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Hubo señales previas a la masacre en la Penitenciaría del Litoral

Entre los internos de la Penitenciaría del Litoral ya se hablaba desde hacía días que venía un ataque de un grupo contra otro, pero el principal indicio llegó la madrugada del viernes: la policía detuvo a tres hombres que intentaban introducir a la prisión dos fusiles, cinco pistolas, tres granadas, cientos de cartuchos y hasta barras de dinamita.
Internos salieron de la cárcel para abastecerse de armas
La Policía reportó las capturas y el decomiso, y horas después reveló algo que dentro de la cárcel ya sabían los presos: los tres detenidos eran internos que pertenecen a alguna de las bandas que operan dentro y quienes salieron para abastecerse de armas.
Ya se conocía que habían armas dentro de la cárcel
Lo que pasó horas después sólo confirmó que ya había más armas dentro: la noche del viernes, se desató un ataque y enfrentamientos entre facciones rivales que se extendieron hasta la madrugada del sábado y que dejó al menos 61 reos fallecidos y 25 más heridos, en la más reciente masacre dentro del sistema penitenciario.
Reo revela lo que ocurrió antes del enfrentamiento
The Associated Press (AP) contactó a un preso en uno de los 12 pabellones que integran la prisión y habló sobre lo que ocurrió antes del enfrentamiento y cómo operan los distintos grupos para abastecerse de armas. La AP verificó la identidad del interno, quien pidió no ser identificado por temor a que lo maten.
Las autoridades tardaron varias horas el sábado para controlar la situación en la cárcel y utilizaron a 900 policías para entrar e intentar restablecer el orden en la Penitenciaría del Litoral.
En lo que va del año, al menos 334 internos han fallecidos en distintos enfrentamientos en la misma prisión. Antes del viernes, el ataque más mortal ocurrió en septiembre, cuando murieron 119 reos.
El recluso que habló con la AP está en la penitenciaria desde hace cinco años, pagando una condena de 25 por asesinato. Él asegura que no es miembro de ninguna de las bandas y que intenta mantenerse neutral.
Reo había escuchado del ataque al pabellón 2
Dijo que días antes ya se escuchaba entre los presos que otro ataque era inminente y que se decía que el blanco sería el pabellón dos y el conocido como “transitoria”, a donde llegan los nuevos internos y esperan a que haya espacio para acomodarlos. Y los dichos se cumplieron.
La balacera, aseguró, empezó a las siete de la noche del viernes y él se escondió debajo de su litera de cemento en un celda de unos ocho metros cuadrados y en la que permanecen 12 reclusos. Pidió no identificar el pabellón en el que él se encuentra para evitar que pudiera ser identificado.
Por algunos años y hasta el 2020, la Penitenciaría del Litoral fue controlada por la banda de los “Choneros”, pero tras el asesinato de su líder Jorge Luis Zambrano el año pasado, empezó una disputa interna por el control de la organización y se crearon varias facciones que ahora son señaladas como responsables de las masacres dentro de la cárcel.
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Reo dice que habrá otro ataque a otros pabellones
Las autoridades hablan de al menos seis facciones: los “Lobos”, “JR”, “Tiguerones”, del “Fito”, de “Samir” y “Ben10″. La policía no ha dicho qué grupo estaría detrás del ataque del viernes.
“Acá uno duerme con un ojo abierto”, dijo el reo a la AP. Y es que ahora, añadió, existe la versión de que en unos días atacarán a otros pabellones. “Quieren doblegar… y tener el control de las rutas del narcotráfico y del microtráfico”.
En la Penitenciaría del Litoral, dijo, “todo lo arreglan con matanza, extorsión. Si no cooperas te mueres, ellos deciden quién vive, quién muere, quién se hace rico”.
La Penitenciaría es un sitio diseñado para 5.000 internos, pero actualmente hay más de 8,500 presos. Ahí están detenidos los líderes de las principales bandas que operan en el país y que se disputan el narcotráfico a pequeña y gran escala y la extorsión.
Autoridades y expertos han dicho que las bandas criminales ecuatorianas tienen conexiones con los cárteles mexicanos rivales de Sinaloa y Jalisco Nuevo Generación, que se disputan rutas del gran tráfico. Ecuador es un país de tránsito de drogas, pero también de consumo interno.
Hace unos días, Pablo Arosamena, el gobernador de Guayas, dijo a la prensa que las ganancias por el tráfico al menudeo o “microtráfico” son muy grandes y explica la búsqueda del control: dijo que le han reportado que un ladrillo de un kilogramo de cocaína cuesta fuera de Ecuador hasta 35.000 dólares, pero cuando lo venden dentro del país le pueden sacar ganancias de más de 100.000.
