Nacionales
IESS recupera otros 52.000 afiliados y ya suma 3’672.611
Casi 50.000 personas más encontraron un trabajo formal en los últimos cuatro meses y lograron firmar un contrato. Y son estos trabajadores con relación de dependencia los que hacen que las afiliaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) lleguen a 3′672.611 a poco de cerrar este 2021 y se mantengan en recuperación después de los graves efectos de la pandemia del COVID-19.
El Seguro Social reporta que hasta noviembre pasado de esos 3,6 millones de afiliados activos, el 67,7 % corresponde a quienes tienen una relación de dependencia: 2′485.090.
| Afiliados a noviembre 2021 | |
|---|---|
| Relación de dependencia | 2′485.090 |
| Independientes | 279.407 |
| Trabajo no remunerado del hogar | 332.894 |
| Voluntarios | 202.347 |
| Seguro Social Campesino | 372.873 |
| Total de afiliados activos | 3′672.611 |
Al inicio de la pandemia, en marzo del 2020, y cuando se decretó el confinamiento en el país, los afiliados al IESS en relación de dependencia eran 2′621.057. En seis meses, esta cifra cayó a 2′374.950. Es decir que se perdieron más de 246.100 de estas afiliaciones como consecuencia del cierre de empresas y la crisis no solo sanitaria, sino económica.
La Cámara de Comercio de Quito, en un análisis realizado a mediados de año con datos del IESS, detectó que “desde septiembre del 2020 hasta julio del 2021 se habían recuperado 61.106 afiliados con relación de dependencia, es decir, 24,8 %, del total de desafiliaciones por causa de la pandemia”.
Desde entonces se han ido sumando otros 49.034 nuevos afiliados activos a este grupo. Esto de julio a noviembre. Y la recuperación en el último año (de noviembre del 2020 a noviembre del 2021) bordea las 85.000 afiliaciones.
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A nivel general fueron 206.300 afiliados recuperados entre julio del 2020 y julio del 2021, impulsado más por las afiliadas no remuneradas del hogar pues 121.100 volvieron al sistema, además de unos 47.000 trabajadores con relación de dependencia y 30.000 voluntarios. Así los afiliados activos pasaron de 3′413.841 a 3′620.141.
Entre agosto, septiembre, octubre y noviembre de este año se han recuperado 52.470 afiliados más, el 93 % de ellos están en relación de dependencia (49.034) y el resto sin relación de dependencia (1.859) y voluntarios (4.388). Y así las afiliaciones en todos los grupos llegan a 3′672.611.
De esta forma se van compensando las afiliaciones perdidas en los tres primeros meses de la pandemia. Entonces –en marzo, abril y mayo del 2020– hubo 240.000 desafiliaciones reportadas por el IESS.
El Instituto de Estadística y Censos (INEC) también muestra una recuperación en las cifras de trabajo a noviembre.
El empleo pleno –donde se ubica a quienes ganan al menos el sueldo básico y trabajan 40 horas semanales– tiene una tasa de 33,7 %, 5,2 % más alta que hace un año, y en números representa que unas 500.000 personas adicionales tienen ahora condiciones laborales adecuadas. Mientras que el desempleo bajó de 5,6 % a 4,4 %, ambos indicadores presentan una “diferencia estadística significada”, indica la Encuesta Nacional de Empleos publicada el miércoles por el INEC. En cambio, el subempleo tuvo un ligero aumento en este último año, de 24,1 % a 24,5 %. (I) I Fuente: El Universo
Nacionales
La penalista María Ruiz alerta sobre riesgos de responsabilidad objetiva en Ecuador
En el marco de la segunda temporada del programa académico La Tertulia Jurídica, se desarrolló una destacada exposición de la jurista y abogada penalista María Ruiz, quien abordó el tema “La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prohibición de la responsabilidad objetiva en Derecho Penal”, generando un amplio análisis comparativo entre las legislaciones de Ecuador y España.
María Ruiz, profesional que ejerce la abogacía penal tanto en España como en Francia y que actualmente desarrolla estudios doctorales (PhD) en Ecuador, explicó que la responsabilidad penal corporativa constituye uno de los debates más complejos y relevantes dentro del derecho penal contemporáneo, especialmente en países latinoamericanos donde la regulación aún se encuentra en proceso de consolidación.
Durante su intervención, la especialista sostuvo que el principio de culpabilidad representa uno de los pilares fundamentales del Derecho Penal moderno, destacando que dentro de este se incluyen subprincipios esenciales como la personalidad de las penas, la responsabilidad por el hecho, la imputación personal y la prohibición de la responsabilidad objetiva.
“La gran problemática jurídica radica en determinar si el principio de culpabilidad puede aplicarse plenamente a las personas jurídicas, considerando que estas carecen de voluntad propia y constituyen una ficción legal”, señaló la jurista.
En su exposición, Ruiz explicó que existen dos grandes corrientes doctrinarias respecto a este debate. Por una parte, sectores académicos consideran que el principio de culpabilidad no puede trasladarse íntegramente a las empresas, debido a la estrecha relación que este mantiene con la dignidad humana. Por otra, una corriente mayoritaria sostiene que, al imponerse sanciones penales a las personas jurídicas, necesariamente deben aplicarse también las garantías fundamentales del Derecho Penal.
