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Opinión

Las razones económicas por las que no conviene una Asamblea Constituyente

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Varias razones sustentan la negativa a convocar, en este momento, a una Asamblea Constituyente. Entre las más importantes están las de naturaleza económica. Describo algunas.

En primer lugar, si se llega a proponer un proceso de esa envergadura, los agentes económicos tomarán recaudos antes de emprender en nuevas actividades. Dicho posicionamiento resulta plenamente comprensible pues, frente a posibles cambios en las reglas de juego básicas que orientan las relaciones entre Estado, mercado y sociedad, lo más prudente es ser cauto.

Así, hasta que no se conozcan las líneas matrices de la nueva estructura económica del país, el inmovilismo será la tónica entre oferentes y demandantes. La aversión al riesgo entrará a jugar un papel clave, más aún si se considera que estamos en un país en el que predecir el comportamiento de los actores políticos se ha vuelto cada vez más difícil. Literalmente, entraremos en un limbo económico por mucho tiempo.

Bajo un escenario de incertidumbre como el señalado, el desempleo, una de las principales problemáticas del país, difícilmente descenderá. Dado que los nuevos términos de la contratación serán desconocidos por un buen tiempo, la decisión que generará menores costes a los empleadores será esperar.

Esa espera, que implica también contratiempos de otro orden al sector productivo, será preferible a tomar una decisión que luego pueda comprometer las finanzas de la empresa, sobre todo de la más pequeña. Al fin y al cabo, quienes tienen mayor músculo económico siempre podrán capear de mejor forma los avatares de la vida política nacional.

De otro lado, para los que tienen recursos frescos, una Asamblea Constituyente también los colocará en una disyuntiva. Ahí, siguiendo la línea más conservadora del juego económico, muchos preferirán colocar sus harinas a buen recaudo. Algunos fondos, los más grandes, irán a distintos espacios financieros internacionales mientras que los que tienen menos ceros acudirán a depósitos a plazo dentro del país. Ganar algo de intereses mientras pasa el vendaval de la política siempre será una buena opción. Sin embargo, la mediana tranquilidad de unos irá a costa de quienes tienen la tarea de colocar esos recursos en la economía nacional. Ahí la banca nacional podría afrontar dificultades frente a una (mayor) contracción en la demanda de créditos.

Al ambiente anotado hay que agregar las secuelas en el orden internacional. Maximizadores de beneficios como son los organismos multilaterales de crédito, ante un evento de la trascendencia de una nueva carta constitucional, aguardarán antes de tomar decisiones que comprometan sus recursos. El historial del país en ese tipo de espacios no se ha caracterizado por el cumplimiento de la palabra ofrecida y eso seguramente será un aditamento para que las posibilidades de financiamiento externo entren en stand by por algunos meses. Meses que pueden convertirse en años si se considera que de cada arista del sistema económico que se vaya a discutir en la Asamblea Constituyente pueden derivarse largas y tediosas disquisiciones que, como ya se ha visto, en muchas ocasiones no llegan a ningún punto de acuerdo.

A todo lo dicho hay que agregar que no se avizora una agenda económica sostenida y sostenible que marque el modelo que se pretendería impregnar en la nueva Constitución. Hay reformas sueltas que han sido identificadas desde varios sectores, desde luego, pero no hay una elaboración orgánica del país económico que se quiere. Sin un libreto claramente establecido, una Asamblea Constituyente, en lo económico, puede terminar como una gran colección de demandas puntuales de diferentes actores y grupos de presión. Ya tenemos esa triste experiencia con el larguísimo articulado de Montecristi. No valdría la pena volver a caer en un error de ese tipo.

Los cambios en materia económica son necesarios, necesarísimos, pero quizás bajo las condiciones actuales del país, la opción más prudente está en reformas parciales a la Constitución, algo que se puede hacer con menores costes políticos y menor incertidumbre para los agentes productivos. Fuente: Primicias 

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El éxito escolar no se improvisa: se construye con presencia, amor y acompañamiento

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Al culminar este año lectivo 2025-2026 régimen Sierra Amazonia, es inevitable mirar atrás y reflexionar sobre todo lo vivido durante estos diez meses de aprendizaje, esfuerzo, desafíos y crecimiento. Hoy celebramos no solamente las calificaciones obtenidas o la promoción al siguiente grado o curso, sino también el compromiso, la perseverancia y el trabajo en equipo entre Docentes, Estudiantes y Padres de Familia que hicieron posible cada logro alcanzado.

Nuestra más sincera felicitación a todos los estudiantes que, con responsabilidad y dedicación, supieron superar obstáculos, cumplir metas y demostrar que el esfuerzo constante siempre da frutos. Pero este reconocimiento también pertenece a sus padres, madres y representantes, quienes estuvieron presentes día tras día, acompañando tareas, asistiendo a reuniones, motivando en los momentos difíciles, celebrando los avances y brindando el apoyo necesario para que sus hijos nunca se sintieran solos en su proceso educativo.

