Introducción

En el Ecuador, la política se ha convertido para muchos ciudadanos en sinónimo de desconfianza, desencanto y frustración. Cada proceso electoral revive una pregunta incómoda pero necesaria: ¿la política existe para servir al pueblo o para engañarlo? Entre promesas grandilocuentes, discursos cargados de emociones calculadas y ofertas imposibles de cumplir, la mentira ha terminado por disputarle el espacio al bien común como eje de la acción política.

Durante décadas, las campañas electorales han privilegiado el espectáculo sobre las ideas, el ataque personal sobre el debate de propuestas y el populismo sobre la planificación responsable. Esta forma de hacer política no solo empobrece la democracia, sino que condena a los territorios al atraso, normaliza la corrupción y debilita el vínculo entre la ciudadanía y el poder público. Cuando la mentira se convierte en estrategia y el engaño en costumbre, la democracia deja de ser un proyecto colectivo para transformarse en un ritual vacío.

Sin embargo, la política no nació para dividir, manipular o improvisar. En su esencia más noble, es una herramienta para organizar la vida en común, orientar el desarrollo y garantizar condiciones dignas para todas y todos. Entre la mentira y el bien común existe un dilema profundo que atraviesa la historia política del Ecuador y que hoy, en la antesala de nuevas elecciones, exige una reflexión seria, crítica y responsable.

Este artículo propone analizar las prácticas que han deteriorado la política ecuatoriana, advertir sobre los riesgos de repetir los errores del pasado y reivindicar una forma distinta de hacer política: ética, transparente y centrada en el bien común. Elegir bien no es solo un derecho democrático; es un acto de memoria, dignidad y compromiso con el futuro del país y de sus territorios.

La política al servicio del bien común.

En su sentido más noble, la política es el arte y la práctica de organizar la vida en común. Es el proceso mediante el cual una sociedad dialoga, decide y actúa para resolver sus problemas colectivos, distribuir recursos, establecer normas y orientar su futuro.

Dicho de otra forma, la política es la búsqueda del bien común a través de decisiones compartidas.

La antesala de la democracia territorial: elecciones seccionales en Ecuador 

A medida que se aproxima febrero de 2027, el Ecuador entra en la antesala de uno de los ejercicios democráticos más significativos de su vida política territorial: las elecciones seccionales. Este proceso no solo define el rumbo administrativo de provincias, cantones y parroquias, sino que constituye un termómetro directo de la relación entre el Estado y la ciudadanía en el nivel más cercano a la vida cotidiana.

En estos comicios, las y los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), instancias fundamentales para la planificación del desarrollo local, la provisión de servicios básicos, la gestión del territorio y la participación ciudadana. De acuerdo con las proyecciones para 2027 y tomando como referencia procesos electorales recientes, se renovarán 23 prefecturas con sus respectivas viceprefecturas, 222 alcaldías municipales, además de cientos de concejalías urbanas y rurales y miles de vocalías de juntas parroquiales rurales.

La magnitud de este proceso se evidencia al observar el proceso electoral anterior, en el cual se eligieron 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales y 4.094 vocales de juntas parroquiales a escala nacional. Estas cifras no solo reflejan la amplitud logística y organizativa de las elecciones seccionales, sino también la relevancia política del nivel parroquial, especialmente en las zonas rurales, donde las juntas parroquiales representan el primer eslabón de articulación entre el Estado y la comunidad.

En este sentido, las elecciones seccionales no deben entenderse como un evento meramente administrativo, sino como un espacio clave de disputa democrática, donde se definen prioridades de inversión, modelos de desarrollo local y formas de ejercicio del poder desde lo territorial. La víspera electoral, por tanto, no es solo un momento previo a la votación, sino una etapa crucial de deliberación ciudadana, construcción de expectativas y evaluación del desempeño de las autoridades salientes, en un contexto marcado por desafíos económicos, sociales y de seguridad que atraviesan al país.

Elegir bien para transformar los territorios 

La calidad de la política local en el Ecuador está directamente relacionada con el perfil humano, ético y profesional de quienes aspiran a dirigir los gobiernos seccionales. Elegir autoridades no debería ser un acto impulsado por simpatías pasajeras, discursos emotivos o promesas exageradas, sino una decisión consciente basada en la capacidad, experiencia, probidad, visión de futuro y planificación que demuestren los candidatos.

