Nacionales
Expediente El Rodeo: Jueces al banquillo por rebajas y extorsiones
Una red que extorsionaba presos para liberarlos fue desmantelada en 2019; cuatro jueces de Manabí fueron investigados por este entramado. Las evidencias inculpaban a dos de ellos, pero solo uno fue sentenciado a seis años de prisión con cuatro implicados más; todos están libres. El otro juzgador fue exculpado porque el fiscal no lo acusó, en medio de duros cuestionamientos a su decisión.
Omar Orellana aún era juez de garantías penitenciarias cuando se descubrió que también integraba una red que extorsionaba a reclusos en las cárceles El Rodeo y Bahía de Caráquez, en la provincia de Manabí. Otros tres jueces fueron investigados por posibles vínculos con esta organización: Banny Molina, Jhandry Sabando y Javier López.
Esta trama, que se conoce como el caso “El Rodeo”, quedó al descubierto a mediados de 2019, por una delación: la pareja de un preso llamado Carlos Mejía, alias Nariz Virada, denunció al grupo de extorsionadores ante la policía porque no cumplieron sus ofertas de excarcelarlo, ya que los jueces estaban despachando otras solicitudes pactadas previamente. Ella había pagado por adelantado 500 dólares al agente penitenciario Eker García y al abogado Marcos Acosta, que acordaba con los juzgadores las liberaciones.
El esquema delictivo se comprobó con escuchas telefónicas y mensajes de texto entre los integrantes de la red, así como por decenas de versiones de los implicados y reportes penitenciarios. El caso fue impulsado por la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura (CJ), que intervino como acusador particular.
Según la investigación fiscal, entre 2015 y 2019 esta red facilitó la excarcelación de unos 90 detenidos por delitos graves, en su mayoría por narcotráfico. Los reclusos obtuvieron privilegios que les permitieron salir en libertad, a pesar de no cumplir con todos los requisitos legales. En otros casos eran obligados a pagar las coimas, pese a que sí reunían las condiciones para su liberación.
Para apurar las liberaciones, los integrantes de la red abordaban a los presos que con ayuda de sus familiares pagaban sobornos que oscilaban entre los 500 y tres mil dólares. Los desembolsos se hacían después de la medianoche. Aprovechando la penumbra del cementerio de Portoviejo, los parientes pagaban a los intermediarios dinero en efectivo y botellas de whisky. Para no despertar sospechas, en otras ocasiones dejaban sobres sellados con dinero debajo de las puertas en las casas de los funcionarios. Cuando estaban más apremiados, los encuentros se realizaban en los parqueaderos de los presidios.
Durante la primera etapa de la investigación, los abogados del CJ y la fiscal Claudia Romero coincidieron en que los principales responsables eran los jueces Orellana y Molina, que fueron procesados cuatro meses después del inicio formal del caso, junto a los jueces Sabando y López. Este último, además, está envuelto en otro juicio por prevaricato: fue sentenciado a tres años de prisión por reducir la condena de 25 a 13 años a varios policías condenados por asesinato, que luego fueron liberados. López pidió la suspensión condicional de la pena, que deberá ser resuelta por la Corte Superior las próximas semanas.
Debido al fuero especial de los cuatro jueces, la causa subió de un juzgado inferior a la Corte. Fue así como el fiscal provincial Alberto Santillán se puso al frente de la investigación.
Cuando se celebró la audiencia de juzgamiento, en noviembre de 2020, Santillán no llamó a declarar a varios testigos, incluidos funcionarios penitenciarios, que en la primera etapa de la investigación habían contado cómo operaba la red y sus conexiones. Algunos de ellos dieron sus versiones por pedido de la anterior fiscal.
Durante sus alegatos finales, Santillán acusó a cinco de los procesados: el juez Orellana, los funcionarios penitenciarios Eker García, Einsten García, Rodrigo Menéndez y el abogado Marcos Acosta. Para ellos pidió la pena de 13 años por asociación ilícita y concusión. Luego de cinco días de audiencia, la Corte Provincial deliberó y los condenó a seis años de prisión.
Sin embargo, durante sus alegatos, Santillán se abstuvo de acusar al juez Banny Molina, aunque existían suficientes pruebas en su contra, según denunciaron las juzgadoras Gina Mora y Carmita García, que por mayoría dictaron la sentencia, con la oposición y voto salvado del tercer juez de la Corte.
