El plantón pacífico que reunió a cerca de 5.000 personas en el sector El Pache, entre Portovelo y Piñas, evidenció el profundo malestar social generado por la suspensión total de las plantas de beneficio minero dispuesta por el Ministerio de Ambiente y Energía. La movilización, realizada el miércoles 4 de febrero, congregó a trabajadores, familias, empresarios y autoridades locales que rechazan una medida que, aunque amparada en argumentos ambientales, no considera el impacto social y económico en territorios históricamente mineros.

La protesta se origina tras la Resolución Ministerial n.º MAE-MAE-2026-0005-RM, emitida el 2 de febrero de 2026, que ordena la suspensión de actividades mineras en Napo y el cierre de plantas de beneficio en El Oro y Loja, afectando directamente al distrito minero de Portovelo. La preocupación se extiende a otras provincias como Zamora Chinchipe, donde la minería no es una actividad reciente, sino una práctica histórica que hoy sostiene alrededor del 70 % de la economía local, mientras que en zonas de El Oro la dependencia supera el 90 % de la población de forma directa o indirecta.

El Ministerio sustenta la resolución en informes técnicos que evidencian contaminación en la cuenca Puyango–Tumbes, con presencia de metales pesados y cianuro por encima de los límites permitidos, situación que ha afectado la calidad del agua, los ecosistemas y los derechos de la naturaleza. Sin embargo, estos problemas ambientales son también consecuencia de la ausencia prolongada del Estado, que no ha implementado políticas públicas efectivas de control, regulación y capacitación para una minería responsable.

En Zamora Chinchipe y otras provincias mineras no se rechaza el control ambiental; lo que se cuestiona es que la decisión se haya adoptado sin un análisis integral del impacto social ni alternativas claras de empleo. La Asociación de Propietarios de Plantas de Beneficio de la Provincia de El Oro (Aproplasmin) anunció que acatará la resolución, pero exigirá la instalación de mesas de diálogo, un paso necesario para construir compromisos reales entre el Estado y el sector minero.

En un país con serias limitaciones para generar empleo, la criminalización y paralización del sector minero solo profundiza la informalidad y el conflicto social. La salida no es la represión ni las decisiones de escritorio, sino la legalización, regulación y acompañamiento técnico del Estado, que permita proteger el ambiente sin vulnerar el derecho al trabajo. La minería, bien regulada, puede y debe ser parte de una solución económica y social para provincias que, por historia y realidad, dependen de ella.

Introducción

Hay instituciones que nacen por decreto y otras que nacen de la necesidad, del coraje y de la esperanza colectiva de un pueblo. La Unidad Educativa “12 de Febrero” pertenece a estas últimas. Su historia no es solo la cronología de una institución educativa, sino el testimonio vivo de una lucha social por la educación laica, inclusiva y liberadora, en un tiempo en el que educar significaba resistir, y enseñar implicaba arriesgarlo todo por el derecho a pensar y a soñar.

Forjada en un contexto de profundas tensiones ideológicas, desigualdad social y limitado acceso a la educación, la Unidad Educativa “12 de Febrero” emergió como una respuesta valiente a la exclusión y al abandono histórico de amplios sectores de la población Zamorana. Desde sus primeras aulas nocturnas, levantadas con esfuerzo comunitario y vocación docente, la institución se convirtió en un faro de oportunidades para hombres y mujeres trabajadores que, después de extensas jornadas laborales, encontraron en el estudio una vía de dignificación, superación y esperanza.

A lo largo de 58 años de vida institucional, este plantel ha transitado un camino marcado por la perseverancia, la transformación y el compromiso social. Su evolución  refleja no solo el crecimiento académico y administrativo, sino la permanencia de una esencia profundamente humana: la convicción de que la educación es un acto de justicia social y una herramienta para cambiar destinos individuales y colectivos.

Esta reseña histórica tiene como propósito rendir homenaje a la lucha que dio origen a la Unidad Educativa “12 de Febrero”, al legado de quienes la soñaron y la defendieron con valentía, y al impacto que, a lo largo de casi seis décadas, ha tenido en la formación de generaciones de ciudadanos críticos, solidarios y comprometidos con el desarrollo de Zamora y del país. Recordar su historia es, al mismo tiempo, reconocer que el futuro se construye cuando la educación nace del compromiso, la memoria y la esperanza.

Carlos Hernán Gómez Vásquez: un educador para la historia

Carlos Hernán Gómez Vásquez nació el 10 de julio de 1932, siendo el segundo hijo del hogar conformado por los señores Luis Gómez Montoya y Carmen Lucila Vásquez Suárez. Desde temprana edad mostró una profunda vocación por el estudio y el servicio educativo. Realizó los dos primeros años de su educación primaria en el Colegio de Madres Franciscanas “Modesto A. Peñaherrera”, donde culminó su formación primaria, sentando las bases de una vida dedicada al conocimiento.

Sus estudios secundarios los cursó en el Colegio Normal “Juan Montalvo” de la ciudad de Quito, institución en la que se destacó por su excelencia académica, obteniendo una de las mejores notas de grado. Esta etapa marcó el inicio de una trayectoria caracterizada por el compromiso intelectual, pedagógico y social.

Inició su labor profesional como docente en la Escuela Modelo “Velasco Ibarra” de la ciudad de Ibarra. Posteriormente, motivado por el deseo de ampliar su formación, se ausentó del país para estudiar periodismo y radiodifusión en la Universidad Javeriana de Bogotá, donde permaneció durante seis años. En ese período, además de sus estudios universitarios, trabajó como profesor en el Colegio “Jiménez de Quesada” de la misma ciudad. Durante su estancia en Colombia tuvo la oportunidad de entrevistar al doctor José María Velasco Ibarra, encuentro en el que ambas personalidades coincidieron en la firme defensa de la soberanía nacional ecuatoriana.

