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Juicio político: la sustentación de pruebas en la Comisión de Fiscalización se tambalea

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El proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso avanza en la Asamblea Nacional, pero la sustentación de pruebas en la Comisión de Fiscalización parece tambalearse. Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, explicó en Ecuador TV que las pruebas de oficio presentadas por los legisladores no responden al dictamen de la Corte Constitucional.

La institución dio paso al juicio político por peculado; es decir que los proponentes no pueden agregar hechos a otra causal que no sea esta. Además, según el constitucionalista, es necesario singularizar las pruebas. «Si los proponentes no singularizan, cómo sabe el Presidente cuáles de ellas va a contestar», comentó respecto al accionar de la Comisión de Fiscalización que entró a calificar casi un centenar de pedidos de pruebas.

Muñoz aclaró que la Corte Constitucional puede sancionar a los legisladores por no acatar su dictamen. Recordó lo ocurrido con los consejeros de Participación Ciudadana, quienes incluso fueron destituidos. Aunque en este caso, la primera acción podría ser un llamado de atención.

Las pruebas que se deberán entregar desde la Comisión de Fiscalización deben respaldar el delito de peculado, presuntamente cometido por el presidente Lasso con respecto a un contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana, Flopec. No obstante, para Muñoz estos respaldos serán inconsistentes: “Es una narrativa falsa. No tiene ni pies, ni cabeza”, declaró.

Esto debido a que el contrato con Flopec data del 2018, cuando Guillermo Lasso aún no asumía la Presidencia. El constitucionalista explicó que el informe de Contraloría, al que hacen referencia los proponentes, no recomendó la terminación unilateral del contrato, sino que recomendó adecuaciones y mejorías que sí se habrían aplicado. Además, el documento tiene una cláusula de renovación automática que se aplicó en 2022; lo que libera de responsabilidad al actual primer mandatario.

Para Muñoz, los legisladores deben tomar una posición responsable. “Es una acusación sin sentido y sería un precedente nefasto que esto prosperara”, concluyó.

Una vez que el presidente Lasso fue notificado por la Comisión, el pasado 6 de abril, tiene 10 días para presentar alegatos y descargos. Fuente: El Telégrafo

 

 

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La delincuencia organizada plantea nuevos desafíos para la justicia ecuatoriana

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El miércoles 2 de septiembre de 2026, el programa La Tertulia Jurídica abordó el tema “Delincuencia organizada: los desafíos de juzgar el crimen y combatir la corrupción”, con la participación del jurista Carlos Serrano Lucero, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y experto independiente en delitos de crimen organizado y corrupción.

Durante su intervención, Serrano explicó que la delincuencia organizada debe diferenciarse de la delincuencia común y de la codelincuencia, ya que implica una estructura criminal con distribución de roles, permanencia o reiteración y un propósito delictivo orientado a obtener beneficios económicos.

El jurista señaló que estas organizaciones pueden operar mediante diferentes estructuras y desarrollar actividades como sicariato, tráfico de drogas, extorsión y lavado de activos. Además, destacó que el fenómeno puede adquirir una dimensión transnacional y afectar ámbitos sociales, económicos y políticos.

También explicó los elementos que deben ser identificados durante una investigación por la delincuencia organizada, entre ellos la existencia de un grupo estructurado de dos o más personas, un acuerdo o concertación, permanencia o reiteración, el propósito de cometer determinados delitos y la búsqueda de un beneficio económico.

Serrano también analizó las dificultades que enfrentan Fiscalía, Policía y el sistema judicial para investigar este tipo de estructuras, debido a que no se persigue únicamente un hecho aislado, sino la identificación y comprobación de toda una organización criminal. Según su experiencia como juzgador entre 2022 y 2026, este tipo de investigaciones puede extenderse durante varios meses e incluso alrededor de un año.

Otro de los aspectos abordados fue la importancia de garantizar el debido proceso y la valoración adecuada de la prueba, particularmente cuando se utilizan mecanismos de investigación como interceptaciones de comunicaciones, seguimientos y vigilancias. En este contexto, sostuvo que las medidas que puedan afectar derechos fundamentales deben contar con elementos suficientes y la correspondiente autorización judicial.

La participación de Carlos Serrano Lucero permitió generar un análisis especializado sobre los retos que enfrenta el Ecuador frente al crimen organizado, destacando la necesidad de fortalecer las capacidades investigativas y judiciales, sin dejar de lado las garantías fundamentales que rigen el sistema de justicia.

El espacio La Tertulia Jurídica se consolidó así como un escenario de análisis y reflexión sobre problemáticas relacionadas con el derecho, la seguridad y la administración de justicia en el país.

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Ministerio de Salud apuesta por plataforma de USD 240 millones para controlar medicinas y conectar hospitales

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El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), anunció la incorporación de una plataforma de gestión hospitalaria que busca mejorar la atención a los pacientes y fortalecer el control de medicamentos e insumos.

Para implementar este sistema, el MSP contratará a CNT, que se encargará de poner en marcha el servicio en la red pública de salud junto con la empresa italiana Dedalus.

El proyecto, cuyo plazo de ejecución será de siete años, busca integrar la información de los pacientes, avanzar hacia una historia clínica electrónica única y fortalecer el control de medicamentos e insumos en la red pública.

