Nacionales
250 días detenido en Miami: esta es la última jugada legal de José Serrano para evitar ser deportado
José Serrano Salgado, exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, lleva 250 días detenido en Estados Unidos. Y su caso ha entrado en una etapa llena de incertidumbre por la decisión final sobre una posible deportación.
Su detención, ejecutada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se produjo tras la caducidad de su estatus migratorio en territorio estadounidense.
Desde entonces, el político ecuatoriano permanece recluido en el centro de procesamiento de Krome, ubicado en Miami, Florida.
Su situación en Estados Unidos se desarrolla en paralelo a un complejo panorama judicial en Ecuador, donde enfrenta una orden de prisión preventiva tras ser procesado como presunto autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
El exfuncionario buscó asilo argumentando temor por su vida, pero su proceso migratorio ha entrado en una fase de profunda incertidumbre procesal. Mientras que si es deportado, tendrá que llegar a Ecuador directo a una cárcel.
Silencio en la corte y la ofensiva del habeas corpus
La situación de Serrano ha experimentado un giro legal. Según el buscador oficial del ICE, el exministro permanece bajo custodia de las autoridades migratorias en las instalaciones de Krome.
Sin embargo, el sistema de información automatizada de casos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) revela un estado procesal definitorio, indicando que el caso está pendiente de resolución, pero ya no existen audiencias futuras programadas.
Ante este escenario a nivel migratorio, la defensa de Serrano ha intensificado sus acciones legales en el ámbito federal. El 6 de enero de 2026, el abogado Andrew Clopman asumió la defensa principal, reemplazando a Robert Sheldon, con el objetivo de reactivar un recurso de habeas corpus ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida.
Este recurso original había sido desestimado sin perjuicio en octubre de 2025 por la jueza magistrada Marty Fulgueira Elfenbein, debido a una falta de jurisdicción temporal.
Como parte de esta nueva estrategia, el 13 de abril de 2026 la defensa presentó una moción para ingresar una petición enmendada y verificada de hábeas corpus, buscando forzar un pronunciamiento sobre la legalidad de su prolongada detención.
Un día después, el 14 de abril de 2026, la jueza Elfenbein denegó por inoficiosa una moción previa tras confirmar la actualización de la demanda ingresada por el equipo legal de Serrano. El Gobierno de Estados Unidos tiene hasta el 27 de abril para responder.
Los laberintos legales
El contraste entre la falta de audiencias en la EOIR y la persistencia de la custodia en el ICE tiene implicaciones jurídicas que se explican a través de tres posibles escenarios basados en las normativas y manuales estadounidenses.
1. Primer escenario
El primer escenario sugiere que la jueza emitió una orden de deportación final, lo que cambia automáticamente el fundamento legal de la detención preventiva del estatuto 8 U.S.C. § 1226 al estatuto 8 U.S.C. § 1231, el cual rige la detención posterior a la orden de deportación.
Bajo este último estatuto, el Gobierno cuenta con un período de remoción de 90 días para ejecutar la salida del país, pero la jurisprudencia de la Corte Suprema en el caso Zadvydas v. Davis prohíbe la detención indefinida, estableciendo que un encierro posterior a la orden de seis meses es presuntamente razonable.
Si este es el caso, el abogado Clopman se podría haber visto obligado a modificar el habeas corpus, argumentando que la ley que justificaba el encierro cambió y la demanda original quedó obsoleta.
2. Segundo escenario
El segundo escenario podría ser una detención prolongada sin una orden final, lo que implicaría una posible violación al debido proceso amparado por la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Si la decisión final está en reserva por parte de la jueza o existe una apelación no definitiva, Serrano sigue detenido preventivamente bajo el estatuto § 1226 y acumula aproximadamente ocho meses bajo custodia hasta abril de 2026.
Aunque el fallo de la Corte Suprema en el caso Jennings v. Rodriguez determinó que las leyes de inmigración no garantizan audiencias de fianza automáticas a los seis meses, sí dejó abierta la puerta para demandas constitucionales según se apliquen a cada caso, permitiendo a los tribunales evaluar si la duración de la detención se ha vuelto irrazonable.
En este contexto, la defensa podría exigir -reactivando el habeas corpus- al juez federal que ordene una audiencia para justificar por qué su cliente sigue encerrado en Krome.
3. Tercer escenario
Finalmente, un tercer escenario contempla que ya haya una orden de deportación que no se ha hecho pública y que el caso haya sido apelado ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), lo que suspende la ejecución de la decisión de la jueza y vacía el calendario de audiencias.