Cuando la Fiscalía no acusa a un implicado, los jueces no pueden pronunciarse; quedan atados de manos. No obstante, al anunciar su fallo, en diciembre de 2020, las magistradas Mora y García dejaron sentada su preocupación indicando que el fiscal no actuó con objetividad.
“A nuestro criterio, y una vez que procedió a la valoración de la prueba sobre las demás personas procesadas, existían elementos inculpatorios suficientes que justificarían la participación de Banny Molina en los hechos investigados”, destacaron en la sentencia. No obstante –agregaron–, Santillán retiró los cargos, “imposibilitando a este tribunal analizar la prueba inculpatoria que fue anunciada por la Fiscalía”. Tras describir las contradicciones de Santillán, las juezas pidieron al CJ que investigara su actuación.
El CJ no respondió el pedido que se hizo para esta investigación periodística, con el fin de conocer si a Santillán se le abrió un expediente disciplinario o recibió alguna sanción. Asimismo, se requirió la versión del Fiscal para conocer por qué no acusó a Molina. Envió su respuesta a través de la Dirección de Comunicación de la Fiscalía. En ella advirtió que no podía pronunciarse porque el caso se encontraba en fase de apelación ante la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Actualmente, Santillán es candidato para ocupar un cargo como Juez Nacional Anticorrupción.
Por su parte, Molina fue reintegrado a su cargo de juez de garantías penales en Portoviejo, en diciembre de 2020, luego de permanecer suspendido nueve meses, desde el 6 de marzo cuando fue enjuiciado.
Él forma parte de una camada de abogados jóvenes que se hicieron jueces durante el gobierno de Rafael Correa, quien, en 2011, llamó a una consulta popular para que se le permitiera “meter la mano en la justicia”. Así empezó una reforma del sistema judicial que implicó el nombramiento de más de mil nuevos jueces y cientos de fiscales. Sus designaciones y posteriores actuaciones fueron cuestionados por organismos nacionales e internacionales debido a su falta de independencia, sobre todo en los casos en los cuales litigaba el gobierno. Eso profundizó la politización de la justicia ecuatoriana.
Banny Molina hoy tiene 33 años. Llegó a la judicatura a los 25 años. Fue nombrado juez pocos meses después de haberse graduado como abogado en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. En su descargo, durante el juicio, declaró que las autoridades de la Judicatura desataron una persecución mediática y policial, forzando pruebas y manipulando evidencias para perjudicarlo. Aseguró que los hechos denunciados por testigos y corroborados por 20 pruebas documentales nunca sucedieron. “O es que acaso que los funcionarios manabitas no tienen derecho a una vida social, a reunirse a llamar a un familiar y amigo”, dijo refiriéndose a las evidencias de las conversaciones que tuvo con otros procesados.
Molina también dijo que no firmó ninguna de las carpetas que dieron paso a la liberación de varios presos, lo cual fue responsabilidad de otros jueces. “Nunca recibí un solo centavo, ningún pago”, destacó.
Hoy, además, este juez de garantías oriundo de Portoviejo, la capital de Manabí, enfrenta otro proceso penal por prevaricato (fallar contra una ley expresa). El caso se remonta a 2018, cuando recibió un pedido de beneficios, interpuesto por Susana Molina Aray, sentenciada a dos años de prisión por abuso de fondos públicos.
Cuando era directora de Recursos Humanos en el municipio de Tosagua, en Esmeraldas, ella formó parte de una red de corrupción que recibió pagos desde cuentas del Banco Central por 218 mil dólares, entre 2008 y 2010. El caso involucró al alcalde y seis autoridades más.
Banny Molina aceptó el recurso de Susana Molina en 2018. Decidió que cumpliera la condena en su domicilio, por motivos de salud, aunque no había probado que sufría una enfermedad catastrófica. El juez no tenía competencia para disponer que la procesada no cumpliera su condena en prisión, según un informe del CJ.
La denuncia por un supuesto delito de prevaricato contra Banny Molina fue presentada por la jueza Carmen García, quien se percató de las irregularidades cuando el juicio por la corrupción en la Alcaldía de Tosagua llegó a su despacho para la ejecución de la pena. García es una de las juezas que dictó la sentencia del caso El Rodeo.
En el llamado a juicio, Molina fue absuelto provisionalmente en abril pasado. Los jueces de la Corte Provincial estimaron que no infringió ley alguna. La Fiscalía y el CJ apelaron la decisión, pero el Tribunal que conocerá la apelación todavía no se integra.