A su regreso al Ecuador, en la década de los años sesenta, se estableció en la ciudad de Quito, donde trabajó de manera particular en varios colegios. Paralelamente, brindó apoyo constante a estudiantes cotacacheños que cursaban sus estudios en el Colegio Normal “Juan Montalvo”, ya sea como apoderado, guía pedagógico, apoyo moral o económico. Este gesto solidario y paternal hizo que muchos lo recuerden con cariño como “Papá Hernán”.

Hacia finales de la década de los sesenta, el Ministerio de Educación lo designó Secretario de la Dirección Provincial de Educación de Zamora. Fue en esta etapa donde, al evidenciar la marginación y el obscurantismo que afectaban al acceso a la educación en la región, asumió el desafío de transformar esa realidad. Junto a un grupo de docentes y padres de familia impulsó la creación del Colegio Nacional “12 de Febrero”, hoy Unidad Educativa, iniciativa que le costó ser víctima de múltiples atentados, entre ellos un ataque con dinamita que marcó dolorosamente a la población y le ocasionó la pérdida del tímpano de su oído derecho.

Tras tres años de trabajo desinteresado y perseverante, el Ministerio de Educación decretó oficialmente la creación del primer colegio fiscal del suroriente ecuatoriano. En reconocimiento a su incansable labor, los docentes y la comunidad resolvieron nombrarlo patrono del establecimiento, honor que simboliza su legado imborrable en la historia educativa de la región.

Por súplicas de su madre, regresó posteriormente a la provincia de Imbabura, donde se desempeñó como director de la Escuela “Juan Montalvo” de la parroquia San Antonio de Ibarra. En ese contexto impulsó la creación del Colegio Nocturno San Antonio de Ibarra, en el cual también ejerció como docente. Debido a la falta de partidas presupuestarias, los trámites administrativos y el alumnado pasaron posteriormente al Colegio “Daniel Reyes” de la misma localidad.

En la década de los noventa asumió el cargo de director administrativo de la Escuela “Galo Plaza Lasso”, en la comunidad de Zuleta, donde se encuentra asentada la hacienda del patrono de la institución. Fiel a su espíritu visionario, promovió la creación del Colegio Zuleta, hoy Colegio Técnico Experimental “Zuleta”, ampliando una vez más el acceso a la educación para la población rural.

En el ámbito literario, en 1993 publicó la novela “El Forastero”, quedando inédita la obra “Oro maldito”, reflejo de su sensibilidad social y su inquietud intelectual.

Se acogió a los beneficios de la jubilación en 1996. En 1998 contrajo matrimonio con la señorita Germania Chavarrea Vallejo, de la ciudad de Atuntaqui, unión de la cual no hubo descendencia.

En su vida personal, Hernán Gómez Vásquez fue un hombre sensible y amante de la música nacional y los tangos. Sentía un profundo cariño por los animales, las flores y las plantas, aficiones que reflejaban su espíritu noble, contemplativo y profundamente humano.

La educación como justicia social: el compromiso histórico de la UE “12 de Febrero” con su comunidad

La Unidad Educativa “12 de Febrero” nació como una respuesta solidaria y profundamente humana a las necesidades educativas del pueblo Zamorano. Fue creada originalmente en jornada nocturna, pensada para la gente trabajadora, para aquellos hombres y mujeres que, luego de extensas jornadas laborales, encontraban en el estudio la única vía para transformar su realidad y construir un futuro más digno y promisorio para sus familias. En sus aulas nocturnas se forjaron sueños, se vencieron cansancios y se sembró la esperanza de que la educación es, ante todo, un acto de justicia social y de emancipación personal.

Durante sus primeros años de funcionamiento, la sección nocturna concentró la mayor población estudiantil, llegando a albergar aproximadamente 900 estudiantes, frente a cerca de 150 en la jornada diurna. Aquella realidad evidenciaba el compromiso del plantel con los sectores populares y con quienes veían en la educación una herramienta para mejorar sus condiciones económicas, sociales y culturales. Con el paso del tiempo, y como reflejo de los cambios demográficos y educativos de la ciudad, esta proporción se invirtió: en la actualidad, la jornada diurna atiende a más de 1.400 estudiantes, lo que representa alrededor del 95 % de la población estudiantil, mientras que la sección nocturna acoge aproximadamente a 100 estudiantes, equivalente al 5 %. Sin embargo, más allá de las cifras y de las modalidades de estudio, la esencia de la institución permanece intacta.

Esa esencia se sustenta en un sólido conjunto de principios y valores que orientan su quehacer educativo y definen su identidad institucional. La Unidad Educativa “12 de Febrero” se fundamenta en principios como la libertad, la educación en valores, la educación para la democracia, la participación ciudadana y la corresponsabilidad social, promoviendo una auténtica comunidad de aprendizaje. Asimismo, asume la equidad, la inclusión, la flexibilidad, la calidad y la calidez como ejes transversales de su práctica pedagógica, garantizando el derecho a una educación laica, intercultural y plurinacional.

De igual manera, la institución se rige por principios de transparencia, exigibilidad y rendición de cuentas, igualdad, ética, veracidad, justicia y legalidad, orientados a una gestión educativa eficaz y eficiente. El respeto y la protección del medio ambiente, junto con la universalidad del acceso a la educación, constituyen compromisos permanentes en la formación de ciudadanos responsables y conscientes de su entorno.