Es fundamental que quienes se postulan a cargos como prefectos, alcaldes o juntas parroquiales cuenten con una sólida formación académica, pero, sobre todo, con experiencia en la administración pública y gestión organizacional. Gobernar un territorio implica tomar decisiones técnicas, administrar recursos limitados, priorizar necesidades y liderar equipos de trabajo; tareas que no se improvisan. El liderazgo responsable se manifiesta en la capacidad de escuchar a la ciudadanía, evaluar escenarios complejos y actuar pensando en el beneficio colectivo y no en intereses personales o partidistas.

Otro aspecto esencial es la visión de desarrollo territorial. Un buen candidato no solo debe preocuparse por resolver problemas inmediatos, sino también preguntarse cómo quiere ver su cantón, provincia o parroquia dentro de 10, 15 o 20 años. Esa mirada de largo plazo exige planificación estratégica, con objetivos claros a corto, mediano y largo plazo, articulados con políticas públicas sostenibles. Sin planificación, las obras se vuelven aisladas, desordenadas y poco efectivas; con planificación, cada acción se convierte en un paso firme hacia el desarrollo integral del territorio.

La probidad es, quizá, uno de los pilares más determinantes para que las promesas se conviertan en realidades. Cuando las autoridades son honestas y transparentes, el dinero público alcanza. Al no ser desviado por la corrupción, los recursos se transforman en obras, servicios y oportunidades que mejoran la calidad de vida de la población. Por el contrario, cuando el interés personal prima sobre el bien común, los presupuestos se diluyen y las necesidades del pueblo quedan insatisfechas.

En este punto, resulta útil una analogía cercana a la vida cotidiana. Así como hay jóvenes serios que, al iniciar una relación, hablan con la verdad, expresan cómo ven su futuro, cómo planean formar una familia y se comprometen a trabajar con esfuerzo y responsabilidad para salir adelante en pareja, también existen candidatos honestos que presentan planes de trabajo realistas, pensados desde las verdaderas necesidades de la gente. Estos candidatos no prometen imposibles, sino que plantean acciones concretas y alcanzables, conscientes de que el desarrollo se construye con gestión, trabajo y compromiso, no con discursos vacíos.

De la misma manera que una relación basada en la mentira y la apariencia está condenada al fracaso, una gestión pública fundada en el engaño, la improvisación y la corrupción termina afectando gravemente a la comunidad. En cambio, cuando la política se ejerce con sinceridad, preparación y responsabilidad, los resultados se reflejan en territorios más ordenados, con mejores servicios, infraestructura adecuada y oportunidades reales para su gente.

En definitiva, la forma de hacer política en el Ecuador debe evolucionar hacia la valoración de candidatos íntegros, capaces y visionarios. Solo así la política dejará de ser un espectáculo electoral para convertirse en una verdadera herramienta de transformación social y desarrollo territorial.

La política del atajo: mentir para llegar, fracasar al gobernar 

A lo largo de las décadas, las campañas políticas en el Ecuador han estado marcadas por prácticas orientadas al beneficio electoral inmediato, como la promesa de obras inviables, la entrega de dádivas, la difusión de información falsa y los ataques personales entre candidatos. Estas estrategias, lejos de fortalecer la democracia, han desplazado el debate de ideas y propuestas, consolidando una cultura política basada en la manipulación emocional y el descrédito del adversario, en detrimento de una deliberación responsable sobre el futuro colectivo.

Este modo de hacer política puede compararse con un camino que ofrece atajos atractivos, pero que inevitablemente conduce al fracaso. Así como muchos gobernantes corruptos alcanzan el poder mediante el engaño y luego terminan privados de su libertad por sus propias conductas ilícitas, las campañas sustentadas en la mentira, la dádiva y la desinformación terminan atrapando a la democracia en un ciclo de desconfianza, frustración y deterioro institucional. El engaño que inicialmente abre puertas se transforma, con el tiempo, en una prisión política y moral, tanto para quienes gobiernan como para la sociedad que depositó su confianza en ellos.

