Nacionales
La doble vida de Mayra Salazar: así se convirtió en pieza clave entre narcotraficantes, políticos y personajes influyentes
El personaje clave de los casos Metástasis y Purga, usó su encanto y experiencia como relacionista pública para convertirse en el vínculo entre narcos, jueces y políticos. Hoy su colaboración en el caso devela cómo llevaba una doble vida.
Para algunos era buena amiga, seria, responsable, solidaria… Para otros, una mujer calculadora, egocéntrica, inescrupulosa, mareada de poder… Preguntar sobre Mayra Carolina Salazar Merchán a sus amigos, excompañeros de trabajo y conocidos, des-prende diferentes calificativos. Un vaivén de comentarios que muestran a una persona que fácilmente podría convertir su historia en una versión moderna de la novela Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Dos personas viviendo en el mismo cuerpo.
Salazar Merchán es pieza clave en, quizás, los casos judiciales más mediáticos y sorprendentes en la historia contemporánea del Ecuador. Detenida en la madrugada del jueves 14 de diciembre como parte del caso ‘Metástasis’, parecía un personaje antagónico de un listado donde había varios ‘peces gordos’. Pero Mayra S. M., como se la señaló inicialmente, hacía funcionar un mecanismo delictivo en el que engranaban narcotraficantes, funcionarios judiciales, políticos y otros personajes influyentes.
Su rol protagónico permitió que la fiscal general Diana Salazar inicie una nueva investigación que derivó en el caso ‘Purga’. Todo esto a partir de lo que reveló su teléfono. Ahora ingresó al sistema de protección de la Fiscalía, como procesada, para darle seguridad y con la esperanza de que aporte más información. ¿Pero quién es Mayra Salazar? ¿Cómo una relacionista pública alcanzó ese estatus?
Lea también: Cambios en el patrimonio de Mayra Salazar: Contraloría investiga tres aspectos clave sobre sus bienes
“Le gustó la fama”
Nació en Guayaquil el 29 de septiembre de 1988. Creció en una humilde casa en el sur de Guayaquil, en la ciudadela Brisas del Salado, cerca de la Base Naval Sur. Su padre, ya fallecido, fue suboficial primero de la Armada.
Quienes la conocen de esa primera etapa de su vida hablan de una Mayra a la que le gustaba hacer amigos, que era poco cercana con su familia y que mostraba muchas ganas de destacar. “Era muy pilas, tenía una personalidad arrolladora. No le podías decir que eso no lo iba a hacer porque con más ganas lo hacía para demostrarte que no era imposible”, recuerda una de sus antiguas compañeras de trabajo.
Formalmente, Mayra inició su vida laboral en una agencia de Relaciones Públicas. Allí, como ejecutiva, empezó a tejer sus primeros lazos con las comunicaciones como asesora externa de empresas nacionales y multinacionales. Un trabajo que realizó ya como graduada de Tecnóloga en Comunicación del ITV, en Guayaquil.
En 2013 pasó a TC Televisión como relacionista pública y allí, dicen sus allegados, empezó todo. Su trabajo consistía en posicionar la marca del canal a través de conseguir que otros medios publiquen noticias sobre sus talentos de pantalla y los contenidos de los programas, entre otras funciones. Esto la llevó a un mundo de fiestas y lujo.
Se comprometió y casó con un periodista de otro canal. Fue una boda sencilla, recuerda una de las invitadas. “Eran dos chicos que pasaban por un buen momento y que no venían de familias adineradas”, cuenta una excompañera de trabajo. De hecho un año después hicieron un préstamo al BIESS a 25 años para comprarse una casa en una ciudadela de clase media en La Aurora, cerca de Guayaquil.
Su amiga cuenta que luego “empezó a deslumbrarse por las luces, las cámaras… La entrevistaban de los programas de farándula por su relación personal y por su nexo con famosos de TV… Le gustó la fama”. Otro punto de inflexión, aseguran las fuentes, fue cuando TC comenzó a auspiciar conciertos. “Tenía peleas con algunos compañeros de otras áreas, incluso con su jefa directa. No quería recibir órdenes y desafiaba diciendo que si tenían algún inconveniente, que se quejen con las cabezas”.