Estos principios se concretan en valores que se viven cotidianamente en la comunidad educativa. Entre ellos destacan el amor y respeto a la naturaleza, la libertad ejercida con responsabilidad, la honestidad, la puntualidad, la disciplina y la justicia. Se fomenta además la criticidad, la solidaridad, el amor, la amistad, el civismo, la cooperación, la tolerancia y la creatividad, fortaleciendo la autoestima, la identidad y el sentido de pertenencia de los estudiantes, pilares fundamentales para su desarrollo integral.

En coherencia con esta base ética y humanista, la visión institucional proyecta a la Unidad Educativa “12 de Febrero” como una institución líder en procesos de formación integral, capaz de responder a los requerimientos de los estándares educativos nacionales, con calidad y calidez, en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, incluyendo el bachillerato en ciencias y el bachillerato técnico. Esta visión refleja el anhelo de consolidarse como un referente educativo que articule excelencia académica, innovación pedagógica y compromiso social.

Por su parte, la misión de la institución reafirma su vocación formadora al proponerse educar a estudiantes en los niveles inicial, básico y bachillerato, dotándolos de las competencias necesarias para continuar estudios superiores y/o integrarse de manera exitosa y competitiva al campo laboral. La formación se sustenta en valores, en un espíritu innovador e investigativo, con pensamiento crítico y democrático, orientado a contribuir activamente al desarrollo del buen vivir, tanto en el ámbito personal como en el colectivo.

Así, los principios, valores, misión y visión de la Unidad Educativa “12 de Febrero” no constituyen simples enunciados formales, sino que representan la herencia viva de su origen histórico y la brújula que guía su aporte permanente a la educación y al desarrollo de la sociedad zamorana.

En estos 58 años de vida institucional, la Unidad Educativa “12 de Febrero” ha graduado aproximadamente 10.000 bachilleres, formados bajo un perfil de personas justas, innovadoras y solidarias. Sus egresados se han destacado en concursos y certámenes locales, distritales, provinciales, nacionales e incluso internacionales, en los ámbitos académico, deportivo, artístico y cultural, así como en proyectos de ciencia y tecnología. Estos logros no solo han prestigiado a la institución, sino que también han revalorizado la labor comprometida de sus docentes, demostrando que el conocimiento, cuando se construye con sentido ético y social, se transforma en un desempeño auténtico, capaz de resolver problemas, generar oportunidades y contribuir a hacer más digna y llevadera la vida de las personas y de la comunidad.

Cuando educar fue un acto de valentía: génesis de la Unidad Educativa “12 de Febrero”

Hablar de la creación de la Unidad Educativa “12 de Febrero” es evocar una de las páginas más valientes y trascendentales de la historia educativa de la ciudad de Zamora. Su origen está profundamente ligado a la lucha social por una educación laica, libre de imposiciones ideológicas, en un contexto marcado por la confrontación entre el pensamiento liberal heredado de la Revolución Alfarista y un sistema educativo confesional dominante. Recordar este proceso supone revivir una época de resistencia, sacrificio y profundo compromiso con el porvenir de la juventud Zamorana.

A finales de 1967, la inconformidad ciudadana se hizo evidente ante la preferencia otorgada a criterios religiosos por encima de la calidad profesional del cuerpo docente del entonces Normal San Francisco. Estudiantes, padres de familia y amplios sectores de la población protagonizaron una huelga que se prolongó por cerca de tres meses, exigiendo una educación de calidad y verdaderamente laica. La expulsión del prestigioso educador Lcdo. Ángel Rosero, acusado injustamente de comunista por no someterse a las normas conservadoras imperantes, constituyó el detonante que encendió la indignación colectiva. En este ambiente de persecución ideológica, la aspiración de contar con un colegio laico dejó de ser un simple anhelo para convertirse en una exigencia histórica del pueblo de Zamora.

En este escenario emerge la figura del Lcdo. Hernán Gómez Vázquez, educador visionario, patriota íntegro y firme defensor de la educación pública. Con valentía y convicción, asumió el desafío de fundar un colegio fiscal laico. Tras consultar con reconocidos ciudadanos de la localidad —entre ellos Luis Ojeda, Ernesto Fárez, Rubén González, Jacinto Reinoso y Hugo Arias Benavides— se resolvió crear un nuevo plantel educativo. Inicialmente se pensó denominarlo “Pío Jaramillo Alvarado”; sin embargo, al coincidir con la creación de un colegio del mismo nombre en la ciudad de Loja, se optó por llamarlo “12 de Febrero”, en homenaje al Día del Oriente Ecuatoriano, símbolo de identidad y reivindicación regional.

El 17 de diciembre de 1968 se iniciaron las actividades académicas con 75 estudiantes, en jornadas nocturnas, gracias al apoyo solidario de distinguidos profesionales que ofrecieron su labor de manera gratuita. La ciudadanía respondió con notable generosidad, colaborando tanto moral como económicamente para cubrir el arriendo del local y la adquisición del mobiliario indispensable. Paralelamente, se realizaron las gestiones ante el Ministerio de Educación, las cuales culminaron con el reconocimiento oficial del plantel el 18 de junio de 1969, mediante el Acuerdo Ministerial N.º 2745, que dio vida legal al Colegio Nacional Nocturno “12 de Febrero”.

