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La gasolina regular del Ecuador ya supera en precio a otras de la región
El precio de la gasolina extra y eco en el Ecuador ya supera al de algunos países de la región, incluido el de Colombia que no tiene subsidio. Mientras tanto, el precio del diésel en Ecuador aún está muy por debajo del precio internacional.
De acuerdo con el ranking publicado por GlobalPetrolPrices, portal de información petrolera, Ecuador tiene un precio por galón de gasolina extra o ecopaís de $ 2,28, mientras que Colombia registra a $ 2,21 el galón. En Bolivia, el precio de este combustible se encuentra en $ 2,05 y en Venezuela (el más barato del mundo), en $ 0,76
De todas maneras el precio de la gasolina en el país está por debajo del precio de otros países como Panamá ($ 3,55) o Perú ($ 3,97). En todo caso a nivel del mundo los precios de la gasolina son muy variables. El país que tiene la gasolina más cara es Líbano con $ 9,70 por galón. En EE. UU., el precio es de $ 3,53.
GlobalPetrolPrices también reportó que el promedio mundial del precio de la gasolina está en $ 4,55y varía de país a país sustancialmente. Como regla general, los países más ricos tienen los precios más altos, mientras que los países más pobres y los que producen y exportan petróleo tienen precios significativamente más bajos. Las diferencias de precios entre países se deben a los diferentes impuestos y subsidios.
Entre tanto, el precio del diésel en el país, a pesar de haber registrado catorce meses de alza consecutiva y paulatina, aún se mantiene bajo. Así, mientras en Ecuador se vende a $ 1,60, en Colombia cuesta $ 2,18, en Perú a $ 2,90, en Brasil a $ 3,31 y en Perú $ a 3,75. A nivel mundial, el promedio del precio del diésel es de $ 4,55. En EE. UU., el galón se comercializa en $ 3,29.
De esta manera, las cifras revelan que prácticamente ya no existiría el subsidio para las gasolinas, mientras que el subsidio al diésel todavía se mantiene de manera importante.
Justamente, en estos días, en Ecuador se están llevando adelante estudios a través de la consultora Deloitte y mesas de trabajo entre el Gobierno y el sector del transporte para poder determinar las metodologías para focalizar el subsidio del combustible.
Oswaldo Erazo, director ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe), aseguró ayer que con base en los precios de los combustibles en otros países, hay algo que no concuerda con las tablas de subsidios que presenta Petroecuador mensualmente.
Explicó que a pesar de que el precio de la gasolina ya ha llegado a niveles de Colombia, país que no subsidia sus combustibles, según los datos de Petroecuador, aún se mantiene un subsidio en la gasolina de Ecuador.
Efectivamente, de acuerdo con los datos de Petroecuador, el subsidio para las gasolinas reguladas está en 23 centavos por galón para la extra y 39 centavos por galón para la eco. Mientras tanto, se indica que el subsidio para el diésel es de $ 0,80 por galón.
En cuanto al precio del diésel dice que al estar ya en $ 1,60 en agosto, y al sostener que son 80 centavos de subsidio, entonces se entendería que el precio sin subsidio en Ecuador sería de $ 2,40 por galón. No se entiende entonces por qué en Colombia está a $ 2,18.
En este sentido se preguntó si el problema será que las tablas están mal hechas o si el proceso de producción de las gasolinas a nivel nacional es tan ineficiente que se encarece el producto al menos 20 centavos más, en comparación con precios de Colombia.
Para el dirigente gremial, el Gobierno debería aclarar el Decreto 1054 que es ambiguo y habla de que se debe llegar hasta precios internacionales, y no se especifica si estos son precios sin subsidios. La gran diferencia es que algunos países tienen precios no subsidiados como Colombia y otros tienen precios que incluyen impuestos, que no tienen que ver con los costos del combustible, como es el caso de Perú.
Entre tanto, hasta el 31 de agosto existe el plazo para que las mesas técnicas por modalidad de transporte establezcan las vías para la focalización.
Las mesas buscarán tratar los temas por separado tanto para el transporte pesado como el público. Dentro del público: pasajeros urbanos, intercantonales e interprovinciales y rurales, así como taxis.
El Gobierno debe definir cuáles son los beneficiarios, qué tipo de transportes y cuáles serán las condiciones del subsidio en cuanto a volumen y precios. (I)
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Destitución de Abdalá Bucaram en 1997: ¿Por qué la CIDH pide explicaciones al Ecuador?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio tres meses al Estado ecuatoriano para que justifique las causas por las que se declaró la incapacidad mental de Abdalá Bucaram Ortiz en 1997, lo cual motivó su destitución de la Presidencia de la República.
