Nacionales
Hallan muertos a ecuatorianos secuestrados por «Los Zeta» en México, pese a que la familia envió dinero para el rescate
Aunque había sido reportado como secuestrado en México hace cinco meses, el cuerpo del migrante ecuatoriano Sebastián Alejandro Malla Dota fue hallado recientemente, según confirmaron sus familiares.
El joven, de 20 años, oriundo de Santa Isabel en la provincia del Azuay, viajó el pasado 7 de septiembre de 2022 al territorio mexicano, con destino final a Estados Unidos.
Sin embargo, los familiares de la víctima fueron informados sobre su secuestro y, luego de aquello, tuvieron que pagar un monto económico para su supuesta liberación.
Margarita Dota y Gonzalo Malla, padres del joven, contaron lo ocurrido al medio Yunguilla Radio FM. «Nos dijeron que a él le tenían secuestrado, que teníamos que pagar; pero nosotros íbamos pagar con tal de que le suelten a mi hijo, pero en ningún momento le soltaron», dijo ella.
La madre indicó que su hijo se fue del país en busca de mejores días y para apoyar a la familia, entre ellos a su hermana menor con Síndrome de Down y quien tiene un soplo en el corazón, además de problemas de audición.
Alejandro se dedicaba a despachar material en una ferretería, terminó el colegio pero por falta de dinero no pudo continuar con una carrera universitaria.
Malla fue hallado muerto junto a otros ecuatorianos que también estaban secuestrados en México.
FAMILIAS AMENAZADAS
En los mensajes que enviaban los secuestradores a las familias, su objetivo era aterrorizarlos con amenazas: «si no pagas les vamos a enviar un regalito, matamos al morro (chico) y les enviamos el video para que ya no lo busquen», se lee en uno de ellos.
A inicios de enero, la organización 1800 Migrante reportó que siete ecuatorianos fueron secuestrados por presuntos miembros del cartel mexicano de Los Zetas en Ciudad Juárez.
“Son todos jóvenes menores de 25 años que viajaban irregularmente desde Ecuador hacia USA, salieron de diferentes provincias del Ecuador, hay hombres y una mujer, utilizaron distintas rutas, pero solo pudimos identificar a tres de esos chicos y el resto desconocemos su identidad”, detalló William Murillo, vocero de la mencionada organización.
ENGAÑO DE COYOTEROS
Se sabe por versiones de video e intercambio de mensajes entre sus familiares, que los jóvenes llegaron hasta Ciudad Juárez, entre el 6 y 7 de septiembre.
No obstante, los «coyoteros» engañaron a los familiares haciéndoles creer que ya habían cruzado hacia los Estados Unidos. Incluso, enviaron videos de los jóvenes asegurando que todo estaba bien y que llegaron “al otro lado”, por lo que, pidieron que se pagara el resto de dinero pactado; «pero todo fue un engaño y una treta por parte de estos criminales», denunció 1800 Migrante.
“Llegaron a Ciudad Juárez y después de eso se los comió la tierra, nos hicieron pagar supuestamente para el transporte y finalmente nos dijeron que estaban secuestrados y que teníamos que pagar por el rescate, lo hicimos, pero nos robaron, no les liberaron y ahora estamos ahogados en deudas”, dijo una de las madres de las víctimas.
OTRAS VÍCTIMAS
Jeremy León Ordoñez, de 20 años, soltero y sin hijos, trabajaba como agricultor en bananeras, en el cantón Pasaje de la provincia de El Oro.
Terminó la secundaria, no quiso ir a la Universidad y se dedicó a trabajar; quería salir adelante y contó con ayuda de sus familiares para el viaje.
Jonathan Morocho Benitez, de 20 años, soltero y sin hijos. Se graduó del colegio y se postuló para ingresar a las Fuerzas Armadas pero no pasó las pruebas necesarias.
Vivía con su familia y trabajaba en minería. Solicitó un préstamo bancario que fue utilizado para comprar herramientas, pero no le fue bien en el negocio y terminó con 14 mil dólares en deudas.
“Trabajaba sólo para pagar la deuda, y esa fue la razón que lo empujó para emigrar, más lo que trabajaba y no le quedaba nada, se despechó por eso y nos pidió ayuda, se consiguió el dinero para el viaje, con el chulco y prestado, pero nunca nos imaginamos pasar por todo este infierno”, relató su madre Rosa Benítez.
