Nacionales
Fiscalización recomienda juicio político contra exministro Fernando Santos Alvite por responsabilidad en apagones
La Comisión de Fiscalización, con ocho votos a favor, aprobó el enjuiciamiento político contra Fernando Santos Alvite, exministro de Energía y Minas, por el cual recomienda al Pleno de la Asamblea continúe la interpelación por incumplimiento de funciones, debido al mal manejo de la crisis energética que derivó en el racionamiento de energía, con enormes pérdidas para el país.
El organismo parlamentario, presidido por la legisladora Pamela Aguirre (Revolución Ciudadana), determinó que los apagones que ha sufrido Ecuador constituye un problema grave pero prevenible; que el estiaje o sequía en la cuenca oriental, de donde proviene la generación hidroeléctrica, que representa aproximadamente el 90 % del suministro de energía eléctrica del país, ocurre de manera cíclica en el período de octubre a marzo todos los años. Por tanto, no puede ser calificado como un evento imprevisto. Asimismo, tampoco existía una declaratoria de emergencia.
Según la comisión, a pesar de que este año se haya agravado el estiaje debido al fenómeno de El Niño, los organismos climatológicos y de riesgos, tanto nacionales como internacionales, ya habían advertido de esta situación desde el año anterior por lo que las autoridades podían prever y tomar medidas, lo que demuestra que hubo improvisación, falta de acciones concretas, así como el incumplimiento del Plan Maestro de Electrificación, al igual que de los mantenimientos programados y la repotenciación de algunas hidroeléctricas y termoeléctricas para suplir la falta de generación durante la sequía.
También, indica que se inobservaron las alertas emitidas por el CENACE y CELEC EP sobre los efectos del estiaje. La respuesta de las autoridades fue nula o tardía. Jamás se dio la contratación de gas para la Termoeléctrica Machala. La contratación por parte de Empresa Eléctrica Quito (EEQ) para aumentar 465 MW fue declarada desierta y el contrato con Energyquil establece unas obligaciones distintas a las manifestadas públicamente por el exministro Fernando Santos Alvite. No se incorporó nueva oferta eléctrica para enfrentar el estiaje, a lo que se suma la compra de energía a Colombia a precios superiores a los del mercado, que le costó al país más de 230 millones de dólares.
Ahora, le corresponde al Pleno de la Asamblea proceder con la fase final del enjuiciamiento político al exministro de Energía, Fernando Santos Alvite.
Ecuador ha vuelto a registrar desde el domingo apagones temporales por un racionamiento de electricidad ante la escasez de generación de sus centrales hidroeléctricas por una fuerte sequía y la disminución de la importación de energía de Colombia, que se encuentra también en una situación crítica.
En un comunicado difundido este lunes, el Ministerio de Energía y Minas anunció que para este martes y miércoles se programarán apagones en distintas partes del país, como ya ocurrió a finales de 2023, cuando durante varias semanas hubo apagones de hasta cuatro horas durante el día. Fuente: Vistazo
El riesgo país es un indicador relacionado con el riesgo de prestar o no dinero a un país. Desde octubre, este número ha venido cayendo en Ecuador hasta ubicarse el martes 6 de enero de 2026 en 462 puntos.
Las cifras constan en el Banco Central del Ecuador, en su última publicación general. Esto significa que hay una mejores probabilidades de que el país cumpla con sus obligaciones financieras ante los inversionistas extranjeros.
Esta cifra no se había visto desde el 2018. El 5 de febrero de ese año se registró 460, es decir, hace ocho años.
Pronunciamiento del Gobierno
El Ministerio de Economía y Finanzas señaló que Ecuador comienza el 2026 con cifras importantes. Una de ellas es la reducción del riesgo país que representa una baja de 1.448 puntos.
Asimismo, el incremento de las reservas internacionales alcanzó los USD 9.795 millones. Esta última es considerada la más alta de la historia. Es decir, USD 2.895 millones más que en diciembre de 2024.
Este indicador es importante porque representa un respaldo para los pagos del país; además se garantiza la liquidez del sistema financiero, confianza internacional, respaldo en depósitos del público y empresas.
“Menos riesgo país significa más acceso a financiamiento, más inversión y más estabilidad económica”, informó la cartera de Estado.
En un momento de alta tensión geopolítica por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, conversó este martes 6 de enero de 2026 con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa para agradecer la colaboración de Ecuador en la lucha contra el narcoterrorismo y fortalecer la coordinación en seguridad regional, informó el Departamento de Estado de EE. UU.
