Nacionales
Fiscalización recomienda juicio político contra exministro Fernando Santos Alvite por responsabilidad en apagones
La Comisión de Fiscalización, con ocho votos a favor, aprobó el enjuiciamiento político contra Fernando Santos Alvite, exministro de Energía y Minas, por el cual recomienda al Pleno de la Asamblea continúe la interpelación por incumplimiento de funciones, debido al mal manejo de la crisis energética que derivó en el racionamiento de energía, con enormes pérdidas para el país.
El organismo parlamentario, presidido por la legisladora Pamela Aguirre (Revolución Ciudadana), determinó que los apagones que ha sufrido Ecuador constituye un problema grave pero prevenible; que el estiaje o sequía en la cuenca oriental, de donde proviene la generación hidroeléctrica, que representa aproximadamente el 90 % del suministro de energía eléctrica del país, ocurre de manera cíclica en el período de octubre a marzo todos los años. Por tanto, no puede ser calificado como un evento imprevisto. Asimismo, tampoco existía una declaratoria de emergencia.
Según la comisión, a pesar de que este año se haya agravado el estiaje debido al fenómeno de El Niño, los organismos climatológicos y de riesgos, tanto nacionales como internacionales, ya habían advertido de esta situación desde el año anterior por lo que las autoridades podían prever y tomar medidas, lo que demuestra que hubo improvisación, falta de acciones concretas, así como el incumplimiento del Plan Maestro de Electrificación, al igual que de los mantenimientos programados y la repotenciación de algunas hidroeléctricas y termoeléctricas para suplir la falta de generación durante la sequía.
También, indica que se inobservaron las alertas emitidas por el CENACE y CELEC EP sobre los efectos del estiaje. La respuesta de las autoridades fue nula o tardía. Jamás se dio la contratación de gas para la Termoeléctrica Machala. La contratación por parte de Empresa Eléctrica Quito (EEQ) para aumentar 465 MW fue declarada desierta y el contrato con Energyquil establece unas obligaciones distintas a las manifestadas públicamente por el exministro Fernando Santos Alvite. No se incorporó nueva oferta eléctrica para enfrentar el estiaje, a lo que se suma la compra de energía a Colombia a precios superiores a los del mercado, que le costó al país más de 230 millones de dólares.
Ahora, le corresponde al Pleno de la Asamblea proceder con la fase final del enjuiciamiento político al exministro de Energía, Fernando Santos Alvite.
Ecuador ha vuelto a registrar desde el domingo apagones temporales por un racionamiento de electricidad ante la escasez de generación de sus centrales hidroeléctricas por una fuerte sequía y la disminución de la importación de energía de Colombia, que se encuentra también en una situación crítica.
En un comunicado difundido este lunes, el Ministerio de Energía y Minas anunció que para este martes y miércoles se programarán apagones en distintas partes del país, como ya ocurrió a finales de 2023, cuando durante varias semanas hubo apagones de hasta cuatro horas durante el día. Fuente: Vistazo
Nacionales
Presunto perjuicio de USD 300 millones en CNEL en 11 años, una sola trabajadora habría manipulado planillas de luz sin sustento por USD 5,9 millones
Una compleja red de corrupción en la que estarían inmersos alrededor de 50 trabajadores públicos de la empresa estatal de distribución Corporación Nacional Eléctrica (CNEL) habría manipulado los sistemas de facturación de las planillas de luz para favorecer a empresas, industrias, comercios y hogares en, al menos, cinco provincias de Ecuador, según explicó el Gobierno.
Lea: Oficinas de CNEL son allanadas en Ecuador este 28 de abril, por presunto caso de corrupción
Y de esa manera los clientes lograban que se les refacture las planillas para pagar menos por la energía eléctrica.
Las investigaciones preliminares, que nacieron de una auditoría solicitada por la ministra de Energía, Inés Manzano, señalan que esta red habría estado operando en las unidades de negocio de CNEL en Santa Elena, Guayas-Los Ríos, Manabí y Sucumbíos.
