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Nacionales

Juicio político: la sustentación de pruebas en la Comisión de Fiscalización se tambalea

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El proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso avanza en la Asamblea Nacional, pero la sustentación de pruebas en la Comisión de Fiscalización parece tambalearse. Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, explicó en Ecuador TV que las pruebas de oficio presentadas por los legisladores no responden al dictamen de la Corte Constitucional.

La institución dio paso al juicio político por peculado; es decir que los proponentes no pueden agregar hechos a otra causal que no sea esta. Además, según el constitucionalista, es necesario singularizar las pruebas. «Si los proponentes no singularizan, cómo sabe el Presidente cuáles de ellas va a contestar», comentó respecto al accionar de la Comisión de Fiscalización que entró a calificar casi un centenar de pedidos de pruebas.

Muñoz aclaró que la Corte Constitucional puede sancionar a los legisladores por no acatar su dictamen. Recordó lo ocurrido con los consejeros de Participación Ciudadana, quienes incluso fueron destituidos. Aunque en este caso, la primera acción podría ser un llamado de atención.

Las pruebas que se deberán entregar desde la Comisión de Fiscalización deben respaldar el delito de peculado, presuntamente cometido por el presidente Lasso con respecto a un contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana, Flopec. No obstante, para Muñoz estos respaldos serán inconsistentes: “Es una narrativa falsa. No tiene ni pies, ni cabeza”, declaró.

Esto debido a que el contrato con Flopec data del 2018, cuando Guillermo Lasso aún no asumía la Presidencia. El constitucionalista explicó que el informe de Contraloría, al que hacen referencia los proponentes, no recomendó la terminación unilateral del contrato, sino que recomendó adecuaciones y mejorías que sí se habrían aplicado. Además, el documento tiene una cláusula de renovación automática que se aplicó en 2022; lo que libera de responsabilidad al actual primer mandatario.

Para Muñoz, los legisladores deben tomar una posición responsable. “Es una acusación sin sentido y sería un precedente nefasto que esto prosperara”, concluyó.

Una vez que el presidente Lasso fue notificado por la Comisión, el pasado 6 de abril, tiene 10 días para presentar alegatos y descargos. Fuente: El Telégrafo

 

 

Deportes

Willian Pacho está dentro de los diez mejores pagados del fútbol francés

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L’Équipe emitió un informe sobre los sueldos en la Ligue 1 y el ecuatoriano está entre los mejores.

El ecuatoriano Willian Pacho es el noveno mejor pagado de todo el fútbol francés. Así lo confirmó un informe de L’Équipe, que muestra las escalas salariales.

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, es el entrenador mejor pagado con un ingreso neto mensual de USD 1,15 millones.

El Balón de Oro, Ousmane Dembélé es el jugador que más ingresos tiene, con USD 1,73 millones mensuales.

Los diez mejores pagos de esa liga son del mismo equipo: Paris Saint-Germain. Marquinhos (USD 1,29 millones), Hakimi (USD 1,27 millones), Lucas Hernández (USD 1,27 millones), Zaire-Emery (USD 1,03 millones), Vitinha (USD 1,03 millones), Joao Neves (USD 1,03 millones) y Kvarastkhelia (USD 1,03 millones) están en los primeros sitios. Pacho es noveno con (USD 922 mil).

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Nacionales

Tribunal ordena la liberación de Aquiles Álvarez por el caso Goleada

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La Corte Provincial de Pichincha instaló este 2 de abril de 2026 la audiencia de apelación en la que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, busca que el Tribunal levante la orden de prisión preventiva. Los magistrados dispusieron su liberación por el procesamiento en el caso Goleada, pero el funcionario tiene vigente otra medida privativa de libertad.

10:15 | Tribunal resuelve la liberación de Álvarez

Jueza dice que analizó los elementos de convicción y dijo que no hay probabilidad de participación personal de Álvarez en el delito de lavado de activos o que las personas hayan participado en delito de delincuencia organizada.

No se ha justificado la necesidad de prisión preventiva, por lo que el Tribunal acepta la solicitud de presentaciones periódicas.

09:30| Se instala la audiencia

El Tribunal constató la asistencia de las partes procesales, entre ellos figuran el alcalde Álvarez, quien participa de forma virtual, ya que se encuentra detenido en la cárcel de la provincia de Santa Elena, su abogado Ramiro García, entre otros.

