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IESS recupera otros 52.000 afiliados y ya suma 3’672.611

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Casi 50.000 personas más encontraron un trabajo formal en los últimos cuatro meses y lograron firmar un contrato. Y son estos trabajadores con relación de dependencia los que hacen que las afiliaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) lleguen a 3′672.611 a poco de cerrar este 2021 y se mantengan en recuperación después de los graves efectos de la pandemia del COVID-19.

El Seguro Social reporta que hasta noviembre pasado de esos 3,6 millones de afiliados activos, el 67,7 % corresponde a quienes tienen una relación de dependencia: 2′485.090.

Tasa de quirografarios se reducirá del 14 % al 11 % desde la primera semana de enero, anuncia el presidente del IESS

Afiliados a noviembre 2021
Relación de dependencia2′485.090
Independientes279.407
Trabajo no remunerado del hogar332.894
Voluntarios202.347
Seguro Social Campesino372.873
Total de afiliados activos3′672.611

Al inicio de la pandemia, en marzo del 2020, y cuando se decretó el confinamiento en el país, los afiliados al IESS en relación de dependencia eran 2′621.057. En seis meses, esta cifra cayó a 2′374.950. Es decir que se perdieron más de 246.100 de estas afiliaciones como consecuencia del cierre de empresas y la crisis no solo sanitaria, sino económica.

Aumento de afiliados es una primera señal de recuperación económica y fuentes de empleo en Ecuador, dicen expertos; pero aún ven lejano volver a los niveles de 2019

La Cámara de Comercio de Quito, en un análisis realizado a mediados de año con datos del IESS, detectó que “desde septiembre del 2020 hasta julio del 2021 se habían recuperado 61.106 afiliados con relación de dependencia, es decir, 24,8 %, del total de desafiliaciones por causa de la pandemia”.

Desde entonces se han ido sumando otros 49.034 nuevos afiliados activos a este grupo. Esto de julio a noviembre. Y la recuperación en el último año (de noviembre del 2020 a noviembre del 2021) bordea las 85.000 afiliaciones.

A nivel general fueron 206.300 afiliados recuperados entre julio del 2020 y julio del 2021, impulsado más por las afiliadas no remuneradas del hogar pues 121.100 volvieron al sistema, además de unos 47.000 trabajadores con relación de dependencia y 30.000 voluntarios. Así los afiliados activos pasaron de 3′413.841 a 3′620.141.

Entre agosto, septiembre, octubre y noviembre de este año se han recuperado 52.470 afiliados más, el 93 % de ellos están en relación de dependencia (49.034) y el resto sin relación de dependencia (1.859) y voluntarios (4.388). Y así las afiliaciones en todos los grupos llegan a 3′672.611.

De esta forma se van compensando las afiliaciones perdidas en los tres primeros meses de la pandemia. Entonces –en marzo, abril y mayo del 2020– hubo 240.000 desafiliaciones reportadas por el IESS.

Alza de los mínimos sectoriales será del 6,25 % y puede ser mucho mayor que $ 25, dependiendo del salario

El Instituto de Estadística y Censos (INEC) también muestra una recuperación en las cifras de trabajo a noviembre.

El empleo pleno –donde se ubica a quienes ganan al menos el sueldo básico y trabajan 40 horas semanales– tiene una tasa de 33,7 %, 5,2 % más alta que hace un año, y en números representa que unas 500.000 personas adicionales tienen ahora condiciones laborales adecuadas. Mientras que el desempleo bajó de 5,6 % a 4,4 %, ambos indicadores presentan una “diferencia estadística significada”, indica la Encuesta Nacional de Empleos publicada el miércoles por el INEC. En cambio, el subempleo tuvo un ligero aumento en este último año, de 24,1 % a 24,5 %. (I) I Fuente: El Universo

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Extradición y detención de José Serrano genera reacciones

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La reciente deportación desde Estados Unidos e ingreso a prisión del exministro del Interior de Rafael Correa, José Serrano, ha generado un fuerte eco en el escenario político y social de Ecuador. Entre las voces más contundentes tras su reclusión en la cárcel El Encuentro se encuentran las de Amanda Villavicencio y Patricia Ochoa, figuras emblemáticas que han liderado por años la búsqueda de justicia en dos de los casos de magnicidio y ejecución extrajudicial más conmovedores del país.

Ambas mujeres coincidieron en que este hecho quiebra un largo ciclo de impunidad en el país.

Amanda Villavicencio: «Una gran victoria para el país»

Amanda Villavicencio, hija del asesinado excandidato presidencial Fernando Villavicencio, calificó la llegada de Serrano como un paso histórico. A través de un pronunciamiento emitido en sus redes sociales, donde recordó las denuncias de su padre contra el correísmo, se mostró firme frente al exfuncionario:

La Fiscalía General del Estado ha vinculado formalmente a Serrano como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, por lo que su retorno judicial al país representa la oportunidad clave para que responda directamente ante los tribunales por este crimen.

