Nacionales
Los planes del Gobierno de Ecuador para la consulta y referendo chocan con los plazos y el anuncio de más preguntas
Esto, en medio de dos anuncios, el presidente Daniel Noboa hizo una declaración clave: que la votación sería el 30 de noviembre de 2025. No obstante, el anuncio de replantear preguntas complicaría los plazos y la intención de llegar a votaciones para finales de noviembre.
Solo el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene un plazo de 15 días para convocar a elecciones y otro de 60 días para ejecutarlas. Y, aunque son plazos máximos, estos no pueden ser reducidos radicalmente por el trabajo que implica un proceso electoral.
Por ejemplo, en el referendo y consulta popular de 2024, al CNE le tomó 13 días lanzar la convocatoria, porque primero tenía que estar lista la planificación, el cronograma y el cálculo presupuestario, y después de otros 54 días la ciudadanía llegó a las urnas.
Para la fecha anunciada por el presidente Noboa para esta nueva consulta, quedan apenas 84 días. Pero el CNE no es el único involucrado en un proceso de esta naturaleza.
Más plazos a tener en cuenta
Las dos preguntas que sí aprobó la Corte Constitucional siguen su trámite en el organismo. Se trata de la intención de implementar el trabajo por horas en el sector turístico, solamente en casos de primer empleo, y la reducción de legisladores.
La jueza ponente, Claudia Salgado, avocó conocimiento de la causa el 8 de septiembre de 2025, para realizar el control de la convocatoria a referendo planteada por el Primer Mandatario. La Ley de Garantías Jurisdiccionales le otorga un término de 20 días laborales. Es decir, hasta el 6 de octubre de 2025.
Esto suma un total de 28 días como plazo máximo para que el pleno emita un dictamen y lo notifique. En caso de que esto no suceda dentro del tiempo, la misma Ley señala que se entenderá que los jueces aprueban el texto.
Por lo tanto, si el Ejecutivo decidiera seguir adelante solo con esas dos preguntas, a las que se sumarían la de las bases militares extranjeras y la del financiamiento de las organizaciones políticas (que espera su segundo dictamen hasta el 17 de septiembre), no le quedaría ningún margen de tiempo.
Es así que los plazos máximos de la autoridad electoral y la Corte Constitucional sumarían 103 días, sin contar el tiempo que podrían demorarse las notificaciones o entregas de documentos.
El nuevo escenario
Inicialmente, el presidente Noboa proyectó que su consulta y referendo llegarían a votaciones el 14 de diciembre. Sin embargo, el Ejecutivo no tiene ninguna competencia sobre el control constitucional o la organización del proceso electoral.
Pero, de manera sorpresiva, en una entrevista posterior a la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el Primer Mandatario anunció un adelanto de dos semanas, para el 30 de noviembre.
Durante esa cita bilateral, el funcionario estadounidense dijo que podrían analizar una invitación de Ecuador para instalar una base militar en el territorio nacional. Pero esto no podrá suceder sin que la propuesta presidencial gane primero en las urnas.
Es por eso que el reciente anuncio desde Carondelet se convierte en un problema logístico y de tiempos.
En caso de que el Gobierno cumpla con su anuncio de enviar un nuevo paquete de preguntas y de reformular las que fueron negadas, se añaden nuevamente los pasos previos y plazos ante la Corte Constitucional.
Los magistrados no tendrían plazos para determinar la vía de tratamiento de los cambios constitucionales que plantee el Presidente, como la eliminación del Consejo de Participación, en el que la vocera Carolina Jaramillo afirmó que insistirían.
Además, que se añadiría un segundo término de 20 días laborales para el control de esta nueva convocatoria. La única excepción serían las preguntas planteadas como consulta popular, como la que busca el retorno de los casinos. Esto porque, al no cambiar la Carta Magna, tienen un filtro menos.
