El exministro de Gobierno, José de la Gasca, informó que ya no insistirá en el concurso para Fiscal General del Estado luego de ser descalificado por un supuesto incumplimiento de requisitos. Además, acusó a Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), como “el gran responsable” del “deslegitimando” proceso de selección.

“Ingresé sabiendo que era un proceso criticado, pero jamás me imaginé que iba a estar tan desviado y que la comisión iba a ser tan ligera e irresponsable en la forma en cómo ha actuado”, confesó el exfuncionario en entrevista con la cadena Ecuavisa.

Y es que el pasado viernes, 17 de julio, la Comisión Ciudadana de Selección resolvió excluir a José de la Gasca “al determinar que incumplió la presentación de los requisitos documentales obligatorios para la postulación”, pero recalcó que esta decisión podía ser apelada ante el pleno del Cpccs.

“Es claro que no me querían ahí (…) el descrédito que tiene este concurso no tiene arreglo”, apuntó el exministro, quien anunció que no apelará la decisión porque no confía en el pleno del Cpccs.

Previamente, esa misma Comisión le negó un pedido para la recalificación de sus méritos.

De la Gasca aseguró que “está seguro” de que Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), no quería que participe en el concurso para Fiscal.

“Cuando presenté una denuncia expresa en contra del veedor Guido Egas, él hizo mutis por el foro, puso estas denuncias y todos los requerimientos que se hacen, desde mi parte, para que el concurso se corrija, en un congelador. Sin embargo, cuando presentan una denuncia prefabricada en mi contra esa la tienen en el mismo día, en el mismo momento y activan una facultad discrecional que es absolutamente improcedente”, manifestó.

El exministro agregó que a Fantoni “quizás no le conviene” que él siga en el concurso porque es un perfil “independiente, que busca la institucionalidad, luchar contra la corrupción, a lo mejor puede ser peligroso para sus intereses”.

La Comisión de Selección prevé designar al nuevo Fiscal General en los próximos tres meses, según el último cronograma.

El concurso actualmente está en la fase de calificación de méritos y recalificación. Luego, vendrá la etapa de audiencias públicas de apelación, la prueba escrita y el examen oral. Fuente: Vistazo

Human Rights Watch (HRW) alertó este martes 21 de julio de 2026 sobre un aumento de presuntas violaciones a los derechos humanos en Ecuador, en medio de la cooperación en seguridad con Estados Unidos.

Las conclusiones constan en el informe «Una alianza peligrosa: Abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador», un documento de 105 páginas que recopila testimonios, análisis de imágenes satelitales, fotografías, videos y entrevistas sobre operaciones militares en la frontera con Colombia y hechos ocurridos cerca de las Islas Galápagos.

Según el informe, entre el 1 y el 6 de marzo de 2026, militares ecuatorianos ejecutaron una serie de operaciones en la comunidad agrícola de San Martín, ubicada en la frontera entre Ecuador y Colombia.

La organización afirma que, en una operación que Estados Unidos calificó como «conjunta», soldados ecuatorianos detuvieron arbitrariamente y torturaron a cuatro trabajadores agrícolas, además de incendiar tres propiedades y bombardear dos de ellas, incluida una finca lechera.

Uno de los trabajadores relató a Human Rights Watch que fue sometido a descargas eléctricas durante su detención.

Las autoridades ecuatorianas señalaron que el operativo estaba dirigido contra Comandos de la Frontera, un grupo armado que opera a ambos lados de la frontera, y justificaron la detención de los cuatro hombres por presuntos vínculos con esa organización.

Sin embargo, Human Rights Watch sostiene que no encontró evidencia creíble que vincule las propiedades destruidas o a los trabajadores detenidos con grupos criminales. Además, indicó que los cuatro hombres no tenían antecedentes penales y finalmente no fueron procesados porque la Fiscalía no recibió pruebas por parte de los militares.

El informe también documenta ataques contra embarcaciones pesqueras en el océano Pacífico.

Entre enero y marzo de este año, las embarcaciones La Negra Francisca Duarte II y Don Maca fueron atacadas por drones de origen desconocido, dejando varios pescadores heridos. Asimismo, la embarcación Fiorella permanece desaparecida desde el 20 de enero, junto con sus ocho tripulantes.

No obstante, 13 sobrevivientes entrevistados por la organización aseguraron que, tras los ataques, fueron retenidos en un barco por personas armadas que identificaron como ciudadanos estadounidenses vestidos con uniformes de estilo militar.

La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, cuestionó la falta de transparencia en la cooperación bilateral.

La organización indicó que solicitó información tanto al Gobierno de Ecuador como al de Estados Unidos sobre estos hechos, pero aseguró que hasta la fecha no ha recibido respuesta.

Human Rights Watch señaló que, desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos y la reelección de Daniel Noboa en Ecuador en 2025, ambos gobiernos han fortalecido su cooperación en materia de seguridad para enfrentar al crimen organizado.

Frente a este escenario, HRW pidió al Congreso de Estados Unidos exigir explicaciones a la administración Trump sobre el alcance de esta cooperación y verificar si existen salvaguardas suficientes para prevenir violaciones de derechos humanos.

Además, instó al Gobierno de Ecuador a reconsiderar la declaración de conflicto armado interno y priorizar el fortalecimiento del sistema de justicia como estrategia para enfrentar al crimen organizado.