No obstante, el nacimiento del colegio estuvo marcado por una férrea oposición. Las amenazas anónimas contra su fundador, los intentos de desarticulación institucional y, finalmente, el atentado con dinamita contra su vida evidenció la intolerancia de los enemigos de la educación laica. A pesar de ello, el Lcdo. Gómez Vázquez se mantuvo firme en su propósito, recorriendo diariamente largas distancias para cumplir con su labor docente y trabajando incansablemente por el sostenimiento del colegio, demostrando una vocación que trascendía cualquier sacrificio personal.

Ante la presión y el clamor de su familia, especialmente por el ruego de su madre, el fundador decidió entregar la rectoría del plantel al Comité de Padres de Familia, garantizando así la continuidad de la obra iniciada. Bajo nuevas autoridades, el colegio fue nacionalizado y se consolidó progresivamente como uno de los centros educativos más importantes de la provincia.

A lo largo de su historia institucional, el plantel ha experimentado importantes transformaciones. En 1997 cambió su categoría a Instituto Superior Técnico; en 2003 pasó a denominarse Instituto Superior Tecnológico y, desde el 15 de octubre de 2013, adquirió oficialmente la categoría de Unidad Educativa. Mediante la Resolución N.º 275-13, se fusionaron al plantel las escuelas Simón Bolívar y Flora Peña, fortaleciendo su oferta educativa y su impacto en la comunidad.

Hoy, la emblemática Unidad Educativa “12 de Febrero” se yergue majestuosa, cual cóndor que, desafiando las bravas tormentas de los huracanes andinos, se eleva intrépido para posarse en la cumbre de la inmortalidad. El esfuerzo sembrado no fue en vano: generaciones de bachilleres formados en sus aulas han contribuido al desarrollo profesional, social y cultural de Zamora, honrando el legado de quienes, con valentía y convicción, hicieron posible el nacimiento de esta histórica institución.

Fuente de consulta el libro de Hugo Arias Benavides titulado “Zamora de ayer y de hoy”

De la precariedad al referente educativo: la evolución de la Unidad Educativa “12 de Febrero” creciendo con la comunidad: 58 años de evolución y compromiso educativo

La Unidad Educativa “12 de Febrero”, a lo largo de sus 58 años de vida institucional, ha experimentado un crecimiento sostenido y significativo en los ámbitos académico, administrativo y de infraestructura, consolidándose como un referente educativo para la comunidad.

En sus inicios, la institución desarrolló sus actividades académicas en una casa alquilada ubicada en el centro de la ciudad, lo que evidenciaba las limitaciones propias de una entidad en proceso de formación. Con el paso del tiempo y gracias al esfuerzo conjunto de autoridades, docentes, estudiantes y comunidad educativa, la institución logró establecerse en un predio propio, el cual actualmente cuenta con un amplio espacio físico que favorece tanto el desarrollo académico como la recreación estudiantil.

En la actualidad, la mayoría de las aulas son funcionales y adecuadas para el proceso de enseñanza–aprendizaje; sin embargo, aún se requiere la renovación de aproximadamente 18 aulas de construcción antigua, las cuales, debido al paso del tiempo y a las condiciones climáticas, ya no reúnen las condiciones pedagógicas óptimas.

En cuanto a recursos tecnológicos, la Unidad Educativa dispone de laboratorios de computación debidamente equipados, los cuales fortalecen el desarrollo de habilidades digitales y tecnológicas en los estudiantes, contribuyendo a una educación acorde a las demandas actuales.

La oferta educativa también ha evolucionado de manera notable. Actualmente, la institución brinda servicios educativos desde Educación Inicial hasta Bachillerato, en la sección diurna, garantizando una trayectoria educativa continua y de calidad. Esta sección comprende los niveles de Educación Inicial, Preparatoria y Educación General Básica en sus subniveles elemental, media y superior, así como Bachillerato Técnico y Bachillerato en Ciencias, desarrollados en jornada matutina.

Con un marcado compromiso social e inclusivo, la Unidad Educativa amplía su cobertura a través de la sección nocturna, donde se ofrece Educación General Básica Superior y Bachillerato en modalidad semipresencial intensiva, dirigida a personas mayores de 18 años que desean culminar sus estudios y mejorar sus oportunidades personales y profesionales.

El crecimiento institucional se refleja también en el incremento del número de docentes y estudiantes. Actualmente, la Unidad Educativa “12 de Febrero” atiende a 1.560 estudiantes, quienes son acompañados en su proceso formativo por un equipo humano conformado por 96 servidores, entre directivos, docentes, personal administrativo y trabajadores, todos comprometidos con la formación integral, el bienestar estudiantil y la mejora continua de la calidad educativa.

Finalmente, el plantel cuenta con espacios deportivos destinados a la recreación y formación integral, así como con el servicio de bar, lo que contribuye a un entorno educativo funcional, seguro y acogedor. Todo este proceso de crecimiento y evolución evidencia el compromiso permanente de la Unidad Educativa “12 de Febrero” con el desarrollo educativo de niños, adolescentes y jóvenes, respondiendo a las necesidades de la comunidad y proyectándose hacia un futuro de constante mejora.

Conclusión

La historia de la Unidad Educativa “12 de Febrero” es, en esencia, la historia de un pueblo que decidió no renunciar a su derecho a la educación, aun cuando educar implicaba resistir, enfrentar la intolerancia y asumir riesgos personales y colectivos. Forjada en la lucha y sostenida por la esperanza, esta institución se levantó como un acto de valentía histórica y como una afirmación profunda de que la educación es el camino más legítimo para la transformación social.