Reos tienen celulares
Las autoridades han dicho que buscan contener la situación y entre otras cosas han colocado una red de inhibidores de señal para evitar que los presos se comuniquen con el exterior. Pero eso no parece funcionar: la AP habló con el reo a través de un teléfono celular. “Eso no sirve de nada, acá tenemos mejor señal que afuera”, dijo.
Una de las preguntas que siempre aparece cuando ocurre una masacre dentro de la prisión es cómo se abastecen las bandas de armamento.
Las armas entran en los camiones de comida
El interno comentó que hay colusión entre los presos y los custodios y que saben que las armas entran en los camiones de comida, e incluso “a veces por miembros de la policía”. Además, dijo, “la mafia siempre trabaja apretando a las familias de los guías”, dijo en referencia a las presiones que reciben los custodios, conocidos internamente como “guías”.
Pero incluso a veces salen algunos de los presos, como los tres que la policía detuvo el viernes, horas antes del enfrentamiento.
“Ellos son emisarios de los jefes, ellos tienen que salir y regresar, porque si no regresan se mueren, aquí los jefes controlan todo”, dijo el recluso entrevistado y refirió que en la cárcel se dice que si se quiere una pistola en la calle la consiguen por unos 1.800 dólares, porque dentro la ofrecen en 4.000.
El general Marco Villegas, delegado de control penitenciario de la Policía, dijo que los tres reos que intentaron meter las armas habrían saltado una pared para llegar a la calle, donde alguien se las había dejado para que ellos las recogieran y las introdujeran.
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Las autoridades han declarado sucesivas emergencias carcelarias y estados de excepción para acabar con las matanzas y la violencia de ese recinto, y han enviado cientos de policías a hacer requisas, pero sin el menor éxito hasta ahora.
Policía y Fuerzas Armadas no pueden permanecer dentro de las cárceles
De acuerdo con la constitución, vigente desde el 2008, la Policía no puede permanecer en el interior de las prisiones, y los miembros de las Fuerzas Armadas no pueden ingresar ni aún en situaciones de violencia extrema.
“El gobierno es responsable por omisión”, dijo a la AP el abogado y constitucionalista Joffre Campaña, fundador de la organización Goberna & Derecho.
Aseguró que ni la crisis carcelaria ni la delincuencia se van a resolver con estados de excepción o “retomando el control” cada semana. “Es un problema estructural, complejo, y sólo nos dan respuestas coyunturales y populistas”, añadió. (I)
Fuente: El Metro
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Zamora Chinchipe exige unidad, liderazgo y atención urgente del Estado ecuatoriano

En una entrevista concedida al programa Frente a Frente, Raúl Romero León hizo un llamado firme, frontal y propositivo a la ciudadanía, exhortando a los habitantes de la provincia de Zamora Chinchipe a levantar su voz y exigir los derechos que por ley y justicia les corresponden. La intervención de Romero estuvo marcada por una clara preocupación sobre la situación estructural de abandono que sufre la provincia y la falta de liderazgo político para enfrentar las múltiples emergencias que aquejan a esta zona amazónica del país.
Desde los primeros minutos del diálogo, Romero planteó una reflexión sobre la necesidad de fortalecer la unidad provincial como base de toda acción transformadora. “Nos motiva que Zamora Chinchipe salga adelante, pero lamentablemente nuestra provincia sigue día a día más en el abandono. Las entidades del Estado hacen muy poco por esta tierra amazónica”, afirmó.
Falta de liderazgo político y ausencia del Estado
Uno de los ejes principales de su análisis giró en torno a la carencia de liderazgo político con responsabilidad social. Romero lamentó que las autoridades electas en distintos niveles de gobierno, juntas parroquiales, gobiernos municipales, el GAD provincial e incluso los representantes en la Asamblea Nacional, no hayan estado a la altura del momento histórico que atraviesa la provincia, especialmente durante emergencias como las provocadas por la última temporada invernal.
“La provincia está sola. Nuestros líderes no se han manifestado con fuerza. Se limitan a emitir oficios, comunicados o discursos sin presencia en territorio, sin tomar medidas concretas. El pueblo sí quiere apoyar, pero necesita dirección, conducción”, indicó. Romero
La entrevista también abordó la falta de respuestas ante el colapso vial en distintos sectores, incluyendo la Vía Loja-Zamora, así como la ausencia de maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) pese a los ofrecimientos de recursos como los 300 mil dólares que, según Romero, aún no se han invertido.
