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La doble vida de Mayra Salazar: así se convirtió en pieza clave entre narcotraficantes, políticos y personajes influyentes

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El personaje clave de los casos Metástasis y Purga, usó su encanto y experiencia como relacionista pública para convertirse en el vínculo entre narcos, jueces y políticos. Hoy su colaboración en el caso devela cómo llevaba una doble vida.

Para algunos era buena amiga, seria, responsable, solidaria… Para otros, una mujer calculadora, egocéntrica, inescrupulosa, mareada de poder… Preguntar sobre Mayra Carolina Salazar Merchán a sus amigos, excompañeros de trabajo y conocidos, des-prende diferentes calificativos. Un vaivén de comentarios que muestran a una persona que fácilmente podría convertir su historia en una versión moderna de la novela Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Dos personas viviendo en el mismo cuerpo.

Salazar Merchán es pieza clave en, quizás, los casos judiciales más mediáticos y sorprendentes en la historia contemporánea del Ecuador. Detenida en la madrugada del jueves 14 de diciembre como parte del caso ‘Metástasis’, parecía un personaje antagónico de un listado donde había varios ‘peces gordos’. Pero Mayra S. M., como se la señaló inicialmente, hacía funcionar un mecanismo delictivo en el que engranaban narcotraficantes, funcionarios judiciales, políticos y otros personajes influyentes.

Su rol protagónico permitió que la fiscal general Diana Salazar inicie una nueva investigación que derivó en el caso ‘Purga’. Todo esto a partir de lo que reveló su teléfono. Ahora ingresó al sistema de protección de la Fiscalía, como procesada, para darle seguridad y con la esperanza de que aporte más información. ¿Pero quién es Mayra Salazar? ¿Cómo una relacionista pública alcanzó ese estatus?

“Le gustó la fama”

Nació en Guayaquil el 29 de septiembre de 1988. Creció en una humilde casa en el sur de Guayaquil, en la ciudadela Brisas del Salado, cerca de la Base Naval Sur. Su padre, ya fallecido, fue suboficial primero de la Armada.

Quienes la conocen de esa primera etapa de su vida hablan de una Mayra a la que le gustaba hacer amigos, que era poco cercana con su familia y que mostraba muchas ganas de destacar. “Era muy pilas, tenía una personalidad arrolladora. No le podías decir que eso no lo iba a hacer porque con más ganas lo hacía para demostrarte que no era imposible”, recuerda una de sus antiguas compañeras de trabajo.

Formalmente, Mayra inició su vida laboral en una agencia de Relaciones Públicas. Allí, como ejecutiva, empezó a tejer sus primeros lazos con las comunicaciones como asesora externa de empresas nacionales y multinacionales. Un trabajo que realizó ya como graduada de Tecnóloga en Comunicación del ITV, en Guayaquil.

En 2013 pasó a TC Televisión como relacionista pública y allí, dicen sus allegados, empezó todo. Su trabajo consistía en posicionar la marca del canal a través de conseguir que otros medios publiquen noticias sobre sus talentos de pantalla y los contenidos de los programas, entre otras funciones. Esto la llevó a un mundo de fiestas y lujo.

Se comprometió y casó con un periodista de otro canal. Fue una boda sencilla, recuerda una de las invitadas. “Eran dos chicos que pasaban por un buen momento y que no venían de familias adineradas”, cuenta una excompañera de trabajo. De hecho un año después hicieron un préstamo al BIESS a 25 años para comprarse una casa en una ciudadela de clase media en La Aurora, cerca de Guayaquil.

Su amiga cuenta que luego “empezó a deslumbrarse por las luces, las cámaras… La entrevistaban de los programas de farándula por su relación personal y por su nexo con famosos de TV… Le gustó la fama”. Otro punto de inflexión, aseguran las fuentes, fue cuando TC comenzó a auspiciar conciertos. “Tenía peleas con algunos compañeros de otras áreas, incluso con su jefa directa. No quería recibir órdenes y desafiaba diciendo que si tenían algún inconveniente, que se quejen con las cabezas”.