A lo largo de 58 años de vida institucional, la Unidad Educativa “12 de Febrero” ha demostrado que su fortaleza no radica únicamente en su infraestructura, en sus cifras de matrícula o en sus logros académicos, sino en la solidez de los valores que la sustentan y en el compromiso humano de quienes han formado parte de su comunidad educativa. Docentes, Estudiantes, familias y Autoridades han construido, generación tras generación, una institución que no solo forma bachilleres, sino ciudadanos justos, innovadores, solidarios y conscientes de su responsabilidad con la sociedad.

El legado del Lcdo. Carlos Hernán Gómez Vásquez, su fundador y patrono, permanece vivo en cada aula, en cada estudiante que persevera pese a las dificultades y en cada docente que concibe la enseñanza como un acto de servicio. Su ejemplo recuerda que la educación no se edifica desde la comodidad, sino desde la convicción, el sacrificio y el amor profundo por el ser humano.

Hoy, convertida en un referente educativo de la provincia, la Unidad Educativa “12 de Febrero” continúa proyectándose hacia el futuro sin renunciar a su memoria. Su historia interpela a las nuevas generaciones a valorar la educación pública, laica e inclusiva, y a defenderla como un bien común irrenunciable. Porque mientras existan instituciones que nazcan del compromiso y se sostengan en la esperanza, la educación seguirá siendo el acto más poderoso para dignificar la vida, transformar destinos y construir una sociedad más justa y humana.

Introducción

En el Ecuador, la política se ha convertido para muchos ciudadanos en sinónimo de desconfianza, desencanto y frustración. Cada proceso electoral revive una pregunta incómoda pero necesaria: ¿la política existe para servir al pueblo o para engañarlo? Entre promesas grandilocuentes, discursos cargados de emociones calculadas y ofertas imposibles de cumplir, la mentira ha terminado por disputarle el espacio al bien común como eje de la acción política.

Durante décadas, las campañas electorales han privilegiado el espectáculo sobre las ideas, el ataque personal sobre el debate de propuestas y el populismo sobre la planificación responsable. Esta forma de hacer política no solo empobrece la democracia, sino que condena a los territorios al atraso, normaliza la corrupción y debilita el vínculo entre la ciudadanía y el poder público. Cuando la mentira se convierte en estrategia y el engaño en costumbre, la democracia deja de ser un proyecto colectivo para transformarse en un ritual vacío.

Sin embargo, la política no nació para dividir, manipular o improvisar. En su esencia más noble, es una herramienta para organizar la vida en común, orientar el desarrollo y garantizar condiciones dignas para todas y todos. Entre la mentira y el bien común existe un dilema profundo que atraviesa la historia política del Ecuador y que hoy, en la antesala de nuevas elecciones, exige una reflexión seria, crítica y responsable.

Este artículo propone analizar las prácticas que han deteriorado la política ecuatoriana, advertir sobre los riesgos de repetir los errores del pasado y reivindicar una forma distinta de hacer política: ética, transparente y centrada en el bien común. Elegir bien no es solo un derecho democrático; es un acto de memoria, dignidad y compromiso con el futuro del país y de sus territorios.

La política al servicio del bien común.

En su sentido más noble, la política es el arte y la práctica de organizar la vida en común. Es el proceso mediante el cual una sociedad dialoga, decide y actúa para resolver sus problemas colectivos, distribuir recursos, establecer normas y orientar su futuro.

Dicho de otra forma, la política es la búsqueda del bien común a través de decisiones compartidas.

La antesala de la democracia territorial: elecciones seccionales en Ecuador 

A medida que se aproxima febrero de 2027, el Ecuador entra en la antesala de uno de los ejercicios democráticos más significativos de su vida política territorial: las elecciones seccionales. Este proceso no solo define el rumbo administrativo de provincias, cantones y parroquias, sino que constituye un termómetro directo de la relación entre el Estado y la ciudadanía en el nivel más cercano a la vida cotidiana.

En estos comicios, las y los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), instancias fundamentales para la planificación del desarrollo local, la provisión de servicios básicos, la gestión del territorio y la participación ciudadana. De acuerdo con las proyecciones para 2027 y tomando como referencia procesos electorales recientes, se renovarán 23 prefecturas con sus respectivas viceprefecturas, 222 alcaldías municipales, además de cientos de concejalías urbanas y rurales y miles de vocalías de juntas parroquiales rurales.

La magnitud de este proceso se evidencia al observar el proceso electoral anterior, en el cual se eligieron 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales y 4.094 vocales de juntas parroquiales a escala nacional. Estas cifras no solo reflejan la amplitud logística y organizativa de las elecciones seccionales, sino también la relevancia política del nivel parroquial, especialmente en las zonas rurales, donde las juntas parroquiales representan el primer eslabón de articulación entre el Estado y la comunidad.

En este sentido, las elecciones seccionales no deben entenderse como un evento meramente administrativo, sino como un espacio clave de disputa democrática, donde se definen prioridades de inversión, modelos de desarrollo local y formas de ejercicio del poder desde lo territorial. La víspera electoral, por tanto, no es solo un momento previo a la votación, sino una etapa crucial de deliberación ciudadana, construcción de expectativas y evaluación del desempeño de las autoridades salientes, en un contexto marcado por desafíos económicos, sociales y de seguridad que atraviesan al país.

Elegir bien para transformar los territorios 

La calidad de la política local en el Ecuador está directamente relacionada con el perfil humano, ético y profesional de quienes aspiran a dirigir los gobiernos seccionales. Elegir autoridades no debería ser un acto impulsado por simpatías pasajeras, discursos emotivos o promesas exageradas, sino una decisión consciente basada en la capacidad, experiencia, probidad, visión de futuro y planificación que demuestren los candidatos.