La notificación fue emitida el pasado lunes 11 de agosto del 2025 con el objetivo de que las autoridades ecuatorianas, específicamente la Cancillería, expongan sus alegatos de descargo y justificaciones ante la denuncia interpuesta por el exmandatario en octubre del 2015.
Revise: Inicia juicio contra Abdalá Bucaram y tres personas más por presunta delincuencia organizada
“Se ha fijado un plazo de tres meses, prorrogables si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses, para que este (el Estado ecuatoriano) presente sus observaciones”, dice el documento de la entidad de derechos humanos.
Por su parte, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz reaccionó a través de la red social X en donde escribió que “nunca es tarde para hacer justicia”.
¿POR QUÉ DEMANDA ABDALÁ BUCARAM?
En febrero de 1997, Ecuador vivía una crisis política y social con varias manifestaciones en contra del Gobierno de Bucaram Ortiz.
A la par, el diputado Fanklin Verduga Vélez, del Partido Social Cristiano (PSC), presentó una moción para destituir al entonces presidente, alegando discapacidad mental.
La idea fue apoyada por 44 diputados del PSC y de Democracia Popular. Es así que se declaró la incapacidad de Bucaram para gobernar con base en un supuesto informe médico sobre problemas mentales.
Tras la destitución de Bucaram, Fabián Alarcón, entonces presidente del Congreso, asumió como mandatario interino del Ecuador.
Sin embargo, Bucaram alega que su destitución fue ilegal porque no hubo un juicio político que le permitiera defenderse. Además, dice que fue declarado incapaz mental sin un juicio civil que contempla la ley, ni la participación de un cuerpo médico que constate las supuestas afectaciones.
Ahora con la notificación de la CIDH, el Estado ecuatoriano debe decir si fue legal o no la destitución del expresidente, pero además los diputados que votaron a favor de la moción deberán justificar su decisión.
BUCARAM EN MEDIO DE UN JUICIO
Mientras tanto, el expresidente junto a su hijo Jacobo Bucaram y dos personas más enfrentan un juicio por delincuencia organizada en el denominado caso ‘Pruebas covid-19 Agentes AMT’.
La Fiscalía intenta probar que estas personas habrían conformado una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos por la comercialización de 21.000 pruebas rápidas para la detección de Covid-19 y otros insumos médicos.
“Para ello, habrían movilizado incluso bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), cuyos agentes se habrían encargado de brindar seguridad a los extranjeros Sheinman O. y Shy D. (asesinado el 8 de agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral) para el traslado de las pruebas hasta Guayaquil”, dice el informe de la institución.
Añade que estos insumos fueron entregados a Jacobo Bucaram, quien habría pagado miles de dólares en efectivo a Sheinman Oren, quien estaba junto a Shy.
Estos dos extranjeros fueron aprehendidos en delito flagrante en la provincia de Santa Elena con 100.000 dólares en efectivo. Además, se hallaron otros 212.510 dólares y 385 euros en el departamento en que se hospedaban.
El llamado a juicio por esta causa se dictó en diciembre del 2021, pero no se logró concretar por dilataciones por parte de los procesados. Durante todo este tiempo, hubo problemas de salud, inasistencia de los abogados y excusas de los jueces. Fuente
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Ministro de Defensa explica por qué se ordenó el traslado de las comandancias de la Policía y las FF.AA. a Guayaquil
En el marco de la inauguración de un área de radioterapia en el Hospital de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, se refirió este martes a la reciente resolución por parte de la Presidencia de de trasladar las comandancias generales de la Policía y las Fuerzas Armadas a la ciudad de Guayaquil.
El titular de la cartera de Estado respaldó la decisión del mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, apuntando que se debe actuar “en territorio” para poder evaluar de mejor manera lo que ocurre y disponer medidas con mayor velocidad y eficacia.
Loffredo agregó que no es la primera vez que las comandancias de ambas fuerzas de seguridad son trasladadas fuera de Quito, pues estas han operado temporalmente desde la ciudad de Manta en la provincia de Manabí ante el vertiginoso aumento de delitos violentos que se registró desde el año pasado.
Solo el pasado martes, por lo menos ocho personas fueron asesinadas en menos de dos horas en distintos puntos del distrito Pascuales, uno de los sectores más conflictivos de la ciudad.
«Una macrointervención»
«En Manabí se hizo una macrointervención, la idea asumo es hacerlo de manera idéntica», explicó este lunes el coronel de la Policía Fernando Vaca, en una rueda de prensa en la que se analizaron los índices delictivos que se registran en las otras ciudades de la provincia de Guayas, que, según aseguraron, «están a la baja».
El jefe policial indicó que los principales responsables de las unidades especializadas se reunirán en la ciudad para coordinar, desde una sola mesa de trabajo, acciones y estrategias basadas en el comportamiento actual de delitos como sicariatos. Fuente: Vistazo
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