De todas formas, el Consejo Nacional Electoral podría avanzar en la logística de la primera convocatoria, sin un presupuesto fijo para la impresión de material electoral -que dependerá del número de preguntas y de si se trata solo de un referendo o de un proceso mixto- hasta que la Corte dirima sobre el siguiente bloque de propuestas. Si eso ocurre, el proceso ganaría tiempo. Fuente: Primicias
Nacionales
El presidente Noboa cierra 29 viajes internacionales, ¿cuánto le asignaron en viáticos y cuántos informes de gestión presentó?
Los gastos del presidente Daniel Noboa en sus viajes internacionales no son públicos hasta ahora. Con su última gira por España, Emiratos Árabes y Noruega, el Mandatario cierra el año con 29 desplazamientos desde que llegó al poder por primera vez.
Pero, desde el 23 de noviembre de 2023, el Jefe de Estado ha presentado solo una declaración de viáticos por esos traslados: cuando viajó a Madrid para la Feria de Turismo, en enero de 2024. El documento fue publicado en abril de ese año, pese a que la fecha del informe data del 31 de enero y el plazo para que este sea verificado y aprobado en el sistema de la Presidencia es de 30 días.
Esa comisión de servicios se efectuó entre el 23 y 27 de enero y el Mandatario viajó en el avión presidencial. Pero el único gasto declarado es una factura de 6.253 euros por hospedaje. Y el informe de actividades refleja una ajustada agenda con un promedio de 13 horas diarias.
En esa comitiva oficial se enumeró en el Decreto Ejecutivo No. 133 a: Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración Pública, la entonces asesora Diana Jácome y el Jefe de seguridad presidencial. Según sus propias declaraciones, las funcionarias viajaron con Noboa.
Otros tres servidores presidenciales tomaron vuelos comerciales un día antes: la Subsecretaria de Protocolo, un fotógrafo y un camarógrafo. Los viáticos de los ministros que estuvieron en la Feria Internacional de Turismo y sus comitivas, no se toman en cuenta porque son cubiertos por cada entidad.
Antes y después de ese viaje, no hay ningún informe de actividades ni resultados sobre los otros 28 viajes del presidente Noboa. Por lo tanto, más allá de los boletines de la Secretaría de Comunicación, nada se sabe de los objetivos, justificaciones y logros de cada desplazamiento.
El Reglamento de Viajes al Exterior de la Presidencia establece como obligatorio el registro de esa información en cada traslado, y la Ley de Transparencia, en su artículo 19, obliga a todos los funcionarios públicos a transparentar sus viáticos, informes de trabajo y justificaciones de movilización.
Aunque la Ley no prohíbe que el presidente Noboa o cualquier otro funcionario público cubra sus propios gastos, lo que también debería ser informado en cada traslado, esto no exime la responsabilidad de cumplir con los informes legales.
A esto se suma el creciente hermetismo sobre los desplazamientos internacionales. Viajes oficiales que después se transforman en personales, comitivas que no se mencionan en los decretos, y solamente se señala los países a los que va el Mandatario, pero nada sobre las ciudades y citas en las que participará.
Incluso, el Gobierno dijo que había clasificado uno de los últimos viajes del Mandatario a Estados Unidos, para supuestamente tratar temas comerciales y de seguridad. Ninguna entidad ha presentado la respectiva declaración de confidencialidad que existe la Ley de Transparencia.
En los datos de Carondelet sí aparecen otros 213 informes de viáticos internacionales, de 58 funcionarios presidenciales. La mayoría de ellos han formado parte de las comitivas que acompañan al Mandatario. Los que más lo han hecho son el director de Fotografía, el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, y los subsecretarios de Protocolo.
PRIMICIAS consultó directamente a la Presidencia de la República sobre la información de viáticos del Mandatario, pero hasta la fecha no ha habido respuesta. Fuente: Primicias
La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este jueves una recompensa de hasta USD 5 millones por información que conduzca a la detención de Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias ‘El Churrón’, líder de Los Choneros en el Ecuador.
‘El Churrón’ es acusado de participar en la toma de decisiones sobre el tráfico de drogas y armas para Los Choneros. Además, es conocido como un lugarteniente de alias ‘Fito’, máximo cabecilla de aquella banda delictiva.
