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Juicio político: la sustentación de pruebas en la Comisión de Fiscalización se tambalea

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El proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso avanza en la Asamblea Nacional, pero la sustentación de pruebas en la Comisión de Fiscalización parece tambalearse. Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, explicó en Ecuador TV que las pruebas de oficio presentadas por los legisladores no responden al dictamen de la Corte Constitucional.

La institución dio paso al juicio político por peculado; es decir que los proponentes no pueden agregar hechos a otra causal que no sea esta. Además, según el constitucionalista, es necesario singularizar las pruebas. «Si los proponentes no singularizan, cómo sabe el Presidente cuáles de ellas va a contestar», comentó respecto al accionar de la Comisión de Fiscalización que entró a calificar casi un centenar de pedidos de pruebas.

Muñoz aclaró que la Corte Constitucional puede sancionar a los legisladores por no acatar su dictamen. Recordó lo ocurrido con los consejeros de Participación Ciudadana, quienes incluso fueron destituidos. Aunque en este caso, la primera acción podría ser un llamado de atención.

Las pruebas que se deberán entregar desde la Comisión de Fiscalización deben respaldar el delito de peculado, presuntamente cometido por el presidente Lasso con respecto a un contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana, Flopec. No obstante, para Muñoz estos respaldos serán inconsistentes: “Es una narrativa falsa. No tiene ni pies, ni cabeza”, declaró.

Esto debido a que el contrato con Flopec data del 2018, cuando Guillermo Lasso aún no asumía la Presidencia. El constitucionalista explicó que el informe de Contraloría, al que hacen referencia los proponentes, no recomendó la terminación unilateral del contrato, sino que recomendó adecuaciones y mejorías que sí se habrían aplicado. Además, el documento tiene una cláusula de renovación automática que se aplicó en 2022; lo que libera de responsabilidad al actual primer mandatario.

Para Muñoz, los legisladores deben tomar una posición responsable. “Es una acusación sin sentido y sería un precedente nefasto que esto prosperara”, concluyó.

Una vez que el presidente Lasso fue notificado por la Comisión, el pasado 6 de abril, tiene 10 días para presentar alegatos y descargos. Fuente: El Telégrafo

 

 

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Daniel Noboa anuncia la comitiva oficial que lo acompañará a la posesión de Keiko Fujimori en Perú

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El presidente de la República, Daniel Noboa, viajará este lunes 27 de julio a Lima para asistir a la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Perú, la derechista Keiko Fujimori, quien asumirá oficialmente el cargo el martes 28 de julio.

Así lo dio a conocer el primer mandatario a través del Decreto Ejecutivo No. 458, en el que declara en comisión de servicios a la comitiva oficial que lo acompañará durante el viaje oficial internacional que realizará a la República del Perú, del 27 al 28 de julio de 2026.

En el documento se detalla que la comitiva oficial estará integrada por los ministerios, secretarías y demás entidades de la Administración Pública que, en el ámbito de sus competencias y en atención a los objetivos de la agenda presidencial, participen en las actividades previstas.

Asimismo, se estableció que los viáticos y demás gastos que genere el presente desplazamiento se cubrirán con cargo al presupuesto de la institución a la que pertenecen los integrantes de la comitiva

El decreto también ordena poner en conocimiento de la Asamblea Nacional el viaje del presidente, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo 144 de la Constitución de la República.

Finalmente, la disposición señala que el Decreto Ejecutivo entró en vigencia desde su suscripción, el 26 de julio de 2026, en Guayaquil.

Keiko Fujimori, que relevará al mandatario interino José María Balcázar, fue elegida para gobernar hasta 2031. Fuente: Vistazo

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Partido Socialista Ecuatoriano no descarta alianza con la Revolución Ciudadana

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El Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) dejó abierta la posibilidad de respaldar candidaturas de la Revolución Ciudadana (RC) para las elecciones seccionales de noviembre, luego de la suspensión del movimiento AMIGO, organización que había aceptado auspiciar a los aspirantes correístas.

Así lo confirmó este jueves el presidente del PSE, Gustavo Vallejo, quien señaló que la definición sobre posibles alianzas será adoptada luego de que las dirigencias provinciales de la organización alcancen una resolución.

«El tema de las alianzas las decide el Consejo Nacional. Así hemos aprobado las alianzas anteriores y así las vamos a aprobar», manifestó.

No lo descartamos. En los próximos días convocaremos provincia por provincia para saber qué está pensando la militancia del partido sobre estos temas», indicó.

El Partido Socialista confirma conversaciones con la RC

Consultado sobre si la Revolución Ciudadana ha buscado un acercamiento tras perder la posibilidad de competir bajo el movimiento AMIGO, Vallejo confirmó que ha habido un diálogo.