“Ella pasaba con los famosos, les manejaba su imagen”, cuenta una colaboradora de TC en esa época. En sus redes sociales, Mayra presumía su roce con la farándula ecuatoriana e internacional. Fotos con cantantes, políticos, presentadores de noticias… Sus muros de Facebook e Instagram muestran el alcance de su vida social. Una de sus amigas dice que con el tiempo se alejó de ella porque “a su vida llegaron un par de personas que me daban miedo”, reconoce.

En 2017 se asoció con un empresario de conciertos, primero de manera individual. En el canal había puesto su renuncia pero le “hicieron una nueva propuesta y le subieron el sueldo. De hecho ella se jactaba de su poder para lograr eso”, explica una excolaboradora de la televisora.

Pero la historia no duró mucho. Al inicio de 2018 salió de TC, y de esto hay dos versiones: la de Mayra, que renunció para ponerse su propia empresa; y la interna de TC, donde se dice que fue despedida. Lo cierto es que después de su salida fundó la empresa Más Producciones en mayo, se divorció en octubre y obtuvo la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en diciembre.

Lo siguiente fue crear un negocio de impresión de entradas denominado Más Ticket’s. Así trabajó en los conciertos de los cantantes Anuel AA y Karol G, en junio de 2019 en el estadio Alberto Spencer, en Guayaquil.

Pocos meses después, Salazar vendió sus acciones, por 500 dólares, a Juan Moisés E., un chico de 22 años, domiciliado en el popular barrio guayaquileño de La Chala. ¿Un dato menor? En lo absoluto: Juan Moisés ahora es gerente de Safecast, una empresa donde hasta 2020 fue accionista Jorge Sánchez Montiel. Este último también compró Más Producciones en sociedad con un tal Daniel Salcedo Bonilla. Tanto Salcedo como Sánchez Montiel fueron procesados y sentenciados por lavado de activos a mediados de 2020. Salcedo recibió 13 años de prisión y Sánchez Montiel, seis.

Más cerca del poder

Para quienes estuvieron cerca de ella, su vínculo con el narcotraficante Leandro Norero se da entre 2018 y 2020, cuando se dedica a la organización de eventos. De hecho, Salcedo también hacía lo mismo antes de ser investigado. Ya en 2020, dice una anterior compañera de trabajo, se rumoraba una cercanía de Salazar con un “personaje peligroso”, aunque no se sabía con exactitud quién era.

También en ese mismo período, Salazar apadrinó con su empresa Más Producciones al grupo musical ‘Faraonas del Amor’, integrado por mujeres privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Femenino de Guayaquil. Salazar se refería al Ministerio de Justicia como su cliente por trabajar en este proyecto social, que le permitió en más de una ocasión ir a los centros penitenciarios del país.

Algo que hizo luego con su Fundación Renova, una ONG creada en 2021 para desarrollar programas de ayuda con grupos vulnerables. En la cuenta de Instagram de la fundación aparece con varios famosos, entre esos María Fernanda Vargas, actual alcaldesa de Simón Bolívar y mencionada en los chats entre Salazar y Norero.

En esa fundación también aparece Cristina Reyes, como presentadora de un programa que sacaban en un canal de YouTube y que lo usaban para contar historias humanas. Reyes fue jefa de Salazar, primero como asesora en la Asamblea Nacional, desde finales de 2019 hasta mayo de 2021, con un sueldo de 2.300 dólares mensuales. “Yo no soy parte de este entramado, no soy investigada ni procesada. (…) Lamentablemente alguien que trabajó en mi equipo está siendo investigada”, señaló Reyes a través de un video en sus redes sociales.

Pero no solo trabajaron juntas en la Asamblea. En la Contraloría General del Estado reposa la declaración patrimonial de Salazar Merchán como asesora de la oficina del Ecuador en el Parlamento Andino entre enero y abril de 2023; allí donde Reyes tiene funciones desde 2021.

