Nacionales
250 días detenido en Miami: esta es la última jugada legal de José Serrano para evitar ser deportado
José Serrano Salgado, exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, lleva 250 días detenido en Estados Unidos. Y su caso ha entrado en una etapa llena de incertidumbre por la decisión final sobre una posible deportación.
Su detención, ejecutada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se produjo tras la caducidad de su estatus migratorio en territorio estadounidense.
Desde entonces, el político ecuatoriano permanece recluido en el centro de procesamiento de Krome, ubicado en Miami, Florida.
Su situación en Estados Unidos se desarrolla en paralelo a un complejo panorama judicial en Ecuador, donde enfrenta una orden de prisión preventiva tras ser procesado como presunto autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
El exfuncionario buscó asilo argumentando temor por su vida, pero su proceso migratorio ha entrado en una fase de profunda incertidumbre procesal. Mientras que si es deportado, tendrá que llegar a Ecuador directo a una cárcel.
Silencio en la corte y la ofensiva del habeas corpus
La situación de Serrano ha experimentado un giro legal. Según el buscador oficial del ICE, el exministro permanece bajo custodia de las autoridades migratorias en las instalaciones de Krome.
Sin embargo, el sistema de información automatizada de casos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) revela un estado procesal definitorio, indicando que el caso está pendiente de resolución, pero ya no existen audiencias futuras programadas.
Ante este escenario a nivel migratorio, la defensa de Serrano ha intensificado sus acciones legales en el ámbito federal. El 6 de enero de 2026, el abogado Andrew Clopman asumió la defensa principal, reemplazando a Robert Sheldon, con el objetivo de reactivar un recurso de habeas corpus ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida.
Este recurso original había sido desestimado sin perjuicio en octubre de 2025 por la jueza magistrada Marty Fulgueira Elfenbein, debido a una falta de jurisdicción temporal.
Como parte de esta nueva estrategia, el 13 de abril de 2026 la defensa presentó una moción para ingresar una petición enmendada y verificada de hábeas corpus, buscando forzar un pronunciamiento sobre la legalidad de su prolongada detención.
Un día después, el 14 de abril de 2026, la jueza Elfenbein denegó por inoficiosa una moción previa tras confirmar la actualización de la demanda ingresada por el equipo legal de Serrano. El Gobierno de Estados Unidos tiene hasta el 27 de abril para responder.
Los laberintos legales
El contraste entre la falta de audiencias en la EOIR y la persistencia de la custodia en el ICE tiene implicaciones jurídicas que se explican a través de tres posibles escenarios basados en las normativas y manuales estadounidenses.
1. Primer escenario
El primer escenario sugiere que la jueza emitió una orden de deportación final, lo que cambia automáticamente el fundamento legal de la detención preventiva del estatuto 8 U.S.C. § 1226 al estatuto 8 U.S.C. § 1231, el cual rige la detención posterior a la orden de deportación.
Bajo este último estatuto, el Gobierno cuenta con un período de remoción de 90 días para ejecutar la salida del país, pero la jurisprudencia de la Corte Suprema en el caso Zadvydas v. Davis prohíbe la detención indefinida, estableciendo que un encierro posterior a la orden de seis meses es presuntamente razonable.
Si este es el caso, el abogado Clopman se podría haber visto obligado a modificar el habeas corpus, argumentando que la ley que justificaba el encierro cambió y la demanda original quedó obsoleta.
2. Segundo escenario
El segundo escenario podría ser una detención prolongada sin una orden final, lo que implicaría una posible violación al debido proceso amparado por la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Si la decisión final está en reserva por parte de la jueza o existe una apelación no definitiva, Serrano sigue detenido preventivamente bajo el estatuto § 1226 y acumula aproximadamente ocho meses bajo custodia hasta abril de 2026.
Aunque el fallo de la Corte Suprema en el caso Jennings v. Rodriguez determinó que las leyes de inmigración no garantizan audiencias de fianza automáticas a los seis meses, sí dejó abierta la puerta para demandas constitucionales según se apliquen a cada caso, permitiendo a los tribunales evaluar si la duración de la detención se ha vuelto irrazonable.
En este contexto, la defensa podría exigir -reactivando el habeas corpus- al juez federal que ordene una audiencia para justificar por qué su cliente sigue encerrado en Krome.
3. Tercer escenario
Finalmente, un tercer escenario contempla que ya haya una orden de deportación que no se ha hecho pública y que el caso haya sido apelado ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), lo que suspende la ejecución de la decisión de la jueza y vacía el calendario de audiencias.
