Nacionales
Juicio político: la sustentación de pruebas en la Comisión de Fiscalización se tambalea
El proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso avanza en la Asamblea Nacional, pero la sustentación de pruebas en la Comisión de Fiscalización parece tambalearse. Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, explicó en Ecuador TV que las pruebas de oficio presentadas por los legisladores no responden al dictamen de la Corte Constitucional.
La institución dio paso al juicio político por peculado; es decir que los proponentes no pueden agregar hechos a otra causal que no sea esta. Además, según el constitucionalista, es necesario singularizar las pruebas. «Si los proponentes no singularizan, cómo sabe el Presidente cuáles de ellas va a contestar», comentó respecto al accionar de la Comisión de Fiscalización que entró a calificar casi un centenar de pedidos de pruebas.
Muñoz aclaró que la Corte Constitucional puede sancionar a los legisladores por no acatar su dictamen. Recordó lo ocurrido con los consejeros de Participación Ciudadana, quienes incluso fueron destituidos. Aunque en este caso, la primera acción podría ser un llamado de atención.
Las pruebas que se deberán entregar desde la Comisión de Fiscalización deben respaldar el delito de peculado, presuntamente cometido por el presidente Lasso con respecto a un contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana, Flopec. No obstante, para Muñoz estos respaldos serán inconsistentes: “Es una narrativa falsa. No tiene ni pies, ni cabeza”, declaró.
Esto debido a que el contrato con Flopec data del 2018, cuando Guillermo Lasso aún no asumía la Presidencia. El constitucionalista explicó que el informe de Contraloría, al que hacen referencia los proponentes, no recomendó la terminación unilateral del contrato, sino que recomendó adecuaciones y mejorías que sí se habrían aplicado. Además, el documento tiene una cláusula de renovación automática que se aplicó en 2022; lo que libera de responsabilidad al actual primer mandatario.
Para Muñoz, los legisladores deben tomar una posición responsable. “Es una acusación sin sentido y sería un precedente nefasto que esto prosperara”, concluyó.
Una vez que el presidente Lasso fue notificado por la Comisión, el pasado 6 de abril, tiene 10 días para presentar alegatos y descargos. Fuente: El Telégrafo
#Noticias7 Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, en @EcuadorTV sobre el Juicio Político: “La Corte Constitucional establece que todos los hechos pruebas, alegaciones, respecto a las dos acusaciones que no fueron admitidas no pueden ser parte del juicio político” pic.twitter.com/pisJxGESNO
— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) April 10, 2023
#Noticias7 Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, en @EcuadorTV.
“No existe no solamente un conexión lógica, no existe un nexo causal”, señala Muñoz en referencia a las acusaciones que motivan el proceso de juicio Político contra el Presidente. pic.twitter.com/uxaa9S1LrS— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) April 10, 2023
Nacionales
Wilman Terán, alias ‘Diablo’, presenta síntomas psicóticos: ‘Escucha dos voces que alternan’
El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, evitó pronunciarse sobre la posible cooperación eficaz de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura y sentenciado por múltiples casos de corrupción. Mientras tanto, un informe psiquiátrico reveló que alias ‘Diablo’ tiene síntomas psicóticos y pseudoalucinaciones auditivas.
En los últimos días, se empezó a viralizar en redes sociales que Terán habría accedido a colaborar con la justicia ecuatoriana. Esta información tomó fuerza debido al traslado del privado de la libertad desde la cárcel del Encuentro en Santa Elena hasta la Cárcel 4 de Quito.
‘Alias Diablo’, como se lo denominaba en los chats del caso Metástasis, permanece en la capital desde el 9 de enero, ya que pretendía prepararse para una audiencia de apelación en el caso Independencia Judicial, un proceso en el que fue sentenciado a nueve años y cuatro meses de cárcel por el delito de obstrucción a la justicia.

¿COOPERADOR EFICAZ?
Ante los rumores de que el expresidente de la Judicatura habría entregado supuestas pruebas o información en contra de políticos en el marco de una cooperación eficaz, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, evitó dar detalles y no confirmó ni desmintió aquella aseveración que circula en redes sociales.
En ese sentido, la Fiscalía había emitido un comunicado el pasado miércoles 14 de enero en el que recuerda a la opinión pública que la cooperación eficaz es una herramienta jurídica tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y que es de carácter reservado.