Si el proceso se encuentra transferido en la BIA, la detención se prolongará por varios meses adicionales, justificando plenamente la urgencia del recurso de hábeas corpus para forzar su liberación bajo el argumento de una privación prolongada de la libertad. Fuente: Primicias
Nacionales
Así habría sido el salto final de alias ‘Frenillo’, quien alquilaba departamentos con identidades falsas
Jeremy Joel Zambrano González, alias ‘Frenillo’, fue encontrado en un lujoso departamento en Puerto Santa Ana en Guayaquil. Sin embargo, el líder de la banda criminal Mafia 18 prefirió lanzarse del noveno piso del edificio para evitar la captura, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.
El hecho ocurrió en medio del operativo Apolo 15, con el que las autoridades buscaban desarticular a múltiples bandas criminales, sobre todo del sur de la ciudad. Sin embargo, la Policía fue alertada sobre la presencia de un objetivo de alto valor en un edificio del centro-norte del Puerto Principal.
Alrededor de las 03:00 de este jueves, 16 de abril, unos cinco policías de las fuerzas especiales irrumpieron en el noveno piso de la torre dos del edificio Riverfront de Puerto Santa Ana.
Mientras tanto, el líder criminal, de 27 años, habría corrido para luego lanzarse por la ventana. “Se botó, se botó”, gritaron los policías, según se escucha en el video.
‘Frenillo’ cayó de cabeza sobre la jardinera lateral del edificio, según se observa en fotos difundidas en redes sociales.
IDENTIDADES FALSAS Y ALQUILER AIRBNB
En el departamento, de alta plusvalía, se encontraron dos armas de fuego, municiones, droga y dinero en efectivo.
Además, en el momento del operativo, estaba una joven de 19 años, identificada como Liz A., quien quedó detenida por el presunto delito de porte y tenencia de armas.
Posteriormente, fue trasladada a una unidad judicial alrededor de las 06:40. Ella comentó que alias ‘Frenillo’ no utilizó ninguna arma para repeler a los policías y que simplemente saltó por la ventana sin mirar atrás.
Tras levantar todas las evidencias, la Policía también ha determinado que el cabecilla criminal y su acompañante utilizaban identidades falsas para alquilar departamentos en la plataforma Airbnb.
“Esta señorita tenía una identidad falsa, igual que alias ‘Frenillo’, quien poseía dos cédulas de identidad para tratar de evadir los controles policiales”, aseguró el mayor Andrés Castañeda en rueda de prensa.
Agregó que se cambiaban de pisos y departamentos constantemente para no levantar sospechas.
¿QUIÉN ERA ALIAS ‘FRENILLO’?
Era el décimo noveno más buscado del país por asesinato y cabecilla de la banda ‘Mafia 18’. De hecho, su progenitor era otro delincuente fallecido, denominado ‘Godo Samir’, socio del narco Leandro Norero, quien también está muerto.
‘Frenillo’ empezó su vida delictiva desde los 17 años. En la página de la Función Judicial hay registros de varias investigaciones en su contra por robo, secuestro, tenencia y porte de armas.
Su primer crimen lo perpetró en el 2015, cuando hurtó la billetera y el celular de un hombre en el sector de La Floresta en Guayaquil. En aquella época, aún era menor de edad.
Desde ahí su historial delictivo empezó a crecer, entre detenciones y liberaciones. De hecho, fue beneficiario de varias resoluciones judiciales favorables.
“En 2024 no se había presentado a las medidas sustitutivas que le dieron en ese entonces por el delito de tenencia de armas, luego fue involucrado en otros delitos como asesinatos, por eso se lo estaba buscando”, comentó el comandante general de la Policía, Pablo Dávila. Fuente: Vistazo
Nacionales
Asambleísta se disculpa con la RC5 por exponer que la obligaron a renunciar a una comisión
Visiblemente enojada, la asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC5), Sandra Figueroa, renunció a la Comisión Calificadora de la iniciativa popular normativa para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Social Pacífica.
El pasado miércoles, 15 de abril, Figueroa intervino en el Pleno para confirmar su salida de la mesa legislativa porque su bancada la obligó a retirarse para poner a otro militante, Franklin Samaniego.
“Me molesta esta actitud señores, y con todo el perdón, compañeros de mi bancada, porque sobre todo es el respeto a Sandra Figueroa, mujer de 54 años, madre y abuela (…)”, manifestó la legisladora de la provincia del Guayas.
