Nacionales
Dirigente del distrito minero de Chinapintza fue asesinado

Chinapintza, un sector dedicado a la minería, en los últimos días se ha convertido en un escenario de muertes y violencia, esto, ante el asesinato de tres personas, aparentemente en manos de grupos delincuenciales que han atemorizado a sus habitantes.
El día lunes, 10 de marzo en horas de la mañana, mientras se dirigía a sus labores diarias, Jofre Jaramillo, un dirigente del Distrito Minero y presidente del barrio Chinapintza Bajo fue asesinado por dos personas que, a bordo de una motocicleta, escaparon.
El dirigente sufrió este atentado a tan solo 100 metros del destacamento militar, donde actualmente se está construyendo una Unidad de Policía Comunitaria (UPC); esto mientras estaba siendo acompañado por un trabajador.
Los moradores han notado que personas extrañas y de otros lugares han llegado a habitar, pero lo más alarmante es observar jóvenes de 16 a 21 años, armados con fusiles y pistolas. Antes no se utilizaba este tipo de armamento porque era considerado como un pueblo tranquilo.
Hasta el momento se conoce que no existiría personal policial acantonado en este sector, pero sí un destacamento militar. El personal del orden público llegó tiempo después y constató este hecho de sangre que enluta a familias de esta localidad. Es una situación crítica la que está viviendo este sector, donde piden al gobernador Absalón Campoverde se realicen mayores controles, brindando mayor seguridad.
Cabe indicar que los dirigentes han sido amenazados por lo cual, han optado por movilizarse a otros lugares y ponerse a buen recaudo.
El pasado jueves, 06 de abril, los pequeños mineros y mineros artesanales realizaron una marcha hasta las inmediaciones de la Gobernación de Zamora Chinchipe, para solicitarle al gobierno, les legalice sus actividades y se controlen los altos índices de delincuencia que vienen viviendo, pues con esta ya es la tercera muerte violenta que se suscita en esta localidad.
Nacionales
Un inicio movido: lo que dejó el primer mes de la Asamblea entre leyes, expulsiones, deserciones y sanciones