Patricia Ochoa: «Que pague por el daño que ocasionó»

Por su parte, Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela —excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana asesinado en 2010—, reaccionó de forma tajante ante el traslado del exministro:

«Que pague por el daño que ocasionó a muchos con su maldad», aseveró Ochoa, en una clara alusión a la gestión de Serrano y el manejo institucional que se le dio al caso de su esposo durante los años del correísmo.

Ochoa ha sostenido una batalla legal de más de una década para esclarecer el asesinato de su cónyuge, un crimen estrechamente ligado a las denuncias de corrupción sobre la adquisición de los helicópteros Dhruv.

La captura y posterior reclusión de José Serrano marca un hito para las familias de las víctimas del poder político en Ecuador. Activistas y defensores de derechos humanos han respaldado la postura de ambas mujeres, señalando que el proceso judicial que ahora enfrenta el exministro en suelo ecuatoriano determinará si las instituciones del Estado están listas para cerrar de forma transparente capítulos oscuros de la historia nacional reciente. (I)

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Familias de niños con autismo viven un calvario para conseguir cupos en escuelas privadas

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Mientras la mayoría de los padres y sus hijos se preparan para el inicio del año escolar, previsto para el 1 de septiembre de 2026, en el régimen Sierra-Amazonía, las familias de niños con autismo enfrentan una realidad muy dura. El regreso a clases es un verdadero calvario debido a las dificultades para encontrar un plantel que ofrezca las condiciones, el acompañamiento y las estrategias educativas que sus chicos necesitan.

Así lo vivió la riobambeña Bruna, de 32 años. Su hijo, Matías, fue diagnosticado con autismo grado 1 y enfrentó dificultades. Relata que los docentes de inicial y primero de básica sí fueron empáticos con el pequeño, hoy de siete años. El problema comenzó cuando llegó a segundo y tuvo una nueva profesora.

Durante ese año, Matías tenía dificultades para permanecer sentado durante toda la jornada, se levantaba de su puesto, se acercaba a las ventanas para observar las actividades de los estudiantes mayores y presentaba sensibilidad ante determinados sonidos, principalmente fuertes.

La madre sostiene que la docente no manejó adecuadamente estas situaciones y que, en lugar de aplicar estrategias de refuerzo positivo, recurría a llamados de atención y castigos. Ante eso, Bruna decidió buscar otra institución educativa. Desde abril comenzó a consultar opciones y llegó a cuatro colegios privados, pero ninguno aceptó a Joaquín.

Es muy difícil encontrar un plantel especializado. Muchos dicen que trabajan en inclusión, pero no saben lo que eso significa verdaderamente. Agrega que, durante los procesos de admisión, una de las primeras preguntas que recibe es si el niño tiene alguna condición.

“Automáticamente, cuando usted dice que sí la tiene, comienzan a ponerle todos los peros (en las escuelas)”.

Ecuavisa.com recopiló más de 20 casos en el perfil Padres de Niños con Autismo Ecuador en Facebook, cuyos testimonios coinciden en que conseguir un colegio se convierte en un calvario. “La educación es un derecho de todos los niños, pero cuando se trata de nuestros hijos, a veces siento que ese derecho se va rompiendo poco a poco entre la falta de recursos, preparación, acompañamiento y comprensión”, escribió una de las madres.

Un papá indicó que viven un viacrucis. Existen instituciones educativas en las que, desde que se les menciona TEA o autismo, automáticamente cambian la forma de brindar la información. Al final, terminan diciendo que no es posible porque los cupos están llenos. “Lo más penoso es que en sus estados de redes sociales y en sus propagandas se llenan y mencionan ser instituciones inclusivas”.

Para Vladimir Andocilla, director de la Asociación de Padres y Amigos para el Apoyo y la Defensa de los Derechos de las Personas con Autismo (Apada), las familias de niñas, niños y adolescentes con esa condición enfrentan barreras desde el momento en que buscan un cupo. Aunque la Constitución y la legislación ecuatoriana garantizan una educación inclusiva, todavía hay instituciones que seleccionan a sus estudiantes y excluyen a quienes consideran que van a necesitar más apoyos, adaptaciones curriculares o ajustes razonables.

La negativa casi nunca es directa, porque las autoridades saben que rechazar a un estudiante por su condición es discriminación. Por eso recurren a frases como “no tenemos cupos”, “nuestros docentes no están capacitados”, “el aula tiene demasiados estudiantes”, “aquí no va a poder adaptarse” o “es mejor buscar una institución especializada”. En otros casos, condicionan la matrícula a que la familia contrate y pague, de su bolsillo, un maestro sombra o acompañante.