Actualmente ninguno de los sentenciados por asociación ilícita en las cárceles de Manabí está detenido. Recibieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Deben presentarse periódicamente a la Corte de Manabí y tienen prohibición de salir del país.
Para esta investigación periodística se trató de ubicar al exjuez Orellana a sus números de referencia, pero no respondió las llamadas ni los mensajes.
El jueves 16 de junio de 2022 también se contactó a Molina a su celular y se le pidió una entrevista, a la cual accedió. Sin embargo, al siguiente día no respondió las llamadas. Las dos siguientes semanas se le volvió a pedir su pronunciamiento y tampoco contestó.
(I) Vistazo
Nacionales
Por la guerra comercial, exportadores colombianos alertan de una caída de 27% en sus ventas a Ecuador
El comercio bilateral entre Colombia y Ecuador atraviesa una de sus peores crisis debido a la escalada de la guerra comercial entre ambos países, que han impuesto aranceles a los productos comercializados en ambos lados de la frontera.
De acuerdo con cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y un análisis de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) de Colombia, las ventas de ese país hacia Ecuador disminuyeron 27% entre entre enero y febrero de 2026, frente a igual período de 2025.
Eso se debe a que desde el 1 de febrero de 2026, el Gobierno de Daniel Noboa impuso un arancel de 30% a los productos que llegan de Colombia. Desde el 1 de marzo, la llamada tasa de seguridad subió a 50% y para el 1 de mayo llegará a 100%, por lo que es previsible que la compra de mercancías al país vecino —sus exportaciones a Ecuador— siga cayendo.
Según cifras del Gobierno de Ecuador, entre febrero y marzo, tras el inicio de la guerra comercial, las compras desde Colombia cayeron 57%, alcanzando los USD 124,8 millones.
Mientras tanto, las ventas de Ecuador hacia el país vecino aumentaron en 32% en el período de enero y febrero de 2026, y llegaron a un monto de USD 187,7 millones. Pero esto se explica, en parte, porque el Gobierno de Gustavo Petro comenzó a cobrar un arancel ‘espejo’ de 30% a las importaciones ecuatorianas recién desde el 24 de febrero. Además, en un comienzo se aplicó solo a un grupo de productos.
Y desde el 6 de marzo, el arancel que cobra Colombia a los productos provenientes de Ecuador subió también a 50% para la mayoría de la oferta exportable ecuatoriana.
Productos colombianos enviados a Ecuador
Tras el anuncio del presidente Daniel Noboa de gravar con un arancel a los productos colombianos, la energía eléctrica tuvo el mayor peso en las exportaciones de Colombia en el período de enero y febrero.
Y es que en medio de la guerra comercial, la venta de electricidad de Colombia a Ecuador se suspendió, pero recién desde el 22 de enero de 2026.
De ahí que las exportaciones de energía de Colombia a Ecuador sumaron USD 25,3 millones entre enero y febrero de 2026, lo que representa una caída de 77% frente a iguales meses de 2025.
Sin tomar en cuenta el intercambio energético, los medicamentos son el rubro de productos que más exportó Colombia a Ecuador, entre enero y febrero de 2026, con un monto de USD 8,4 millones, lo que representa un alza de 27,3%.
En otros productos, como insecticidas y carbureactores, los envíos también crecieron de manera importante, 143% y 88%, respectivamente. En cambio, las exportaciones de azúcares de caña o remolacha cayeron 26%
Javier Díaz, presidente ejecutivo de Analdex, explica que el aumento de exportaciones de algunas categorías de productos de Colombia a Ecuador se dio por dos motivos. Por una parte, las empresas aceleraron sus envíos en enero, antes de la entrada en vigencia de los aranceles en febrero.
Y por otro lado, en febrero se registraron declaraciones de exportaciones en la Aduana de Ecuador que no alcanzaron a registrarse en enero, aunque correspondían a ventas realizadas en ese mes.
De hecho, la mayor parte de las ventas de Colombia a Ecuador realizadas en el primer bimestre del año se realizaron en enero. En medicamentos, por ejemplo, hubo un crecimiento interanual de 131% en enero, mientras en febrero cayeron 23%.
«Con el dato de marzo, se espera una desaceleración y una caída más pronunciada» Javier Díaz, presidente de Analdex.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano Colombiana (Camecol), Freddy Cevallos, coincide en que los incrementos de exportaciones en ciertos rubros responden a adelantos a de compras, realizados a finales de enero, cuando Noboa anunció el nuevo arancel de 30%.