Es fundamental que quienes se postulan a cargos como prefectos, alcaldes o juntas parroquiales cuenten con una sólida formación académica, pero, sobre todo, con experiencia en la administración pública y gestión organizacional. Gobernar un territorio implica tomar decisiones técnicas, administrar recursos limitados, priorizar necesidades y liderar equipos de trabajo; tareas que no se improvisan. El liderazgo responsable se manifiesta en la capacidad de escuchar a la ciudadanía, evaluar escenarios complejos y actuar pensando en el beneficio colectivo y no en intereses personales o partidistas.

Otro aspecto esencial es la visión de desarrollo territorial. Un buen candidato no solo debe preocuparse por resolver problemas inmediatos, sino también preguntarse cómo quiere ver su cantón, provincia o parroquia dentro de 10, 15 o 20 años. Esa mirada de largo plazo exige planificación estratégica, con objetivos claros a corto, mediano y largo plazo, articulados con políticas públicas sostenibles. Sin planificación, las obras se vuelven aisladas, desordenadas y poco efectivas; con planificación, cada acción se convierte en un paso firme hacia el desarrollo integral del territorio.

La probidad es, quizá, uno de los pilares más determinantes para que las promesas se conviertan en realidades. Cuando las autoridades son honestas y transparentes, el dinero público alcanza. Al no ser desviado por la corrupción, los recursos se transforman en obras, servicios y oportunidades que mejoran la calidad de vida de la población. Por el contrario, cuando el interés personal prima sobre el bien común, los presupuestos se diluyen y las necesidades del pueblo quedan insatisfechas.

En este punto, resulta útil una analogía cercana a la vida cotidiana. Así como hay jóvenes serios que, al iniciar una relación, hablan con la verdad, expresan cómo ven su futuro, cómo planean formar una familia y se comprometen a trabajar con esfuerzo y responsabilidad para salir adelante en pareja, también existen candidatos honestos que presentan planes de trabajo realistas, pensados desde las verdaderas necesidades de la gente. Estos candidatos no prometen imposibles, sino que plantean acciones concretas y alcanzables, conscientes de que el desarrollo se construye con gestión, trabajo y compromiso, no con discursos vacíos.

De la misma manera que una relación basada en la mentira y la apariencia está condenada al fracaso, una gestión pública fundada en el engaño, la improvisación y la corrupción termina afectando gravemente a la comunidad. En cambio, cuando la política se ejerce con sinceridad, preparación y responsabilidad, los resultados se reflejan en territorios más ordenados, con mejores servicios, infraestructura adecuada y oportunidades reales para su gente.

En definitiva, la forma de hacer política en el Ecuador debe evolucionar hacia la valoración de candidatos íntegros, capaces y visionarios. Solo así la política dejará de ser un espectáculo electoral para convertirse en una verdadera herramienta de transformación social y desarrollo territorial.

La política del atajo: mentir para llegar, fracasar al gobernar 

A lo largo de las décadas, las campañas políticas en el Ecuador han estado marcadas por prácticas orientadas al beneficio electoral inmediato, como la promesa de obras inviables, la entrega de dádivas, la difusión de información falsa y los ataques personales entre candidatos. Estas estrategias, lejos de fortalecer la democracia, han desplazado el debate de ideas y propuestas, consolidando una cultura política basada en la manipulación emocional y el descrédito del adversario, en detrimento de una deliberación responsable sobre el futuro colectivo.

Este modo de hacer política puede compararse con un camino que ofrece atajos atractivos, pero que inevitablemente conduce al fracaso. Así como muchos gobernantes corruptos alcanzan el poder mediante el engaño y luego terminan privados de su libertad por sus propias conductas ilícitas, las campañas sustentadas en la mentira, la dádiva y la desinformación terminan atrapando a la democracia en un ciclo de desconfianza, frustración y deterioro institucional. El engaño que inicialmente abre puertas se transforma, con el tiempo, en una prisión política y moral, tanto para quienes gobiernan como para la sociedad que depositó su confianza en ellos.

Como consecuencia de estas prácticas, el electorado con frecuencia vota no por convicción informada, sino por necesidad económica, miedo inducido o simple costumbre. Esta dinámica ha favorecido la elección de autoridades que, una vez en el poder, incumplen sus promesas y reproducen esquemas de corrupción, clientelismo e impunidad. Cada proceso electoral que repite estas lógicas refuerza un patrón histórico en el que la mentira se normaliza, la ética pública se debilita y la calidad democrática se ve progresivamente erosionada.

En este contexto, las campañas políticas dejan de ser espacios de construcción colectiva y se convierten en escenarios de simulación, donde el éxito electoral se impone sobre la responsabilidad pública. Al igual que ocurre con los gobernantes que terminan tras las rejas por cruzar los límites éticos de la administración pública, este modelo de campaña demuestra que la falta de honestidad y transparencia no solo genera consecuencias legales individuales, sino también un profundo costo social e institucional que afecta al país en su conjunto y debilita la confianza ciudadana en el sistema democrático. 

El camino para desterrar la política del engaño 

Para que en el Ecuador los candidatos populistas, corruptos y mentirosos sean progresivamente desestimados por el electorado, es necesario un cambio estructural que trascienda los ciclos electorales y las coyunturas políticas. Este proceso debe comenzar con el fortalecimiento de la educación cívica y política de la población. Un electorado informado, crítico y consciente de sus derechos y deberes es menos vulnerable a la manipulación emocional, a las promesas irreales y a los discursos simplistas que caracterizan al populismo. La formación ciudadana debe promover la capacidad de analizar propuestas, contrastar información y evaluar la coherencia entre el discurso y la trayectoria de los candidatos.