«Hemos conversado permanentemente con Guillermo Churuchumbi de Pachakutik, con Giovanni (Atarihuana) de Unidad Popular y con Gabriela (Rivadeneira) de la Revolución Ciudadana. Sí, hemos conversado», afirmó.

No obstante, insistió en que la decisión definitiva dependerá de los organismos internos del partido y deberá adoptarse antes del cierre del plazo para inscribir alianzas.

«El plazo será cuando los provinciales decidan y esto significa que es previo al 2 de agosto, es decir, hasta el 31 (de julio) aproximadamente, y no habrá problema en comunicarle al país y a las ciudades que esa decisión se ha tomado«, sostuvo.

Las declaraciones de Vallejo se producen horas después de que el presidente Daniel Noboa afirmara, en una entrevista con Radio Centro, que la Revolución Ciudadana todavía puede participar en las elecciones si lo hace a través de un partido que «haya cumplido con la legalidad». Como ejemplo, el mandatario mencionó al Partido Socialista Ecuatoriano, entre otras organizaciones nacionales.

El escenario político cambió tras la suspensión del movimiento AMIGO. La medida fue dictada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, y acatada este lunes por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La Revolución Ciudadana ya había sido suspendida en marzo de este año dentro del denominado caso Caja Chica, investigación en la que la Fiscalía indaga un presunto esquema de financiamiento irregular de campañas políticas.

Como consecuencia, la organización no puede presentar candidaturas bajo su propia lista para las elecciones anticipadas, previstas a realizarse el 29 de noviembre de 2026, en las que los ecuatorianos elegirán alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales y consejeros del CPCCS. Fuente: Vistazo

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Caso Triple A: Aquiles Alvarez comparece en la fase de pruebas y cuestiona el origen de la investigación

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El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, compareció este domingo dentro del juicio del denominado caso Triple A, en el que es procesado por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de combustible.

El burgomaestre compareció de forma telemática desde la Unidad Judicial de La Libertad, en la provincia de Santa Elena, adonde fue trasladado desde la Cárcel del Encuentro, centro de privación de libertad en el que permanece con prisión preventiva.

Además de Aquiles Alvarez, entre los procesados figuran Xavier V., Juan Carlos A., Juan Dionisio A., Gloria S., Rosa O., Edgar F., María C., Fausto V., Olga O., Edgar C., José C., Lady C., Jessenia V., Carolina T. y Raúl Z. Las empresas llamadas a juicio son Fuelcorp, Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Indudiesel y Harsajudi S.A.

El alcalde defendió la actividad de las empresas comercializadoras de combustibles y rechazó haber intervenido personalmente en la firma de documentos mientras estuvo al frente de sus compañías.

Asimismo, sostuvo que el control sobre el destino final del combustible corresponde al Estado y no a las empresas comercializadoras. De igual manera, aseguró que Copedesa, una de las compañías procesadas en el caso, cuenta con todos los permisos necesarios para operar de manera legal.

Las comercializadoras son un intermediario entre la abastecedora, Petroecuador, que es la dueña del combustible del país, y el gasolinero. Nuestra responsabilidad termina cuando el transportista entrega el combustible a la estación de servicio», afirmó.

El alcalde también afirmó que Nicole Bermúdez Peña, exfuncionaria de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), habría sido presionada para presentar la denuncia que dio origen al proceso, en julio del 2024.

Durante su intervención, Alvarez cuestionó la ausencia de Nicole Bermúdez, calificándola como «preocupante», y declaró que ella habría sido presionada para presentar la denuncia por José Manuel de Oliveira, entonces coordinador jurídico del Ministerio de Energía y Minas, quien —según su versión— actuaba siguiendo instrucciones de José Julio Neira, entonces secretario general de Integridad Pública y ahora director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Caso entró en su recta final con la fase de pruebas

El Ministerio Público sostiene que los procesados habrían participado junto a Alvarez en una presunta trama de comercialización irregular de combustibles, acusación que las defensas niegan y buscan desvirtuar durante esta fase del juicio.

La audiencia de juicio que se instaló este domingo en el Complejo Judicial Norte de Quito fue parte de la fase de pruebas de descargo. Durante esta etapa, las defensas presentan documentos y testimonios para desvirtuar la acusación de la Fiscalía.

El pasado 19 de julio, el juez anticorrupción que conoce la causa llamó a juicio a 21 de los procesados tras acoger el dictamen acusatorio presentado por la Fiscalía, sustentado en más de 250 elementos de convicción. Fuente: Vistazo
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