Nacionales
La reformas penales que plantea Daniel Noboa, acercan a Ecuador al modelo de seguridad de Nayib Bukele
Aunque es una ley urgente en materia económico, el proyecto de Ley para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno -presentado por el presidente Daniel Noboa el 17 de mayo de 2025- es, principalmente, un paquete de reformas en materia penal.
El objetivo de la iniciativa legal es crear un régimen jurídico especial que contemple medidas de carácter financiero y de seguridad, orientadas a la desarticulación integral de las economías criminales asociadas al conflicto armado interno.
Desde el 9 de enero de 2024, Ecuador atraviesa un conflicto armado interno, en el que una veintena de bandas criminales fueron declaradas terroristas y situadas como objetivos militares del Estado. Para su aplicación, el Presidente ha recurrido a sucesivos estados de excepción.
Sin embargo, la Corte Constitucional (CC) ha observado reiteradamente estas declaratorias, ya que este es un régimen excepcional. Por esta razón, ahora Noboa propone todo un régimen especial que se usará durante el conflicto armado, sin necesidad de firmar decretos de emergencia.
Las reformas, incluso, plantean la creación de una justicia específica. Si la ley se aprueba, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía tendrán 90 días para crear las unidades y formar a los nuevos jueces y fiscales especializados en conflicto armado interno.
Las reformas penales
En el cuarto título del COIP, sobre las llamadas «infracciones en particular»,. el primer capítulo se refiere a graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario. Al respecto, el proyecto del Ejecutivo propone la creación de una quinta sección llamada: «De los delitos cometidos en el marco de un conflicto armado interno».
Estos son los principales cambios en materia penal que propone destacan:
1 Delito de pertenencia a grupos armados organizados
El primer artículo en la nueva sección del COIP habla de las «personas que participen directa o indirectamente de un grupo armado organizado», es decir, los miembros de las bandas. En la propuesta, quienes sean identificados como tales podría recibir penas de 22 a 26 años de cárcel. Además, se plantea hasta 30 años de cárcel para los cabecillas.
Sin embargo, el proyecto de reforma no especifica el mecanismo que se usará para determinar la pertenencia de una persona a un grupo armado organizado.
Este modelo se usa en El Salvador, bajo el mandato del presidente Nayib Bukele, desde 2022. Ese año el Congreso salvadoreño aprobó una reforma penal que impuso penas de hasta 45 años para personas que formen parte de una pandilla.
En ese país organismos de defensa de los derechos humanos han mostrado preocupación por los «métodos discrecionales» que se usan para determinar la pertenencia de una persona a estos grupos. Por ejemplo, la relación se determina a partir de tatuajes, informes de inteligencia, relaciones familiares con pandilleros y hasta la forma de vestir y actuar.
Por ejemplo, en enero de 2025 un Tribunal de San Salvador sentenció a tres jóvenes a cinco años de prisión luego de que en las redes sociales se difundió un video de estas personas haciendo señas alusivas a una pandilla, en una escuela.
2 Allanamientos y detenciones sin orden judicial previa
Otro de los artículos que Noboa plantea es sobre los allanamientos en el marco del conflicto armado interno. El proyecto indica que los domicilios o lugares donde los grupos armados desarrollen sus actividades podrán ser allanados sin necesidad de orden judicial.
También menciona que las detenciones con fines investigativos durarán hasta 24 horas y tampoco requieren la orden de un juez.
En este caso, el Bloque de Seguridad -conformado por policías y militares- deberá delinear los parámetros a seguir durante los allanamientos y cómo se ejecutarán las detenciones.
El control del cumplimiento de los parámetros de los allanamiento será controlado por un juez especializado en conflicto armado interno. Esta es otra figura que se busca crear con el paquete de reformas penales. Tras las detenciones, los uniformados deberán entregar a los detenidos a la Fiscalía.
Estas son otra de las ‘figuras espejo’ con el caso salvadoreño. Desde 2022, cuando en ese país se estableció el estado de excepción para combatir a las pandillas, en ese país se realizan allanamientos y detenciones con características similares.
3 La prisión preventiva ya no sería de ‘última ratio’
Según el derecho penal, la prisión preventiva se considera una medida de ‘última ratio’. Esta expresión en latín significa que esta medida es el último recurso para garantizar la presencia de un investigado durante el proceso. La doctrina apunta que se deben privilegiar otras medidas como la presentaciónante un juez, o e el uso de grillete electrónico.
