Nacionales
Gobierno renueva contratos con las operadoras Claro y Telefónica tras más de cuatro años de negociaciones
Los contratos de concesión a las operadoras móviles privadas Otecel y Conecel (operadoras de Telefónica y Claro) para brindar el servicio de telefonía móvil fueron renovados por el Gobierno de Daniel Noboa hasta 2038, informó el Gobierno este 31 de octubre de 2025.
Con esta renovación de los contratos, especialmente de Telefónica, la empresa Millicom selló la compra de la operadora en el país.
Según el comunicado del Gobierno ecuatoriano, la negociación con ambas operadoras, Claro y Telefónica, concluyó existosamente, y de esta forma, ambas empresas podrán seguir funcionando y prestando los servicios de telefonía celular en el país.
Fideicomiso tras renovación de contratos
En una entrevista realizada este viernes, el presidente Noboa adelantó que con la renovación de los títulos habilitantes para las operadoras, el 1% de las ventas de las empresas «irá a un fideicomiso» que financiará proyectos de educación y tecnología en Ecuador.
«El 1% va ir a un fideicomiso, para educación y tecnología, para becas de jóvenes, para instalaciones en universidades, en escuelas técnicas”. Daniel Noboa, presidente de Ecuador.
El proceso de negociación entre el Estado y las compañías Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones (Conecel), que opera bajo la marca Claro en Ecuador, y Otecel, filial de la multinacional española Telefónica, comenzó oficialmente en agosto de 2021.
Lo anterior se realizó durante el Gobierno de Guillermo Lasso; aunque las reuniones arrancaron recién en diciembre de 2022.
Estas mesas de negociación debían durar 120 días, como parte de un proceso que, en todas sus fases, tenía un plazo máximo de dos años. Dicho proceso fue suspendido en reiteradas ocasiones y, en la práctica, se demoró más de cuatro años.
Venta en marcha
El contrato actual con Telefónica, propietaria de las marcas Movistar y Tuenti, vencía el 30 de noviembre de 2023. Por ello, para evitar la suspensión del servicio, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) otorgó nueve prórrogas al contrato de la firma, que actualmente está en un proceso de venta de sus operaciones en Ecuador a la compañía Millicom.
Precisamente, la renovación de la concesión era una de las condiciones para cerrar la venta a la multinacional Millicom, que tiene su sede principal en Luxemburgo y es uno de los principales proveedores de telefonía móvil en América Latina, propietaria de la marca Tigo, con presencia en países como Bolivia, Colombia, Costa Rica y Honduras.
La operación comercial está valorada en USD 380 millones y se enmarca en una estrategia de la multinacional española de optimizar su portafolio y «reducir progresivamente su exposición en Hispanoamérica», informó la firma en junio de 2025.
Participación de mercado
El contrato de concesión de Conecel (Claro), que forma parte del grupo mexicano América Móvil, vencía en agosto de 2023. Pero, en este caso, Arcotel otorgó una sola prórroga hasta que culmine la renegociación.
Conecel es la primera empresa de telefonía móvil en Ecuador, con una participación del 53% en el total de las líneas activas. Otecel ocupa el segundo lugar, con una participación del 29%, a agosto de 2025, según estadísticas de la Arcotel. Fuente: Primicias
Nacionales
Caso ‘Magnicidio FV’: Judicatura vuelve a suspender a la jueza Daniela Ayala
El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió este lunes suspender por tres meses y sin remuneración a la jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Pichincha, María Daniela Ayala, mientras se desarrolla un sumario administrativo por su actuación en el caso conocido como “Magnicidio FV”.
Según informó el organismo a través de redes sociales, la magistrada habría incurrido en una falta gravísima de dolo al otorgar medidas alternativas a la prisión preventiva a favor de Xavier Jordán y del exministro José Serrano, procesados por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
Al revisar esa decisión el pasado 16 de enero, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha concluyó que Ayala “desnaturalizó las medidas cautelares y la finalidad de la prisión preventiva con razonamientos abstractos e hipotéticos”, e impuso disposiciones “objetivamente inidóneas para garantizar la comparecencia” de los procesados.
El Consejo aclaró que la suspensión no constituye una sanción definitiva, sino una medida preventiva que estará vigente mientras se desarrolla la investigación administrativa.
Esta es la tercera ocasión en que Ayala es separada temporalmente del cargo dentro del mismo proceso judicial. El 12 de diciembre de 2025 fue suspendida por 30 días debido a expresiones vertidas durante una audiencia de formulación de cargos realizada el 3 de septiembre de ese año. Según el CJ, esos comentarios afectaron la integridad personal y profesional de la fiscal del caso, Ana Hidalgo.
Aquella decisión coincidió con el vencimiento de otra suspensión de tres meses impuesta en septiembre de 2025, tras una denuncia presentada por el entonces fiscal general del Estado, Wilson Toainga.
En ese episodio, el órgano disciplinario consideró improcedentes las declaraciones de la jueza, quien cuestionó la objetividad de la fiscal y sugirió que la Fiscalía actuaba como “brazo ejecutor del Gobierno de turno”.
Toainga señaló que tales afirmaciones insinuaban una motivación política en la actuación del Ministerio Público.

Posteriormente, el 14 de enero de 2026, una vez cumplidas las sanciones anteriores, Ayala anunció que se apartaba voluntariamente del conocimiento del caso, alegando ser víctima de una “intensa campaña de desprestigio”.
En sus declaraciones, señaló a Amanda Villavicencio, hija del exaspirante presidencial asesinado, como impulsora de esas acciones.
Sentenciados y procesados por el magnicidio
Dentro del caso por el homicidio de Villavicencio —ocurrido en agosto de 2023, a pocos días de las elecciones generales— se han formulado cargos contra Serrano, Jordán, el exlegislador Ronny Aleaga y el sentenciado por el caso Metástasis, Daniel Salcedo, como presuntos autores mediatos, al considerar que habrían integrado la estructura que coordinó el crimen.
Hasta ahora, cinco personas han sido sentenciadas como autores materiales del asesinato, entre ellas Carlos Angulo, alias “El Invisible”, identificado como cabecilla de la organización criminal «Los Lobos», quien habría planificado la logística desde prisión. Además, ocho implicados fallecieron antes de enfrentar juicio, incluidos los siete sicarios colombianos que ejecutaron el ataque.
El pasado 10 de febrero, la Fiscalía General del Estado vinculó también al caso al líder máximo de «Los Lobos», Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, detenido en noviembre en España; Luis Arboleda (alias Gordo Luis) y Ángel Aguilar (alias Lobo Menor), considerados cabecillas con alto poder dentro de la estructura criminal. Fuente: Vistazo
Nacionales
Experto en Derecho Penal analiza técnicas de litigación oral y teoría del caso
En el espacio de análisis jurídico y formación académica, se desarrolló un programa especializado con la participación de. Israel Narváez, experto en Derecho Penal y litigante en el libre ejercicio profesional, quien abordó de manera integral el tema “Técnicas de Litigación Oral”, orientado a estudiantes, profesionales del Derecho y ciudadanía interesada en el sistema de justicia penal.
Durante su intervención, Israel Narváez se definió como un abogado litigante por vocación, formado y consolidado en el ejercicio práctico del Derecho Penal, con experiencia en audiencias de juzgamiento y litigio a nivel nacional. Originario de la ciudad de Ibarra, destacó que su labor profesional se centra exclusivamente en el ámbito penal, área que considera fundamental por la responsabilidad social y humana que implica.
Uno de los ejes centrales del conversatorio fue la teoría del caso, la cual, según explicó el expositor, se construye desde el primer contacto entre el abogado y su cliente. Señaló que esta teoría nace a partir del análisis del problema jurídico planteado, la identificación de los hechos relevantes y la evaluación de los elementos probatorios disponibles, tanto de cargo como de descargo. Enfatizó que una teoría del caso sólida permite definir la estrategia procesal, ya sea para sostener la inocencia del procesado o para mejorar su condición jurídica dentro del proceso penal.
En relación con la audiencia de juzgamiento, Narváez explicó que la teoría del caso se expone inicialmente a través del alegato de apertura y se desarrolla durante la práctica probatoria, mediante los ejercicios de interrogatorio, contrainterrogatorio, acreditación y contradicción.
Recalcó que el alegato inicial debe ser claro, coherente y estratégico, evitando adelantar innecesariamente toda la línea de defensa, con el fin de no anticipar la estrategia a la contraparte.
Asimismo, el especialista subrayó la importancia de la coherencia y credibilidad del litigante frente al tribunal, indicando que el abogado debe ser consistente entre lo que anuncia en su alegato de apertura y lo que efectivamente logra demostrar en juicio. Destacó que la seguridad del abogado no proviene de la retórica, sino del estudio profundo del expediente, del conocimiento de los límites probatorios del caso y de una adecuada preparación técnica.
Otro de los temas abordados fue el interrogatorio directo, al que definió como una herramienta esencial para construir la teoría del caso. Explicó que en esta etapa quien debe “lucirse” es el testigo y no el abogado, por lo que recomendó el uso de preguntas abiertas —qué, cómo, cuándo, dónde— que permitan una narración clara y espontánea de los hechos. También advirtió sobre la necesidad de preparar adecuadamente a los testigos, revisando declaraciones previas para evitar contradicciones que puedan afectar su credibilidad durante el contrainterrogatorio.
Finalmente, Israel Narváez reflexionó sobre la ética, la responsabilidad y el manejo emocional del abogado penalista, señalando que en una audiencia de juzgamiento se encuentra en juego la libertad y el futuro de una persona. En este contexto, enfatizó que la preparación constante, el estudio riguroso y la práctica profesional son los pilares fundamentales para una litigación oral eficaz y responsable.
Nacionales
Tertulia Jurídica abordó el Recurso de Revisión con la participación de Iván Saquicela
En un nuevo programa de la Tertulia Jurídica, se desarrolló un amplio y riguroso diálogo académico sobre el Recurso de Revisión en materia penal, con la destacada participación de. Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, reconocido jurista y docente universitario.
Durante su intervención, el Dr. Saquicela agradeció el espacio de análisis y felicitó la iniciativa del programa, resaltando la importancia del diálogo jurídico como mecanismo para fortalecer la reflexión crítica y el conocimiento del Derecho. En su presentación personal, destacó su vocación y pasión por la justicia, señalando que su trayectoria ha estado orientada a aportar al sistema judicial desde la academia, la función pública y el ejercicio libre de la profesión, actualmente a través de su estudio jurídico Saquicela & Asociados.
El expositor realizó un recorrido por su trayectoria profesional, que incluye su desempeño como fiscal de lo penal durante aproximadamente ocho años, juez contencioso administrativo, juez y presidente de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, presidente de dicho alto tribunal y coordinador de la Cumbre Judicial Iberoamericana, espacio que congrega a presidentes de cortes supremas y magistraturas de los países de Iberoamérica. Asimismo, subrayó su rol como docente universitario y su convicción de que el Derecho constituye un instrumento esencial para alcanzar fines sociales y transformar el sistema de justicia.
Análisis académico del Recurso de Revisión
En el desarrollo temático. Saquicela explicó que el Recurso de Revisión se encuentra regulado actualmente en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y que, por su naturaleza, constituye un recurso extraordinario, incluso más excepcional que la casación. Precisó que este recurso procede únicamente contra sentencias condenatorias firmes o ejecutoriadas y que solo puede ser interpuesto por la persona condenada, en cualquier tiempo, pero exclusivamente por las causales taxativamente establecidas en la ley.
El jurista enfatizó que la finalidad del recurso de revisión es la búsqueda de la justicia material, aun cuando exista una sentencia ejecutoriada. En este sentido, recordó que la Constitución del Ecuador, en su artículo 1, define al país como un Estado constitucional de derechos y justicia, mientras que el artículo 169 establece que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Bajo esta concepción, el recurso de revisión permite, de manera excepcional, incluso quebrantar la cosa juzgada cuando se demuestra la existencia de un error de hecho que haya derivado en una condena injusta.
Asimismo, explicó de forma didáctica conceptos clave para el público no especializado, como el significado de una sentencia ejecutoriada y la diferencia entre recursos ordinarios y extraordinarios. Señaló que, a diferencia de la apelación, el recurso de revisión no se sustenta en la mera inconformidad con la valoración probatoria, sino en la demostración de un error fáctico, respaldado necesariamente por prueba nueva, capaz de evidenciar la injusticia de la sentencia firme.
Ejemplos y recomendaciones prácticas
Como parte del análisis, se abordó el caso paradigmático previsto en la legislación penal: la comprobación de la existencia de la persona que se creía muerta, causal histórica y doctrinaria del recurso de revisión. Aunque el Dr. Saquicela indicó que se trata de un supuesto excepcional y poco frecuente en la práctica, resaltó su valor académico para comprender la razón de ser de este recurso.
Finalmente, el expositor ofreció recomendaciones a los profesionales del Derecho, subrayando la importancia de comprender con claridad el objeto y la finalidad del recurso de revisión, evitar confundirlo con una apelación o casación, y fundamentarlo de manera técnica, precisa y acorde a las causales establecidas en el artículo 658 del COIP. También diferenció de forma clara la revisión penal de la revisión en sede administrativa, destacando sus profundas diferencias en cuanto a naturaleza, procedimiento y órganos competentes.
La Tertulia Jurídica reafirma así su compromiso con la difusión de contenidos jurídicos de alto nivel académico, orientados tanto a estudiantes y profesionales del Derecho como a la ciudadanía en general, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura jurídica y al debate informado sobre el sistema de justicia ecuatoriano.
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