Lundin Gold, empresa canadiense operadora de Fruta del Norte, ingresó por primera vez al top 100 del ranking Merco de empresas con mejor reputación del Ecuador en su primera década de presencia en el país. Además, alcanzó el primer lugar en el sector minero, un doble hito que consolida su liderazgo en la industria y evidencia la madurez de un modelo de gestión alineado con estándares de transparencia, responsabilidad y excelencia. Merco evalúa, a través de una rigurosa metodología, la percepción de líderes empresariales, analistas, periodistas especializados, academia, ONG, consumidores y otros grupos de interés, lo que refuerza la legitimidad y alcance de este resultado.

“Figurar en el top 100 de este ranking con solo seis años de operaciones en el país es un logro especialmente significativo considerando el modelo Business to Business de nuestro giro de negocio. Este resultado en Ecuador es reflejo de nuestra sólida Estrategia de Sostenibilidad y de los impactos positivos que ha generado de manera consistente a lo largo de los años. Esta Estrategia está construida sobre una serie de alianzas que permite que nuestros grupos de interés conozcan a fondo la forma en la que trabajamos.”, señaló Juan José Herrera, director de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold.

La presencia de Lundin Gold en este reconocido monitor internacional demuestra la coherencia entre su desempeño operacional, su filosofía corporativa y su Estrategia de Sostenibilidad.

Morona, Santiago — En una entrevista en un medio digital de Macas, la abogada Mónica Jaramillo, especialista en derecho electoral y defensa técnica de autoridades locales, informó a la ciudadanía sobre el proceso de remoción que enfrentan la vicealcaldesa y tres concejales del cantón Morona. El caso, activado a partir de denuncias ciudadanas y una acusación de supuesta arrogación de funciones en territorio perteneciente al cantón Sevilla Don Bosco, ha generado amplias reacciones en la provincia.

Según explicó la abogada Jaramillo, las denuncias que buscan la remoción de las autoridades municipales no fueron presentadas por el exconsejero destituido Juan Escobar Guarderas, como se ha difundido públicamente, sino por Jorge Paucar Heredia y por el GAD Municipal de Sevilla Don Bosco, en tres acciones distintas:

• Una contra los tres concejales.

• Otra contra la vicealcaldesa y los concejales.

• Y una tercera exclusivamente contra la vicealcaldesa.

El eje de las denuncias se basa en varias resoluciones adoptadas por el Concejo Municipal en noviembre de 2025, entre ellas, las resoluciones 9.16, 9.20 y 9.27— relacionadas con cupos y regulación de taxis en el cantón Morona.

Un proceso con tintes políticos y vicios de procedimiento

La defensa sostiene que el proceso presenta vicios sustanciales, especialmente en la convocatoria a la Comisión de Mesa, las excusas presentadas, la principalización de vocales, y elementos de procedimiento que son obligatorios conforme al artículo 336 del COTAD.

Jaramillo recordó que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha sido claro en varias absoluciones de consulta entre 2023 y 2025: la mayoría de procesos de remoción en el país no han prosperado por fallas procedimentales y por su evidente carácter político.

“Macas es la nueva víctima de una narrativa de conmoción”

La abogada cuestionó la presencia en el cantón del exconsejero Guarderas, a quien señaló por “vender humo” y generar una narrativa que confunde a la ciudadanía, sin tener legitimidad ni participación formal en las denuncias.

“Una persona que no pertenece al cantón ni eligió a las autoridades no puede venir a imponer una agenda política. La remoción debe basarse en hechos verificables, no en espectáculos mediáticos”, afirmó.

Requisitos para la remoción y votación necesaria

Jaramillo precisó que la remoción no es lo mismo que una destitución y que únicamente puede concretarse mediante:

• Una denuncia ciudadana debidamente fundamentada y reconocida ante notario.

• La tramitación del proceso por parte de la Secretaría del Concejo Municipal y la Comisión de Mesa.

• La votación del Concejo Municipal, que requiere las dos terceras partes, es decir, cuatro votos.

En caso de que el Concejo apruebe la remoción, la abogada informó que se recurrirá al Tribunal Contencioso Electoral para solicitar una absolución de consulta, mecanismo que ha revertido múltiples decisiones en el país por incumplir garantías y solemnidades legales.

