Nacionales
Fiscalización recomienda juicio político contra exministro Fernando Santos Alvite por responsabilidad en apagones
La Comisión de Fiscalización, con ocho votos a favor, aprobó el enjuiciamiento político contra Fernando Santos Alvite, exministro de Energía y Minas, por el cual recomienda al Pleno de la Asamblea continúe la interpelación por incumplimiento de funciones, debido al mal manejo de la crisis energética que derivó en el racionamiento de energía, con enormes pérdidas para el país.
El organismo parlamentario, presidido por la legisladora Pamela Aguirre (Revolución Ciudadana), determinó que los apagones que ha sufrido Ecuador constituye un problema grave pero prevenible; que el estiaje o sequía en la cuenca oriental, de donde proviene la generación hidroeléctrica, que representa aproximadamente el 90 % del suministro de energía eléctrica del país, ocurre de manera cíclica en el período de octubre a marzo todos los años. Por tanto, no puede ser calificado como un evento imprevisto. Asimismo, tampoco existía una declaratoria de emergencia.
Según la comisión, a pesar de que este año se haya agravado el estiaje debido al fenómeno de El Niño, los organismos climatológicos y de riesgos, tanto nacionales como internacionales, ya habían advertido de esta situación desde el año anterior por lo que las autoridades podían prever y tomar medidas, lo que demuestra que hubo improvisación, falta de acciones concretas, así como el incumplimiento del Plan Maestro de Electrificación, al igual que de los mantenimientos programados y la repotenciación de algunas hidroeléctricas y termoeléctricas para suplir la falta de generación durante la sequía.
También, indica que se inobservaron las alertas emitidas por el CENACE y CELEC EP sobre los efectos del estiaje. La respuesta de las autoridades fue nula o tardía. Jamás se dio la contratación de gas para la Termoeléctrica Machala. La contratación por parte de Empresa Eléctrica Quito (EEQ) para aumentar 465 MW fue declarada desierta y el contrato con Energyquil establece unas obligaciones distintas a las manifestadas públicamente por el exministro Fernando Santos Alvite. No se incorporó nueva oferta eléctrica para enfrentar el estiaje, a lo que se suma la compra de energía a Colombia a precios superiores a los del mercado, que le costó al país más de 230 millones de dólares.
Ahora, le corresponde al Pleno de la Asamblea proceder con la fase final del enjuiciamiento político al exministro de Energía, Fernando Santos Alvite.
Ecuador ha vuelto a registrar desde el domingo apagones temporales por un racionamiento de electricidad ante la escasez de generación de sus centrales hidroeléctricas por una fuerte sequía y la disminución de la importación de energía de Colombia, que se encuentra también en una situación crítica.
En un comunicado difundido este lunes, el Ministerio de Energía y Minas anunció que para este martes y miércoles se programarán apagones en distintas partes del país, como ya ocurrió a finales de 2023, cuando durante varias semanas hubo apagones de hasta cuatro horas durante el día. Fuente: Vistazo
Hay preocupación en el Gobierno por la constante disminución de los embalses en complejos como Mazar. Por eso, busca ahorrar agua en las hidroeléctricas para extender la entrega de energía al menos hasta octubre.
De otro lado, se ha insistido que no habrá apagones. Hay medidas como el apagón voluntario que regirá un día en la semana que está por empezar.
En Pichincha, Cuenca y Tungurahua se reparte el otro 10 % de empresas que este fin de semana esperan ponerse de acuerdo en el día en que pararan su producción. Unos 35 MW día de ahorro significaría el apagón voluntario, de ahí que surgen las críticas a la medida.
“Si bien es lo políticamente dañino para el Gobierno, estructuralmente es lo peor que le puede pasar al país. El mensaje que damos es de una infraestructura sumamente vulnerable”, Pablo Landázuri, empresario industrial.
En otra medida, hay un plazo que de cierre hasta el 15 de diciembre, fecha final en la que las empresas AV1 y AV2, que son las que mas energía consumen en el país deberán tener listos sus propios planes y sistemas de generación porque es el día en que el Gobierno los desconectara.
A dos meses y medio, empresarios y el Gobierno esperan que quienes no tengan como generar energía contraten una de las barcazas que ya no tiene contratos con el Estado. Sería una de las pocas alternativas que les queda para no cerrar. Fuente: Vistazo
Nacionales
Captación ilegal de depósitos: Chimborazo es la provincia con la mayor tasa de casos en Ecuador
En 2025, se registraron en Ecuador 200 reportes de posibles delitos de captación ilegal de depósitos, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La cifra total de 2025 mostró un incremento de 31,6% con relación a 2019. Sin embargo, entre 2022 y 2025, hubo una reducción sostenida en las noticias de delitos (NDD) relacionados a esta actividad.
