Las operaciones contra la minería ilegal se refuerzan. Provincias de la Amazonía como Orellana y Sucumbíos atraviesan una ola de violencia que no ha podido ser contenida por las Fuerzas Armadas (FF. AA.) debido a la presencia de grupos armados.

El 5 de junio de 2025, una patrulla de 37 militares se encontró, en el sector de La Barquilla (Sucumbíos), con cerca de 200 hombres armados con fusiles, lanzagranadas y ametralladoras. Los oficiales ecuatorianos se tuvieron que replegar.

Ocurrió un mes después de que un equipo de 11 militares fuera masacrado en el Alto Punino, Orellana. Los agentes también se encontraron con hombres armados, vinculados presumiblemente con la guerrilla Comandos de la Frontera (CDF). La movilización de los militares ecuatorianos es parte de las operaciones que buscan frenar el avance de la minería ilegal.

Según reportes de Inteligencia ecuatoriana, en 17 de las 24 provincias del país hay operaciones de minería ilegal asociadas a la extracción de oro y dirigidas por grupos armados organizados que se dedican también al narcotráfico.

Este fenómeno ha sido declarado por el Gobierno de Ecuador como una amenaza para la Seguridad Nacional. Pero, además, el rápido avance de estas estructuras criminales también llama la atención de organismos en el extranjero.

El informe de la Unodc
A finales de mayo de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) publicó  el informe Delitos relacionados con los minerales: Minería ilegal de oro. El documento hace varias menciones a lo que está pasando en Ecuador.

La conclusión global del informe es que la transición hacia tecnologías basadas en energía renovable y la necesidad de los minerales necesarios para el funcionamiento de estos productos, hacen que haya un ambiente propicio para la obtención de estos materiales a través de la corrupción y la delincuencia.

En este escenario, el reporte indica que la minería ilegal, y específicamente la del oro, es altamente lucrativa en países de Sudamérica. Por lo que ha llamado la atención del crimen organizado, que ha enlazado esta práctica a otras como el narcotráfico.

«Es crucial entender a los GDO (grupos de delincuencia organizada) del sector minero no como actores independientes, sino como parte de una red más amplia y cada vez más compleja de actividades delictivas en la que participan múltiples actores». Informe de la Unodc.

Por ejemplo, en Sudamérica, las bandas criminales se han desarrollado mediante la creación y el uso de empresas ficticias para blanquear el dinero procedente del narcotráfico, según el informe. Además, están estableciendo complicadas redes transnacionales en las que participaban empresas de varios países.

En el caso de Ecuador, la Unodc reporta que, desde 2023, hay cada vez más pruebas de que los GDO han tomado el control de explotaciones mineras de oro junto con otras actividades delictivas, como extorsionar a los mineros a cambio de honorarios, el tráfico de drogas y el contrabando de armas.

Lo que a su vez, asegura la Oficina de las Naciones Unidas, ha contribuido a un aumento de la violencia y la inestabilidad en las regiones afectadas. En 2024, Ecuador se convirtió en el país más violento de Latinoamérica con más de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

La corrupción latente
Otro de los puntos clave para la minería ilegal, según la Unodc, es la corrupción. Sobre todo, asociada al pago de sobornos «de individuos involucrados en actividades mineras ilegales a cambio de hacer la vista gorda a sus operaciones o de proporcionarles protección».

En este apartado, nuevamente, es mencionado Ecuador. El informe cita a la Organización de Estados Americanos (OEA), que reportó que «las investigaciones han descubierto una corrupción generalizada en la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y en el Ministerio de Energía y Minas».

La cita se refiere a una publicación de la OEA en la que se indica que los «funcionarios incurrían en prácticas irregulares a la hora de otorgar permisos y concesiones mineras». Según ese documento, esto sucede a cambio de sobornos y ha facilitado la autorización de numerosas explotaciones mineras ilegales, permitiendo a las empresas explotar recursos sin una regulación adecuada.

PRIMICIAS solicitó a la Arcom una reacción sobre esta mención; sin embargo, no hubo un comentario. Mientras que al Ministerio de Energía se le solicitó una dirección para hacer el requerimiento, pero tampoco hubo una respuesta.

Según el estudio, investigaciones recientes han descubierto un aumento del 625% en las zonas de minería ilegal dentro de las tierras indígenas en toda la región amazónica, incluyendo Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, durante la última década. Fuente: Primicias