Agradecimientos y prioridades compartidas
Según el comunicado oficial divulgado por Washington, Rubio destacó “el compromiso de los Estados Unidos de continuar una estrecha coordinación para impulsar la seguridad regional”, y específicamente agradeció a Noboa la cooperación de Ecuador en el combate al narcoterrorismo y su contribución para fortalecer la seguridad en todo el hemisferio.
La conversación telefónica se centró en los esfuerzos regionales para promover la estabilidad en Venezuela y en la reciente operación de las fuerzas del orden que condujo a la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, un evento que ha generado repercusiones diplomáticas y de seguridad en la región.
Contexto regional y seguridad hemisférica
La llamada se da en el marco de una fase de alta tensión geopolítica en América Latina tras la operación militar que resultó en la detención de Maduro el 3 de enero, una acción liderada por fuerzas estadounidenses en Caracas con respaldo oficial de la Casa Blanca.
Rubio no solo agradeció la cooperación de Quito, sino que también conversó ese mismo día con el canciller de Argentina, Pablo Quirno, para reconocer la participación de ese país en iniciativas de seguridad hemisférica tras el operativo en Venezuela.
Reacción de Noboa y postura ecuatoriana
El presidente Noboa fue uno de los mandatarios que hizo pública su postura tras la captura de Maduro. En su cuenta de la red social X, afirmó que “a todos los criminales narcochavistas les llega su hora” y que la estructura de ese grupo “terminará de caer en todo el continente”.
Ese mensaje refleja la posición del Gobierno ecuatoriano sobre la crisis venezolana y su acercamiento en materia de seguridad con los Estados Unidos y otras administraciones que comparten objetivos similares.
Samantha Lozada, exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura en Orellana, denunció que la institución liderada por Mario Godoy la dejó “a merced del crimen organizado”, ya que no le brindó protección pese a las múltiples amenazas contra su vida. De hecho, tuvo que salir del país.
Uno de los sucesos más perturbadores que enfrentó la exfuncionaria ocurrió el 22 de octubre del 2025, cuando sufrió un ataque armado mientras circulaba en un vehículo junto a su padre.
El arma con la que le apuntaron se trabó por lo que ella y su padre lograron salir ilesos, aunque el progenitor resultó herido.
En entrevista con Radio Sonorama, Lozada comentó que tuvo que trasladarse a Quito y que pidió una reunión con Mario Godoy para comentarle sobre el atentado, pero fue atendida por una asesora, que le recomendó que renunciara.
Agregó que, por amenazas previas, tenía cinco policías a disposición, pero sin un vehículo blindado.
Posteriormente, el Consejo de la Judicatura aceptó la renuncia de Lozada, quien no interpuso la solicitud formal, sino que Godoy había pedido a todos los directores provinciales que pongan sus cargos a disposición semanas antes.
Agregó que envió cartas al mandatario Daniel Noboa y al Ministerio del Interior, pero no obtuvo respuesta favorable. La Presidencia le contestó que no era su competencia.
OTRAS AMENAZAS
Lozada también relató que desde que ingresó a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Orellana recibió múltiples amenazas de alias ‘Topo’, considerado el segundo al mando de ‘Los Choneros’ y requerido por Estados Unidos.
En septiembre del 2024, por ejemplo, su hermano recibió un mensaje en el que se decía que en la noche cuando hubiera un corte de luz ingresarían los ‘Comandos de la Frontera’ a asesinarla y en caso de que lograra huir iban a matar a cada miembro de su familia.
Por ese hecho, también fue sacada de Orellana y tuvo apoyo de la Judicatura, pero con el tiempo ella misma asumió los costos de estadía y traslados en la capital.
“Esta situación de no poder visitar a mi familia, de no poder salir, no tener vehículos, afectó gravemente mi salud mental, al punto de que fui diagnosticada con ansiedad y depresión grave con estrés postraumático”, contó Lozada.
Agregó que solicitó a la Judicatura que suspenda al juez que liberó a alias ‘Topo’, pero la exfuncionaria dice que esa medida hasta el día de hoy no ha sido atendida.
JUDICATURA SE PRONUNCIA
Luego de que saliera a la luz este caso, el Consejo de la Judicatura emitió un comunicado en el que afirma que las declaraciones de Lozada son “imprecisas”.
Añadió que “no existen denuncias oficiales ante la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión que vinculen a jueces o fiscales de la provincia de Orellana con redes delictivas, más allá de un caso específico y debidamente formalizado”.
Sobre el tema de la desvinculación, la Judicatura dice que “la exfuncionaria presentó su renuncia de manera formal y verbal a las autoridades, la cual fue aceptada por el Pleno”.
Por su parte, Lozada solicitó a Godoy que exhibiera el documento de la renuncia al país. Fuente: Vistazo
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