De manera complementaria, resulta indispensable que las instituciones de control y justicia actúen con verdadera independencia y eficacia. La impunidad ha sido uno de los principales factores que permite la repetición de prácticas corruptas, pues envía el mensaje de que mentir, engañar o abusar del poder no tiene consecuencias reales. Un sistema institucional sólido, que investigue, sancione y excluya políticamente a quienes incumplen la ley, contribuye a depurar la oferta electoral y a elevar los estándares éticos de la competencia política.

Los medios de comunicación y la sociedad civil organizada también desempeñan un rol fundamental en este proceso. Un periodismo responsable, que priorice la verificación de datos, el análisis de propuestas y el escrutinio de las trayectorias personales y profesionales de los candidatos, puede contrarrestar la desinformación y la propaganda engañosa. Asimismo, las organizaciones sociales, académicas y ciudadanas pueden fomentar espacios de debate público, observación electoral y control social que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas.

Finalmente, el cambio más profundo debe provenir de la ciudadanía. Mientras la mentira, la dádiva y el engaño sigan siendo tolerados o justificados como “parte de la política”, los candidatos que recurren a estas prácticas continuarán encontrando respaldo electoral. Desestimar a los políticos populistas y corruptos implica asumir una responsabilidad colectiva: exigir coherencia entre el discurso y la conducta, rechazar la manipulación y priorizar el bien común sobre los beneficios inmediatos. Solo a través de una ciudadanía activa, crítica y ética será posible transformar la cultura política y avanzar hacia una democracia más sólida, responsable y auténtica.

Lo que Zamora no puede volver a elegir

Un liderazgo responsable en la administración pública se mide por la capacidad de dar continuidad a los proyectos, culminarlos y garantizar su mantenimiento en beneficio de la ciudadanía. Una obra inconclusa no solo deja de cumplir su función social, sino que se convierte en un símbolo de desperdicio de recursos públicos, evidencia celo político y falta de compromiso con el desarrollo territorial.

De igual manera, una autoridad local tiene la obligación permanente de mantener la infraestructura existente y los espacios públicos, pues estos reflejan el orden, la planificación y la calidad de vida de un cantón. Calles, parques, avenidas, aceras y áreas recreativas no pueden ser abandonadas sin afectar directamente a la población.

Lamentablemente, en el cantón Zamora ha prevalecido, en las últimas administraciones municipales, una práctica reprochable: el celo partidista, el orgullo político y la falta de empatía con su gente. Estas actitudes han provocado el abandono deliberado de obras iniciadas por anteriores autoridades, no por razones técnicas o legales insalvables, sino por decisiones políticas y por una evidente inoperancia administrativa. El resultado es un cantón con proyectos inconclusos, espacios deteriorados y oportunidades perdidas para el desarrollo local.

Entre las principales obras abandonadas o inconclusas se pueden mencionar las siguientes: Complejo Recreativo “El Bombuscaro”, iniciado durante la administración del Dr. Ángel Ortiz Yangari (1988–1992); Proyecto “El Tejar”, impulsado en la alcaldía del Ing. Víctor Eugenio Reyes Zúñiga (1996–2005); Proyecto Social de Vivienda “Virgen del Carmen”, ubicado detrás del estadio con pista atlética, iniciado durante la administración del Ing. Smilcar Rodríguez Erazo (2009–2014). Tras el cambio de autoridades, el terreno fue invadido con fines políticos, dando origen al asentamiento humano conocido como La Invasión. Actualmente, las familias del sector viven sin servicios básicos y en condiciones precarias, pese a que el proyecto cuenta con una ordenanza vigente; Centro Recreacional “Los Toboganes”, construido originalmente por Predesur y posteriormente gestionado para su traspaso y remodelación municipal durante la administración del Ing. Smilcar Rodríguez Erazo (2009–2014); Proyecto “Chorillos”, iniciado en la administración del Ing. Víctor Eugenio Reyes Zúñiga (1996–2005) y el Centro Recreacional Santa Elena (Lagunas del Bombuscaro), también impulsado durante la administración del Ing. Smilcar Rodríguez Erazo (2009–2014.

Estas obras representan el rostro del abandono del cantón Zamora, capital de la provincia de Zamora Chinchipe, que paradójicamente es uno de los territorios más descuidados y desatendidos. A ello se suma el deterioro visible de parques, avenidas, aceras, bordillos y predios municipales, así como la presencia constante de socavones en las calles, desorden urbano, falta de limpieza, ausencia de mantenimiento y una preocupante carencia de planificación.

Esta realidad no puede normalizarse ni justificarse. Refleja una gestión municipal mediocre e ineficiente, incapaz de administrar adecuadamente los recursos públicos y de responder a las necesidades básicas de la población. Resulta aún más preocupante que quienes han demostrado una deficiente administración de lo público pretendan hoy postularse a nuevas dignidades, como la prefectura, en las elecciones seccionales de 2027.

La ciudadanía tiene la responsabilidad histórica de cerrar el paso a los malos administradores, a quienes han convertido el poder en un espacio de abandono, improvisación y desinterés por el bienestar colectivo. Elegir bien no es un acto de venganza política, sino un ejercicio de memoria, dignidad y compromiso con el futuro de nuestros territorios.