09:35| Jueza rechaza solicitud de nulidad procesal

La jueza del Tribunal dice que «no está de acuerdo» con la solicitud de nulidad procesal, ya que la defensa de Álvarez alegó que a su cliente ya se le vinculó a otro proceso por comercialización de combustibles, es decir, el caso Triple A.

Según la magistrada, ambos procesos corresponden a un mismo período, pero existe la variación por un hecho debido a que Fiscalía señaló que se estaría inyectando a sistema financiero nacional el dinero de Ternape, una de las personas jurídicas enjuiciadas, cuyos recursos habrían estado a cargo del grupo organizado.

09:40| Magistrada descarta argumento de violación de trámite

La jueza dice que el trámite no se violó, como manifestó el abogado de Álvarez, ya que había reserva sobre la investigación del caso Goleada, la cual fue dispuesta por el juez de la causa.

Añadió que los procesados sí conocían sobre la investigación, en el momento en el que se les notificó y que los sospechosos sí habrían contado con tiempo para elaborar su defensa.

09:45| Jueza rechaza alegación de nulidad

La magistrada escuchó los audios de la audiencia de formulación de cargos, en donde escucha que juez leyó los partes policiales, por lo cual la alegación de incumplimiento del trámite no prospera.

Añadió que el cargo de alcalde de Álvarez y los delitos investigados no guardan relación con el ejercicio de funciones del burgomaestre y observa que los actos imputados se relacionan con actividad de carácter particular.

09:57| Jueza habla del supuesto dinero que se habría direccionado a Barcelona

Jueza dice que no puede pronunciarse sobre el supuesto lavado de dinero en el equipo de fútbol Barcelona Sporting Club, sino solo sobre los hechos que se consideraron para dictar la prisión preventiva. Fuente: Expreso.ec

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Nacionales

Contraloría examina a jueces de la Corte Constitucional; tres tendrían posibles responsabilidades penales

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El contralor general del Estado, Mauricio Torres, informó que desde el año pasado se ejecutan exámenes técnicos a seis jueces de la Corte Constitucional, en los que se han detectado «inconsistencias» entre sus declaraciones patrimoniales y su información financiera.

De tres ya hemos terminado los exámenes, tres están en ejecución y tres van a empezar”, manifestó el funcionario durante una entrevista realizada la noche del martes 1 de abril.

Según explicó Torres, “no cuadra la información entregada a través de las declaraciones con lo que nosotros examinamos en cuentas bancarias, tarjetas de crédito y los patrimonios”.

Ayer, se difundieron informes de la Contraloría en los que se menciona que el juez constitucional Alí Lozada no ha justificado el origen de más de USD 25.000 en entidades financieras nacionales y del exterior.

Asimismo, se reportaron presuntas irregularidades en las declaraciones del juez José Luis Terán. La Contraloría habría observado que el funcionario no pudo justificar el origen de USD 70.000.

Frente a las “inconsistencias detectadas”, la Contraloría señaló mediante un comunicado que actúa en estricto apego a la ley y la Constitución. “Su labor no se rige por ningún tipo de presión ni conflictividad política”, enfatizó, al tiempo que aseguró que los procesos de control son sistemáticos y técnicos.

Corte Constitucional alerta ‘presiones institucionales’

Por su parte, la Corte Constitucional advirtió sobre «presiones institucionales» e hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante en defensa del orden constitucional.

En un comunicado oficial, el organismo reafirmó su compromiso con la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y la plena vigencia de la Constitución. En ese contexto, subrayó que todo proceso de control patrimonial debe ejecutarse con estricto apego a la ley, garantizando el debido proceso, la seguridad jurídica y la independencia de funciones.

Además, precisó que sus juezas y jueces han atendido los requerimientos a través de los canales institucionales.

La Corte también expresó su preocupación por un entorno de presiones institucionales sostenidas desde 2025, que —según advirtió— podría afectar la autonomía judicial. Por ello, insistió en que la independencia judicial es una garantía esencial del sistema democrático y demandó que las acciones de control se realicen con rigor técnico y respeto a las competencias constitucionales.

Esta nueva polémica surge en medio de la decisión del Consejo Nacional Electoral de adelantar las elecciones seccionales para noviembre de 2026, situación que podría ser revisada por la Corte Constitucional. Fuente: Vistazo

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