Sin embargo, en la reforma del presidente Daniel Noboa se propone que -durante el conflicto armado interno- «la prisión preventiva será la medida cautelar y eficaz»- y no cabrá la suspensión o sustitución
En El Salvador, también desde 2022, el Legislativo prohibió otorgar medidas sustitutivas a la prisión preventiva en casos relacionados con miembros de pandillas. Además, que se quitaron los límites temporales al arresto preventivo
4 Justicia excepcional
Además, con el proyecto en mención el Ejecutivo propone la creación de un procedimiento unificado y especial para el juzgamiento de delitos relacionados con el conflicto armado interno.
Estas serían las particularidades de ese proceso:
– Todas las etapas procesales se realizarán en una sola audiencia.
– Los casos serán resueltos por los jueces especializados en conflicto armado interno.
– La audiencia de juicio será convocada en un plazo de 15 días de la detención y no puede diferirse.
– Si un fiscal decide no acusar a los procesados, en un plazo de tres días, deberá argumentar su decisión en una audiencia y poner el caso en conocimiento de su fiscal superior.
Este es otro caso inspirado en El Salvador de Bukele. Desde 2022, en ese país se ha aplicado una justicia excepcional para los miembros de las pandillas. Aunque en El Salvador hubo otros cambios como las audiencias masivas de hasta 500 personas. Fuente: Primicias
Nacionales
¿Por qué se repiten los incendios en la Refinería Esmeraldas y cuáles son los efectos para Ecuador?
La Refinería Esmeraldas —el mayor complejo de refinación de petróleo de Ecuador— está sumida en una espiral de incidentes que la ha llevado a una caída de en la producción de derivados. Como resultado, Ecuador tiene que gastar más dinero en importar combustibles.
Por ejemplo, de una demanda promedio de 291.000 barriles diarios de combustibles en 2025, Ecuador importó 201.694, según el Banco Central de Ecuador (BCE). Esto es el 69% de la demanda.
En medio de la crisis por el ataque de Estados Unidos a Irán, las perspectivas sugieren que el petróleo podría subir hasta a USD 100 por barril, con lo que los combustibles derivados también subirían de precio y el gobierno de Daniel Noboa tendría que destinar más dinero para importarlos.
La Refinería Esmeraldas opera desde mayo de 1977, a cargo de la empresa estatal petrolera Petroecuador, y es responsable de alrededor del 60% de la refinación del país.
Las instalaciones pueden producir naftas para gasolina, diésel, gas licuado de petróleo (GLP), fuel oil y asfalto.
Pese a que tiene una capacidad de procesamiento de 110.000 barriles de petróleo por día (bpd), la refinería ha estado operando muy por debajo de su capacidad. En 2025 operó al 51% de su capacidad, en promedio.
Y aunque hasta enero de 2026 (último dato mensual disponible) estaba produciendo 95.011 bpd (el 86% de su capacidad), el escenario nuevamente va a la baja.
Es que el 1 de marzo de 2026 hubo un incendio en la refinería, por lo que ya estaba operando al 33% de su capacidad, según el reporte diario de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (Arch).
Tres incendios y un sismo en menos de un año
La noche del 1 de marzo de 2026, un incendio en las bombas de carga de la unidad Sevia dejó fuera de operación al complejo. Petroecuador no ha informado si la planta retomó operaciones.
Este es el segundo incendio en la refinería en menos de dos meses. El incidente pasado fue el 30 de enero de 2026, en una piscina conocida como SLOP, que es utilizada para el almacenamiento y tratamiento de residuos de hidrocarburos.
Antes, el 26 de mayo de 2025, otro incendio, esa vez en tanques de almacenamiento de fuel oil, ya había afectado a las instalaciones.
Este es un resumen de los incidentes que han perjudicado a la refinería y por los que cayó la producción desde 2025:
Falta de mantenimientos y menos personal
Uno de los principales problemas de la Refinería Esmeraldas, que está por cumplir 50 años, es que no ha recibido los mantenimientos requeridos en los tiempos adecuados, dice Marcela Reinoso, exgerente de Petrocuador.