“Ella pasaba con los famosos, les manejaba su imagen”, cuenta una colaboradora de TC en esa época. En sus redes sociales, Mayra presumía su roce con la farándula ecuatoriana e internacional. Fotos con cantantes, políticos, presentadores de noticias… Sus muros de Facebook e Instagram muestran el alcance de su vida social. Una de sus amigas dice que con el tiempo se alejó de ella porque “a su vida llegaron un par de personas que me daban miedo”, reconoce.
En 2017 se asoció con un empresario de conciertos, primero de manera individual. En el canal había puesto su renuncia pero le “hicieron una nueva propuesta y le subieron el sueldo. De hecho ella se jactaba de su poder para lograr eso”, explica una excolaboradora de la televisora.
Pero la historia no duró mucho. Al inicio de 2018 salió de TC, y de esto hay dos versiones: la de Mayra, que renunció para ponerse su propia empresa; y la interna de TC, donde se dice que fue despedida. Lo cierto es que después de su salida fundó la empresa Más Producciones en mayo, se divorció en octubre y obtuvo la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en diciembre.
Lo siguiente fue crear un negocio de impresión de entradas denominado Más Ticket’s. Así trabajó en los conciertos de los cantantes Anuel AA y Karol G, en junio de 2019 en el estadio Alberto Spencer, en Guayaquil.
Pocos meses después, Salazar vendió sus acciones, por 500 dólares, a Juan Moisés E., un chico de 22 años, domiciliado en el popular barrio guayaquileño de La Chala. ¿Un dato menor? En lo absoluto: Juan Moisés ahora es gerente de Safecast, una empresa donde hasta 2020 fue accionista Jorge Sánchez Montiel. Este último también compró Más Producciones en sociedad con un tal Daniel Salcedo Bonilla. Tanto Salcedo como Sánchez Montiel fueron procesados y sentenciados por lavado de activos a mediados de 2020. Salcedo recibió 13 años de prisión y Sánchez Montiel, seis.
Más cerca del poder
Para quienes estuvieron cerca de ella, su vínculo con el narcotraficante Leandro Norero se da entre 2018 y 2020, cuando se dedica a la organización de eventos. De hecho, Salcedo también hacía lo mismo antes de ser investigado. Ya en 2020, dice una anterior compañera de trabajo, se rumoraba una cercanía de Salazar con un “personaje peligroso”, aunque no se sabía con exactitud quién era.
También en ese mismo período, Salazar apadrinó con su empresa Más Producciones al grupo musical ‘Faraonas del Amor’, integrado por mujeres privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Femenino de Guayaquil. Salazar se refería al Ministerio de Justicia como su cliente por trabajar en este proyecto social, que le permitió en más de una ocasión ir a los centros penitenciarios del país.
Algo que hizo luego con su Fundación Renova, una ONG creada en 2021 para desarrollar programas de ayuda con grupos vulnerables. En la cuenta de Instagram de la fundación aparece con varios famosos, entre esos María Fernanda Vargas, actual alcaldesa de Simón Bolívar y mencionada en los chats entre Salazar y Norero.
En esa fundación también aparece Cristina Reyes, como presentadora de un programa que sacaban en un canal de YouTube y que lo usaban para contar historias humanas. Reyes fue jefa de Salazar, primero como asesora en la Asamblea Nacional, desde finales de 2019 hasta mayo de 2021, con un sueldo de 2.300 dólares mensuales. “Yo no soy parte de este entramado, no soy investigada ni procesada. (…) Lamentablemente alguien que trabajó en mi equipo está siendo investigada”, señaló Reyes a través de un video en sus redes sociales.
Pero no solo trabajaron juntas en la Asamblea. En la Contraloría General del Estado reposa la declaración patrimonial de Salazar Merchán como asesora de la oficina del Ecuador en el Parlamento Andino entre enero y abril de 2023; allí donde Reyes tiene funciones desde 2021.
También en Contraloría aparece su declaración como analista en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas desde octubre del año pasado. Ese fue su último paso antes de ser involucrada en el caso ‘Metástasis’. Si bien su nombramiento llegó a finales de ese año, la misma Salazar reveló que desde antes era asesora de la presidenta de la Corte Provincial y ahora detenida en el caso ‘Purga’.