Solo en 2025 esas unidades habría facturado unos USD 48 millones, pero de esos 27,9 millones no tendrían suspento técnico.
La red, según la auditoría, operaba desde hace 11 años bajo este esquema, por lo que las autoridades del Gobierno creen que en total el perjuicio para el Estado en ese período sumaría unos USD 300 millones.
Con base en los resultados de la auditoría, la Ministra de Energía habría solicitado el cambio de autoridades el 14 de abril de 2026.
El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que algunos de los funcionarios implicados en esta red de corrupción percibirían sueldos públicos mínimos, pero tendrían patrimonios de USD 3 millones.
Dentro del proceso, se detectó que una sola trabajadora en Santa Elena habría manipulado planillas de luz causando un perjuicio al Estado por USD 5,9 millones.
En desarrollo… Fuente: Primicias
Nacionales
Alcalde de Riobamba, concejales y otros son llamados a juicio por asociación ilícita en ‘Caso Altares’
La Fiscalía General del Estado acusó al alcalde de Riobamba, Jhon Vinueza, y otras ocho personas del presunto delito de asociación ilícita, en el marco de una investigación por posibles actos de corrupción en el Municipio riobambeño.
Tras la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la Jueza Presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo dictó auto de llamamiento a juicio contra Rafael Teodoro Q. P. y Carlos Octavio A. S. (concejales), René Javier L. G. (particular), Jhon Henry Vinueza (alcalde) y Lenin Stalin F. G. (exdirector departamental del Municipio). Además, ratificó las medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país.
Para Edison Germán T. C. y Galo Esteban F. M. (concejales), Roberto Javier M. B. y Ramiro Alonso V. M. (exdirector de Movilidad), dictó auto de sobreseimiento. No obstante, la autoridad judicial dispuso iniciar investigaciones por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, relacionados con representantes de cooperativas de transporte.
La investigación se originó a partir de diligencias que incluyeron allanamientos a domicilios de funcionarios públicos y particulares, el 30 de enero de 2025.
Según la teoría del caso, los procesados habrían conformado una estructura para cometer delitos como tráfico de influencias —para intervenir en causas de tránsito—, cohecho —relacionado con la presunta habilitación irregular de 255 cupos de taxis rurales— y falsificación informática, mediante la eliminación de multas.
De acuerdo con los elementos recabados, existirían indicios de entrega de dinero para acceder a estos beneficios; no obstante, estos hechos continúan en investigación.
Para sustentar su acusación, Fiscalía presentó interceptaciones telefónicas, análisis de dispositivos móviles, documentación institucional relacionada con proyectos de ordenanza sobre transporte, versiones de involucrados en la recaudación de dinero e información proporcionada por un cooperador eficaz, entre otros elementos de convicción. Asimismo, hizo el anuncio de la prueba que será presentada en la audiencia de juicio.
Este no es el único inconveniente que ha enfrentado el alcalde John Vinueza. En enero de 2025, la mayoría del Concejo Municipal lo destituyó debido a modificaciones en la donación de un terreno para la construcción de una morgue, pero el Tribunal Contencioso Electoral anuló el proceso de remoción de Vinueza, ya que no se cumplieron las formalidades del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad). Fuente: Vistazo
Nacionales
Gobierno allana oficinas de CNEL en varias provincias del país: John Reimberg y Daniel Noboa lideran operativo
El ministro del Interior, John Reimberg, informó este martes 28 de abril de 2026 sobre un operativo de allanamiento a oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en varias provincias del país.
A través de su cuenta en la red social X, el funcionario anunció la intervención pasadas las 10:40 y compartió imágenes del operativo, en las que aparece junto al presidente de la República, Daniel Noboa.
En las fotografías difundidas se observa un amplio despliegue de efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
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