Como consecuencia de estas prácticas, el electorado con frecuencia vota no por convicción informada, sino por necesidad económica, miedo inducido o simple costumbre. Esta dinámica ha favorecido la elección de autoridades que, una vez en el poder, incumplen sus promesas y reproducen esquemas de corrupción, clientelismo e impunidad. Cada proceso electoral que repite estas lógicas refuerza un patrón histórico en el que la mentira se normaliza, la ética pública se debilita y la calidad democrática se ve progresivamente erosionada.

En este contexto, las campañas políticas dejan de ser espacios de construcción colectiva y se convierten en escenarios de simulación, donde el éxito electoral se impone sobre la responsabilidad pública. Al igual que ocurre con los gobernantes que terminan tras las rejas por cruzar los límites éticos de la administración pública, este modelo de campaña demuestra que la falta de honestidad y transparencia no solo genera consecuencias legales individuales, sino también un profundo costo social e institucional que afecta al país en su conjunto y debilita la confianza ciudadana en el sistema democrático. 

El camino para desterrar la política del engaño 

Para que en el Ecuador los candidatos populistas, corruptos y mentirosos sean progresivamente desestimados por el electorado, es necesario un cambio estructural que trascienda los ciclos electorales y las coyunturas políticas. Este proceso debe comenzar con el fortalecimiento de la educación cívica y política de la población. Un electorado informado, crítico y consciente de sus derechos y deberes es menos vulnerable a la manipulación emocional, a las promesas irreales y a los discursos simplistas que caracterizan al populismo. La formación ciudadana debe promover la capacidad de analizar propuestas, contrastar información y evaluar la coherencia entre el discurso y la trayectoria de los candidatos.

De manera complementaria, resulta indispensable que las instituciones de control y justicia actúen con verdadera independencia y eficacia. La impunidad ha sido uno de los principales factores que permite la repetición de prácticas corruptas, pues envía el mensaje de que mentir, engañar o abusar del poder no tiene consecuencias reales. Un sistema institucional sólido, que investigue, sancione y excluya políticamente a quienes incumplen la ley, contribuye a depurar la oferta electoral y a elevar los estándares éticos de la competencia política.

Los medios de comunicación y la sociedad civil organizada también desempeñan un rol fundamental en este proceso. Un periodismo responsable, que priorice la verificación de datos, el análisis de propuestas y el escrutinio de las trayectorias personales y profesionales de los candidatos, puede contrarrestar la desinformación y la propaganda engañosa. Asimismo, las organizaciones sociales, académicas y ciudadanas pueden fomentar espacios de debate público, observación electoral y control social que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas.

Finalmente, el cambio más profundo debe provenir de la ciudadanía. Mientras la mentira, la dádiva y el engaño sigan siendo tolerados o justificados como “parte de la política”, los candidatos que recurren a estas prácticas continuarán encontrando respaldo electoral. Desestimar a los políticos populistas y corruptos implica asumir una responsabilidad colectiva: exigir coherencia entre el discurso y la conducta, rechazar la manipulación y priorizar el bien común sobre los beneficios inmediatos. Solo a través de una ciudadanía activa, crítica y ética será posible transformar la cultura política y avanzar hacia una democracia más sólida, responsable y auténtica.

Lo que Zamora no puede volver a elegir

Un liderazgo responsable en la administración pública se mide por la capacidad de dar continuidad a los proyectos, culminarlos y garantizar su mantenimiento en beneficio de la ciudadanía. Una obra inconclusa no solo deja de cumplir su función social, sino que se convierte en un símbolo de desperdicio de recursos públicos, evidencia celo político y falta de compromiso con el desarrollo territorial.

De igual manera, una autoridad local tiene la obligación permanente de mantener la infraestructura existente y los espacios públicos, pues estos reflejan el orden, la planificación y la calidad de vida de un cantón. Calles, parques, avenidas, aceras y áreas recreativas no pueden ser abandonadas sin afectar directamente a la población.

Lamentablemente, en el cantón Zamora ha prevalecido, en las últimas administraciones municipales, una práctica reprochable: el celo partidista, el orgullo político y la falta de empatía con su gente. Estas actitudes han provocado el abandono deliberado de obras iniciadas por anteriores autoridades, no por razones técnicas o legales insalvables, sino por decisiones políticas y por una evidente inoperancia administrativa. El resultado es un cantón con proyectos inconclusos, espacios deteriorados y oportunidades perdidas para el desarrollo local.