PIDE PERDÓN A LA RC5
Estas declaraciones rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales y empezaron los rumores de una posible renuncia de la bancada de la RC5.
Pero Figueroa aclaró en la plataforma X que su lealtad está con la Revolución Ciudadana. “No pienso salir de estas filas. Si alguna expresión mía causó descontento, me disculpo con mi bancada”.
Mientras que, en declaraciones a medios de comunicación tras culminar la sesión del Pleno, Figueroa explicó que el día en que fue mocionada para ser miembro de la comisión estaba conectada de manera virtual.
Luego, regresó a Quito y la bancada de la RC5 le informó que ellos habían elegido a Franklin Samaniego y, que en vista de que la sugerencia no fue tomada en cuenta, debía renunciar.
La legisladora guayasense explicó a sus compañeros que sí podía asumir el cargo con asesoría de Samaniego, pero esto causó más desacuerdos.
¿EN QUÉ CONSISTE LA COMISIÓN CALIFICADORA?
A finales de marzo, se formó la Comisión Calificadora de la iniciativa popular normativa para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Social Pacífica, auspiciada por el Acuerdo por la Seguridad.
Desde la sociedad civil, se busca, entre otras cosas, la creación y fortalecimiento del Cuerpo de Protección Ciudadana.
La comisión será la encargada de revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, como paso previo a la calificación de la iniciativa popular normativa.
El proyecto también pretende descongestionar a la Policía Nacional, fortalecer la prevención desde lo local, mejorar la respuesta en territorios específicos, promover la participación ciudadana y la confianza institucional; y optimizar el uso de recursos humanos, técnicos y financieros en materia de seguridad. Fuente: Vistazo
Nacionales
Remoción del alcalde Aquiles Alvarez: Concejo Municipal de Guayaquil conforma comisión para tramitar pedidos
El Concejo Municipal de Guayaquil conformó la instancia clave que se encargará de analizar y tramitar las tres denuncias presentadas para la posible remoción del alcalde Aquiles Alvarez, en medio de la incertidumbre sobre su permanencia en el Sillón de Olmedo.
La resolución fue aprobada por mayoría en el Concejo Cantonal este jueves 16 de abril. Ahora, este organismo será el encargado de calificar las denuncias y determinar si cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente para dar paso al proceso de remoción.
La Comisión de Mesa quedó integrada por los concejales Arturo Escala, Terry Álvarez y Ana Fuentes.
Este pedido se produce luego de que el pasado 26 de marzo concluyera la licencia o periodo de vacaciones solicitado por Alvarez, mecanismo con el que había evitado su remoción mientras cumple prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en la provincia de Santa Elena. Asimismo, se resolvió mantener en funciones a Tatiana Coronel como alcaldesa subrogante.
En ese sentido, se busca establecer si los tiempos legales ya habrían vencido, lo que abriría la posibilidad de iniciar un proceso de remoción bajo la figura de ausencia del cargo.
Proceso de remoción
De acuerdo con el artículo 336 del Cootad, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia para la remoción de una autoridad de elección popular, siempre que esté debidamente sustentada y reconocida ante la autoridad competente.
Una vez recibida, la Secretaría del Gobierno Autónomo Descentralizado debe remitirla a la Comisión de Mesa en un plazo de dos días. Este organismo tiene cinco días para calificarla y determinar si procede.
Posteriormente, se abrirá una etapa en la que las partes involucradas presentarán sus pruebas de cargo y descargo. Con base en ello, la comisión emitirá un informe con una recomendación al Concejo Cantonal, que será el encargado de tomar una decisión final mediante votación.
-
Entretenimiento5 años agoAdriana Bowen, sobre la cirugía bariátrica: Siento que recuperé mi vida
-
Politica5 años agoEl defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fue llamado a juicio en la investigación por el delito de abuso sexual
-
Internacionales4 años agoMuere Cheslie Kryst, Miss Estados Unidos 2019 y presentadora de televisión
-
Internacionales4 años agoTiroteo en concierto en Paraguay deja dos muertos y cuatro heridos
-
Nacionales5 años ago¿Qué hay detrás del asesinato de Fredi Taish?
-
Fashion9 años ago
Amazon will let customers try on clothes before they buy
-
Politica2 años ago‘No soy contratista del Estado’, asegura Topic con certificado de Sercop en mano
-
Politica5 años agoComisión médica pide reforma para los nombramientos de personal de salud