«Durante unos nueve años se han postergado mantenimientos mayores, por eso la infraestructura sufre estos incidentes y no produce a su carga máxima», explica Reinoso.
En 2023, durante la presidencia de Guillermo Lasso por ejemplo, la refinería ya debía entrar en un mantenimiento mayor, pero eso no ocurrió y recién en 2024 comenzó el proceso, recuerda Reinoso.
Pero ese mantenimiento se comenzó a realizar cuando ya se había presentado un evento de falla en la Unidad de Fraccionamiento Catalítico Fluidizado (FCC), el 5 de septiembre de 2024.
La petrolera estatal explicó que la unidad FCC, que es como el corazón de la refinería, salió de operación debido a una falla de compresores y el taponamiento de la válvula.
Los trabajos debían durar aproximadamente 65 días, lapso en el cual se realizaría un mantenimiento integral de toda la unidad FCC (procedimiento que no se había ejecutado desde el año 2015).
No obstante, el mantenimiento se alargó hasta inicios de abril de 2025. Luego vino el sismo de abril y el incendio de mayo. Recién en diciembre de 2025 comenzaron las pruebas en la unidad FCC.
«Hay que evaluar la efectividad de los últimos mantenimientos, parecería que solo se están ‘apagando incendios’, porque si todo estuviera bien no ocurrirían estos incidentes», dice Reinoso.
Otro problema, dice Reinoso, es que la empresa estatal Petroecuador ha tenido constantes cambios de gerentes (ocho desde que Daniel Noboa asumió el poder) y, además, ha reducido su nómina en el área de refinación.
Añade que hace falta que Petroecuador realice un estudio profundo para conocer los factores que han provocado los últimos incendios, para determinar si hubo fallas humanas, insuficiencia de personal o falta de mantenimiento.
En diciembre de 2024, Petroecuador tenía 10.060 empleados, de los cuales 1.034 pertenecían al área de refinación. Pero para diciembre de 2025 la nómina bajó a 8.685 empleados, de los cuales 910 son del área de refinación.
Para Reinoso, si no existe estabilidad en la gerencia de Petroecuador no es posible poner en marcha un plan de mediano y largo plazo que permita poner a la refinación entre las prioridades de la empresa estatal.
Caída de la inversión en Petroecuador perjudica a la refinería
La falta de mantenimientos es resultado de los bajos presupuestos que Petroecuador destina al área de refinación, que se desplomó a partir de 2015 y no se ha recuperado.
En ese año, por ejemplo, la petrolera destinó casi USD 400 millones a inversión en refinación.
Para 2025, la inversión en el área de refinación fue de apenas USD 22 millones, de un presupuesto de inversión total de USD 485,4 millones.
Si se revisa el presupuesto de costos y gastos para sostener la operación de Petroecuador, en 2025 se destinaron solo USD 138,9 millones al área de operación, de un total de USD 3.737,5 millones.
¿Cuál es la alternativa para esta refinería?
En 2023, el Gobierno de Guillermo Lasso intentó lanzar un proceso de contratación para que una empresa privada se haga cargo de la repotenciación de la refinería.
El plan era que se instale un tren de alta conversión para que la refinería produzca más derivados de alto valor comercial, como diésel premium, naftas para gasolina y GLP, y menos productos que tienen menos valor comercial, como el fuel oil y el asfalto.
Pero solo un consorcio se mostró interesado, estaba conformado por Hyundai, Siglocorp, las estadounidenses KBR, Ocala y Evensen Dodge; y la empresa Topsoe. La propuesta del consorcio iba a costar unos USD 2.300 millones.
No obstante, el proceso se retrasó y, con el cambio de Gobierno, en la gestión de Noboa, se declaró desierto.
Reinoso explica que el proceso lanzado en 2023 tenía falencias clave, como por ejemplo, hacía falta un estudio de margen de refinación.
La especialista considera que la refinería sí necesita una repotenciación mediante una contratación al sector privado. Sin embargo, advierte que es un proceso que tomará años y que Ecuador no está en un momento en el que se muestre atractivo a la inversión petrolera, por la inestabilidad jurídica que tiene. Fuente: Primicias
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió este lunes con el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, para realizar coordinaciones orientadas a enfrentar al crimen organizado transnacional y al «narcoterrorismo», y «reforzar la seguridad hemisférica», según informó la Presidencia.