Entre las principales obras abandonadas o inconclusas se pueden mencionar las siguientes: Complejo Recreativo “El Bombuscaro”, iniciado durante la administración del Dr. Ángel Ortiz Yangari (1988–1992); Proyecto “El Tejar”, impulsado en la alcaldía del Ing. Víctor Eugenio Reyes Zúñiga (1996–2005); Proyecto Social de Vivienda “Virgen del Carmen”, ubicado detrás del estadio con pista atlética, iniciado durante la administración del Ing. Smilcar Rodríguez Erazo (2009–2014). Tras el cambio de autoridades, el terreno fue invadido con fines políticos, dando origen al asentamiento humano conocido como La Invasión. Actualmente, las familias del sector viven sin servicios básicos y en condiciones precarias, pese a que el proyecto cuenta con una ordenanza vigente; Centro Recreacional “Los Toboganes”, construido originalmente por Predesur y posteriormente gestionado para su traspaso y remodelación municipal durante la administración del Ing. Smilcar Rodríguez Erazo (2009–2014); Proyecto “Chorillos”, iniciado en la administración del Ing. Víctor Eugenio Reyes Zúñiga (1996–2005) y el Centro Recreacional Santa Elena (Lagunas del Bombuscaro), también impulsado durante la administración del Ing. Smilcar Rodríguez Erazo (2009–2014.

Estas obras representan el rostro del abandono del cantón Zamora, capital de la provincia de Zamora Chinchipe, que paradójicamente es uno de los territorios más descuidados y desatendidos. A ello se suma el deterioro visible de parques, avenidas, aceras, bordillos y predios municipales, así como la presencia constante de socavones en las calles, desorden urbano, falta de limpieza, ausencia de mantenimiento y una preocupante carencia de planificación.

Esta realidad no puede normalizarse ni justificarse. Refleja una gestión municipal mediocre e ineficiente, incapaz de administrar adecuadamente los recursos públicos y de responder a las necesidades básicas de la población. Resulta aún más preocupante que quienes han demostrado una deficiente administración de lo público pretendan hoy postularse a nuevas dignidades, como la prefectura, en las elecciones seccionales de 2027.

La ciudadanía tiene la responsabilidad histórica de cerrar el paso a los malos administradores, a quienes han convertido el poder en un espacio de abandono, improvisación y desinterés por el bienestar colectivo. Elegir bien no es un acto de venganza política, sino un ejercicio de memoria, dignidad y compromiso con el futuro de nuestros territorios.

Zamora: el futuro en la visión de Jaime Fárez Reyes 

La visión de futuro para Zamora debe orientarse hacia un desarrollo integral, sostenible y profundamente humano. Esto implica armonizar el crecimiento económico con la equidad social y la conservación ambiental, construyendo una ciudad moderna, inclusiva y con identidad propia. Zamora tiene todas las condiciones para convertirse en el principal destino turístico del sur del Ecuador si se gobierna con planificación, probidad y compromiso ciudadano.

Esta visión no es nueva ni improvisada. Fue compartida y defendida por líderes que entendieron la política como servicio y no como botín. Jaime Efraín Fárez Reyes, médico humanista y expresidente del GAD Parroquial de Cumbaratza, fue uno de esos hombres visionarios que soñó un Zamora planificado, digno y con obras pensadas para el bienestar colectivo y las futuras generaciones.

Desde esa mirada de largo plazo, resulta indispensable impulsar obras de infraestructura largamente postergadas para Zamora, la capital de la provincia de Zamora Chinchipe: la construcción del paso lateral, un hospital moderno, un nuevo cementerio, la mejora integral de la vialidad urbana y rural, la creación de un refugio de animales, una nueva terminal terrestre, la reconstrucción y equipamiento del relleno sanitario y la ejecución del Plan Maestro de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Fluvial, acompañado de procesos de regeneración urbana que ordenen y embellezcan la ciudad.

Jaime Efraín Fárez Reyes concebía el desarrollo como un equilibrio entre obra pública, calidad de vida y dignidad humana. Por ello, el deporte y la cultura deben ocupar un lugar central en la agenda local, con actividades permanentes que fortalezcan la salud física, mental y emocional de la población, especialmente de los jóvenes, alejándolos de las adicciones y del uso excesivo de los celulares.