La jurista analizó además la regulación vigente en España, particularmente el artículo 31 bis del Código Penal Español, así como el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, enfatizando que ambos sistemas jurídicos buscan establecer mecanismos de atribución de responsabilidad penal para empresas y organizaciones.
En este contexto, María Ruiz advirtió sobre los riesgos de incurrir en modelos de responsabilidad objetiva, especialmente cuando no se exige de forma clara la demostración de dolo, culpa o incumplimiento de deberes de control dentro de las organizaciones empresariales.
“La responsabilidad penal de las personas jurídicas no puede sustentarse únicamente en la transferencia automática del delito cometido por una persona física hacia la empresa; debe existir siempre prueba del incumplimiento de deberes de supervisión, vigilancia y control”, explicó.
Uno de los puntos centrales de la conferencia fue el análisis del denominado “defecto de organización”, entendido como la ausencia de mecanismos adecuados de prevención y control dentro de las empresas, aspecto que —según la especialista— constituye el núcleo esencial para atribuir responsabilidad penal corporativa.
Asimismo, Ruiz abordó las diferencias existentes entre los sistemas de imputación penal en España y Ecuador, señalando que la normativa ecuatoriana aún presenta vacíos interpretativos que podrían generar riesgos de vulneración al principio de culpabilidad y a la prohibición de responsabilidad objetiva.
La académica también analizó figuras jurídicas como el enriquecimiento ilícito y el enriquecimiento privado no justificado contemplados en el COIP ecuatoriano, indicando que ciertas interpretaciones podrían trasladar indebidamente la carga de la prueba hacia el acusado, afectando garantías fundamentales del debido proceso.
Durante el programa, la jurista destacó la importancia de fortalecer los sistemas corporativos y de implementar adecuados modelos de supervisión interna dentro de las empresas, con el objetivo de prevenir conductas delictivas y garantizar el respeto a los principios constitucionales del Derecho Penal.
El espacio académico permitió además abrir el debate sobre la necesidad de desarrollar una doctrina más sólida en Ecuador respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tomando como referencia la experiencia europea y la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo Español.
La participación de María Ruiz en La Tertulia Jurídica fue valorada como un importante aporte académico para estudiantes, profesionales del Derecho, jueces y ciudadanía interesada en la evolución del Derecho Penal corporativo en Ecuador y Latinoamérica.
Nacionales
Condenan a siete años de prisión para exalcalde de Taisha por enriquecimiento ilícito
La Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado sentenció a siete años de prisión a Cergio Ayuy, exalcalde del cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, al encontrarlo culpable del delito de enriquecimiento ilícito en calidad de autor directo. La decisión fue notificada la tarde de este viernes 3 de julio de 2026.
Asimismo, deberá pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados, fijada en USD 6.800, de acuerdo con el salario básico vigente en 2014.
Fiscalía sostuvo que existió un incremento patrimonial injustificado
De acuerdo con la acusación, el entonces alcalde presentó al inicio de su administración, el 14 de mayo de 2014, una declaración patrimonial juramentada en la que reportó bienes por USD 18.900.
Sin embargo, durante el ejercicio de sus funciones no presentó las declaraciones patrimoniales periódicas exigidas por la normativa, ni tampoco las correspondientes al cierre de sus administraciones en 2016 y 2019.
Tras el análisis financiero, el Ministerio Público concluyó que el incremento patrimonial sin justificación ascendió a USD 312.958.
Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó testimonios de auditores de la Contraloría General del Estado, funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), personal de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y peritos que participaron en la pericia contable y en el reconocimiento del lugar de los hechos.
Nacionales
Gobierno anuncia proyecto habitacional para afectados por el aluvión en Zamora
El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, quien es presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), informó que el Gobierno planea ejecutar un proyecto habitacional para las familias afectadas por el aluvión en la parroquia Guadalupe, del cantón Zamora.
La zona amazónica resultó gravemente afectada tras el desbordamiento de un río, que se llevó todo lo había a su paso: casas, autos, plantaciones y personas.
Según el último reporte de la Secretaría de Riesgos, hay al menos cinco fallecidos y 10 desaparecidos, entre ellos la gobernadora de Zamora Chinchipe, Ivonne Panchi.
Por ello, anunció que el Gobierno planea hacer un proyecto habitacional, pero aclaró que primero se levantará información del número exacto de víctimas y luego se buscará un terreno.
A nivel sanitario, el ministro aseguró que se van a trasladar ciertos insumos médicos que estaban haciendo falta en Zamora y Loja, donde funciona un hospital regional.
Mientras tanto, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, mencionó que los afectados también recibirán bonos y otros estímulos, una vez que tengan la data total de afectados.

Militares ayudan en rescate de víctimas
Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, informó que desde ayer se han desplazado varios equipos especializados de militares para ayudar en la búsqueda y rescate de víctimas.
Además, en la zona hay tres helicópteros para el traslado de kits y medicinas.
Por su parte, la Secretaría de Riesgos detalló que hay 300 familias afectadas, las cuales recibirán ayuda humanitaria. Fuente: Vistazo
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