También en Contraloría aparece su declaración como analista en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas desde octubre del año pasado. Ese fue su último paso antes de ser involucrada en el caso ‘Metástasis’. Si bien su nombramiento llegó a finales de ese año, la misma Salazar reveló que desde antes era asesora de la presidenta de la Corte Provincial y ahora detenida en el caso ‘Purga’.

Esos documentos en Contraloría muestran el poder de Salazar en los últimos años. En su primera declaración como funcionaria de la Asamblea, reportó un saldo bancario de 11.500 dólares, un automóvil avaluado en 2.500 y una casa en una ciudadela de clase media, cotizada en 46 mil dólares. Al tener una deuda bancaria, como patrimonio registró un valor de 20 mil dólares. Mientras el año pasado, antes de entrar a la Corte, tenía un saldo bancario superior a 12 mil dólares, un vehículo avalado en 12 mil dólares y dos bienes inmuebles: la casa antes mencionada y una nueva, en Samborondón, adquirida en 2022 con un préstamo a un banco privado por 60 mil dólares. En total, su patrimonio superaba los 320 mil dólares.

“Recuerdo que Mayra siempre me decía que detestaba la política y mira cómo terminó metida en este problema justo por vincularse a la política”, dice una de sus amigas. Una de las pocas que le quedan, al parecer: algunas la dejaron de seguir en redes sociales, mientras otras aprovecharon para borrar sus fotos con ella.

Lo cierto es que los chats que Salazar le dio a la Fiscalía muestran que su alcance no tenía límites y sus formas no tenían escrúpulos. Y si bien el morbo de su relación con Norero ha llevado a que la discusión se centre a ratos en temas íntimos, la realidad es que Salazar supo conectar, tras bastidores, a los grupos delictivos con personajes influyentes. Y usar su profesión para llevar una doble vida que la convirtió en la mujer que lo sabía todo pero que al mismo tiempo no imaginó lo que eso significaría.

Fuente: Vistazo.

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Alias ‘Javi’, hermano de ‘Fito’, llegó a Ecuador y será trasladado a la Cárcel del Encuentro

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Ronald Javier Macías Villamar, alias ‘Javi’, uno de los principales líderes de la organización criminal Los Choneros y hermano de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, arribó la noche de este jueves a Ecuador tras ser expulsado de Colombia y entregado a las autoridades ecuatorianas.

El presunto cabecilla criminal llegó aproximadamente a las 22:50 al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, donde fue recibido por un amplio contingente de la Policía Nacional encabezado por el ministro del Interior, John Reimberg.

Su retorno al país se produjo pocas horas después de que Migración Colombia ejecutara su expulsión, luego de haber sido capturado en Bogotá dentro de una operación coordinada entre autoridades de ambos países.

Será recluido en la cárcel de máxima seguridad de Santa Elena

Tras recibir al detenido en la terminal aérea, Reimberg informó que Macías Villamar será trasladado de manera inmediata a la Cárcel del Encuentro, el centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en la provincia de Santa Elena.

Precisamente este mismo jueves, dos notables cabecillas de Los Choneros que permanecían recluidos en dicha prisión fueron extraditados a Estados Unidos.

Se trata de Celso Miguel Moreira Heredia, alias ‘Patucho Celso’, y Darío Javier Peñafiel Nieto, alias ‘Topo’, ambos requeridos por la justicia estadounidense por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y delincuencia organizada.

Las autoridades ecuatorianas sostienen que Macías Villamar era uno de los principales cabecillas de la estructura de Los Choneros y que, tras la captura y extradición de alias ‘Fito’ a Estados Unidos en 2025, habría continuado vinculado a actividades relacionadas con la organización criminal.