En el ámbito institucional, la Zamora del futuro requiere un nuevo modelo de gestión municipal basado en eficiencia, transparencia y calidad, con procesos automatizados que acerquen los servicios públicos a la ciudadanía. Este enfoque, coherente con la visión de Fárez Reyes, fortalece la confianza ciudadana y dignifica la administración pública.

El cuidado ambiental debe ser un eje transversal de toda política pública. Convertir a Zamora en el principal destino turístico del sur del Ecuador representa una oportunidad real para reducir el desempleo y la pobreza, aprovechando su biodiversidad, su cultura y su hospitalidad, bajo un modelo de turismo sostenible que genere empleo y sentido de pertenencia.

De igual manera, es fundamental impulsar la agroecología y fortalecer las cadenas de valor de productos emblemáticos como el cacao fino, la mora, la balsa, el sacha inchi y el café de altura, promoviendo ingresos rurales sostenibles y reduciendo la presión sobre los ecosistemas. Paralelamente, la actividad minera debe ser regulada y formalizada con estrictos controles ambientales y alternativas económicas para las comunidades.

El legado de Jaime Efraín Fárez Reyes, fallecido el 27 de enero de 2026, nos recuerda que sí es posible pensar el desarrollo con ética, planificación y amor por la comunidad. Médico de profesión y político por vocación de servicio, ejerció un liderazgo cercano, honesto y visionario, orientado siempre al bien común.

Para que Zamora se proyecte con optimismo hacia el futuro, la ciudadanía deberá ejercer un voto responsable en 2027, eligiendo autoridades con liderazgo, conocimiento y probidad, y dejando atrás ciclos de improvisación, populismo y estancamiento. Honrar la memoria de líderes como Fárez Reyes también implica continuar la visión que ellos sembraron y convertirla en realidad.

Conclusión

El dilema entre la mentira y el bien común no es una abstracción teórica: se manifiesta cada vez que un ciudadano vota, cada vez que una autoridad decide, y cada vez que el poder se ejerce para servir o para traicionar la confianza pública. La forma de hacer política en el Ecuador ha demostrado, una y otra vez, que cuando la mentira se normaliza, los territorios se estancan, la democracia se debilita y la esperanza colectiva se erosiona.

Sin embargo, este no es un destino inevitable. La política puede y debe recuperar su sentido más noble: ser un instrumento de transformación social, planificación responsable y justicia territorial. Existen ejemplos que lo confirman, liderazgos que demostraron que es posible gobernar con honestidad, visión y compromiso con la gente. Recordarlos no es un acto de nostalgia, sino un ejercicio de memoria activa y una referencia ética para el presente.

De cara a las elecciones seccionales de 2027, la ciudadanía enfrenta una responsabilidad histórica ineludible. Elegir no es solo marcar una papeleta, es definir qué valores guiarán el futuro de nuestros cantones, provincias y parroquias. Cada voto puede reproducir el engaño, el populismo y la improvisación, o puede abrir paso a una política basada en la verdad, la capacidad y el bien común.

Romper el ciclo de la mentira exige valentía ciudadana: rechazar las promesas imposibles, desestimar la dádiva fácil y exigir coherencia entre el discurso y la trayectoria de quienes aspiran a gobernar. Significa comprender que el desarrollo no se construye con atajos, sino con planificación, trabajo y ética pública. Allí donde la política se ejerce con honestidad, los recursos alcanzan, las obras se concluyen y la dignidad colectiva se fortalece.

Entre la mentira y el bien común, el Ecuador está llamado a decidir. El futuro de la democracia y de nuestros territorios dependerá de que la ciudadanía elija con memoria, con conciencia y con responsabilidad. Solo así la política dejará de ser un espectáculo de engaños y volverá a ser lo que siempre debió ser: un compromiso profundo con la gente, con la verdad y con el bien común.

Por: Lic. Alonzo Cueva Rojas. Analista Político

La deuda acumulada que el gobierno mantiene con prefecturas, alcaldías y gobiernos parroquiales por conceptos como equidad territorial, el fondo de financiamiento para gobiernos autónomos y la devolución del IVA ha superado los USD 716 millones, según informes previos presentados por AME y CONGOPE. Sin embargo, esta cifra podría ser considerablemente mayor si se divulgan los datos completos con transparencia, agravando aún más una situación que ya resulta insostenible.

