La Corte Constitucional (CC) tramita el caso de una joven que, al cumplir 18 años, decidió cambiarse de nombre y género en su cédula, pero luego se arrepintió y ahora solicita la anulación del proceso. La implicada aceptó que hizo aquella modificación por “presión social”.

Todo empezó el 11 de septiembre de 2023, cuando la joven se acercó al Registro Civil para cambiar su nombre de M.P.P.Y (femenino) a J.A.P.Y (masculino).

Sin embargo, el 10 de febrero de 2025, J.A.P.Y inició una demanda de reforma o nulidad de inscripción, mediante la cual solicitó que se le permitiera anular los actos de rectificación de su nombre y género.

Agrega que aquella decisión ha provocado una suspensión de sus actividades académicas y personales “en razón de que no tiene definida su identidad legal ya que la misma no se ajusta a su identidad personal”.

El 30 de septiembre de 2025, la jueza Olga Cecilia Pareja Quezada, de la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, suspendió el procesamiento de la demanda y remitió una consulta a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del artículo 94 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles (LOGDIDC).

Ese artículo permite que las personas, al cumplir la mayoría de edad y por una sola vez, puedan sustituir el campo sexo por el de género que puede ser: masculino o femenino.

Sin embargo, la magistrada Olga Pareja argumenta que la norma “no contempla la necesidad de valorar y entender los efectos legales de esta decisión y que la misma es definitiva y se entiende irrevocable, lo que se contradice con la formación y flexibilidad de la personalidad de las personas y el proceso de construcción de su identidad”.

Pareja también resalta la importancia de esta consulta constitucional porque la joven implicada “está siendo afectada no solo en su vida familiar, jurídica y social”, sino que también podría sufrir “afectaciones emocionales, psicológicas y sociales”.

Además, recalca que J.A.P.Y se identifica como mujer y quiere vivir de esa forma.

Es así como el Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional admitió a trámite la consulta de la magistrada “sin que el presente auto constituya un prejuzgamiento sobre el asunto de fondo”.

Hace unas semanas, la Corte Constitucional emitió un fallo para permitir que no solo los mayores de edad puedan cambiarse de identidad de género en la cédula, sino también los adolescentes, de entre 12 y 18 años.

Los interesados pueden solicitar la rectificación en el Registro Civil bajo dos requisitos: el acompañamiento de los representantes legales y el respaldo de informes psicosociales provenientes de profesionales acreditados o de órganos técnicos públicos competentes.

Sin embargo, la sentencia causó múltiples reacciones a favor y en contra. De hecho, una comisión de la Asamblea, encabezada por Diana Jácome (ADN), inició un proceso de observación del fallo.

“No estamos hablando de un tema menor, estamos hablando de decisiones que afectan directamente a nuestros niños, niñas y adolescentes”, apuntó la legisladora. Fuente: Vistazo

Era un experto en buscar guaridas. Ángel Esteban Aguilar, alias ‘Lobo Menor’, mantuvo un perfil discreto. Sin embargo, dirigía las actividades del grupo criminal ‘Los Lobos’ desde la sombra. Mientras tanto, su padrastro, Wilmer Cheverría o ‘Pipo’, pasaba por muerto, con documentos que fraguó durante la crisis sanitaria por Covid-19, hasta su captura en noviembre de 2025, en España.

La detención de su hijastro en México confirma un patrón. Aproximadamente, 2.000 documentos de identidad colombianos habrían sido obtenidos en forma fraudulenta por ciudadanos ecuatorianos, para evadir la justicia y viajar hacia terceros países, según explicaron a este medio fuentes de inteligencia.

La documentación falsa les habría permitido sacar pasaportes y viajar a nuevos destinos. En particular, su primera parada fue España, que no requiere visa para ciudadanos colombianos. Algunos se asentaron en ese territorio. Otros buscaron naciones distantes como sitio de operación, entre ellas, Turquía o Emiratos Árabes. Allí, adoptaron la apariencia de empresarios y gestores de negocios, sin pasado turbio.

Uno de los factores que pudo contribuir a que este fenómeno se acentuara sería la crisis pandémica que empezó en marzo de 2020. Certificados de defunción fueron forjados, como lo hicieron Chavarría (Pipo) y el narcolavador Leandro Norero.

Pero hubo otros desencadenantes. En abril de 2024, uniformados ecuatorianos incursionaron en la sede de la embajada mexicana en Quito. El objetivo fue detener al exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, a la fecha prófugo. Según las autoridades ecuatorianas, él estaba a punto de volar hacia México para obtener un estatus de asilado político.

Eso enfrió las relaciones con Colombia. El presidente Gustavo Petro se distanció de su par ecuatoriano, al punto que no volvieron a realizarse los gabinetes binacionales que se convocaban anualmente. Petro suspendió en forma unilateral los gabinetes. El último se cumplió en Carchi, en enero de 2023, en presencia de los presidentes Guillermo Lasso y Gustavo Petro.

