Nacionales
Fiscalía tiene reparos a lo aprobado en la Asamblea sobre extinción de dominio
La Fiscalía General tiene reparos a lo aprobado en la Asamblea Nacional sobre la extinción de dominio. En un pronunciamiento, la entidad cuestionó los tiempos para la investigación y la dependencia de una sentencia ejecutoriada.
En el pronunciamiento se señala: “La Institución considera que la reducción del tiempo de tramitación, lejos de abonar a una efectiva recuperación de capitales ilícitos, limita su accionar al restringir el proceso a períodos que, por la misma naturaleza de esta acción, requieren ser más amplios”.
El 8 de febrero de 2024, la Asamblea aprobó por unanimidad la denominada Ley de Monetización de Activos Provenientes de Actividades Ilícitas. Este es el cuarto proyecto enviado por el Ejecutivo con carácter de económico-urgente.
Sobre el requisito de la sentencia ejecutoriada, la Fiscalía señaló que es un paso innecesario.
Sobre esto, el proyecto aprobado planteó tres excepciones para ese requisito. La primera es cuando los bienes, objeto de extinción de dominio, sean de propiedad de uno o varios miembros de grupos de delincuencia organizada nacional o transnacional, organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes.
La segunda tiene que ver con que se trate de bienes o activos injustificados. Finalmente, la tercera condición está relacionada con delitos flagrantes, “respecto de los bienes o activos cuya titularidad se encuentren en propiedad de uno o varios de los miembros de los grupos señalados.
Finalmente, la Fiscalía señaló: “Pese a estas limitaciones, reafirmamos el compromiso con la sociedad ecuatoriana de seguir luchando contra la corrupción y el crimen organizado, lo que incluye —-sin lugar a dudas la persecución de bienes de origen o fin ilícito”.
Nacionales
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Nacionales
Ministerio de Trabajo: Ningún empleador puede obligar a trabajadores a asistir a eventos o movilizaciones
A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo advirtió que los empleadores no pueden obligar a sus trabajadores a asistir a eventos, concentraciones o movilizaciones de ninguna índole. La información se difundió este viernes, 20 de febrero de 2026.
En el documento se explica que esta medida rige para trabajadores del sector público y privado.
Se pueden hacer denuncias
Si el trabajador es obligado a ser parte de estas prácticas puede denunciar a los canales del Ministerio de Trabajo. Se garantizará el anonimato y la confidencialidad del denunciante para garantizar su estabilidad laboral y su integridad.
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Luego de recibir las denuncias, la cartera del ramo procederá con las inspecciones y medidas correspondientes de acuerdo a lo estipulado en el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). Pueden darse sanciones para quienes incurran en estas faltas.
Los canales habilitados
El Ministerio de Trabajo habilitó estos canales:
Canal web: https://www.contactociudadano.gob.ec/
Línea telefónica: 1800 266 822
Presencial: ventanillas de atención de las direcciones regionales del Trabajo en todo el país.
Unas 400 personas marcharon este jueves por el centro de Quito para protestar contra el nuevo proyecto de ley impulsado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que busca reformar el esquema de gasto de los gobiernos locales, entre ellos municipios y prefecturas provinciales.
La iniciativa, denominada Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), fue enviada por Noboa con carácter económico urgente, una figura constitucional que obliga al Legislativo a tramitarla en un plazo máximo de treinta días, tras lo cual el proyecto podría entrar en vigor automáticamente si no es aprobado o archivado.
El proyecto plantea que los gobiernos locales destinen al menos el 70 % de su presupuesto a inversión y no más del 30 % a gasto corriente, como salarios y funcionamiento administrativo.
La propuesta enfrenta al oficialismo, representado por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), que defiende su aprobación; y al correísmo, que gobierna las prefecturas y municipios más grandes del país, como Quito y Guayaquil.
Ellos sostienen que la norma reduciría su autonomía financiera y afectaría servicios municipales como la educación.
Entre los manifestantes hubo personas de distintas edades, desde adultos mayores hasta jóvenes con uniforme escolar.
Una de las presentes, Silvia Alviar, explicó a EFE que se había sumado a la marcha para «rechazar una ley que nos afecta a todo el pueblo, ya que nos quieren quitar un presupuesto, una gran parte». «Por ende, no vamos a poder tener buenos profesores, buenos profesionales para nuestros hijos», dijo.
De esta forma, Romero insistió en pedir al Gobierno central que archive la ley y que, si realmente busca la eficiencia y sostenibilidad de los gobiernos autónomos, escuche al pueblo y a los beneficiarios y elabore una norma que no perjudique a los más pobres y que garantice esa eficiencia y sostenibilidad.
La propuesta se tratará en segundo debate este viernes en el pleno del Parlamento ecuatoriano. EFE (I)
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