Este martes 28 de febrero, la organización 1800 Migrante lamentó la muerte de tres de los jóvenes reportados como secuestrados por el grupo narco terrorista «Los Zeta», tras la confirmación por parte de sus familiares. Fuente: Revista Vistazo
En el programa La Tertulia Jurídica se contó con la participación de la jurista Cristina Valenzuela, secretaria relatora de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia, quien abordó el tema “Actualidad y proyección de la contratación colectiva”, con un análisis orientado a la situación de los derechos laborales, la sindicalización y la negociación colectiva.
Valenzuela, quien señaló contar con 14 años de trayectoria en la Corte Nacional de Justicia y siete años como secretaria relatora de la Sala Laboral, explicó que la contratación colectiva constituye un mecanismo de acuerdo entre empleadores y trabajadores destinado a mejorar las condiciones laborales dentro de una empresa o institución.
Durante su intervención, destacó la importancia de la organización sindical y la negociación colectiva como herramientas para equilibrar la relación entre trabajadores y empleadores. Como referencia, expuso el caso de Microsoft y la organización sindical formada por trabajadores del sector de videojuegos, señalando que este proceso permitió negociar mejores condiciones e indemnizaciones frente a despidos.
La ponente también realizó una revisión histórica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya creación se relaciona con el Tratado de Versalles de 1919. Señaló que Ecuador forma parte de este organismo desde 1934 y que, hasta la fecha referida en la exposición, ha ratificado más de 62 normas y convenios internacionales en materia laboral.
En este contexto, explicó que la naturaleza tripartita de la OIT permite la participación de representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores en la construcción de acuerdos y políticas laborales, bajo el objetivo de promover la justicia social y la paz universal.
Respecto al contrato colectivo, Valenzuela citó como referencia la Recomendación 91 de la OIT, señalando que comprende un acuerdo escrito relacionado con las condiciones de trabajo y empleo celebrado entre empleadores o sus organizaciones representativas y organizaciones representativas de los trabajadores.
La exposición también abordó principios y derechos laborales reconocidos en el marco constitucional ecuatoriano, entre ellos la intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, igualdad salarial, derecho a un salario digno, estabilidad laboral, condiciones adecuadas y seguras de trabajo, igualdad de acceso al empleo y prohibición de discriminación en el ámbito laboral.
Finalmente, la jurista manifestó su preocupación por la falta de información estadística actualizada sobre la cobertura de la negociación colectiva y la densidad sindical en Ecuador. Indicó que, dentro de la información revisada, el último dato encontrado sobre huelgas y cierres patronales correspondía a 1994, situación que consideró una señal de alerta respecto al reporte de información laboral del país ante la OIT.
El análisis desarrollado en La Tertulia Jurídica permitió poner en debate la importancia de fortalecer el conocimiento ciudadano sobre los derechos laborales y la contratación colectiva, así como la necesidad de mantener espacios de diálogo entre trabajadores, empleadores y Estado.
Nacionales
Corte Constitucional: Hay demandas contra leyes oficialistas que suman más de un año sin sentencia
La Corte Constitucional (CC) ha reducido el ritmo de despacho de sus sentencias y dictámenes referentes a las medidas y propuestas más polémicas planteadas por el gobierno de Daniel Noboa, en contraste con 2024 y 2025, cuando los magistrados se convirtieron en uno de los principales contrapesos institucionales al Ejecutivo.
Por ejemplo, ahí encontraron un freno las polémicas leyes de Integridad Pública y de Solidaridad Nacional; 22 de las 39 propuestas de consulta popular y referendo tampoco pasaron el filtro de la Corte. Lo mismo ocurrió con los frecuentes intentos del Gobierno de declarar un conflicto armado interno, una figura cuya aplicación ha sido cuestionada por organismos internacionales y por relatorías de las Naciones Unidas.
La Corte asumió también un papel decisivo en el caso de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, desaparecidos forzosamente por una patrulla militar en Guayaquil y por el cual 11 soldados implicados fueron condenados a 34 años de cárcel, pese a la oposición del Ejecutivo y las Fuerzas Armadas.
La ralentización en las decisiones de la Corte sobre las medidas oficialistas se da en medio del cambio de tres jueces, tras la renovación parcial del organismo, y una sostenida campaña de presiones y desprestigio en contra de los magistrados.
Por ejemplo, en los despachos de los magistrados descansan 70 demandas de inconstitucionalidad contra leyes impulsadas por el Gobierno. Cinco de ellas han sido planteadas directamente por el Primer Mandatario y la otra, la Ley de Inteligencia, fue un proyecto heredado, que fue modificado.
Y, aunque esta última sí tuvo un freno, cuando la Corte aceptó la suspensión temporal de 12 artículos de la Ley y otros 10 de su Reglamento, la decisión sobre la constitucionalidad de la normativa está pendiente desde julio de 2025.