Petro asumió el poder en Colombia en 2022. Lasso asumió en mayo de 2021. Duró dos años en el cargo, pues en mayo de 2023 decretó la muerte cruzada y convocó a elecciones anticipadas. Le sucedió Daniel Noboa, quien no ha participado en este tipo de foros desde que asumió la función presidencial.

La investigación se centró en la figura de Lobo Menor’ que, desde la clandestinidad, ejercía el mando del grupo criminal calificado como uno de los más peligrosos del país, con presencia en 18 provincias.

Por su vinculación familiar con Chavarría, Lobo Menor habría tenido una incorporación temprana y un posicionamiento directivo dentro de la estructura criminal.

Para agosto de 2025, era claro el rol del hijastro de Pipo en el grupo. “Desempeña un rol activo en su conformación, organización interna y expansión operativa, posicionándose como uno de los bastiones principales de la estructura, al que se le confían las coordinaciones entre grupos criminales locales y carteles y mafias internacionales”, según informes en poder de Vistazo.

A inicios de septiembre de 2025, Estados Unidos designó a este grupo como una organización terrorista. El anuncio lo hizo en Quito, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

La medida calificaba a la organización como una amenaza global, facilitando el bloqueo de sus activos financieros y la cooperación judicial internacional.

Esto permitió consolidar las labores de inteligencia y determinar la identidad de Ángel Esteban Aguilar Morales, como uno de los fundadores y principales cabecillas de ‘Los Lobos’.

La cooperación internacional permitió además confirmar que el hijastro de Pipo “coadyuvó a la cohesión de ‘Los Lobos’ con nexos y alianzas estratégicas con organizaciones criminales trasnacionales, entre ellas el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cartel de Sinaloa, lo que ha fortalecido sus capacidades logísticas, acceso a rutas internacionales de narcotráfico y sostenimiento de economías ilícitas”.

El intercambio de información corroboró que el crecimiento del grupo se vinculó con el incremento de actividades relacionadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. “Para conseguir supremacía nacional no han escatimado esfuerzos, se apalancan de la violencia criminal para su expansión, el sicariato es su principal medio de presión y control de territorios”. Por eso, se cataloga al grupo como una de las organizaciones criminales con mayor incidencia a nivel nacional y proyección internacional.

Los informes de inteligencia identifican que fue un contacto clave con Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el líder de las disidencias de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC).

Se trata de un guerrillero de jerarquía mediana en la estructura irregular del país vecino. No aceptó el acuerdo de paz que propuso el entonces presidente Manuel Santos. Se convirtió en jefe del autodenominado estado mayor central, autodefinido como el legítimo continuador de la bandera de lucha de las FARC.

Quienes investigaron el caso no descartan que a partir de esta relación, el líder de Los Lobos hubiera accedido a una red ilegal para obtener la identidad falsa con la que se movía con soltura.

Bajo el nombre de Juan Carlos Montero Mestre, alias Lobo Menor había vivido en varias ciudades colombianas. De este país es su expareja, Tatiana, de quien se había separado tiempo atrás, revelan las investigaciones.

A ella la había conocido en el tiempo en que cumplió prisión, acusado del crimen del hermano del entonces ministro del correísmo, José Serrano.

Esta sentencia no la completó. Evadió la justicia y se movía entre Colombia y México, en los últimos meses. En las facilidades aeroportuarias de este país fue detenido. Posteriormente trasladado a Colombia. En este territorio se confirmó que su identidad había sido adulterada. Por tanto, fue traído hasta Ecuador, para que pague sus cuentas pendientes con la justicia.

Según inteligencia, tiene al menos seis procesos judiciales pendientes.

Wilmer Chavarría, Pipo o Tuerto, usó el nombre de Danilo Ramón Fernández Calderón, con documentos falsos emitidos en Colombia, en agosto de 2021.

Viajaba como ciudadano colombiano a España y países europeos. Fue detenido en el aeropuerto de Málaga, de un vuelo procedente de Dubai, uno de los miembros de los Emiratos Árabes Unidos.

Se le atribuyen alrededor de 300 muertes. Al igual que su hijastro, su accionar esquivo y violento dejó un rastro de sangre.

A pesar de la detención de ambos cabecillas, padrastro e hijastro, Inteligencia advierte que la estructura tendría ya definido un mecanismo de sucesión, en un esquema con fuerte jerarquía al estilo militar.

El posible sucesor ya está identificado. Además, hay siete comandantes en la segunda línea. De ellos, dos estarían directamente involucrados en el crimen del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Seis figuras han sido identificadas, adicionalmente, como integrantes del ‘brazo operativo’ de ‘Los Lobos’. Fuente: Vistazo