Esos documentos en Contraloría muestran el poder de Salazar en los últimos años. En su primera declaración como funcionaria de la Asamblea, reportó un saldo bancario de 11.500 dólares, un automóvil avaluado en 2.500 y una casa en una ciudadela de clase media, cotizada en 46 mil dólares. Al tener una deuda bancaria, como patrimonio registró un valor de 20 mil dólares. Mientras el año pasado, antes de entrar a la Corte, tenía un saldo bancario superior a 12 mil dólares, un vehículo avalado en 12 mil dólares y dos bienes inmuebles: la casa antes mencionada y una nueva, en Samborondón, adquirida en 2022 con un préstamo a un banco privado por 60 mil dólares. En total, su patrimonio superaba los 320 mil dólares.
“Recuerdo que Mayra siempre me decía que detestaba la política y mira cómo terminó metida en este problema justo por vincularse a la política”, dice una de sus amigas. Una de las pocas que le quedan, al parecer: algunas la dejaron de seguir en redes sociales, mientras otras aprovecharon para borrar sus fotos con ella.
Lo cierto es que los chats que Salazar le dio a la Fiscalía muestran que su alcance no tenía límites y sus formas no tenían escrúpulos. Y si bien el morbo de su relación con Norero ha llevado a que la discusión se centre a ratos en temas íntimos, la realidad es que Salazar supo conectar, tras bastidores, a los grupos delictivos con personajes influyentes. Y usar su profesión para llevar una doble vida que la convirtió en la mujer que lo sabía todo pero que al mismo tiempo no imaginó lo que eso significaría.
Fuente: Vistazo.
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Hallan ocho cabezas humanas en Naranjal: víctimas eran de Manabí y Guayas
La Policía Nacional halló ocho cabezas humanas dentro de dos sacos de yute durante un patrullaje preventivo en el recinto Villanueva, zona rural del cantón Naranjal, en la provincia del Guayas. El hallazgo se produjo la madrugada del sábado, luego de que uniformados acudieran al sector tras recibir una alerta ciudadana sobre el presunto robo de un camión.
Según el informe policial, cerca de la una de la madrugada los agentes verificaban la zona cuando, antes de llegar a la vía Panamericana, observaron a un costado del camino dos bultos blancos de yute. En el interior se encontraban las cabezas de ocho hombres. En el lugar también se hallaron panfletos con la leyenda “Prohibido robar”. Los restos fueron trasladados a la morgue de Naranjal para los procedimientos legales correspondientes.
El comandante Marcelo Castillo, jefe de la Subzona Guayas de la Policía, informó que el sitio en el que se encontraron los sacos no sería la escena primaria del crimen, por lo que las víctimas habrían sido asesinadas en otro lugar.
Las investigaciones preliminares determinaron que tres de los hombres residían en Manta, cuatro en Portoviejo y uno más en la provincia de Guayas.
Ecuador atraviesa desde 2024 un estado de conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa para enfrentar a las bandas criminales. No obstante, 2025 cerró como el año más violento registrado en el país, con alrededor de 9.300 homicidios, según cifras oficiales del Ministerio del Interior.
Nacionales
Fiscalización recomienda juicio político contra Mario Godoy por presunta ‘inoperancia’ al frente de la Judicatura
Un informe preliminar de la Comisión de Fiscalización plantea recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional el inicio de un juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por presunta «manifiesta inoperancia».
El documento, que se filtró antes de su votación oficial, se sustenta en el numeral 3 del artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y deberá ser analizado y debatido por los integrantes de la mesa legislativa antes de ser remitido al Pleno para su resolución.
Godoy se encuentra en el centro de la polémica desde que el juez anticorrupción Carlos Serrano denunciara presuntas presiones dentro de la institución para favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, investigado por lavado de activos dentro del caso denominado ‘Euro 2024’.
El documento será conocido oficialmente la noche de este viernes 13 de febrero de 2026, cuando la comisión legislativa se reúna para debatir su contenido y someterlo a votación entre sus miembros. En caso de aprobarse la recomendación, el proceso avanzará al Pleno del Legislativo, donde se definirá si se enjuicia políticamente al presidente de la Judicatura.