Emergencias productivas y sociales ignoradas
Además de los problemas de infraestructura, el entrevistado destacó el abandono del sector productivo rural, afectado gravemente por el invierno. “Se han perdido cultivos, porcinos, piscicultura… y no hay informes técnicos ni evaluación integral del impacto de los medios de vida. Las ayudas se han centrado en la infraestructura, olvidando que las familias necesitan recuperar su sustento diario”.
Romero también reconoció el trabajo del COE cantonal de Yantzaza, pero señaló graves deficiencias en el funcionamiento del COE provincial y del COE cantonal de Zamora. “Los GADs solo hacen lo que pueden con los escasos recursos que tienen. Si el COE nacional no designa los fondos necesarios, la situación no puede ser atendida como corresponde”.
SIMAR y la crisis ambiental en Nambija Bajo
Uno de los puntos críticos del diálogo fue el caso de la empresa SIMAR, cuyo accionar ha sido cuestionado por la ciudadanía del sector Nambija Bajo. Romero recordó que el problema no es reciente y que muchas autoridades que hoy se pronuncian fueron cómplices por omisión en el pasado. También señaló que la afectación ambiental ha sido producto no solo de la empresa, sino también de actividades mineras informales en ambas riberas del río.
“No se trata de defender ni atacar, sino de aplicar la ley. Si SIMAR infringe las normas ambientales, deben existir informes técnicos claros del ente regulador. De lo contrario, cualquier acción podría derivar en demandas legales que finalmente pagará el pueblo zamorano”, advirtió.
Romero recalcó que actualmente se requiere la construcción de un muro de contención valorado en más de tres millones de dólares para mitigar el riesgo en Nambija Bajo, una inversión que pudo evitarse si se hubieran tomado decisiones a tiempo.
Llamado a una Asamblea Provincial
El mensaje concluyó con una invitación firme a la organización ciudadana y a la convocatoria de una Asamblea Provincial sin tintes partidistas, con el objetivo de generar presión legítima y articulada ante el Gobierno Nacional. Romero subrayó que es urgente retomar medidas de hecho, pero con planificación técnica, unidad y visión a largo plazo.
“Zamora Chinchipe ha sido tratada históricamente como el ‘patio trasero’ del Ecuador, a pesar de que aporta millones al presupuesto nacional. Hoy es el momento de cambiar eso. Es hora de exigir acciones reales. No más discursos vacíos ni TikToks institucionales: exigimos recursos frescos, atención urgente y una política pública basada en las verdaderas necesidades del pueblo”, expresó con contundencia.
Finalmente, hizo un llamado a los dos asambleístas de la provincia, Héctor Valladares y Esperanza Rogel, así como a todos los niveles del gobierno local, para que prioricen los intereses colectivos y trabajen en conjunto para lograr justicia social, inversión pública efectiva y el respeto a los derechos del pueblo de Zamora Chinchipe.
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Ministro de Defensa explica por qué se ordenó el traslado de las comandancias de la Policía y las FF.AA. a Guayaquil

En el marco de la inauguración de un área de radioterapia en el Hospital de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, se refirió este martes a la reciente resolución por parte de la Presidencia de de trasladar las comandancias generales de la Policía y las Fuerzas Armadas a la ciudad de Guayaquil.
El titular de la cartera de Estado respaldó la decisión del mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, apuntando que se debe actuar “en territorio” para poder evaluar de mejor manera lo que ocurre y disponer medidas con mayor velocidad y eficacia.
Loffredo agregó que no es la primera vez que las comandancias de ambas fuerzas de seguridad son trasladadas fuera de Quito, pues estas han operado temporalmente desde la ciudad de Manta en la provincia de Manabí ante el vertiginoso aumento de delitos violentos que se registró desde el año pasado.

Solo el pasado martes, por lo menos ocho personas fueron asesinadas en menos de dos horas en distintos puntos del distrito Pascuales, uno de los sectores más conflictivos de la ciudad.
«Una macrointervención»
«En Manabí se hizo una macrointervención, la idea asumo es hacerlo de manera idéntica», explicó este lunes el coronel de la Policía Fernando Vaca, en una rueda de prensa en la que se analizaron los índices delictivos que se registran en las otras ciudades de la provincia de Guayas, que, según aseguraron, «están a la baja».
El jefe policial indicó que los principales responsables de las unidades especializadas se reunirán en la ciudad para coordinar, desde una sola mesa de trabajo, acciones y estrategias basadas en el comportamiento actual de delitos como sicariatos. Fuente: Vistazo
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