E incluso, considera que los envíos de febrero también corresponden, en parte, a adelantos, debido a que en ese mes se conoció que desde marzo subirían los aranceles a 50%.
«Cuando el arancel en Ecuador llegue a 100%, la compra de productos colombianos será la mínima necesaria. Probablemente, en mayo podremos ver los verdaderos efectos», dice Cevallos. Empresas que más exportaron
Según el análisis de Analdex, sin contar al sector energético, Colgate Palmolive fue la empresa que más exportó productos a Ecuador desde Colombia, entre enero y febrero de 2026, con un monto de USD 7,8 millones, para un crecimiento de 18%. Su principal producto es la crema dental.
Le sigue la fabricante japonesa de carros Hino Motors, con USD 5 millones. Y en tercer lugar, la compañía farmacéutica Procaps, con USD 4,8 millones, con un crecimiento de más de 1500%, debido al adelanto en la venta de medicamentos. Fuente: Primicias
Nacionales
¿Quién es Juan Carlos Blum, el nuevo Gerente General de CNEL EP tras los cortes de luz en Guayas?
Juan Carlos Blum asumió como nuevo gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP este martes 14 de abril, luego de los recientes incidentes en el servicio eléctrico que provocaron cortes de luz en varios sectores de la provincia del Guayas.
La ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, anticipó una reestructuración en el sector eléctrico al señalar que habría una “nueva plana mayor” tanto en CNEL EP como en el CENACE.
¿Quién es Juan Carlos Blum?
Juan Carlos Blum es ingeniero mecánico graduado en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y cuenta con una maestría en Gestión de Energía y Política Ambiental por la University of Pennsylvania. Su trayectoria combina experiencia técnica con enfoque en políticas públicas, especialmente en el ámbito energético y de sostenibilidad.
Blum también ha colaborado con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID y la CAF, en proyectos que exigen el cumplimiento de estándares internacionales en sostenibilidad y gestión de riesgos.
Desde la Gerencia General de CNEL EP, se espera que impulse una gestión enfocada en la eficiencia operativa, la mejora del servicio eléctrico y la atención a los usuarios, en un contexto marcado por el malestar ciudadano tras los recientes apagones.
Apagones en Guayas
Uno de los eventos críticos se registró la madrugada de ayer por una falla en una línea de subtransmisión que abastece a usuarios entre el kilómetro 1 y el 10 de la vía a Samborondón. Aunque la intervención debía durar una hora, el corte de luz se extendió por aproximadamente cuatro horas. “Esto es inadmisible”, enfatizó Manzano.
En ese contexto, la funcionaria responsabilizó a CNEL EP y al CENACE, calificando su respuesta como lenta e ineficiente, lo que aceleró la decisión de cambios en la cúpula del sector.
Además, anunció la suspensión inmediata de todos los mantenimientos programados en las empresas distribuidoras eléctricas del Ecuador.
«Actuar sin criterio frente a la ciudadanía no es opción como lo sucedido (…) al conectar las torres de Dos Cerritos. Si bien es mejora de infraestructura, inversión, reducción de pérdidas técnicas, mejora de voltaje, no se puede tomar decisiones que afecten a los ciudadanos y que les quiten su paz y bienestar«, expresó la ministra, al referirse a los trabajos realizados en el sistema eléctrico.
Finalmente, Manzano ofreció disculpas públicas «porque esto no debió hacerse de manera desinformada y con retrasos».
No obstante, han continuado los reportes de habitantes de urbanizaciones en la vía a Salitre por nuevos apagones, que han generado afectaciones en negocios y hogares. La inestabilidad del servicio también ha provocado daños en electrodomésticos.
Desde el Gobierno, los cortes de energía han sido atribuidos a diversas causas, entre ellas la sobrecarga en transformadores debido a la intensa ola de calor —que ha impulsado el uso masivo de aires acondicionados y ventiladores—, así como desconexiones programadas por trabajos de mantenimiento preventivo para mejorar la distribución eléctrica. Fuente: Vistazo
Nacionales
250 días detenido en Miami: esta es la última jugada legal de José Serrano para evitar ser deportado
José Serrano Salgado, exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, lleva 250 días detenido en Estados Unidos. Y su caso ha entrado en una etapa llena de incertidumbre por la decisión final sobre una posible deportación.
Su detención, ejecutada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se produjo tras la caducidad de su estatus migratorio en territorio estadounidense.
