Las provincias donde se extrae petróleo suelen concentrar una de las principales paradojas del país: generan gran parte de los ingresos nacionales, pero muchas comunidades aún enfrentan carencias en servicios básicos. En este contexto, el gobierno informó que ha destinado USD 111,3 millones en inversión social para ejecutar obras en territorios con influencia hidrocarburífera.

Nueve provincias reciben inversión social

Los recursos fueron canalizados a través de Petroecuador mediante convenios de compensación social y cooperación institucional.

Las provincias beneficiadas son:

• Cañar
• Esmeraldas
• Santa Elena
• Sucumbíos
• Orellana
• Napo
• Guayas
• Loja
• El Oro

Según la empresa pública, los proyectos responden a necesidades identificadas en comunidades cercanas a las operaciones petroleras.

Agua potable, salud y vialidad entre las prioridades

La inversión se concentró en infraestructura considerada esencial para las comunidades. Entre las obras ejecutadas constan:

• Sistemas de agua potable
• Obras de saneamiento ambiental
• Infraestructura vial
• Espacios recreativos
• Centros y servicios de salud
• Obras comunitarias

El objetivo es mejorar el acceso a servicios básicos y fortalecer las condiciones de vida en zonas urbanas y rurales.

El papel de Petroecuador

La empresa sostiene que la inversión busca generar beneficios de largo plazo.

Sebastián Maag Pardo, gerente general de Petroecuador, señaló que la estrategia social debe ir más allá de una compensación económica.

«La gestión social no puede limitarse a una compensación económica; debe traducirse en obras útiles, en servicios que permanezcan y en proyectos que respondan a necesidades reales de la población», afirmó.

El funcionario explicó que la empresa busca mantener una relación más cercana con las comunidades donde desarrolla actividades operativas.

Una estrategia vinculada a territorios petroleros

La inversión forma parte de los mecanismos de compensación social que históricamente han acompañado a la actividad hidrocarburífera.

Estos programas buscan generar beneficios directos en territorios que conviven con infraestructura petrolera y que, en muchos casos, enfrentan desafíos relacionados con acceso a servicios básicos e infraestructura pública.

Contexto

Las provincias amazónicas de Sucumbíos, Orellana y Napo concentran gran parte de la producción petrolera nacional, mientras que Esmeraldas alberga la principal refinería del país. Santa Elena, Guayas, El Oro, Loja y Cañar también mantienen infraestructura estratégica relacionada con el sector energético.

La inversión social en zonas petroleras forma parte de los mecanismos que buscan redistribuir parte de los beneficios generados por la actividad hidrocarburífera hacia las comunidades de influencia.

La investigación sobre los autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio ha entrado en una fase judicial decisiva.

Finalmente, para este viernes 5 de junio de 2026 está convocada la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, en la cual se revisarán las pruebas recogidas por la Fiscalía y se decidirá quiénes van a juicio por ordenar el asesinato de Villavicencio, el 9 agosto de 2023, en Quito.

José Serrano, exministro del Interior del correísmo; Ronny Aleaga, exasambleísta del movimiento Revolución Ciudadana; Xavier Jordán, y Daniel Salcedo, vinculado a casos de corrupción y crimen organizado, son los procesados por ese caso.

En medio de esta coyuntura, el miércoles 3 de junio de 2026, rindió su testimonio anticipado Rodney Rengel, el expolicía que se dio a conocer como investigador del caso León de Troya, el cual rastreaba supuestos nexos de personas cercanas al Gobierno de Guillermo Lasso con el crimen organizado. Aquella investigación había sido archivada inicialmente.

Sin embargo, el caso León de Troya volvió al centro del debate público tras la filtración del informe policial. La crisis política que desencadenó llevó a que, en mayo de 2023, el entonces presidente Lasso decretara la muerte cruzada, una decisión que puso fin a su mandato de forma anticipada y dio paso a elecciones extraordinarias (en ellas, Villavicencio participó como candidato hasta su asesinato).

El arresto de Rengel y las filtraciones
El 18 de diciembre de 2025, Rodney Rengel fue retenido y procesado penalmente por el delito de difusión de información de circulación restringida. No recibió prisión preventiva; salió libre.

Rengel fue procesado por la investigación que presume su responsabilidad en la filtración del expediente reservado del caso León de Troya.

Las autoridades policiales y judiciales investigan si Rengel extrajo y entregó de manera ilegal dicho informe reservado a Andersson Boscán de La Posta, a quien el expolicía tenía registrado en sus comunicaciones bajo el alias de ‘Amigo Bryan’.

Durante el operativo de retención de Rengel, los agentes incautaron tres dispositivos móviles, incluyendo equipos de marcas Infinix y Samsung, junto con un iPhone 16 que el propio expolicía entregó voluntariamente.

La explotación forense de estos terminales telefónicos reveló que el exoficial no solo filtraba documentos, sino que supuestamente formaba parte de una red dedicada a comercializar datos sensibles.

