Nacionales
Hallan muertos a ecuatorianos secuestrados por «Los Zeta» en México, pese a que la familia envió dinero para el rescate
Aunque había sido reportado como secuestrado en México hace cinco meses, el cuerpo del migrante ecuatoriano Sebastián Alejandro Malla Dota fue hallado recientemente, según confirmaron sus familiares.
El joven, de 20 años, oriundo de Santa Isabel en la provincia del Azuay, viajó el pasado 7 de septiembre de 2022 al territorio mexicano, con destino final a Estados Unidos.
Sin embargo, los familiares de la víctima fueron informados sobre su secuestro y, luego de aquello, tuvieron que pagar un monto económico para su supuesta liberación.
Margarita Dota y Gonzalo Malla, padres del joven, contaron lo ocurrido al medio Yunguilla Radio FM. «Nos dijeron que a él le tenían secuestrado, que teníamos que pagar; pero nosotros íbamos pagar con tal de que le suelten a mi hijo, pero en ningún momento le soltaron», dijo ella.
La madre indicó que su hijo se fue del país en busca de mejores días y para apoyar a la familia, entre ellos a su hermana menor con Síndrome de Down y quien tiene un soplo en el corazón, además de problemas de audición.
Alejandro se dedicaba a despachar material en una ferretería, terminó el colegio pero por falta de dinero no pudo continuar con una carrera universitaria.
Malla fue hallado muerto junto a otros ecuatorianos que también estaban secuestrados en México.
FAMILIAS AMENAZADAS
En los mensajes que enviaban los secuestradores a las familias, su objetivo era aterrorizarlos con amenazas: «si no pagas les vamos a enviar un regalito, matamos al morro (chico) y les enviamos el video para que ya no lo busquen», se lee en uno de ellos.
A inicios de enero, la organización 1800 Migrante reportó que siete ecuatorianos fueron secuestrados por presuntos miembros del cartel mexicano de Los Zetas en Ciudad Juárez.
“Son todos jóvenes menores de 25 años que viajaban irregularmente desde Ecuador hacia USA, salieron de diferentes provincias del Ecuador, hay hombres y una mujer, utilizaron distintas rutas, pero solo pudimos identificar a tres de esos chicos y el resto desconocemos su identidad”, detalló William Murillo, vocero de la mencionada organización.
ENGAÑO DE COYOTEROS
Se sabe por versiones de video e intercambio de mensajes entre sus familiares, que los jóvenes llegaron hasta Ciudad Juárez, entre el 6 y 7 de septiembre.
No obstante, los «coyoteros» engañaron a los familiares haciéndoles creer que ya habían cruzado hacia los Estados Unidos. Incluso, enviaron videos de los jóvenes asegurando que todo estaba bien y que llegaron “al otro lado”, por lo que, pidieron que se pagara el resto de dinero pactado; «pero todo fue un engaño y una treta por parte de estos criminales», denunció 1800 Migrante.
“Llegaron a Ciudad Juárez y después de eso se los comió la tierra, nos hicieron pagar supuestamente para el transporte y finalmente nos dijeron que estaban secuestrados y que teníamos que pagar por el rescate, lo hicimos, pero nos robaron, no les liberaron y ahora estamos ahogados en deudas”, dijo una de las madres de las víctimas.
OTRAS VÍCTIMAS
Jeremy León Ordoñez, de 20 años, soltero y sin hijos, trabajaba como agricultor en bananeras, en el cantón Pasaje de la provincia de El Oro.
Terminó la secundaria, no quiso ir a la Universidad y se dedicó a trabajar; quería salir adelante y contó con ayuda de sus familiares para el viaje.
Jonathan Morocho Benitez, de 20 años, soltero y sin hijos. Se graduó del colegio y se postuló para ingresar a las Fuerzas Armadas pero no pasó las pruebas necesarias.