La educación no es un resultado que se mide únicamente al final del año escolar. La educación es un proceso que se construye todos los días, desde septiembre hasta junio, con la participación activa de estudiantes, docentes y familias. Cada conversación sobre la escuela, cada tarea supervisada, cada reunión atendida, cada palabra de aliento y cada muestra de interés por el aprendizaje son ladrillos que ayudan a construir el futuro de nuestros hijos.

Cuando los padres comprenden que la educación es un acompañamiento permanente y no una responsabilidad exclusiva de la institución educativa, los estudiantes encuentran la motivación, la seguridad y la confianza necesarias para alcanzar sus objetivos. El éxito académico rara vez es producto de la casualidad; generalmente es el resultado de un trabajo conjunto donde familia y escuela avanzan en la misma dirección.

Por ello, este final de año lectivo también nos deja una valiosa reflexión: no podemos esperar los resultados si no participamos del proceso. La presencia de la familia durante todo el año marca una diferencia profunda en el rendimiento, la disciplina, la autoestima y el desarrollo integral de los estudiantes. Educar significa acompañar, orientar, escuchar, corregir y motivar de manera constante.

Hoy celebramos a quienes entendieron esta gran verdad y caminaron junto a sus hijos durante todo el recorrido. Cada promoción, cada reconocimiento y cada meta alcanzada es el reflejo de un esfuerzo compartido que merece ser aplaudido y valorado.

Ahora llega el tiempo de las vacaciones, un espacio merecido para descansar, renovar energías y fortalecer los lazos familiares. Que estas semanas sean una oportunidad para compartir más tiempo con nuestros hijos, fomentar la práctica deportiva, disfrutar de actividades recreativas, visitar nuevos lugares, leer, conversar, jugar y construir recuerdos que permanezcan para toda la vida.

Las vacaciones no son una pausa en la formación; son una oportunidad diferente para seguir educando a través del ejemplo, la convivencia, el afecto y los valores. Cada experiencia familiar puede convertirse en una lección de vida que fortalezca la autoestima, la responsabilidad, la solidaridad y el amor.

A todas las familias que acompañaron con compromiso este año lectivo, nuestro reconocimiento y gratitud. A todos los estudiantes promovidos, nuestras felicitaciones por el deber cumplido. Y a quienes enfrentaron dificultades, nuestro llamado a convertir cada experiencia en una oportunidad para aprender, mejorar y volver a intentarlo con más fuerza.

Que estas vacaciones estén llenas de alegría, unión familiar, salud y momentos inolvidables. Y que el próximo año lectivo nos encuentre nuevamente trabajando juntos, porque cuando familia y escuela caminan de la mano, los sueños de nuestros niños y jóvenes tienen mayores posibilidades de convertirse en realidad.

¡Felices vacaciones y felicitaciones por los logros alcanzados!

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No se puede exigir un buen gobierno con un voto vendido

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Hay una realidad que cada día me preocupa más: la política está dejando de debatirse con ideas para convertirse en un campo de resentimientos. Las redes sociales, que podrían ser una herramienta para vigilar el poder y enriquecer el debate democrático, hoy parecen ser el lugar donde muchos descargan frustraciones personales disfrazadas de defensa del pueblo.

Hace pocos días observé las reacciones a una publicación en la que una asambleísta de nuestra provincia solicitaba seguridad personal. En lo personal, no comparto esa decisión, aunque está en todo su derecho de hacerlo. Pero ese no es el tema de fondo.

Lo verdaderamente preocupante fue leer a ciertos personajes —algunos exfuncionarios, otros profesionales y varios actores políticos— presentarse como defensores de la provincia. Muchos de ellos escribían con una dureza que pretendía aparentar indignación ciudadana. Sin embargo, detrás de varios de esos discursos no se percibe preocupación por la gente, sino el sabor amargo de intereses que nunca fueron satisfechos, es decir; es un interés personal.

Porque hay que decirlo con claridad: no toda crítica nace del compromiso con la sociedad. Hay críticas que nacen porque no hubo un nombramiento, porque no llegó un contrato, porque no existió un favor político o simplemente porque alguien no fue tomado en cuenta. Cuando eso ocurre, la defensa del pueblo deja de ser una convicción para convertirse en una excusa.

Y esa diferencia es enorme.

La democracia necesita una oposición firme, necesita periodistas críticos, ciudadanos vigilantes y voces que fiscalicen el poder. Lo que no necesita son ataques motivados por resentimientos personales. Quien cuestiona únicamente cuando sus intereses fueron afectados no está haciendo política; está cobrando una factura.

También resulta curioso que muchos de los más valientes en las redes sociales desaparezcan cuando tienen la oportunidad de expresar esas mismas opiniones en un debate público o frente a un micrófono. Es más sencillo escribir detrás de una pantalla que sostener una posición con argumentos y responsabilidad.