Desde ese entonces, los proyectos económicos urgentes del Gobierno han ido entrando en vigencia, sin que los magistrados ni siquiera acepten las medidas cautelares que han pedido decenas de demandantes. Sólo la Ley de Gastos Municipales ha acumulado ya 25 demandas en su contra.
Algo similar sucede con las demandas interpuestas contra el último decreto sobre el conflicto armado interno, en el que el Ejecutivo ya no declaró la situación, sino que «reconoció» su existencia, justamente para esquivar el escrutinio constitucional. Hay tres demandas que esperan una respuesta.
También está esperando el cuestionado Acuerdo de Comercio Recíproco firmado con Estados Unidos, que ha recibido 40 opiniones legales ante la Corte. Y según expertos consultados por PRIMICIAS lo negociado es asimétrico y desigual, por lo que deja en desventaja a Ecuador.
A esto se suman otras demandas contra medidas como la fusión de entidades, el nuevo Plan de Seguridad del Ejecutivo, la decisión de eliminar las necesidad de garantías en los procesos específicos de contratación pública de telecomunicaciones y la creación de la empresa pública Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud. Fuente: Vistazo
Nacionales
Otra candidatura en riesgo: Unidad Popular acusa al Gobierno de “limpiar la papeleta” eliminando a sus rivales
Este lunes 14 de septiembre, el movimiento político Unidad Popular (UP) hizo un plantón en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para defender la candidatura de Liliana Silva a la Alcaldía de Santo Domingo.
“El Gobierno quiere eliminar a los potenciales rivales políticos en varias ciudades del país”, afirmó el dirigente.
Atarihuana acusó al oficialismo de pretender “limpiar la papeleta” para beneficiar a sus candidatos. Acotó que se han suspendido organizaciones políticas y encarcelado a alcaldes que buscaban la reelección.
El dirigente informó que ya presentó la defensa jurídica de Liliana Silva e instó al juez del TCE Joaquín Viteri a resolver el caso con «independencia», conforme a la ley y garantizando el derecho de participación política.
UP se pronuncia sobre Luisa González
Durante el plantón, Atarihuana también cuestionó la exclusión de Luisa González de la contienda por la Prefectura de Manabí, luego de que el TCE rechazara el último recurso presentado por la correístas.
“Sin trampa y sin fraude, el Gobierno de Daniel Noboa sabe que va a perder; por eso está desesperado”, manifestó.
El dirigente señaló que corresponde a la ciudadanía escoger a sus autoridades y rechazó que candidatos u organizaciones políticas sean apartados de las elecciones.
“Si hay democracia, no deben eliminarse candidatos ni partidos. Es el pueblo el que debe tener opciones para elegir”, agregó.
Atarihuana también mencionó el caso de Jaime Estrada, aspirante a la Prefectura de Manabí, quien también fue eliminado de la papeleta. Ante este escenario, sostuvo que deberán discutirse las alternativas que tiene el pueblo manabita
“Nos sumamos a todas las voces, de todos esos partidos, que están reclamando que haya democracia. Es el derecho de participación”, expresó.
El director de Unidad Popular también denunció que candidaturas vinculadas al oficialismo estarían entregando cocinas de inducción, bloques y maquinaria en Santo Domingo.
“Todo el pueblo de Santo Domingo sabe que la candidata del Gobierno entrega cocinas de inducción, bloques y maquinaria. Junto al candidato a la Prefectura están entregando dádivas”, aseguró Atarihuana.
UP anunció que presentará estas acusaciones ante la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y acudirá a instancias del sistema interamericano para denunciar un presunto uso de recursos públicos en favor de candidaturas afines al Gobierno. Fuente: Vistazo
-
Entretenimiento5 años agoAdriana Bowen, sobre la cirugía bariátrica: Siento que recuperé mi vida
-
Politica5 años agoEl defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fue llamado a juicio en la investigación por el delito de abuso sexual
-
Internacionales5 años agoMuere Cheslie Kryst, Miss Estados Unidos 2019 y presentadora de televisión
-
Internacionales5 años agoTiroteo en concierto en Paraguay deja dos muertos y cuatro heridos
-
Nacionales5 años ago¿Qué hay detrás del asesinato de Fredi Taish?
-
Fashion9 años ago
Amazon will let customers try on clothes before they buy
-
Politica5 años agoComisión médica pide reforma para los nombramientos de personal de salud
-
Politica5 años agoGobierno de Guillermo Lasso enfrentará una primera movilización convocada por los sindicalistas