Vivía con su familia y trabajaba en minería. Solicitó un préstamo bancario que fue utilizado para comprar herramientas, pero no le fue bien en el negocio y terminó con 14 mil dólares en deudas.
“Trabajaba sólo para pagar la deuda, y esa fue la razón que lo empujó para emigrar, más lo que trabajaba y no le quedaba nada, se despechó por eso y nos pidió ayuda, se consiguió el dinero para el viaje, con el chulco y prestado, pero nunca nos imaginamos pasar por todo este infierno”, relató su madre Rosa Benítez.
Este martes 28 de febrero, la organización 1800 Migrante lamentó la muerte de tres de los jóvenes reportados como secuestrados por el grupo narco terrorista «Los Zeta», tras la confirmación por parte de sus familiares. Fuente: Revista Vistazo
EcuaCorriente S.A.,(ECSA), operadora de la mina Mirador, informa a la ciudadanía que personas inescrupulosas, cuya identidad se desconoce, están realizando ofertas de empleo falsas utilizando de manera indebida el nombre de la compañía. Estas acciones se han difundido a través de correos electrónicos fraudulentos (como seleccion@ecucorriente.com), llamadas telefónicas y una página de Facebook no oficial como: https://www.facebook.com/profile.php?id=61583054526078
El propósito de estos actos es engañar y estafar a personas en búsqueda de oportunidades laborales. Recordamos a la ciudadanía que EcuaCorriente S.A. no solicita pagos, depósitos ni información personal. Todos los procesos de selección se realizan únicamente a través de medios institucionales y confiables, como:
- La plataforma QuieroLaburo: http://quierolaburo.com/empresas/ecsa
EcuaCorriente S.A. rechaza enérgicamente este tipo de acciones ilícitas y exhorta a la ciudadanía a reportar la página de Facebook mencionada, así como cualquier comunicación que no provenga de los canales oficiales de la empresa.
Asimismo, invitamos a quienes hayan sido víctimas de estas estafas a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.
Internacionales
Redes familiares, empresas y policías investigados por el oro ilegal en San Ignacio – Perú
San Ignacio, Cajamarca — 7 de noviembre de 2025.
El silencio de las montañas de San Ignacio fue roto por el ruido metálico de las retroexcavadoras y el murmullo constante del río Chinchipe. En esta frontera donde Perú se encuentra con Ecuador, un reciente reportaje del portal de investigación Ojo Público ha destapado una compleja red dedicada a la minería ilegal de oro. Detrás de este circuito —que abarca desde la extracción hasta la comercialización del mineral— se entretejen vínculos familiares, empresariales y policiales, según el informe firmado por el periodista Aaron Wörz.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de San Ignacio investiga actualmente a 22 personas por los presuntos delitos de minería ilegal y lavado de activos. Entre los implicados figuran los suboficiales de la Policía Nacional del Perú Edinson V. E. y José G. V. señalados por brindar protección a mineros ilegales en los distritos de Namballe, Chirinos y Tabaconas, una zona de difícil acceso donde el oro fluye con más libertad que la justicia.
El informe también apunta hacia el clan Sánchez Chanta, liderado por Segundo S. Ch. acusado de instalar campamentos auríferos y plantas de procesamiento en el caserío El Tambo (Namballe). Desde los días más duros de la pandemia, esta familia habría levantado un emporio clandestino a costa de los ríos, los bosques y la tranquilidad de las comunidades.
Empresas fachada y lavado de oro
La ruta del oro no termina en las montañas. Según la investigación, la empresa Amazónica Pelé & Venus E.I.R.L., con sede en Trujillo y dirigida por Grettel Pelé León, figura como pieza clave en la comercialización del oro sin trazabilidad ni respaldo legal, lo que para la Fiscalía constituye un mecanismo de blanqueo de capitales provenientes de la minería ilegal.
Los registros oficiales son contundentes: el 80% de las concesiones mineras en San Ignacio se superponen al cauce del río Chinchipe, y de las 139 concesiones existentes, apenas 14 han sido formalizadas. El resto opera en la sombra, bajo la mirada cómplice o indiferente de quienes deberían controlar.