Las autoridades locales, particularmente en provincias y cantones pequeños del Ecuador, se encuentran en una situación crítica. No solo enfrentan la incapacidad de atender las demandas de infraestructura pública y servicios básicos para sus comunidades, sino que, en muchos casos, no han podido cumplir con el pago de salarios y sueldos a su personal, ya que algunos de estos entes locales llevan entre cuatro y cinco meses sin recibir las transferencias legales correspondientes por parte del Estado.

En este contexto, el gobierno nacional parece priorizar el pago de la deuda externa, a la que asignó 6551 millones de dólares en su presupuesto para 2026, dejando al descubierto una realidad donde se opaca el bienestar del pueblo que sostenidamente cumple con sus deberes tributarios para llenar las arcas fiscales.

Es imprescindible alzar la voz y exigir al Ministerio de Finanzas respuestas claras sobre cómo y cuándo se saldará esta deuda interna. Este clamor demanda liderazgo, unidad y compromiso por parte de las autoridades democráticamente electas. Asimismo, es fundamental que cuenten con el respaldo popular para legitimar estas exigencias justas y urgentes.

En el marco del programa Tertulia Jurídica, se desarrolló un conversatorio académico con la participación del doctor Bruno Teixeira Lins, experto internacional en Derechos Humanos, quien abordó el tema “Justicia Ordinaria y Justicia Indígena: un análisis comparado desde los estándares internacionales de derechos humanos”.

El doctor Teixeira Lins, de nacionalidad brasileña, es abogado y profesor universitario. Cuenta con un máster en Derechos Humanos, cursa su segunda maestría en Antropología Social y desarrolla su doctorado en Derecho en la Universidad Tiradentes de Brasil. Actualmente realiza una estancia de investigación vinculada a un instituto académico de carácter nacional, además de desempeñarse como profesor invitado en universidades de Brasil y en la Universidad Católica de Quito.

Durante el diálogo, el invitado explicó que la diferencia entre la justicia ordinaria y la justicia indígena debe analizarse desde el pluralismo jurídico, entendido como un hecho social permanente. Señaló que ambos sistemas cumplen la misma función esencial, organizar la vida social y resolver conflictos—, pero se estructuran a partir de perspectivas, normas, autoridades y procedimientos distintos, por lo que no pueden ser evaluados bajo un criterio de superioridad, sino desde un enfoque intercultural y comparado.

En relación con los límites de la justicia indígena, Teixeira Lins indicó que, en el caso ecuatoriano, estos se encuentran establecidos principalmente por la Constitución de la República y por los tratados internacionales de derechos humanos, y no por la justicia ordinaria.

Destacó que Ecuador, a diferencia de otros países de la región, reconoce no solo la jurisdicción indígena, sino también a las comunidades, pueblos y nacionalidades como fuentes del derecho, lo que constituye un avance significativo dentro del constitucionalismo plurinacional.

Asimismo, explicó que las decisiones de la justicia indígena pueden ser impugnadas únicamente a través de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, la cual no actúa como instancia de apelación, sino que verifica el respeto a los derechos constitucionales, la territorialidad, el carácter interno del conflicto y la compatibilidad con los derechos humanos. En casos excepcionales de privación de libertad, procede el hábeas corpus, limitado a analizar la legalidad, legitimidad y no arbitrariedad de la medida.

En el debate sobre la interculturalidad jurídica, el experto sostuvo que persisten tensiones entre el reconocimiento constitucional del derecho indígena y su aplicación práctica, debido a la tendencia del sistema jurídico a jerarquizar y simplificar la complejidad social, lo que en ocasiones deriva en limitaciones jurisprudenciales. No obstante, resaltó la importancia de decisiones judiciales que incorporan peritajes antropológicos, al permitir una comprensión más adecuada de los sistemas normativos indígenas desde su propio contexto cultural.

Finalmente, el doctor Teixeira Lins fue enfático al señalar que la justicia indígena no puede ser eliminada como hecho social, aun cuando no sea reconocida formalmente por el Estado, ya que responde a una necesidad inherente de organización y resolución de conflictos dentro de las comunidades.