Nexos políticos y el caso Magnicidio FV
La extracción de datos de los teléfonos incautados evidenció un plan estructurado para supuestamente entorpecer y desvirtuar la investigación de la Fiscalía sobre el asesinato de Fernando Villavicencio.

Las pericias demostraron que Rengel utilizaba en WhatsApp el alias de ‘Julián’ y que se comunicaba a través de correo electrónico con la cuenta uctcirodney@gmail.com.

En su libreta de contactos mantenía una vía de comunicación directa con el exasambleísta prófugo Ronny Aleaga, uno de los procesados como presunto autor intelectual del asesinato de Villavicencio, a quien tenía guardado bajo la identidad falsa de ‘Roberto Arce’.

Asimismo, la información extraída ratificó que Rengel realizó un viaje hacia Venezuela con el propósito exclusivo de mantener reuniones presenciales con Aleaga.

El hallazgo más contundente fue la recuperación de grabaciones clandestinas identificadas como «Nueva grabación 39» y «40», en las que se registra una reunión del buró de la Revolución Ciudadana (RC).

En esa cita interactuaron el expresidente Rafael Correa, Ronny Aleaga, Freddy Carrión, Priscila Schettini, Suad Manssur, Patricio Pacheco, Juan Andrés González y el propio Rengel. Una pericia de cotejamiento de voces ratificó la participación de todos los personajes.

Además, en el expediente se agregaron fotografías de Rengel junto a Rafael Correa y junto a José Serrano, lo que llevó a los investigadores a concluir contactos presenciales con los dos políticos.

La transcripción detalla cómo los participantes planificaban la generación de una campaña en redes sociales como un mecanismo de defensa para deslegitimar el avance de las investigaciones del caso Magnicidio FV, que involucra a figuras como Aleaga y al exministro Serrano.

En los audios, los interlocutores decían que el caso de Villavicencio era un falso positivo armado por la exfiscal Diana Salazar y destacaban que Rengel, gracias a su experiencia policial, era la pieza perfecta para ayudarles a estructurar la defensa.

Como parte de esta estrategia, Rengel habría inventado una narrativa falsa relacionada con el informe policial del caso Acrópolis, que involucra a la célula de Los Lobos que fue sentenciada como parte de los autores materiales del asesinato de Villavicencio.

El expolicía entregó a miembros del correísmo un reporte afirmando que existían escuchas telefónicas que advertían sobre el atentado contra Villavicencio en el colegio Anderson, intentando culpar a la Policía de negligencia.

Sin embargo, el investigador original del caso Acrópolis, en una versión por el caso Magnicidio FV, desmintió la existencia de dichas escuchas.

En su último testimonio, Rengel habría confesado que la información del caso Acrópolis se la dieron solo verbalmente, que nunca verificó los datos y que mintió para ganar protagonismo (y ‘confianza’) con la gente de Revolución Ciudadana. Fuente: Primicias

Los ocho cuerpos encontrados este 3 de junio en un sector de la vía Jujan-Babahoyo fueron identificados como los jóvenes que permanecían desaparecidos desde finales de mayo, según confirmaron sus familiares tras las diligencias realizadas por las autoridades.

La identificación se efectuó en el Laboratorio de Criminalística de Guayaquil, ciudad a la que fueron trasladados los cadáveres luego de su hallazgo en el sector Las Cañitas, ubicado entre las provincias de Guayas y Los Ríos.

Los jóvenes habían sido reportados como desaparecidos desde el 31 de mayo de 2026, fecha en la que salieron desde Daule con destino a Milagro.

El grupo tenía previsto realizar diligencias relacionadas con documentos de una motocicleta. Sin embargo, tras emprender el viaje, sus familiares dejaron de tener contacto con ellos.

LEA TAMBIÉN

Policía revela cómo ocurrió el violento asalto en un supermercado de Quito que dejó un trabajador muerto1 de junio de 2026

Inicialmente, la Fiscalía General del Estado informó que investigaba si los cuerpos encontrados correspondían a los jóvenes desaparecidos y señaló que, junto con la Policía Nacional, se ejecutaron las labores de levantamiento de indicios y procesamiento de la escena.

Fotografía que muestra a familiares reaccionando ante la identificación de los fallecidos a las afueras del centro forense. (César Muñoz / API)

Crisis de violencia

Antes de que se confirmara la identidad de las víctimas, familiares y allegados protagonizaron jornadas de protesta para exigir avances en la búsqueda y una respuesta de las autoridades sobre el paradero de los jóvenes.

Las manifestaciones se desarrollaron mientras continuaban las labores de rastreo e investigación para determinar qué ocurrió durante el trayecto entre Daule y Milagro.

El caso ocurre en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, país que se encuentra bajo una declaratoria de conflicto armado interno desde inicios de 2024, en cuyo marco el presidente Daniel Noboa calificó como organizaciones terroristas a una veintena de grupos de delincuencia organizada.

Pese a esas acciones, la violencia continúa siendo uno de los principales desafíos del país. Según cifras oficiales, Ecuador cerró 2025 con alrededor de 9.300 homicidios, el registro anual más alto reportado hasta ahora. Fuente: Vistazo