Los datos son parte de los hallazgos de un estudio, difundido el 18 de septiembre de 2026, que analiza esquemas de financiamiento ilícito, como la captación ilegal de dinero, y su relación con el crimen organizado en Ecuador.
El informe fue desarrollado por el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, como parte del Proyecto Crime-Lab II de la Fundación Panamericana para el Desarrollo.
¿Qué es la captación ilegal de depósitos?
Según el estudio, la captación ilegal de dinero o depósitos se genera a través de la constitución de entidades ficticias o fachada que, sin autorización, «ofrecen o promocionan servicios financieros y reciben dinero de las personas bajo ofertas fraudulentas».
Los esquemas de captación ilegal pueden adquirir diversas formas, como estafas, estructuras piramidales e incluso fachadas para el lavado de activos, detalla el documento.
El artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de cinco a siete años para quienes organicen, desarrollen y promocionen, de forma pública o clandestina, actividades de intermediación financiera sin autorización legal, destinadas a captar dinero del público en forma habitual y masiva.
Chimborazo, con la tasa más alta
La captación ilegal de dinero muestra una concentración importante en la Sierra, particularmente del centro hacia el norte del país.
Para 2025, Pichincha fue la provincia que acumuló la mayor cantidad de casos, con una participación de 57% en el total nacional. Le siguió Chimborazo, con 14,5%, y Cotopaxi, con 9%.
Pero al analizar la tasa de noticias del delito (NDD) por cada 100.000 habitantes, Chimborazo ocupó el primer lugar, con 5,95. Por detrás, se ubicó Pichincha con 3,46, seguida de Cotopaxi (3,45), Orellana (1,53) e Imbabura (1,2).
A escala cantonal, durante 2025, en 32 de los 221 cantones de Ecuador se registró al menos una denuncia ante la FGE relacionada con captación ilegal de dinero.
El cantón con mayor número de reportes fue Quito, con 111 casos. Le siguió Riobamba con 26, Latacunga con 14 y Cuenca con 7.
Al analizar la incidencia de este delito en cantones con más de 100.000 habitantes, Riobamba lideró con una tasa de 9,5. Por detrás, se ubicaron Latacunga (6,1), Quito (3,9) y Francisco de Orellana (2). Fuente: Primicias
Sofía Berenice G. R. fue sentenciada a 13 años de prisión este viernes 18 e septiembre por la desaparición involuntaria de su hijo, quien tenía apenas un año y 11 meses cuando se perdió su rastro en noviembre de 2021. Casi cinco años después, el pequeño continúa desaparecido.
El caso se remonta al 23 de noviembre de 2021, cuando Sofía Berenice G. R., entonces de 31 años, llamó a la media hermana del pequeño para pedirle que lo cuidara mientras realizaba unas diligencias.
La joven dijo entonces que no podía hacerlo porque se encontraba trabajando. Ante ello, la mujer le manifestó que se llevaría a su hijo fuera de la ciudad durante un día.
Alrededor de las 23:00, el padre del niño regresó de un viaje de trabajo y encontró una nota que había dejado Sofía: “Adiós Óscar, me voy lejos a iniciar una vida con el Sebas. Me voy a Colombia, a Cartagena. Chao”.
A partir de ese momento, la familia perdió contacto tanto con la mujer como con el pequeño.
A inicios de diciembre de ese año, Sofía volvió a comunicarse con el padre y le manifestó que ambos regresarían a la vivienda donde residían, ubicada en las avenidas Atahualpa y Roosevelt, en Latacunga.
Regresó a la vivienda, pero sin su hijo
El 2 de enero de 2022, Sofía Berenice G. R. regresó al domicilio familiar, pero el pequeño no estaba con ella.
Su hijastra le reclamó por la ausencia de su hermano y le advirtió que acudiría ante la Fiscalía para denunciar la desaparición. Tras esa advertencia, la mujer se retiró del inmueble.
Precisamente, la investigación comenzó a partir de la denuncia presentada por la media hermana del niño. Fiscalía dispuso la activación del protocolo de búsqueda en coordinación con la Policía Nacional, pero hasta ahora no se ha logrado determinar el paradero del menor.
Más de tres años después, el 16 de octubre de 2025, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Sofía Berenice G. R. en cumplimiento de una orden de captura con fines de formulación de cargos por el delito de desaparición involuntaria.
Durante el juicio, Fiscalía presentó como elementos probatorios el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y los testimonios del padre y de la media hermana de la víctima. Ambos declararon que Sofía sacó al niño de su domicilio y que desde entonces se perdió su rastro.
Además, los jueces ordenaron el pago de USD 15.000 como reparación integral para la familia de la víctima y una multa equivalente a 40 salarios básicos unificados. Fuente: Vistazo
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