Como padre de un adolescente autista, conozco de primera mano el dolor y la impotencia que dejan esas respuestas.

El problema no está en los hijos ni en su manera distinta de comunicarse, aprender o relacionarse, indica Andocilla. Está en un sistema que sigue esperando que sea el estudiante quien se adapte a un único modelo educativo, cuando debería ser la escuela la que se transforme para responder a la diversidad humana.

Dominic, un niño con autismo, no conseguía cupo en Napo

A Rocío se le hizo complicado conseguir escuela para su hijo, Dominic, de siete años, en Tena, la capital de la provincia del Napo. En una entrevista con Ecuavisa.com, contó que tenía la esperanza de encontrar una escuela particular, pero en la Amazonía no hay opciones para elegir. Buscó en tres planteles particulares y no obtuvo respuesta. “En la fiscal, por el simple hecho de que es parte principal de la educación, parte del Estado, creo que a regañadientes nos pudieron aceptar. Generalmente, no nos reciben”.

En un plantel particular le dijeron que era imposible aceptar a Dominic porque el cupo de niños ya estaba lleno y que solo trabajaban con un número específico de estudiantes, y que tener a otro infante iba a ser muy difícil.

En el otro, cuando hicimos la entrevista, nos dijeron que no podían aceptar porque los padres consideran que el autismo es una enfermedad contagiosa (…) Dentro de la particularidad se maneja una enseñanza como más personalizada y, aun así, no cumplió las expectativas para ellos, según nuestro hijo.

Ahora que Dominic está en una escuela pública, sigue las instrucciones y está al pendiente de las directrices del Ministerio de Educación.En ese contexto, en Ecuador, una nueva normativa de esa Cartera de Estado regula el ingreso del personal de apoyo externo a las instituciones educativas y reemplaza la figura conocida como profesor sombra por la de docente de apoyo externo. Con esto, los padres de niños con autismo no podrán ser los maestros sombra de sus hijos.

Educación aclaró que ningún padre de familia está obligado a contratar o pagar un acompañante y que ninguna institución educativa puede imponer un proveedor. Sin embargo, si una familia considera que su hijo necesita este apoyo individual, el costo del acompañante deberá ser asumido por esta.

En una publicación del noticiero de Televistazo, los colectivos de padres de niños con autismo cuestionaron esta situación y sostuvieron que, en el sistema fiscal, el Estado debe garantizar este tipo de acompañamiento. El Ministerio respondió que en las instituciones fiscales ya existen las Unidades Distritales de Apoyo.

No obstante, los progenitores aseguraron que estos servicios no sustituyen al profesor sombra, que acompaña de manera individual y permanente a un estudiante dentro del aula.

¿Qué deben hacer las familias cuando hay trabas?

Andocilla explica que primero hay que tener claro que la matrícula, los ajustes razonables y los apoyos educativos no son favores que una institución concede, sino derechos exigibles. Es fundamental presentar las solicitudes por escrito, exigir una respuesta motivada y conservar correos, mensajes, documentos y cualquier otro elemento que permita probar la negativa, el condicionamiento o la falta de atención.

Número de estudiantes con discapacidad por sexo y según tipo de discapacidad. Año lectivo 2025-2026

Tipo de discapacidad Masculino Femenino Total
Auditiva 1.006 22.004 2.163
Autismo 1.257 4.824 6.081
Intelectual 6.092 8.994 15.086
Motriz 2.369 3.123 5.492
Otras 412 863 1.275
Por síndromes 193 312 505
Retos múltiples-multidiscapacidades 549 830 1.379
Síndrome de Down 982 971 1.953
Sordo-ceguera 7 9 16
Visual 711 921 1.632

Fuente: Ministerio de Educación.

Si la institución insiste en mantener las barreras, corresponde presentar una denuncia ante el Distrito de Educación y pedir tanto la asignación del cupo como la adopción inmediata de los apoyos que el estudiante necesita. Y si aun así no hay una respuesta efectiva, la familia puede acudir a las autoridades zonales y nacionales del Ministerio de Educación, a la Defensoría del Pueblo y, cuando la vulneración sea grave o urgente, plantear una acción de protección.

Pero también es importante que las familias no enfrenten esto solas. El acompañamiento de organizaciones como Apada del Ecuador ayuda a entender la normativa, a documentar la vulneración y a sostener, emocionalmente, una lucha que suele ser agotadora. Defender los derechos de los hijos también significa organizarse, acompañar y convertir lo que vive cada familia por su lado en una causa colectiva.

