Opinión
Las razones económicas por las que no conviene una Asamblea Constituyente

Varias razones sustentan la negativa a convocar, en este momento, a una Asamblea Constituyente. Entre las más importantes están las de naturaleza económica. Describo algunas.
En primer lugar, si se llega a proponer un proceso de esa envergadura, los agentes económicos tomarán recaudos antes de emprender en nuevas actividades. Dicho posicionamiento resulta plenamente comprensible pues, frente a posibles cambios en las reglas de juego básicas que orientan las relaciones entre Estado, mercado y sociedad, lo más prudente es ser cauto.
Así, hasta que no se conozcan las líneas matrices de la nueva estructura económica del país, el inmovilismo será la tónica entre oferentes y demandantes. La aversión al riesgo entrará a jugar un papel clave, más aún si se considera que estamos en un país en el que predecir el comportamiento de los actores políticos se ha vuelto cada vez más difícil. Literalmente, entraremos en un limbo económico por mucho tiempo.
Bajo un escenario de incertidumbre como el señalado, el desempleo, una de las principales problemáticas del país, difícilmente descenderá. Dado que los nuevos términos de la contratación serán desconocidos por un buen tiempo, la decisión que generará menores costes a los empleadores será esperar.
Esa espera, que implica también contratiempos de otro orden al sector productivo, será preferible a tomar una decisión que luego pueda comprometer las finanzas de la empresa, sobre todo de la más pequeña. Al fin y al cabo, quienes tienen mayor músculo económico siempre podrán capear de mejor forma los avatares de la vida política nacional.
De otro lado, para los que tienen recursos frescos, una Asamblea Constituyente también los colocará en una disyuntiva. Ahí, siguiendo la línea más conservadora del juego económico, muchos preferirán colocar sus harinas a buen recaudo. Algunos fondos, los más grandes, irán a distintos espacios financieros internacionales mientras que los que tienen menos ceros acudirán a depósitos a plazo dentro del país. Ganar algo de intereses mientras pasa el vendaval de la política siempre será una buena opción. Sin embargo, la mediana tranquilidad de unos irá a costa de quienes tienen la tarea de colocar esos recursos en la economía nacional. Ahí la banca nacional podría afrontar dificultades frente a una (mayor) contracción en la demanda de créditos.
Al ambiente anotado hay que agregar las secuelas en el orden internacional. Maximizadores de beneficios como son los organismos multilaterales de crédito, ante un evento de la trascendencia de una nueva carta constitucional, aguardarán antes de tomar decisiones que comprometan sus recursos. El historial del país en ese tipo de espacios no se ha caracterizado por el cumplimiento de la palabra ofrecida y eso seguramente será un aditamento para que las posibilidades de financiamiento externo entren en stand by por algunos meses. Meses que pueden convertirse en años si se considera que de cada arista del sistema económico que se vaya a discutir en la Asamblea Constituyente pueden derivarse largas y tediosas disquisiciones que, como ya se ha visto, en muchas ocasiones no llegan a ningún punto de acuerdo.
A todo lo dicho hay que agregar que no se avizora una agenda económica sostenida y sostenible que marque el modelo que se pretendería impregnar en la nueva Constitución. Hay reformas sueltas que han sido identificadas desde varios sectores, desde luego, pero no hay una elaboración orgánica del país económico que se quiere. Sin un libreto claramente establecido, una Asamblea Constituyente, en lo económico, puede terminar como una gran colección de demandas puntuales de diferentes actores y grupos de presión. Ya tenemos esa triste experiencia con el larguísimo articulado de Montecristi. No valdría la pena volver a caer en un error de ese tipo.
Los cambios en materia económica son necesarios, necesarísimos, pero quizás bajo las condiciones actuales del país, la opción más prudente está en reformas parciales a la Constitución, algo que se puede hacer con menores costes políticos y menor incertidumbre para los agentes productivos. Fuente: Primicias
Noticias Zamora
Oro entre la esperanza y la exclusión: el grito silenciado de Zamora Chinchipe