La política jamás debería medirse por la cantidad de favores recibidos. Un cargo público no existe para repartir puestos de trabajo entre amigos ni para devolver apoyos electorales. Su obligación es servir al conjunto de la sociedad. Cuando reducimos la política al beneficio personal, el desarrollo deja de ser el objetivo y pasa a ser una simple disputa por espacios de poder.

Pero sería injusto señalar únicamente a quienes gobiernan. Los ciudadanos también tenemos una enorme responsabilidad en la calidad de nuestra democracia.

Cada autoridad que hoy ocupa un cargo llegó porque alguien votó por ella. Y aquí aparece una verdad incómoda: quien aceptó dinero, una dádiva o cualquier beneficio para entregar su voto pierde buena parte de la autoridad moral para reclamar después honestidad. El voto no es una mercancía. Cuando se vende, también se vende una parte del futuro colectivo.

No podemos indignarnos por la corrupción si primero normalizamos comprar y vender conciencias durante una campaña electoral. Quien llega al poder repartiendo dinero difícilmente entenderá la política como un servicio. Lo más probable es que la vea como una inversión que deberá recuperar.

Por eso la transformación de una provincia no empieza cuando cambian las autoridades. Empieza cuando cambia la conducta de quienes las eligen.

Necesitamos recuperar algo que parece estar desapareciendo: la autoridad moral para exigir. Esa autoridad no nace del odio ni del resentimiento. Nace de actuar con coherencia. Nace de votar con libertad, de rechazar las dádivas, de denunciar con pruebas, de criticar con argumentos y de exigir pensando en el bien común.

Una provincia no progresa cuando cada grupo pelea por su propio interés. Progresa cuando la ciudadanía entiende que las verdaderas luchas son aquellas que benefician a todos.

El odio nunca ha construido un hospital o una universidad. El resentimiento nunca ha generado empleo. Los insultos jamás han mejorado una escuela ni han abierto una carretera.

Lo que sí cambia una sociedad es una ciudadanía capaz de mirar más allá de sus intereses personales y entender que la política no debe servir para cobrar favores, sino para construir futuro.

Porque, al final, la pregunta no debería ser qué nos dio un político. La verdadera pregunta es qué estamos haciendo nosotros para que la política vuelva a ser un servicio y no un negocio.

Solo cuando podamos responder esa pregunta con honestidad tendremos la autoridad moral para exigir el cambio que tanto reclamamos.

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Sumisión o asfixia

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Por: Alonzo Cueva / OPINIÓN POLÍTICA 

El «secreto a voces» sobre el condicionamiento de recursos a los gobiernos locales destapa la desesperación electoral del poder de turno y pone a prueba la ética de las autoridades.

El ambiente preelectoral en Ecuador arrastra una sombra de coacción que ya recorre los pasillos de los gobiernos autónomos descentralizados. Un alarmante «secreto a voces» en las provincias revela una estrategia de supervivencia del poder de turno: presionar a alcaldes, prefectos y presidentes de gobiernos parroquiales rurales en funciones que buscan la reelección para que se sumen obligatoriamente a sus filas políticas.

Ante sus bajos niveles de aceptación popular y la evidente incapacidad para consolidar cuadros competitivos desde sus propias bases, el oficialismo parece recurrir a la captura forzosa de liderazgos ajenos. La táctica consiste en amenazar veladamente con congelar presupuestos y créditos estatales destinados a obras vitales si las autoridades no ceden al condicionamiento partidista. Es, en esencia, la sustitución del arrastre electoral por la asfixia económica.

Este mecanismo de coacción es tan perverso como sutil. Al operar estrictamente tras bastidores mediante calculadas dilaciones burocráticas y el bloqueo discrecional de fondos de desarrollo regional.

Sin embargo, este escenario de presiones no solo desnuda las costuras del centralismo, sino que también pone a prueba la integridad política y moral de las propias autoridades chantajeadas. Ceder ante la extorsión presupuestaria bajo el cómodo pretexto de «salvar las obras de la comunidad» constituye una claudicación ética inadmisible. Ningún proyecto, por más urgente que sea para el territorio, justifica sacrificar los principios democráticos ni validar el abuso del poder central.

Subordinar el financiamiento que por ley pertenece a todos los ciudadanos y no a una bandera política, al carnet de un partido es una confesión implícita de profunda debilidad electoral. La verdadera autonomía local y el proceso de descentralización exigen tanto el respeto normativo de las instituciones del Estado como la firmeza moral de sus autoridades seccionales.

Castigar a las comunidades cuyos líderes se niegan a claudicar es un atropello que la ciudadanía debe rechazar; pero arrodillarse ante el chantaje para asegurar una candidatura es institucionalizar la trampa. La dignidad de los territorios no se negocia en los despachos del poder central.

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