicio millonario” basado en una “narrativa populista”, y habría impulsado un proceso judicial plagado de irregularidades, entre ellas sentencias “fabricadas” y peritajes “amañados”.
El legislador sostuvo que, inicialmente, Ecuador pudo haber enfrentado una condena superior a los USD 3.000 millones, y que solo tras años de defensa se logró reducir la sanción al valor actual.
Afirmó que, aunque el monto es menor, continúa siendo “una carga que todos los ecuatorianos deberán pagar”.
Revolución Ciudadana vuelve a pedir respuesta en el «Caso Porsche»
Poro otro lado, el jefe de bancada de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, volvió a elevar cuestionamientos —antes difundidos por su organización política— sobre la explosión en junio del 2025 de un artefacto en las calles Eloy Alfaro y Ayacucho, en la Bahía de Guayaquil,, calificando el hecho como un “autoatentado”.
El legislador mencionó nuevamente el denominado “Caso Porsche”, asegurando que el vehículo involucrado estaría vinculado a la familia del mandatario, reiterando que fue observado a las afueras de la vivienda de uno de los sospechosos, en el sur de la ciudad portuaria.
“Fiscalía, una institución secuestrada por la función ejecutiva, no ha iniciado la investigación presentada el 15 de octubre de 2025”, afirmó. “Ese Porsche llegó a la casa de un terrorista. Ese Porsche pertenece a Industrial Molinera, es decir, a la familia del presidente”, dijo González. Fuente: Vistazo
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