Zamora: el futuro en la visión de Jaime Fárez Reyes 

La visión de futuro para Zamora debe orientarse hacia un desarrollo integral, sostenible y profundamente humano. Esto implica armonizar el crecimiento económico con la equidad social y la conservación ambiental, construyendo una ciudad moderna, inclusiva y con identidad propia. Zamora tiene todas las condiciones para convertirse en el principal destino turístico del sur del Ecuador si se gobierna con planificación, probidad y compromiso ciudadano.

Esta visión no es nueva ni improvisada. Fue compartida y defendida por líderes que entendieron la política como servicio y no como botín. Jaime Efraín Fárez Reyes, médico humanista y expresidente del GAD Parroquial de Cumbaratza, fue uno de esos hombres visionarios que soñó un Zamora planificado, digno y con obras pensadas para el bienestar colectivo y las futuras generaciones.

Desde esa mirada de largo plazo, resulta indispensable impulsar obras de infraestructura largamente postergadas para Zamora, la capital de la provincia de Zamora Chinchipe: la construcción del paso lateral, un hospital moderno, un nuevo cementerio, la mejora integral de la vialidad urbana y rural, la creación de un refugio de animales, una nueva terminal terrestre, la reconstrucción y equipamiento del relleno sanitario y la ejecución del Plan Maestro de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Fluvial, acompañado de procesos de regeneración urbana que ordenen y embellezcan la ciudad.

Jaime Efraín Fárez Reyes concebía el desarrollo como un equilibrio entre obra pública, calidad de vida y dignidad humana. Por ello, el deporte y la cultura deben ocupar un lugar central en la agenda local, con actividades permanentes que fortalezcan la salud física, mental y emocional de la población, especialmente de los jóvenes, alejándolos de las adicciones y del uso excesivo de los celulares.

En el ámbito institucional, la Zamora del futuro requiere un nuevo modelo de gestión municipal basado en eficiencia, transparencia y calidad, con procesos automatizados que acerquen los servicios públicos a la ciudadanía. Este enfoque, coherente con la visión de Fárez Reyes, fortalece la confianza ciudadana y dignifica la administración pública.

El cuidado ambiental debe ser un eje transversal de toda política pública. Convertir a Zamora en el principal destino turístico del sur del Ecuador representa una oportunidad real para reducir el desempleo y la pobreza, aprovechando su biodiversidad, su cultura y su hospitalidad, bajo un modelo de turismo sostenible que genere empleo y sentido de pertenencia.

De igual manera, es fundamental impulsar la agroecología y fortalecer las cadenas de valor de productos emblemáticos como el cacao fino, la mora, la balsa, el sacha inchi y el café de altura, promoviendo ingresos rurales sostenibles y reduciendo la presión sobre los ecosistemas. Paralelamente, la actividad minera debe ser regulada y formalizada con estrictos controles ambientales y alternativas económicas para las comunidades.

El legado de Jaime Efraín Fárez Reyes, fallecido el 27 de enero de 2026, nos recuerda que sí es posible pensar el desarrollo con ética, planificación y amor por la comunidad. Médico de profesión y político por vocación de servicio, ejerció un liderazgo cercano, honesto y visionario, orientado siempre al bien común.

Para que Zamora se proyecte con optimismo hacia el futuro, la ciudadanía deberá ejercer un voto responsable en 2027, eligiendo autoridades con liderazgo, conocimiento y probidad, y dejando atrás ciclos de improvisación, populismo y estancamiento. Honrar la memoria de líderes como Fárez Reyes también implica continuar la visión que ellos sembraron y convertirla en realidad.

Conclusión

El dilema entre la mentira y el bien común no es una abstracción teórica: se manifiesta cada vez que un ciudadano vota, cada vez que una autoridad decide, y cada vez que el poder se ejerce para servir o para traicionar la confianza pública. La forma de hacer política en el Ecuador ha demostrado, una y otra vez, que cuando la mentira se normaliza, los territorios se estancan, la democracia se debilita y la esperanza colectiva se erosiona.

Sin embargo, este no es un destino inevitable. La política puede y debe recuperar su sentido más noble: ser un instrumento de transformación social, planificación responsable y justicia territorial. Existen ejemplos que lo confirman, liderazgos que demostraron que es posible gobernar con honestidad, visión y compromiso con la gente. Recordarlos no es un acto de nostalgia, sino un ejercicio de memoria activa y una referencia ética para el presente.

De cara a las elecciones seccionales de 2027, la ciudadanía enfrenta una responsabilidad histórica ineludible. Elegir no es solo marcar una papeleta, es definir qué valores guiarán el futuro de nuestros cantones, provincias y parroquias. Cada voto puede reproducir el engaño, el populismo y la improvisación, o puede abrir paso a una política basada en la verdad, la capacidad y el bien común.

Romper el ciclo de la mentira exige valentía ciudadana: rechazar las promesas imposibles, desestimar la dádiva fácil y exigir coherencia entre el discurso y la trayectoria de quienes aspiran a gobernar. Significa comprender que el desarrollo no se construye con atajos, sino con planificación, trabajo y ética pública. Allí donde la política se ejerce con honestidad, los recursos alcanzan, las obras se concluyen y la dignidad colectiva se fortalece.

Entre la mentira y el bien común, el Ecuador está llamado a decidir. El futuro de la democracia y de nuestros territorios dependerá de que la ciudadanía elija con memoria, con conciencia y con responsabilidad. Solo así la política dejará de ser un espectáculo de engaños y volverá a ser lo que siempre debió ser: un compromiso profundo con la gente, con la verdad y con el bien común.