Por el vértigo de los acontecimientos, parecería que los actuales legisladores llevan ya mucho tiempo en sus cargos. Pero, lo cierto es que, este 14 de junio, la Asamblea Nacional cumple recién su primer mes de funcionamiento.
La tónica en este tiempo ha sido el dominio absoluto de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, y que la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) haya quedado relegada a un plano casi de espectador.
Este ha sido el principal motivo de roces, tensiones y reclamos sin éxito desde el lado del correísmo frente a un bloque de Gobierno que, con la fuerza de los votos, se ha impuesto en la designación de autoridades, aprobación de leyes y resoluciones polémicas.
Pese a los grandes bloques de ADN y el correísmo, otros 19 legisladores dirimirán las votaciones en la Asamblea
Estos son los siete momentos que han marcado a la Asamblea Nacional en los primeros 30 días de gestión:
1Surge la aplanadora
A la sesión inaugural de la Asamblea se llegó con la incertidumbre sobre cuál de las fuerzas política, ADN o RC, logró la mayoría de acuerdos para elegir las autoridades del legislativo. Las dos decían contar con más de 77 votos.
La duda se despejó pronto. En la práctica, fue el gobierno el que logró convencer a la mayoría de independientes y fraccionar a su favor a seis de los nueve legisladores de Pachakutik.
Con eso, más el apoyo parcial de los tres asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC), ADN logró captar la presidencia y vicepresidencias de la Asamblea, todas las vocalías del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y la mayoría de comisiones permanentes.
Asamblea: ADN y sus aliados logran presidencia y control total del CAL; el correísmo se queda fuera
En estos 30 días, prácticamente ninguna de las propuestas de ADN ha sufrido un revés en el Pleno de la Asamblea. Siempre ha contado con, al menos, 77 votos para su aprobación y en otras ocasiones ha llegado a los 84 votos.
2Leyes urgentes del Ejecutivo
Con el impulso de saber que son mayoría, el presidente Daniel Noboa envió el 17 de mayo el primer proyecto de ley urgente en materia económica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno.
En la Comisión de Desarrollo Económico la propuesta pasó a llamarse Ley de Solidaridad Nacional y, entre el primer y segundo debate, la ley cambió desde los objetivos hasta el articulado original.
En esta se incluyeron reformas al Código Penal, a la Ley de Hidrocarburos y de Compañías. La oposición correísta en la Asamblea advirtió que en el proyecto habría algunas inconstitucionalidades.
Pero en la votación del 8 de junio, ADN contó con el respaldo de los independientes y Pachakutik y dos días después el presidente Noboa dispuso su publicación en el Registro Oficial sin hacer observaciones a la normativa.
El 27 de mayo, el presidente Daniel Noboa remitió el segundo proyecto de ley urgente en materia económica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública.
El informe para primer debate fue aprobado el 12 de junio por la Comisión de Desarrollo Económico, liderada por el oficialismo, y se prevé que el lunes 16 de junio sea conocido por el Pleno.
3Reforma constitucional y ley polémicas
El 3 de junio el Pleno de la Asamblea se reunió para votar la reforma constitucional para eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, planteada por Noboa.
La incógnita era cómo iban a votar los seis legisladores de Pachakutik, agrupación que históricamente se ha opuesto a este tipo de iniciativas, por considerar que es una violación a la soberanía nacional.
Pero no solo que esa facción ratificó su apoyo ‘incondicional’ a ADN, sino que además sumó un voto más: el de la asambleísta Dina Farinango, que hasta entonces se mantenía alejada de las tesis oficialistas.
En esa ocasión el gobierno tuvo 82 votos favorables, incluyendo los del PSC, partido político que históricamente ha defendido este tipo de iniciativas.
Pero quizás, uno de los momentos más críticos que ha tenido la Asamblea ha sido la aprobación de la Ley de Inteligencia promovida por la Comisión de Seguridad liderada por Inés Alarcón, de ADN.
En esta se propone, entre otras cosas, la interceptación de comunicaciones y el acceso a información privada, de cualquier ciudadano que los servicios de inteligencia consideren ‘sospechoso’, sin orden judicial alguna.
La normativa fue aprobada con 77 votos, el 10 de junio, nuevamente con el respaldo de la facción de Pachakutik leal a ADN. El 11 de junio, Noboa dispuso su publicación, al igual que con la primera ley urgente, sin hacer ninguna observación.
Varios actores políticos y sociales han advertido que la normativa podría contener algunas inconstitucionalidades, pero el oficialismo lo niega y dice que cumple los ordenamientos de la Constitución.
4Borrón a decisión de la anterior Asamblea
En la sesión del Pleno del jueves 5 de junio se produjo una triple polémica. Todo empezó cuando el excorreísta y ahora oficialista Henry Bosquez pidió un cambio del orden del día.
Su objetivo era revisar toda la terna que la Asamblea liderada por Viviana Veloz (RC) envió al Consejo de Participación Ciudadana para integrar el Consejo de la Judicatura.
En principio, la moción no pasó porque la segunda vicepresidenta, Carmen Tiupul, decidió abstenerse. Eso provocó que ADN vaya con todo hacia ella para convencerla y una vez logrado el objetivo, Bosquez pidió la rectificación de la votación.
El correísmo reclamó alegando que eso violaba el procedimiento parlamentario, porque no se puede aplicar ni la reconsideración ni la rectificación en cambios del orden del día. Pero la fuerza de los votos se impuso nuevamente.
Fernando Cedeño de RC, apeló la presidencia de Niels Olsen, pero nuevamente la mayoría funcionó y no fue aceptada.
Luego se propuso dejar sin efecto lo actuado por los anteriores legisladores y notificar al Consejo de Participación Ciudadana que dejaban inválida la terna, pero Bosquez no propuso una nueva con lo que siguen pendientes los listados del Ejecutivo y el Legislativo para la renovación del CJ.
6¿Desgrane del correísmo?
Con todo este panorama, varios legisladores de la Revolución Ciudadana han optado por alejarse de la línea del movimiento que otrora era conocido por ser orgánico, especialmente cuando eran mayoría.
La primera en irse, incluso antes de que se instale el nuevo periodo, fue la asambleísta por Los Ríos, Mónica Salazar, que luego apareció con el ministro de Gobierno, José De La Gasca y muchas veces opera por ADN para convencer a otros legisladores, cuando las votaciones se ponen difíciles.
También, se alejó de la línea correísta el legislador Sergio Peña que primero fue propuesto por ADN para integrar el CAL, luego el Comité de Ética y que votó a favor del primer y segundo informe de la Ley de Solidaridad Nacional. El correísmo decidió su expulsión.
Camino similar siguió el legislador electo por Galápagos, David Arias, que aunque también votó por el primer y segundo informe de la Ley de Solidaridad Nacional no fue sacado, en primera instancia. La gota que derramó el vaso y causó su expulsión fue su apoyo a la Ley de Inteligencia.
7Primera sanción administrativa
A eso se suma que el viernes 13 de junio, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) impuso una sanción de 30 días de suspensión, sin remuneración, para el legislador Ronal González, de RC.
¿La causa? Una queja de la asambleísta de ADN, Diana Jácome, que lo acusó de haber cometido una infracción administrativa grave.
Esto, porque el 26 de mayo, el correísta llegó a la Asamblea con un megáfono y se ubicó en los exteriores del Pleno y emitió frases como «¿sí me escuchas, sinvergüenza?».
Esa fue la forma en la que González intentaba protestar contra Olsen al que acusa de haberles relegado y no darles la palabra en los debates del Pleno de la Asamblea.
Incluso, parte de la bancada correísta interpuso una acción de protección contra el presidente de la Asamblea con la que pretendían que un juez deje sin efecto la sesión en la que se integró el CAL, llame a una nueva sesión y exija que se permita hablar a RC.
El 12 de junio, el juez Santiago Altairano declaró improcedente el reclamo de la Revolución Ciudadana y ratificó lo actuado por el Pleno de la Asamblea en la sesión inaugural del 14 de mayo. Fuente: Primicias
Nacionales
El legislador Ronal González suspendido por incidentes en la Asamblea