Información de inteligencia divulgada por autoridades colombianas señala que alias ‘Javi’ residía en ese país desde octubre de 2025 utilizando documentación falsa y una identidad distinta, mientras presuntamente buscaba fortalecer rutas internacionales de narcotráfico y establecer contactos con organizaciones armadas ilegales.

La Fiscalía General del Estado también confirmó que figura entre los procesados dentro del caso denominado ‘Blanqueo Fito’, una investigación por presunto lavado de activos relacionada con el entorno financiero de Los Choneros.

Con su llegada a Ecuador, las autoridades prevén avanzar en los procesos judiciales pendientes y en nuevas diligencias relacionadas con las investigaciones contra la estructura criminal. Fuente: Vistazo

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Mundial 2026: Él es Udi Neco, el que se roba las cámaras en los partidos de Turquía

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Udi Neco es uno de los hinchas más nombrados en el Mundial 2026. Es seguidor de Turquía y resalta en los graderíos gracias a su rostro pintado de negro y una barba blanca muy extensa.

Su verdadero nombre es Necdet Olcerman. Es hincha del Besiktas y empezó a hacerse conocido en la barra de ese equipo. Después trasladó su pasión al seleccionado nacional.

Él ya es un personaje muy conocido en Turquía, pero durante el Mundial se volvió viral. En los ‘fan fest’ es uno de los más fotografiados.

En su país trabajo como gendarme y joyero. Pocas veces se lo ha visto sin interpretar a su personaje.

Turquía y Paraguay se enfrentarán este viernes, 19 de junio de 2026, desde las 22:00. El que pierda empezará a despedirse del Mundial.

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Peculado, falsificación o minería ilegal: los procesos penales contra alcaldes y prefectos de Ecuador

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Alrededor de la mitad de los alcaldes y prefectos del país ha estado inmerso en procesos penales, muchos de ellos archivados. Tres alcaldes están detenidos y un cuarto tiene un auto de llamamiento de juicio.

Presuntos delitos que van desde el robo o la estafa hasta asociación ilícita o el peculado pasando por el incumplimiento de decisión de autoridad competente, conforman el grueso de 264 procesos penales que atañen a 118 alcaldes y prefectos, más de la mitad de las autoridades subnacionales del Ecuador.

De estos procesos, 217 son archivos de la investigación previa por pedido de la Fiscalía. Además, hay dos archivados por prescripción y dos archivados por principio de oportunidad. En total son 221 procesos archivados sin formulación de cargos, es decir la mayoría.

Veinte de las 245 autoridades al frente de alcaldías y prefecturas, alrededor de un ocho por ciento, han sido procesadas por más de un delito, en algunos casos antes de que asumieran su cargo. Estas son las cifras que arroja el sistema público de consulta de procesos judiciales electrónicos del Consejo Nacional de la Judicatura, llamado e-Satje.

Spondylyus Info Lab presenta esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa, elaborada gracias a una beca de producción periodística del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Para difundir esta información, se han unido 37 medios de comunicación.

Autoridades acumulan varios procesos

Entre los casos que no han sido archivados y que no se relacionan con cuestiones administrativas, esta alianza periodística encontró 28 procesos penales que atañen a 20 autoridades subnacionales. La que ha enfrentado más procesos es la alcaldesa de Carlos Julio Arosemena Tola, Ligia Caiza, que ganó esa dignidad en 2023 por la alianza Partido Sociedad Patriótica, Avanza y CREO con el movimiento local Antisuyo Ushito (3-8-21-61). Este cantón, junto con Tena, concentra la mayoría de concesiones mineras de la provincia de Napo.

La ingeniera ambiental registra cuatro causas: tres son por presunta asociación ilícita ligada al tráfico de combustible y otro por presunta minería ilegal. En los tres primeros, Ligia Caiza fue declarada inocente en primera instancia y la sentencia ya se encuentra ejecutoriada, mientras que en el cuarto, la Fiscalía no formuló cargos en su contra.