La expansión de esta actividad ilícita ha desplazado a cientos de trabajadores del sector cafetalero, motor económico de la provincia. Muchos agricultores, tentados por el dinero rápido, abandonaron sus cultivos para ganar hasta S/150 diarios, el doble de lo que ofrece el café. Así, el aroma del oro ha sustituido al del grano tostado, y el verde de las montañas empieza a teñirse de barro y combustible.
Una frontera sin control
El reportaje también advierte la presencia de ciudadanos ecuatorianos que cruzan la frontera para operar maquinaria pesada o adquirir oro. Las débiles medidas de control estatal y la presunta complicidad de ciertos agentes del orden permiten que la minería ilegal avance impunemente, corroyendo tanto los ecosistemas como las instituciones.
“El oro ilegal en San Ignacio se sostiene por la protección policial, las redes familiares y las empresas que lavan el mineral”, concluye el informe de Ojo Público (02/11/2025).
Fuente: Noticias del Diario Ahora Jaén
Preocupación en Zamora Chinchipe
Mientras en el lado peruano la Fiscalía y la Policía Ambiental intensifican los operativos, en el margen ecuatoriano —especialmente en los cantones Chinchipe, Palanda, Zamora y Yantzaza— crece la inquietud ciudadana. Los habitantes se preguntan por qué en Perú se actúa con firmeza contra la minería ilegal, mientras en Zamora Chinchipe las máquinas vuelven a aparecer en las noches, a la vista de todos, sin que las autoridades intervengan.
El oro, que alguna vez simbolizó riqueza y esperanza, hoy refleja la corrupción, el silencio y la indiferencia de un sistema que mira hacia otro lado. En la frontera del Chinchipe, el brillo del metal sigue ganando terreno sobre el verde del bosque, y la pregunta persiste: ¿hasta cuándo?
La Policía desactivó este jueves varios artefactos explosivos en el norte de Quito, en las inmediaciones del Complejo Judicial Norte, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.
Agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) se desplegaron en horas de la noche tras detectar tres cargas explosivas colocadas dentro de un vehículo, entre ellas cilindros de gas adaptados para detonar mediante un dispositivo electrónico.
Reimberg aseguró que se trata de intentos de atentados sincronizados y atribuyó los hechos a “quienes están desesperados”.
El perímetro fue acordonado por unidades tácticas mientras se efectuaba la desactivación de los artefactos. El incidente no dejó heridos ni fallecidos.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la identidad de los responsables y su posible vinculación con los recientes hechos violentos registrados en el país.
“El dispositivo electrónico de ignición del explosivo fue desactivado”, precisó el ministro, quien destacó que el operativo forma parte de la línea investigativa relacionada con un atentado terrorista ocurrido en Guayaquil el mes anterior.
Alerta máxima desde atentado letal
Las amenaza de explosivos registrada este jueves en el norte de Quito, que se sumó a otros dos incidentes en Guayaquil, que tampoco dejaron víctimas, se dio casi un mes después del atentado con coche bomba perpetrado el pasado 14 de octubre en el norte de la ciudad portuaria, a las afueras de un centro comercial situado en la Av. Joaquín José Orrantia, que dejó un muerto y decenas de heridos.
Vídeos difundidos por redes sociales captaron el momento de la explosión. Según se aprecia, de repente, frente a varios ciudadanos que se acercaron a grabar y carros que circulaban por la vía, la camioneta fue engullida en un muro de llamas que se levantó más de cinco metros, generando una onda expansiva que destruyó vidrios de edificaciones cercanas.
Reimberg agregó que el atentado sería una represalia de «Los Lobos» por las operaciones militares desarrolladas en el sector minero de Buenos Aires, provincia de Imbabura, donde el Gobierno ejecuta operativos de gran escala contra la minería ilegal. Fuente: Vistazo
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