Por: Alcíbar Lupercio – Periodista comunitario.
En este pedazo de la Amazonía ecuatoriana, donde el verde espeso de la selva se funde con el sudor del trabajo honrado, la tierra guarda un tesoro tan brillante como polémico: el oro. Desde su redescubrimiento en la década de los 80, cuando las minas de Nambija abrieron sus entrañas a la esperanza, la provincia de Zamora Chinchipe no volvió a ser la misma. Pero el oro, que debía traer desarrollo, ha terminado sembrando conflicto, división y desconfianza.
No fue la riqueza la que trajo primero a los habitantes, sino la necesidad. En los años 60, cuando la sequía azotaba a Loja, muchos migraron hacia esta provincia. Vinieron con la firme decisión de hacer patria, de habitar estas tierras que también eran codiciadas por intereses extranjeros. Aquí alzaron la bandera del Ecuador, hombro a hombro con los pueblos originarios, como el shuar, defendiendo con valor un territorio que otros intentaban arrebatar. Hoy, medio siglo después, la amenaza no viene del vecino país, sino de los tentáculos de poder económico –nacional e internacional– que han descubierto en Zamora no solo un suelo fértil, sino un botín dorado que se pretende arrancar sin importar el costo social o ambiental.
La minería, legal o no, ha sido durante décadas el motor económico de esta provincia. Miles de familias han vivido de ella, han puesto pan en sus mesas, han pagado estudios y han generado empleo donde el Estado ha estado ausente. Y sin embargo, son precisamente esos pequeños mineros los que hoy son estigmatizados, perseguidos y silenciados. El discurso de la defensa del medio ambiente se ha vuelto el nuevo dogma de los poderosos para legitimar el despojo y marginar a los verdaderos actores del territorio.
La criminalización de la pequeña minería, en contraste con la permisividad hacia las transnacionales, es una paradoja que hiere. Se persigue al campesino que extrae oro con sus propias manos, mientras se abren las puertas a quienes vienen con maquinaria pesada, contratos blindados y respaldo político. Se ignora que el problema no es la minería, sino la falta de regulación justa, de acompañamiento técnico, de créditos, de capacitación, de visión de Estado.
Hoy no hay dinero en las calles de Zamora. La paralización minera no solo afecta a los mineros, sino a los comerciantes, transportistas, productores, emprendedores. Se detuvo el flujo económico y con él, el aliento de una provincia que ha aprendido a sostenerse casi sola. La pobreza golpea con fuerza, mientras las autoridades locales miran de lejos, sin proponer soluciones ni liderar un verdadero diálogo.
No se puede andar sobre oro y vivir en la miseria. No se puede exigir cuidado ambiental sin ofrecer alternativas reales. Y no se puede llamar ilegal a quien ha trabajado la tierra por generaciones, mientras se legaliza, con leyes a la medida, a los grandes capitales.
La solución no está en la represión, ni en el silencio cómplice. Está en la regularización, en el acompañamiento, en la justicia social y en el respeto por quienes han sostenido esta provincia sin ayuda estatal. Está en mirar con seriedad a la pequeña minería y reconocer su aporte al tejido económico local. Está en sembrar paz, diálogo, desarrollo y dignidad.
Zamora Chinchipe no es solo un mapa minero. Es un territorio de historia, de lucha, de cultura y de gente que merece vivir con derechos, no con dádivas. El Estado tiene una deuda histórica con esta provincia, y es momento de saldarla con políticas públicas reales, no con persecuciones disfrazadas de legalidad.
Los mineros no son delincuentes. Son emprendedores, padres y madres de familia, ciudadanos que exigen ser reconocidos. Y su grito, aunque intenten callarlo, retumba en las montañas que alguna vez defendieron héroes anónimos. Porque esta tierra, rica en recursos, no puede seguir empobrecida por decisiones centralistas ni por intereses ocultos.
Legalizar la pequeña minería, apoyar al productor, invertir en infraestructura social, y erradicar la corrupción que se esconde en las instituciones del Estado no es una opción: es una urgencia ética. De lo contrario, nos estaremos auto eliminando como sociedad y como país.
Es tiempo de unidad. Es tiempo de verdad. Es tiempo de justicia.
Noticias Zamora
Un buen padre deja huellas, no cicatrices

Noticias Zamora
La nueva regulación del consumo de drogas y su impacto en la sociedad ecuatoriana

El 7 de junio de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una reforma integral que busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Esta ley introduce cambios significativos en la regulación del consumo de drogas, reemplazando la anterior «Tabla de Drogas» por un sistema más técnico y contextualizado.
La Tabla de Umbrales de Consumo, también conocida como «Tabla de Drogas» establecida en 2013 por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), fijaba cantidades máximas de diversas sustancias que una persona podía portar para que se considerara consumo personal y no tráfico ilícito. Sin embargo, en noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa derogó esta tabla mediante el Decreto Ejecutivo N.º 28, argumentando que facilitaba el microtráfico al permitir que se encubriera como consumo personal el tráfico de pequeñas cantidades. Esta eliminación dejó un vacío legal que fue parcialmente cubierto por una resolución de la Corte Nacional de Justicia número 14-2023, instruyendo a jueces y fiscales a evaluar caso por caso, basándose en análisis meticuloso del caso en concreto.
La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, aprobada el 7 de junio del 2025, reforma el artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para establecer que los parámetros para determinar el consumo personal de drogas serán fijados y actualizados mediante una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. Lo que busca evitar la criminalización de los consumidores y garantizar que no se confundan con traficantes por la sola posesión de una cantidad determinada.
La nueva normativa establece que no se presumirá el consumo de drogas en ningún caso. Por lo tanto, será requisito obligatorio la realización de pericias toxicológicas o psicológicas antes de emitir cualquier decisión o informe legal correspondiente. Lo cual permite una evaluación más justa y precisa de cada situación, diferenciando claramente entre consumo personal y microtráfico.
Aunque la reforma ha sido vista como un avance hacia un trato más justo para los consumidores, algunos expertos en derecho penal han cuestionado la participación de entidades judiciales en la definición de parámetros técnicos sobre adicciones, argumentando que se trata de un tema de salud pública que requiere la intervención de especialistas. Además, la implementación efectiva de estos nuevos criterios dependerá de la capacitación y coordinación entre las instituciones involucradas.
-
Entretenimiento4 años ago
Adriana Bowen, sobre la cirugía bariátrica: Siento que recuperé mi vida
-
Internacionales3 años ago
Muere Cheslie Kryst, Miss Estados Unidos 2019 y presentadora de televisión
-
Internacionales3 años ago
Tiroteo en concierto en Paraguay deja dos muertos y cuatro heridos
-
Fashion8 años ago
These ’90s fashion trends are making a comeback in 2017
-
Politica4 años ago
El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fue llamado a juicio en la investigación por el delito de abuso sexual
-
Fashion8 años ago
Amazon will let customers try on clothes before they buy
-
Nacionales4 años ago
¿Qué hay detrás del asesinato de Fredi Taish?
-
Deportes3 años ago
FEF solicita al COE Nacional 60% de aforo para partido Ecuador vs. Brasil