Este caso comenzó con un operativo de la Policía Nacional para desarticular una presunta banda de tráfico de combustibles usados para minería ilegal. Para la Fiscalía, Caiza y su esposo, Jofre Coronel (quien tiene a su nombre una concesión minera artesanal), habrían sido los líderes de esta organización. La investigación se abrió el 31 de marzo de 2023, mes y medio antes de que Ligia Caiza fuese posesionada como alcaldesa, y la sentencia se dictó en enero de 2026.

$!La alcaldesa de Carlos Julio Arosemena Tola, Ligia Caiza, acumula cuatro procesos en el sistema de la Función Judicial.

Después de Caiza, el alcalde de Guayaquil enfrenta tres procesos. Aquiles Álvarez, que llegó por la alianza RETO-RC y dirige la ciudad más poblada del país, fue llamado a juicio en el caso Triple A, por el presunto delito de comercialización ilegal de combustibles en la frontera sur, un proceso iniciado en julio del 2024 y que involucra a 16 personas y seis empresas.

Según la Fiscalía, las empresas habrían desviado el diésel subsidiado vendiéndolo a precio de mercado, lo que habría provocado un perjuicio al Estado de USD 100 millones. Luego, la Fiscalía abrió la investigación conocida como Goleada, ahora en etapa de instrucción fiscal, por el presunto delito de lavado de activos, derivado del caso inicial.

Cuando fue detenido en su casa en Samborondón, el 10 de febrero pasado, Álvarez no portaba el grillete, por lo que ahora es investigado por el presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Empresario y dirigente deportivo, Álvarez ha mantenido relación con una treintena de compañías y el análisis de su patrimonio demostró cambios inusuales así como la no inclusión de todos sus bienes. Entre 2023 y 2024 tuvo un retroceso en su patrimonio de USD 1,8 millones. Al inicio de su gestión había declarado USD 7.730.592 y en 2024 USD 5.870.330. Para 2025 lo aumentó a USD 7.431.403. Ahora lo reemplaza su coidearia Tatiana Coronel al frente de la Alcaldía de Guayaquil.

$!El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, enfrenta tres procesos penales: 'Triple A', 'Goleada' y 'Grillete'.

Otro caso es el del prefecto de Sucumbíos, Yofre Poma Martín, que llegó a ese cargo por la RC en 2023. El proceso en su contra se originó por las violentas protestas de octubre de 2019. En aquel entonces, siendo asambleísta, participó en la toma de la estación de bombeo del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano, obligando a suspender las operaciones petroleras. Fue sentenciado como cómplice de paralización de servicios públicos a un año y cuatro meses de prisión y permaneció recluido varios meses hasta beneficiarse de la suspensión condicional de la pena en 2020. Dos años después, en 2022, la Asamblea Nacional le otorgó la amnistía.

Poma ha sido gobernador, alcalde, asambleísta y, ahora, Prefecto. Cuando era alcalde de Lago Agrio, entre 2009 y 2014, también fue enjuiciado por el presunto delito de peculado por la venta de un terreno municipal. Fue sobreseído por la falta de elementos probatorios.

$!El prefecto de Sucumbíos, Yofre Poma Martín, fue sentenciado como cómplice de paralización de servicios públicos. ​​​​

Las autoridades que más procesos archivados tienen son los de La Libertad, Francisco Tamariz Guerrero (electo por CD-AVANZA-DSI-Unete), por presuntos delitos de intimidación y tráfico de influencias; la alcaldesa de San Fernando, María Aurelia Sarmiento, por presunto delito de daño a bien ajeno, y el prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, por los presuntos delitos de concusión y falsificación de documentos.

Existen otras autoridades con un solo proceso y cuyos casos han sido de mayor connotación pública: los alcaldes de Pujilí, José Arroyo Cabrera; el de Riobamba, John Vinueza Salinas; de Aguarico, Juan Carlos Orellana, y el de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio.