Desde entonces, el político ecuatoriano permanece recluido en el centro de procesamiento de Krome, ubicado en Miami, Florida.
Su situación en Estados Unidos se desarrolla en paralelo a un complejo panorama judicial en Ecuador, donde enfrenta una orden de prisión preventiva tras ser procesado como presunto autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
El exfuncionario buscó asilo argumentando temor por su vida, pero su proceso migratorio ha entrado en una fase de profunda incertidumbre procesal. Mientras que si es deportado, tendrá que llegar a Ecuador directo a una cárcel.
Silencio en la corte y la ofensiva del habeas corpus
La situación de Serrano ha experimentado un giro legal. Según el buscador oficial del ICE, el exministro permanece bajo custodia de las autoridades migratorias en las instalaciones de Krome.
Sin embargo, el sistema de información automatizada de casos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) revela un estado procesal definitorio, indicando que el caso está pendiente de resolución, pero ya no existen audiencias futuras programadas.
Ante este escenario a nivel migratorio, la defensa de Serrano ha intensificado sus acciones legales en el ámbito federal. El 6 de enero de 2026, el abogado Andrew Clopman asumió la defensa principal, reemplazando a Robert Sheldon, con el objetivo de reactivar un recurso de habeas corpus ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida.
Este recurso original había sido desestimado sin perjuicio en octubre de 2025 por la jueza magistrada Marty Fulgueira Elfenbein, debido a una falta de jurisdicción temporal.
Como parte de esta nueva estrategia, el 13 de abril de 2026 la defensa presentó una moción para ingresar una petición enmendada y verificada de hábeas corpus, buscando forzar un pronunciamiento sobre la legalidad de su prolongada detención.
Un día después, el 14 de abril de 2026, la jueza Elfenbein denegó por inoficiosa una moción previa tras confirmar la actualización de la demanda ingresada por el equipo legal de Serrano. El Gobierno de Estados Unidos tiene hasta el 27 de abril para responder.
Los laberintos legales
El contraste entre la falta de audiencias en la EOIR y la persistencia de la custodia en el ICE tiene implicaciones jurídicas que se explican a través de tres posibles escenarios basados en las normativas y manuales estadounidenses.
1. Primer escenario
El primer escenario sugiere que la jueza emitió una orden de deportación final, lo que cambia automáticamente el fundamento legal de la detención preventiva del estatuto 8 U.S.C. § 1226 al estatuto 8 U.S.C. § 1231, el cual rige la detención posterior a la orden de deportación.
Bajo este último estatuto, el Gobierno cuenta con un período de remoción de 90 días para ejecutar la salida del país, pero la jurisprudencia de la Corte Suprema en el caso Zadvydas v. Davis prohíbe la detención indefinida, estableciendo que un encierro posterior a la orden de seis meses es presuntamente razonable.
Si este es el caso, el abogado Clopman se podría haber visto obligado a modificar el habeas corpus, argumentando que la ley que justificaba el encierro cambió y la demanda original quedó obsoleta.
2. Segundo escenario
El segundo escenario podría ser una detención prolongada sin una orden final, lo que implicaría una posible violación al debido proceso amparado por la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Si la decisión final está en reserva por parte de la jueza o existe una apelación no definitiva, Serrano sigue detenido preventivamente bajo el estatuto § 1226 y acumula aproximadamente ocho meses bajo custodia hasta abril de 2026.
Aunque el fallo de la Corte Suprema en el caso Jennings v. Rodriguez determinó que las leyes de inmigración no garantizan audiencias de fianza automáticas a los seis meses, sí dejó abierta la puerta para demandas constitucionales según se apliquen a cada caso, permitiendo a los tribunales evaluar si la duración de la detención se ha vuelto irrazonable.
En este contexto, la defensa podría exigir -reactivando el habeas corpus- al juez federal que ordene una audiencia para justificar por qué su cliente sigue encerrado en Krome.
3. Tercer escenario
Finalmente, un tercer escenario contempla que ya haya una orden de deportación que no se ha hecho pública y que el caso haya sido apelado ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), lo que suspende la ejecución de la decisión de la jueza y vacía el calendario de audiencias.
Si el proceso se encuentra transferido en la BIA, la detención se prolongará por varios meses adicionales, justificando plenamente la urgencia del recurso de hábeas corpus para forzar su liberación bajo el argumento de una privación prolongada de la libertad. Fuente: Primicias
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