Correísmo impulsa juicio político contra Mario Godoy
Los solicitantes del juicio político por presunto incumplimiento de funciones, que impulsan los correístas Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso Mendoza, sostienen que Godoy incumplió los numerales 1 y 3 del art. 168 de la Constitución, relacionados con la independencia interna y externa de los órganos de la Función Judicial.
Argumentan que Godoy fue pasivo ante las presiones indebidas ejercidas por sus subordinados directos, como el director provincial de Pichincha, Henry Gaibor, quien habría intervenido coercitivamente sobre el juez Carlos Serrano para influir en el desarrollo del caso “Euro 2024”, sugiriendo argumentos favorables a la defensa del procesado Jezdimir Srdan.
Tras la filtración del informe, la legisladora Viviana Veloz reaccionó en redes sociales señalando que la recomendación respondería a la presión ciudadana y a la existencia de pruebas que, según afirmó, vincularían a Godoy con supuestos intentos de protección a narcotraficantes. En su pronunciamiento también cuestionó al oficialismo y aseguró que la independencia judicial continúa en riesgo.
La asambleísta agregó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estaría avanzando en mecanismos para designar un eventual reemplazo en la Judicatura, lo que —según sostuvo— permitiría mantener el control político del organismo, señalando directamente al presidente Daniel Noboa. Fuente: Vistazo

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La Tertulia Jurídica analizó el rol del derecho penal frente a los desafíos de la sociedad contemporánea
En una nueva emisión del programa La Tertulia Jurídica, se contó con la destacada participación del doctor Ernesto Yerobi, abogado penalista ecuatoriano, quien desarrolló el tema “Derecho penal y sociedad: evolución dogmática frente a los desafíos de la modernidad”, un análisis profundo sobre la función del derecho penal en el contexto social actual.
Durante su intervención, Yerobi se presentó ante la audiencia como abogado riobambeño, especializado en derecho penal general y derecho penal económico y de la empresa, con amplia experiencia tanto en el libre ejercicio profesional como en el ámbito académico, participando activamente en la cátedra universitaria, programas de formación continua, espacios de difusión jurídica y medios de radiodifusión y plataformas digitales.
El jurista destacó que el derecho penal es una de las ramas más sensibles del ordenamiento jurídico, cuya correcta aplicación resulta fundamental para garantizar la convivencia social y el respeto de los derechos ciudadanos. En ese marco, enfatizó que no toda conducta socialmente reprochable constituye un delito, aclarando que, desde la dogmática penal, el delito debe configurarse como una conducta típica, antijurídica, culpable y punible.
Como parte de su exposición académica, Yerobi explicó de manera didáctica las categorías dogmáticas del delito, abordando la conducta —tanto en su modalidad de acción como de omisión—, la tipicidad objetiva y subjetiva, la antijuridicidad y la culpabilidad, resaltando la importancia de comprender estos elementos para evitar interpretaciones erróneas que generen alarma social y una percepción distorsionada de inseguridad.
Asimismo, analizó conceptos clave como el juicio de tipicidad, el rol del verbo rector dentro de los tipos penales, y la necesidad de que toda conducta sancionada se encuentre expresamente prevista en la norma penal, en respeto al principio de legalidad. En este contexto, subrayó que la ausencia de tipificación impide la atribución de responsabilidad penal.
Yerobi también abordó las causas de justificación, como la legítima defensa, el estado de necesidad y el cumplimiento de órdenes de autoridad competente, destacando que estas figuras se rigen por criterios estrictos de proporcionalidad, racionalidad y ausencia de provocación, elementos esenciales dentro de un Estado constitucional de derechos.
En un análisis histórico-dogmático, el expositor recorrió las principales corrientes del pensamiento penal: el causalismo, el finalismo, el funcionalismo y el garantismo penal, explicando su evolución y aplicación práctica. Señaló que el funcionalismo normativista, especialmente en el ámbito del derecho penal económico, responde de mejor manera a las complejas dinámicas sociales actuales, al centrarse en los roles, el riesgo permitido y la imputación objetiva, más allá de la mera ejecución material del delito.
Finalmente, Yerobi reflexionó sobre la crisis del sistema judicial ecuatoriano, la fragilidad de la independencia judicial y el impacto de estas problemáticas en la confianza ciudadana, enfatizando la responsabilidad ética de los abogados y la necesidad de una aplicación técnica, razonada y humana del derecho penal.
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