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) suspendió a Ronal González, legislador por la Revolución Ciudadana (RC), por provocar incidentes en la Asamblea Nacional.
El asambleísta del correísmo estará suspendido por el lapso de 60 días y sin sueldo. Durante ese tiempo, se principalizará a su suplente, Angélica Cabrera, según El Universo.
¿Qué incidentes hubo en la Asamblea?
Diana Jácome, legisladora del partido oficialista ADN, presentó una denuncia en contra de González, quien irrumpió en el Palacio Legislativo con un megáfono.
“Sí me escuchas, sinvergüenza” le dijo a otro asambleísta. El hecho se registró en la sesión plenaria del pasado 26 de mayo.
Días antes, el legislador de la RC señaló que el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, no permitía hablar a asambleístas de otras bancadas y adelantó que compraría megáfonos para que le otorguen la palabra.
La normativa legal y las sanciones
En la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 171, se establecen como faltas administrativas muy graves a:
- Provocar incidentes violentos o instigación a la violencia en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa o las comisiones especializadas.
- Expresarse con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de la Administración Legislativa y de las comisiones especializadas.
En la norma además se explica que estas y otras faltas serán sancionadas con la suspensión sin remuneración y de 31 a 90 días. Fuente: El Telégrafo
Nacionales
Caso ‘Vidrio Libre’: Dictan medidas cautelares contra una exjueza, un exfiscal y dos abogados vinculados a la trama

El juez que lleva el caso denominado «Vidrio Libre«, en el que se investiga el supuesto cometimiento del delito de asociación ilícita, dictó una prohibición de salida del país y presentaciones periódicas para el exfiscal Víctor Hugo A., la exjueza Anabel T., y los abogados Cristhian P. y Edison L.
El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, también se encuentra entre los procesados como presuntos autores directos, pero el magistrado no ordenó medidas cautelares en su contra durante la audiencia de formulación de cargos dado que ya se encuentra encarcelado provisionalmente por su vinculación a una trama de delincuencia organizada.
Según la Fiscalía General del Estado, el caso «Vidrio Libre» investiga una presunta asociación entre exfuncionarios y abogados con el objetivo de lograr la «liberación ilegítima» del exvicepresidente de la República, Jorge Glas, «evadiendo la acción de la justicia».
«Como parte del plan, Wilman T. (Terán) habría mantenido reuniones con el entonces juez Emerson C. en el domicilio de la exjueza Anabel T., donde le solicitó que emita una medida que permita la excarcelación de Jorge G., ofreciéndole a cambio el archivo de todos sus expedientes disciplinarios para evitar su destitución, así como un supuesto ‘blindaje’ desde el gobierno«, informó el Ministerio Público.
La entidad agregó que aquella supuesta negociación habría contado con el respaldo del entonces fiscal de Santo Domingo, Víctor Hugo A., quien –según la investigación– habría pedido que se proceda con la medida, ya que el abogado Edison L. garantizaría la nula reacción institucional por parte del SNAI.

«Posteriormente, Wilman T. habría redactado la acción constitucional de medida cautelar, mientras que Anabel T. presuntamente coordinó el sorteo en la Unidad Judicial de Santo Domingo, y el patrocinio, presentación y tramitación estuvo a cargo del abogado Cristhian P.«, precisó la Fiscalía en el marco de la audiencia.
Todo ello devino en que Christian P. presentara la demanda constitucional en beneficio del exvicepresidente en el cantón Santo Domingo, la cual fue sorteada al despacho del juez Emerson C., quien, el 28 de noviembre del 2022, ordenó que Glas saliera de prisión y que recibiera medidas cautelares.
Glas, sobre quien aún pesan dos condenas previas por corrupción, ha estado bajo prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad “La Roca”, situada en la ciudad de Guayaquil, desde que fue detenido nuevamente al interior de la Embajada de México en Quito, en abril del año pasado, luego de haber recibido asilo diplomático. Fuente: Vistazo
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