Expectativa jurídica

“Honesta y jurídicamente esperamos que estas denuncias no pasen de la Comisión de Mesa y sean archivadas. Si llegaran al pleno, sustentaremos con pruebas que no existe incumplimiento de funciones”, declaró.

Llamado a la ciudadanía

Para finalizar, Jaramillo exhortó a la comunidad a informarse con rigor jurídico y a no permitir que intereses externos afecten la institucionalidad del cantón:

“La remoción es un mecanismo ciudadano que debe ejercerse con legitimidad, fundamentos técnicos y responsabilidad democrática. Cuando hay tintes políticos y no bases jurídicas, estos procesos no prosperan y solo generan inestabilidad en la gestión pública.”

Katy Bustos, madre de dos de las víctimas del caso Malvinas, cuenta que su hijo Josué Arroyo, de 14 años, soñaba con ser militar y vestir el uniforme camuflado de las Fuerzas Armadas. Pero fueron los uniformados a los que admiraba los presuntos responsables de su desaparición, en medio de una serie de revelaciones sobre insultos racistas, golpes y disparos durante la detención.

«Tengo una niña de nueve años que todas las noches pasa llorando, me dice ‘mamá, ¿por qué los militares le hicieron todo eso a mis hermanos?’”, señaló Bustos tras una reciente audiencia por la revisión de un habeas corpus en la Corte Constitucional.

El caso deja una estela de dolor irreparable en las familias. “Nos han destruido la vida. Yo tampoco soy la misma de antes. Necesitamos saber la verdad, por qué lo hicieron”, agrega Bustos.

Este lunes 8 de diciembre de 2025 se cumple un año de la desaparición de los cuatro menores del barrio Las Malvinas. Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, desaparecieron luego de ser interceptados -tras un supuesto robo- por dos patrullas militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, al sur de Guayaquil.

Las versiones recogidas en el proceso indican que habrían sido abandonados por los militares a oscuras, heridos y sin ropa, en un camino de tercer orden en un área rural de Taura, a dos kilómetros del centro parroquial. Dieciséis días después, sus restos fueron encontrados calcinados en un paraje aislado y de difícil acceso en esa misma parroquia rural de Naranjal, en la provincia del Guayas.

Entre actos de memoria y la reinstalación del juicio
Las familias y organizaciones de Derechos Humanos organizan una serie de actos de memoria al conmemorarse un año de la desaparición, que incluyen caminatas, marchas y vigilias en el barrio Las Malvinas y en el punto de aprehensión, la tarde y noche de este lunes 8 de diciembre de 2025.

En una ceremonia simbólica de reparación, a las 17:00, el parque de la ciudadela Coviem será rebautizado con el nombre de ‘Los cuatro niños de Las Malvinas’. Se trata del parque donde las víctimas jugaron fútbol por última vez, antes de retomar el camino a casa, que terminó con su detención a las afueras de un conocido centro comercial del sector.

El primer aniversario de la desaparición de los menores coincide con el juicio contra 17 militares en su etapa final, cerca al veredicto tras el cierre formal de la etapa de prueba, y luego de 12 jornadas de audiencia desarrolladas a lo largo del último mes, desde el 5 de noviembre.

El Tribunal Penal de Guayaquil que conoce el caso convocó a la reinstalación de audiencia para este lunes 8 y martes 9, cuando se tiene previsto escuchar los alegatos finales -etapa en la que defensa, Fiscalía y los abogados de las familias de las víctimas presentarán sus conclusiones-.

Pero se trata de un juicio que valora solo el presunto delito de desaparición forzada, mientras que el caso de secuestro con resultado de muerte sigue en etapa de sustentación en Fiscalía y registra poco avance a un año de los hechos, según Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas.

Un año de investigaciones
El voluminoso expediente fiscal del caso lo integran 50 carpetas y alrededor de 5.000 páginas. Se trata de un acervo documental que recoge testimonios, reconstrucciones de hechos, informes antropológicos y forenses, videos de cámaras públicas y privadas, pericias sobre los restos, cuerdas y prendas parcialmente carbonizadas y declaraciones que muestran la secuencia de la detención.

Las pruebas documentales han sido matizadas y enriquecidas durante las declaraciones e interrogatorios a peritos, testigos y procesados durante las audiencias de juicio, iniciadas el 5 de noviembre de 2025. A continuación algunas de las principales revelaciones del proceso: