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Fusión del Ministerio del Ambiente y Energía: Riesgos Constitucionales y Ambientales Bajo la Lupa

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El Dr. Freddy Aguilera, abogado y reconocido defensor de derechos colectivos, emitió un pronunciamiento desde la ciudad de Loja alertando sobre los potenciales efectos adversos de la fusión del Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas, dispuesta mediante el Decreto Ejecutivo No. 60 por parte del presidente de la República.

“No se puede ser juez y parte”: Riesgo de conflicto institucional
Aguilera cuestionó la compatibilidad jurídica y técnica de unificar funciones de promoción de actividades extractivas con las de control y fiscalización ambiental dentro de una misma cartera de Estado. Afirmó que esta medida vulnera el principio constitucional de separación de funciones y puede comprometer la imparcialidad en la evaluación ambiental.

“Un mismo ministerio no puede autorizar y fiscalizar simultáneamente las actividades extractivas. Es un contrasentido técnico y jurídico que puede derivar en arbitrariedades y afectaciones graves a los derechos constitucionales”, sostuvo.

Vulneración a la consulta ambiental y derechos de la naturaleza
El jurista señaló con preocupación que esta reestructuración administrativa podría profundizar el debilitamiento de procesos de consulta ambiental, como ya ha ocurrido en recientes concesiones mineras en Palanda, Quinara y El Ingenio (Loja y Zamora Chinchipe), donde se habría omitido este proceso obligatorio.

Recordó que el artículo 398 de la Constitución exige la realización de consultas ambientales previas a la entrega de licencias, con participación libre e informada de las comunidades afectadas. “Decir que la minería es de bajo impacto para justificar la omisión de consulta ambiental es una falacia. El derecho a la consulta no es negociable”, manifestó.

Impactos en la soberanía alimentaria y economía campesina
Aguilera denunció que se están otorgando concesiones mineras en territorios de vocación agrícola y de producción sostenible, afectando directamente a pequeños agricultores que no pueden legalizar sus tierras ni acceder a créditos o inversión debido a la superposición de títulos mineros. “El Ecuador no puede sentarse sobre su riqueza mineral y morirse de hambre. La soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible deben ser prioridades constitucionales”, expresó.

Tráfico de concesiones y minería ilegal: una cadena de impunidad
El abogado alertó sobre una práctica sistemática en la que empresas con escaso capital social obtienen concesiones extensas sin capacidad técnica ni financiera, facilitando su transferencia informal y fomentando la minería ilegal y el involucramiento de estructuras delictivas organizadas.

“Estas empresas promueven la ocupación ilegal de las concesiones por parte de terceros, y cuando ya se ha generado una producción significativa, solicitan al Estado el desalojo. Con ello se expone a las fuerzas del orden, y el Estado termina actuando como cómplice indirecto del tráfico de concesiones”, explicó.

Crítica a la concentración de poder y debilitamiento institucional
Aguilera también expresó su inquietud por la falta de independencia técnica en el otorgamiento de licencias ambientales, al concentrar en una sola institución las funciones de ejecución de proyectos y su control. Rechazó cualquier intento de debilitar a la Corte Constitucional o someterla a presiones políticas.

“Debilitar la independencia de la Corte Constitucional sería gravísimo. Ha sido este organismo el que ha garantizado el respeto a la consulta previa y al derecho de la naturaleza. Sujetarla a juicio político es una amenaza directa al Estado de derecho”, advirtió.

Finalmente, el Dr. Aguilera instó a los ciudadanos y organizaciones sociales a mantenerse vigilantes frente a las reformas estructurales que afectan el orden democrático, los derechos colectivos y el medio ambiente, señalando que no se puede justificar una modernización del Estado al margen de los principios constitucionales.

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Lucio Gutiérrez marca distancia del correísmo: “No auspiciamos candidatos delincuentes”

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A través de un video en su cuenta de X, Lucio Gutiérrez salió a poner distancia entre Sociedad Patriótica (PSP) y la Revolución Ciudadana (RC5).

El expresidente reaccionó a versiones que presentan a su organización como parte de los acuerdos electorales del correísmo y lanzó una frase con munición política: “No auspiciamos candidatos delincuentes”.

Contexto electoral

La reacción se produce luego de que RC5 presentara sus cartas para varias alcaldías de Guayas. Entre los nombres divulgados aparece Cristian Moreta para Naranjal, cuya candidatura fue reportada bajo una alianza entre Sociedad Patriótica y el Partido Socialista Ecuatoriano. 

Podría compararles con ‘buitres’ o ‘hienas’ que están esperando que su presa cometa el mínimo error para lanzarse y despedazarlo, pero no lo voy a hacer”, expresó.

Luego dirigió el reclamo hacia quienes difundieron esas versiones: “Solo voy a decirles que antes de publicar mentiras, consulten con la fuente”, enfatizó.

Alianzas «sin resultados»

El correísmo llega a estas elecciones con «limitaciones». La Revolución Ciudadana permanece suspendida por nueve meses, por lo que varias de sus figuras han tenido que buscar espacio electoral a través de otras organizaciones.

En Manabí, Luisa González intentó competir mediante una alianza con Pachakutik y Jaime Estrada buscó llegar a la papeleta por Sí Podemos, pero ninguna de las dos candidaturas fue aceptada.

Ese escenario ha obligado a RC a explorar respaldos externos y alianzas puntuales, lo que ha generado fricciones con otras fuerzas políticas.

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Tribunal ratifica condena de tres años de prisión a Aquiles por ‘Caso Grillete’

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La Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas desechó de forma unánime el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. Con esta decisión, los magistrados dejaron en firme la condena de tres años de pena privativa de libertad dictada en primera instancia el pasado 3 de agosto de 2026.

El tribunal ratificó que Alvarez es autor directo del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La Fiscalía General del Estado demostró que el funcionario violó la disposición judicial que lo obligaba a portar de manera permanente un dispositivo de vigilancia electrónica.

El origen de la infracción

El proceso penal independiente se desprendió de una diligencia ejecutada el 10 de febrero de 2026. Durante un allanamiento en su domicilio vinculado al caso ‘Goleada’, agentes policiales y fiscales descubrieron que el burgomaestre no tenía puesto el grillete electrónico, el cual le había sido impuesto previamente como medida cautelar dentro del caso ‘Triple A’. De acuerdo con las pruebas testimoniales presentadas por la Fiscalía, el dispositivo fue encontrado cargándose cerca de su cama, confirmando el retiro del mismo sin autorización de un juez.

Multa y reparación integral

Además del tiempo en prisión, la resolución ratificada obliga al sentenciado a cumplir con las siguientes disposiciones de primera instancia:

  • Sanción económica: Pago de una multa de 10 salarios básicos unificados, equivalente a USD 4.820.
  • Reparación simbólica: Obligación de ofrecer disculpas públicas.
  • Difusión del fallo: Publicación de la parte resolutiva de la sentencia en un diario de circulación nacional.

Complejo panorama jurídico

El abogado defensor de Alvarez, Julio César Cueva, cuestionó activamente la validez de la carga probatoria de la Fiscalía durante la audiencia virtual, argumentando que no se demostró una intención deliberada de incumplimiento. Sin embargo, la Sala validó los argumentos de la acusación pública.

Actualmente, Aquiles Alvarez permanece recluido en la cárcel del Encuentro, situada en la provincia de Santa Elena. Este dictamen complica significativamente el frente legal del funcionario, quien además acumula una condena en primera instancia de seis años y ocho meses de cárcel por comercialización ilegal de hidrocarburos en el caso ‘Triple A’, sumado al trámite vigente del caso ‘Goleada’ por presunto lavado de activos.

Tras este revés en la apelación, la defensa del alcalde tiene como última instancia legal la interposición de un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia para intentar revertir el fallo. (I)

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CITACIÓN A LOS USUARIOS CONOCIDOS O NO QUE SE CREAN CON DERECHO A LAS AGUAS PROVENIENTES DE LA(S) FUENTE(S) CAP-VZ4-QUEBRADA,CAP-G17-QUEBRADA,CAP-G16-QUEBRADA,CAP-G15-QUEBRADA,CAP-G13- QUEBRADA,CAP-G3-QUEBRADA,CAP-VZ3-QUEBRADA,CAP-VZ2-QUEBRADA,CAP-VZ1-QUEBRADA,CAP-G12-QUEBRADA,CAP-G11-QUEBRADA,CAP-G4- QUEBRADA,CAP-G2-QUEBRADA,CAP-G1-QUEBRADA UBICADA EN CAP-VZ4, PARROQUIA NUEVO QUITO, CANTÓN PAQUISHA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, EL AGUA SERÁ UTILIZADA PARA USO Y/O APROVECHAMIENTO MINERÍA.

ACTOR(ES): AURELIANMENOR S.A.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, DIRECCIÓN ZONAL 10.

Proceso Administrativo Nro DZ10-DZ10-2026-00031-AA. Fecha 15-07-2026 A las 10:20.

VISTOS: Avoco conocimiento del presente trámite administrativo en mi calidad de Autoridad Única del Agua a nivel desconcentrado. Ministerio de Ambiente y Energía.

En lo principal: Agréguese al expediente los documentos referentes a la Solicitud de Autorización de aprovechamiento de agua, presentada por AURELIANMENOR S.A. de 2026-07-15 10:20:05.198, en el mismo que solicita la Autorización de aprovechamiento de agua de MINERÍA, provenientes de la fuente, CAP-VZ4-QUEBRADA,CAP-G17-QUEBRADA,CAP-G16-QUEBRADA,CAP-G15-QUEBRADA,CAP-G13- QUEBRADA,CAP-G3-QUEBRADA,CAP-VZ3-QUEBRADA,CAP-VZ2-QUEBRADA,CAP-VZ1-QUEBRADA,CAP-G12-QUEBRADA,CAP-G11-QUEBRADA,CAP-G4- QUEBRADA,CAP-G2-QUEBRADA,CAP-G1-QUEBRADA ubicada en CAP-VZ4,

parroquia NUEVO QUITO, cantón PAQUISHA, provincia de ZAMORA CHINCHIPE. Con estos antecedentes en mi calidad de Autoridad Única del Agua a nivel desconcentradose DISPONE:

1.- Aceptar a trámite la solicitud de Autorización de aprovechamiento de agua MINERÍA, por haberse emitido el Certificado de Disponibilidad de Agua – CDA, en cumplimiento con Art. 23 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua y en concordancia con el Art. 107 del Reglamento General Aplicación a la ley, por lo expuesto se dispone el cumplimiento de las siguientes diligencias.

2.-Notifíquese a los señores MARIA AGUSTINA KITIAR TSASAM,JOSE DOMINGO GUALAN ABRIGO,PEDRO FRANCISCO CANGO,ENRIQUE GUALAN

GUALAN,GUILMER MEDARDO ESPINOSA GONZALEZ, en su domicilio señalado en la petición inicial; y a los usuarios desconocidos y presuntos mediante la fijación de carteles que contendrán un extracto de la solicitud y ésta providencia, los que permanecerán expuestos por diez días consecutivos en los parajes más concurridos CAP-VZ4 – NUEVO QUITO – PAQUISHA– ZAMORA CHINCHIPE, mediante comisión que le imparte al señor Teniente Político de la parroquia NUEVO QUITO, anunciar por la prensa tres publicaciones consecutivas.

3.- Finalizado el plazo de publicidad, se contarán diez días para que se puedan presentar

 

adhesiones, oposiciones o proyectos alternativos en sobre cerrado, cumpliendo los mismos requisitos fijados en el numeral 1 del Art. 107 (procedimiento general).

4.- En caso de que el administrado no cumpla con lo dispuesto, esta Administración actuará de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 212 del Código Orgánico Administrativo. 5.- Luego de cumplidas estas diligencias se designará un analista técnico/perito, quien realizará la inspección de rigor y emitirá su informe en atención a lo solicitado.

6.- Téngase en cuenta Casillero Judicial 0 , correo electrónico daniela.alvear@lundingold.com señalados para posteriores notificaciones y la autorización conferida a su abogado defensor de ser el caso AURELIANMENOR S.A. NOTIFIQUESE.-

DIRECTOR/A ZONAL DIRECCIÓN ZONAL 10

 BYRON STALIN MEDINA PACHECO

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