“Permite a la FGE llegar a acuerdos con personas procesadas o investigadas que decidan colaborar de manera voluntaria y comprobable con la justicia, aportando información relevante, veraz y oportuna, que contribuya al esclarecimiento de los hechos, la identificación de otros responsables y el desmantelamiento de estructuras criminales”, manifestó la institución.
Agregó que se aplica “bajo estrictos controles judiciales que garantizan la observancia de los derechos de las víctimas, el principio de proporcionalidad, la motivación de las decisiones fiscales y la debida valoración de la información aportada”.
INFORME PSIQUIÁTRICO DE ALIAS ‘DIABLO’
No obstante, la condición mental de Wilman Terán se habría agravado durante su estancia en la cárcel.
La cadena Ecuavisa reportó que, el pasado miércoles 14 de enero, personal del Hospital Pablo Arturo Suárez llegó a la Cárcel 4 para hacerle un examen psiquiátrico. El resultado fue que alias ‘Diablo’ presenta un episodio depresivo grave con síntomas psicóticos y pseudoalucinaciones auditivas.
Terán cuenta bajo sus espaldas tres condenas. Debe pagar nueve años y cuatro meses por delincuencia organizada en el caso Metástasis, la misma pena por el caso Obstrucción a la Justicia y una tercera de seis años y ocho meses por asociación ilícita en el caso Pantalla. Fuente: Vistazo
Nacionales
Ministerio de Defensa despliega 10 000 militares en Guayas, Manabí y Los Ríos
El Ministerio de Defensa anunció el despliegue de 10 000 uniformados en Guayas, Manabí y Los Ríos, las tres provincias que en 2025 registraron los índices más altos de homicidios intencionales y que aún concentran elevadas cifras de asesinatos y otros delitos.
Según la cartera de Defensa, esta medida “marca el inicio de la fase Ofensiva Total”. En ese contexto, el ministro Gian Carlo Loffredo ordenó la instalación indefinida del Alto Mando Militar en Guayaquil.
“Esta guerra es muy dinámica y hay que adaptarse y evolucionar”, afirmó el funcionario en un video difundido por el Gobierno Nacional.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, los soldados continuarán llegando a Guayas, Manabí y Los Ríos hasta este viernes 16 de enero.
Nacionales
Cuenca: Fiscalía investiga presunta estafa de inversiones con criptomonedas
Un presunto esquema de estafa bajo la modalidad de inversiones en criptomonedas es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que varias familias de Cuenca, en la provincia del Azuay, denunciaran haber perdido importantes sumas de dinero.
El fiscal provincial del Azuay, Leonardo Amoroso, informó que la investigación se inició tras la recepción de múltiples denuncias contra una empresa que ofrecía servicios de inversión en Bitcoin. Según los afectados, entregaban dinero para supuestas gestiones en criptomonedas, pero nunca recibieron rendimientos ni constancia de las operaciones.
“Actualmente, el caso está a cargo de la Unidad de Lavado de Activos en Quito y ya se encuentra en conocimiento de uno de los fiscales especializados”, explicó Amoroso.
El modus operandi
De acuerdo con la Fiscalía, las empresas involucradas solicitaban a los ciudadanos entregar dinero bajo la figura de “créditos a plazo fijo por montos elevados”. Posteriormente, los fondos eran transferidos a cuentas indicadas por los representantes, con la promesa de que serían invertidos en activos digitales.
Sin embargo, las víctimas aseguran que nunca recibieron comprobantes de inversión ni retornos económicos, lo que encendió las alertas sobre un posible esquema fraudulento.
Dos empresas bajo investigación
Las primeras indagaciones apuntan a la existencia de dos empresas relacionadas con el caso: una encargada de captar el dinero en Ecuador y otra con sede en México. Parte de la investigación busca determinar si una de estas compañías habría entrado en proceso de quiebra.
En declaraciones a Radio Tomebamba, Francisco Zamora, abogado de las víctimas, señaló que las firmas involucradas serían Capitalika y SCB Smart Capital.
El jurista añadió que ambas constan en los registros de la Superintendencia de Bancos como entidades no autorizadas para realizar actividades financieras desde 2024, pese a lo cual continuaban operando y captando recursos de ciudadanos.
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