Previamente, el sujeto junto a ‘Fito’ y Darío Javier Peñafiel Nieto, alias ‘Topo’, fueron acusados en el Distrito Este de Nueva York de conspirar para importar y distribuir cocaína y poseer armas de fuego para facilitar el tráfico de drogas.
Tanto ‘Topo’ como ‘Fito’ están bajo custodia, pero Bermúdez Cagua permanece prófugo de la justicia.
La oferta del Gobierno de Estados Unidos se enmarca en el Programa de Recompensas contra el Narcotráfico (NRP), que busca desarticular organizaciones internacionales de tráfico de drogas en todo el mundo y llevar a los prófugos ante la justicia.
Si tiene información sobre alias ‘El Churrón’, puede contáctese con la DEA al +593 988292235 (texto/WhatsApp/Signal), al Plan de Recompensas al 131 (en Ecuador), o por correo electrónico a ecuadortips@dea.gov o informa@recompensas131.org.
LOS CHONEROS EN LA MIRA
Los Choneros, una de las organizaciones criminales más violentas del Ecuador, está vinculada al Cártel de Sinaloa y controla rutas clave del tráfico de cocaína, según el Gobierno de Estados Unidos.
El 5 de septiembre de 2025, el Secretario de Estado Rubio designó a Los Choneros como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).
En enero de 2024, el Gobierno del Ecuador también había designado a Los Choneros como una organización terrorista. Fuente: Vistazo
Nacionales
Cruce de acusaciones en la Asamblea por el caso Chevron y la explosión en la Bahía de Guayaquil
Fuertes intercambios se registraron este miércoles en la Asamblea Nacional entre la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana (RC), con respecto al reciente fallo del caso Chevron y la explosión de un artefacto en la Bahía de Guayaquil, el pasado 3 de junio.
El asambleísta Xavier Ordóñez (ADN) afirmó que la Revolución Ciudadana es la principal responsable del reciente laudo arbitral que obliga al Estado ecuatoriano a pagar USD 220 millones a Chevron.
Según el legislador, las actuaciones del correísmo en el proceso judicial vinculado al caso habrían derivado en que el tribunal internacional sancione económicamente al país.
Ordóñez aseguró que entre la década de los 70 y los 90 existió contaminación ambiental en la Amazonía por operaciones conjuntas entre Texaco y el Estado, pero que posteriormente se certificó que la petrolera había cumplido los procesos de remediación.
Según su versión, cuando el correísmo llegó al poder “vio la oportunidad de un juicio millonario” basado en una “narrativa populista”, y habría impulsado un proceso judicial plagado de irregularidades, entre ellas sentencias “fabricadas” y peritajes “amañados”.
El legislador sostuvo que, inicialmente, Ecuador pudo haber enfrentado una condena superior a los USD 3.000 millones, y que solo tras años de defensa se logró reducir la sanción al valor actual.
Afirmó que, aunque el monto es menor, continúa siendo “una carga que todos los ecuatorianos deberán pagar”.
Revolución Ciudadana vuelve a pedir respuesta en el «Caso Porsche»
Poro otro lado, el jefe de bancada de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, volvió a elevar cuestionamientos —antes difundidos por su organización política— sobre la explosión en junio del 2025 de un artefacto en las calles Eloy Alfaro y Ayacucho, en la Bahía de Guayaquil,, calificando el hecho como un “autoatentado”.
El legislador mencionó nuevamente el denominado “Caso Porsche”, asegurando que el vehículo involucrado estaría vinculado a la familia del mandatario, reiterando que fue observado a las afueras de la vivienda de uno de los sospechosos, en el sur de la ciudad portuaria.
“Fiscalía, una institución secuestrada por la función ejecutiva, no ha iniciado la investigación presentada el 15 de octubre de 2025”, afirmó. “Ese Porsche llegó a la casa de un terrorista. Ese Porsche pertenece a Industrial Molinera, es decir, a la familia del presidente”, dijo González. Fuente: Vistazo
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