Arroyo Cabrera cumple prisión preventiva dentro del caso Ornato Municipal por presunto peculado. La Fiscalía lo acusa de presuntamente haber ideado y dirigido un esquema de simulación contractual relacionado con compra de plantas y la construcción de un parque, cuyo monto total supera los USD 300 mil. Arroyo incluso ha impulsado una querella por calumnia en contra del vicealcalde y actual reemplazo, Raúl Arroyo Zambrano. Ambos fueron electos por la alianza RC-ID-PSE.

El alcalde de Riobamba, John Vinueza, y dos concejales fueron llamados a juicio en abril pasado porque habrían conformado una estructura para cometer delitos, como tráfico de influencias y cohecho relacionado con la asignaciones irregulares de 255 cupos de taxis, entre otros. Electo por la alianza Vecinos en Acción, conformada por Centro Democrático y RETO, Vinueza fue asambleísta antes de llegar a la Alcaldía.

$!El alcalde de Riobamba, John Vinueza Salinas; de Pujilí, José Arroyo Cabrera, y de Aguarico, Juan Carlos Orellana.

Hace pocas semanas, el alcalde reelecto de Aguarico, Juan Carlos Orellana Ganchozo, fue sentenciado en primera instancia por registrar un título falso de abogado por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Él se acogió al silencio, pero su defensa anunció que apelará. Orellana, que ganó su reelección por la alianza Pachakutik-CREO, también ha registrado saltos patrimoniales importantes desde 2019 que ocupa ese cargo. En 2019 registró un patrimonio de USD 6.000 y para 2025, en la declaración periódica de su segundo mandato, el valor subió a USD 199.320. Es decir, un incremento del 3.222%.

Finalmente, el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio, que llegó a ese cargo por la Unión por la Revolución Ciudadana, fue detenido la madrugada del 3 de junio señalado por presunto lavado de activos. El abogado y empresario ha pedido quedarse en la cárcel de Latacunga para preparar su defensa. La Fiscalía indicó que el caso llamado Blindaje nació a partir de un reporte de operaciones inusuales e injustificadas emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Procesos archivados

Con respecto a los 221 procesos que fueron archivados sin formulación de cargos, 44 tuvieron un origen administrativo por incumplimiento de decisión de autoridad competente y retención ilegal de aportaciones al IESS. Este incumplimiento por parte de los alcaldes generalmente está relacionado con órdenes de pago a contratistas o trabajadores, y a veces provienen de administraciones anteriores.

Por el delito de incumplimiento de decisión de autoridad competente, el caso más conocido es contra la alcaldesa de Manta, Marciana Valdiviezo, por el pago de USD 3,6 millones al Consorcio Tránsito Segura (CTS) de Manta, integrado por las empresas Telconet y Transcorp Ecuador S.A. Por este contrato, el Tribunal Contencioso Electoral descalificó a Jan Topic, quien no pudo inscribir su candidatura para las elecciones presidenciales del año 2025. El Consorcio fue contratado para el manejo de los ingresos por multas de tránsito, pero provocó críticas porque recibía más de la mitad de lo recaudado. El proceso no está archivado.

Posibles razones

Esta cantidad de procesos que en su mayoría resultan archivados le plantea dos hipótesis al politólogo de la Universidad San Francisco de Quito, Pablo Medina: “O existe un abuso del sistema judicial o existe una manipulación del sistema judicial. Por un lado se puede haber naturalizado el demandar a un alcalde, a un prefecto, sin los argumentos de peso necesarios, y por otro, habría que analizar las causas del por qué la Fiscalía se abstiene de proseguir”.

Medina hace una comparación con el sistema anglosajón, en el que muchos casos se resuelven porque los jueces consideran que no hay lugar a la demanda y no se continúa el proceso; e incluso a veces el demandante tiene que cubrir con los costos procesales. “¿Cuánto dinero habrá perdido el Estado por todo ese trabajo de investigación de la Fiscalía pero que no llegó a una acusación?, se preguntó.

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