Según consta en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la cartera de Estado resolvió adjudicar este martes el contrato a CNT por USD 240 millones, mediante un procedimiento de régimen especial.

“Estamos hablando de transformar la gestión de 1.742 establecimientos de salud del país”, destacó el ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga.

En ese contexto, el MSP inició un proceso de contratación por régimen especial con CNT, que funciona como ejecutor tecnológico del Estado y presentó una propuesta que comprende tres componentes: conectividad, infraestructura y una plataforma integrada de información en salud.

De su lado, el gerente de CNT, Ronald Spina, resaltó que se trabaja en una transformación tecnológica del sistema público de salud.

Plataforma para atención de pacientes

Aveiga y Spina explicaron, en un video publicado por la Secretaría de Comunicación, que el país tiene un “sistema de salud fragmentado”, con “información dispersa y procesos que no siempre están conectados” entre los hospitales y otros centros médicos públicos.

Por medio de este proceso, las autoridades buscan “conectar progresivamente” los establecimientos administrados por el Ministerio y mejorar la atención a los pacientes.

“Queremos que cada uno de ustedes tenga una identidad única dentro del sistema y avanzar hacia una historia clínica electrónica integrada y disponible para el personal médico”, dijo Aveiga.

Esto permitirá, agregó Spina, que la información generada durante la atención médica se registre una sola vez y acompañe al paciente durante todo el proceso, independientemente del centro público en el que sea atendido.

“Contaremos con Dedalus Group, uno de los sistemas más probados y utilizados en el mundo y uno de los mayores proveedores globales de software de salud y soluciones de sistemas de información hospitalaria e historia clínica electrónica”, manifestó el gerente de CNT.

Esta contratación se anuncia en medio de la crisis de desabastecimiento de medicinas que atraviesan los hospitales públicos y que el Gobierno del presidente Daniel Noboa no ha logrado solucionar.

Las autoridades han atribuido esta escasez a supuestas mafias enquistadas en los hospitales. Ante esta situación, Noboa también ha anunciado compras masivas de medicamentos para enfrentar el desabastecimiento. Fuente: Vistazo

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Bajan 3 centavos de las gasolinas Extra y Ecopaís y diésel en septiembre de 2026, anuncia presidente Noboa

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El presidente Daniel Noboa anunció una reducción de USD 0,03 por galón de los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís y el diésel a partir del 12 de septiembre de 2026.

Con el ajuste, las gasolinas Extra y Ecopaís, de 85 octanos, pasarán de USD 3,24 a USD 3,21 por galón. El diésel Premium bajará de USD 3,18 a USD 3,15. Este precio estará vigente hasta el 11 de octubre próximo.

Se trata de la tercera reducción consecutiva. En julio, las gasolinas Extra y Ecopaís y el diésel bajaron cinco centavos por galón. En agosto, los tres combustibles volvieron a bajar USD 0,02 por galón: la Extra y Ecopaís pasaron de USD 3,26 a USD 3,24, mientras que el diésel Premium bajó de USD 3,20 a USD 3,18.

Gobierno anticipó nuevas reducciones hasta diciembre
El Gobierno ya había anticipado que las reducciones podrían continuar de manera gradual hasta diciembre de 2026, pese al repunte del precio del petróleo en el mercado internacional, marcada por la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, que comenzó el 28 de febrero de 2026.

El precio del petróleo WTI, referencia para Ecuador, cerró este martes 8 de septiembre con un alza de 1,7%, en USD 93,03 por barril, impulsado por los recientes ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra Arabia Saudita.

Es el precio más alto desde el 24 de julio, cuando el crudo cerró en USD 89,31.

Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, los precios del petróleo y los combustibles han mostrado gran volatilidad. En marzo subieron con fuerza, pero bajaron en abril tras el alto el fuego. En junio volvieron a repuntar, ante las nuevas tensiones y las dificultades para mantener el acuerdo.

Ecuador siente este impacto porque los precios de los combustibles para el sector automotor (gasolinas de bajo octanaje y diésel) ya no están congelados ni subsidiados. Ahora cambian mensualmente bajo un sistema de bandas que toma en cuenta el precio internacional del petróleo junto a otras variables.

Este mecanismo comenzó a aplicarse en julio de 2024 para las gasolinas Extra y Ecopaís, y se incorporó al diésel en diciembre de 2025.

El sistema de bandas establece límites para los cambios mensuales: los precios pueden subir hasta 5% o bajar hasta 10% frente al período anterior.

Sin embargo, este año el Gobierno de Daniel Noboa modificó el mecanismo con el objetivo de reducir el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís y del diésel, que habían aumentado de manera consecutiva desde enero. Con el sistema de bandas, cuando los precios del petróleo y los combustibles bajaron en abril, tras el alto al fuego, esa reducción no se trasladó al consumidor final.

Por ello, en julio, Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 444, con este se creó un mecanismo excepcional para acelerar las bajas cuando se cumplen determinadas condiciones. Luego, en agosto, el Decreto Ejecutivo 468 modificó ese esquema para que las reducciones del costo de importación se trasladen de manera gradual a los precios de los combustibles.

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