En la cita, que se realizó en el palacio de Gobierno, en Quito, también estuvo presente el comandante del Comando de Operaciones Especiales Sur de EE.UU., contralmirante Mark A. Schafer; el ministro Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo; y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, general Henry Delgado.
De acuerdo a la Presidencia, la cita se enmarca «en el diálogo bilateral para profundizar la cooperación y la coordinación frente a amenazas transnacionales que afectan la estabilidad nacional y regional».
La reunión se hizo pública después de que Noboa anunciara en una ceremonia policial que Ecuador realizará este mes «operaciones militares y policiales muy importantes» con «aliados de la región», entre los que está Estados Unidos, en el marco del inicio de una «nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal».
Durante este Gobierno, la relación con Estados Unidos ha sido cercana, enfocada principalmente en temas de seguridad, por lo que han firmado algunos acuerdos de cooperación, sumado al interés que mostró el país norteamericano de instalar una base militar en territorio ecuatoriano para el control del Pacífico suramericano, lo que fue rechazado en un referéndum impulsado por Noboa en noviembre pasado.
Crisis de violencia
Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno», declarado por el presidente para intensificar la lucha contra las bandas criminales, especialmente dedicadas al narcotráfico, y a las que se le atribuye la escalada de violencia que ha llevado al país a estar a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.
Pese a esa declaratoria, el país cerró 2025 con un récord de asesinatos, al contabilizar 9.235, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. Fuente: Vistazo
Nacionales
Empresarios de Ecuador y Colombia advierten sobre pérdidas millonarias por la guerra comercial
Empresarios de Ecuador y Colombia alertaron este lunes de pérdidas millonarias y del riesgo para miles de empleos que representa la guerra comercial entre ambos países, con la imposición de aranceles a las importaciones del 50% y 30%, respectivamente, y reclamaron un diálogo urgente al más alto nivel para evitar que el impacto se profundice.
La guerra comercial entre ambos países la inició en enero el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, al anunciar la imposición de una «tasa de seguridad» del 30% a importaciones colombianas, ante una supuesta falta acciones del Gobierno de ese país en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.
Colombia respondió con aranceles a 73 productos, que entraron en vigor la semana pasada, y otras medidas; y Ecuador aumentó el gravamen al 50% desde el pasado domingo.
El posicionamiento de los gremios se produjo en un encuentro celebrado en Quito, con la participación virtual de empresarios colombianos, donde Rosero también advirtió que hay 40.000 empleos directos ligados a la cadena exportadora que podrían verse afectados.
En el frente de las importaciones, los empresarios ecuatorianos aseguraron que desde el 1 hasta el 21 de febrero las compras desde Colombia disminuyeron un 69% en valor y un 61% en número de operaciones, lo que afecta a más de 7.600 importadores.
Desde la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim), por ejemplo, afirmaron que al país ingresa un 15% de insumos médicos desde Colombia, por lo que con la tasa del 50%, el costo adicional sería de USD 21 millones.
Los empresarios también advirtieron de que esta medida abre espacio al contrabando y a las economías informales. «Cuando el comercio legal se encarece, el ilegal florece», afirmó Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
El líder gremial señaló que «las barreras comerciales no desarticulan el crimen organizado», ya que aunque los empresarios aseguraron estar comprometidos con los esfuerzos para enfrentar la crisis de seguridad en ambos países, pidieron separar esa agenda de la actividad comercial.
«La seguridad es una prioridad legítima del Estado, pero la estabilidad económica también es parte esencial de esa seguridad», añadió Juan Carlos Navarro, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, que pidió que las medidas se paralicen mientras se abre un canal de diálogo entre Noboa y su homólogo, Gustavo Petro.
Añadió que no se trataba de quién tenía la razón, sino de proteger la seguridad, la estabilidad económica, el empleo y la integración regional.
En la misma línea, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) de Colombia, Bruce Mac Master, reiteró que «no tiene ningún sentido usar mecanismos de restricción comercial para resolver problemas de seguridad».
El comercio bilateral entre ambos países se acerca a los USD 3.000 millones y está representado por miles de empresas, recordó Mac Master, que defendió que se trata de «un caso de éxito de integración».
Asimismo, pidió «separar la discusión de seguridad de la discusión comercial» y evitar que trabajadores y empresas se conviertan en «moneda» de cambio. Fuente: Vistazo
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