El sistema educativo para niños con autismo

Desde la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural de 2021 han existido avances normativos importantes para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes autistas, entre ellos el Instructivo de Atención Educativa a Estudiantes dentro del Espectro Autista y el establecimiento obligatorio del Plan de Ambientación para la Inclusión. “Son instrumentos que reconocen algo que las familias sabemos desde hace tiempo: que hay que preparar progresivamente al estudiante, a la familia, a los docentes, a los compañeros y al entorno educativo para que la inclusión funcione de verdad”, precisa Andocilla.

El problema es que todavía hay una distancia enorme entre lo que dice la norma y lo que ocurre en las aulas de clase, acota el activista.

En la educación particular, una de las principales barreras sigue siendo el acceso: negativas de matrícula, supuesta inexistencia de cupos o exigencias económicas adicionales.

En la educación fiscal y municipal, en cambio, el problema se concentra en la permanencia, por la sobrecarga de estudiantes en las aulas, la insuficiente capacitación docente, la falta de equipos de apoyo y la ausencia de infraestructura que garantice accesibilidad física, comunicacional y sensorial. “Lo he visto de cerca, tanto en mi propia familia como acompañando a otras. Esa distancia entre la norma y la práctica se termina midiendo en años escolares perdidos”.

Educación debe controlar que sus propias normas se cumplan, particularmente en las instituciones privadas, y aplicar las medidas administrativas correspondientes cuando se niegue o se condicione el derecho a la educación. No basta con expedir instructivos y acuerdos ministeriales. Se necesita presupuesto, formación docente permanente, equipos multidisciplinarios suficientes, menos estudiantes por aula y entornos sensorialmente accesibles. La inclusión será real cuando el sistema deje de exigirle al estudiante autista que se adapte solo a la escuela, y sea el establecimiento educativo el que se transforme para garantizar su acceso, permanencia, aprendizaje, participación y desarrollo integral.

En ese contexto, las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión (UDAI) son equipos especializados del Ministerio de Educación que ofrecen acompañamiento psicopedagógico y pedagógico gratuito para facilitar la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales, como el autismo. Asimismo, los profesores de Apoyo a la Inclusión (DAI) del sistema educativo se encargan de hacer acompañamiento psicopedagógico y pedagógico a estudiantes con necesidades educativas especiales.

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SENAE alerta sobre nueva estafa con documentos falsos que exigen pagos a nombre de la Aduana

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El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) alertó sobre una nueva modalidad de estafa que utiliza documentos falsificados, logotipos y elementos de su imagen institucional para aparentar comunicaciones oficiales y solicitar pagos indebidos.

La advertencia fue emitida el sábado 29 de agosto de 2026, ante la circulación de notificaciones fraudulentas que podrían llegar a personas relacionadas o no con trámites aduaneros, encomiendas o compras de productos del exterior.

Según el Senae, los documentos fraudulentos utilizan el nombre y la imagen de la institución para generar confianza en las víctimas. De esta manera, los ciudadanos podrían creer que se trata de un cobro legítimo y realizar depósitos o transferencias.

La entidad aclaró que la utilización de logotipos o elementos gráficos de la Aduana no garantiza que una notificación sea auténtica. Por ello, recomendó desconfiar de mensajes que soliciten pagos mediante correos electrónicos, números telefónicos u otros medios que no correspondan a sus canales oficiales.

El riesgo puede alcanzar a quienes esperan paquetes, adquieren productos provenientes del extranjero o realizan trámites relacionados con mercancías ingresadas al país.

Esta no es la primera vez que la institución alerta sobre casos de suplantación. El pasado 9 de julio, el Senae informó sobre personas que utilizaban WhatsApp para hacerse pasar por funcionarios y ofrecer vehículos u otras mercancías mediante supuestas compras, subastas o remates.

En aquella modalidad, los estafadores solicitaban depósitos a cuentas particulares y también buscaban obtener documentos personales, información bancaria y otros datos de las víctimas.

El Senae recomienda comprobar directamente cualquier notificación antes de efectuar un pago. Para ello, los ciudadanos deben utilizar los canales oficiales de la institución y no los enlaces, números telefónicos o datos incluidos únicamente en el mensaje recibido.

La entidad ha señalado que los pagos correspondientes a liquidaciones o multas se realizan mediante instituciones del sistema financiero y utilizando el número de liquidación emitido por la autoridad aduanera. Los valores deben dirigirse a cuentas institucionales y no a cuentas personales.

Ante cualquier solicitud de dinero o información personal, especialmente si se exige actuar con rapidez, la recomendación es verificar primero su autenticidad y reportar los intentos de estafa a las autoridades correspondientes.

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