Si el proceso se encuentra transferido en la BIA, la detención se prolongará por varios meses adicionales, justificando plenamente la urgencia del recurso de hábeas corpus para forzar su liberación bajo el argumento de una privación prolongada de la libertad. Fuente: Primicias
Nacionales
Coca Codo Sinclair: El Estado recibe la obra pese a las 17.600 fisuras y advertencias de Contraloría
El Ministerio de Energía confirmó que el Gobierno de Daniel Noboa recibirá este viernes 17 de abril de 2026, la central Coca Codo Sinclair, la mayor hidroeléctrica del país, construida por la empresa china Sinohydro, pese a las miles de fisuras en equipos claves.
¿Pero por qué, tras diez años desde su inauguración, es polémica la recepción de esta obra ejecutada por la empresa china Sinohydro? Esto es todo lo que debe saber:
1 Una obra no aceptada durante 10 años
Coca Codo Sinclair fue contratada durante el gobierno de Rafael Correa, con una inversión de alrededor de USD 2.763 millones.
Pese a que la hidroeléctrica se inauguró en noviembre de 2016, nunca se recibió formalmente por los problemas detectados en los distribuidores, que tenían miles de fisuras.
Un informe de la Contraloría General del Estado, de 2018, fue clave, pues advirtió que las fisuras constituían un riesgo serio que, de seguir apareciendo, podrían provocar una inundación en la casa de máquinas, inutilizar la central y poner en riesgo a unos 70 trabajadores.
De ahí que la Contraloría estableció que «en tanto no se cumplan las estipulaciones contractuales, (el Estado ndr) se abstendrá de aceptar la recepción definitiva del proyecto».
«En caso de que, luego de la campaña de reparación de los distribuidores propuesta por la contratista, estos no cumplan las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato se deberán reemplazar los distribuidores que presentan indicaciones y fisuras», dijo Contraloría.
Y añadió que esto implicaría «remover el hormigón, previo a lo cual se deberá desmontar los demás elementos electromecánicos que conforman la casa de máquinas”.
2 Miles de fisuras en los distribuidores
Los distribuidores son los equipos en los que se han formado miles de fisuras, incluso antes de que la central entre en operación, según el informe de la Contraloría.
Se trata de equipos clave que operan bajo alta presión, ya que reciben el agua que cae de una altura de 600 metros y la dirigen hacia las turbinas para generar electricidad.
Según un informe de la Contraloría, había más de de 7.600 fisuras en los distribuidores de Coca Codo. Y, de hecho, en un informe presentado por Celec a la Asamblea en 2022 ya se registraban 17.661 fisuras.
Además, el informe de Contraloría también advirtió que las fisuras en los distribuidores comprometen la seguridad de la casa de máquinas de la central, valorada en USD 1.011 millones.
Entre 2015 y 2022, hubo cinco campañas de reparación en los distribuidores, pero las fisuras siguieron apareciendo, incluso en aquellas partes donde ya habían sido soldadas.
3 Celec presentó un arbitraje
Por esos defectos, Celec presentó el 17 de mayo de 2021 un arbitraje a Sinohydro en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
Celec exigía una indemnización inicial de USD 580 millones a Sinohydro.
Sin embargo, en 2022 comenzaron acercamientos con el gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso y PowerChina, matriz de Sinohydro, para buscar una salida.
Fernando Santos Alvite, exministro de Energía de Lasso, dijo que incluso se firmó un memorando de entendimiento y hubo reuniones de trabajo.
Durante los diálogos se llegó a hablar de la entrega de una especie de bono o derecho por parte del gobierno chino como compensación económica, dijo Santos.
Exfuncionarios de Celec que participaron de las mesas de trabajo comentaron a PRIMICIAS que Ecuador llegó incluso a proponer que la empresa asiática pague un bono de USD 1.500 millones.
En contraparte, según Santos, la empresa solicitó dos temas espinosos para el Estado ecuatoriano: que desista del arbitraje internacional y que acepte formalmente la obra.
Pero en mayo de 2023, Lasso decretó la muerte cruzada y llamó a elecciones presidenciales anticipadas, con lo que los diálogos se enfriaron.
4 Un viaje a China lo cambió todo
Tras un viaje oficial del presidente Daniel Noboa a China, en junio de 2025, el Gobierno finalmente llegó a un acuerdo para que la obra de Coca Codo Sinclair sea aceptada por el Estado.
El plazo que se fijó fue hasta el 17 de abril de 2026.
La ministra de Energía había adelantado en febrero de 2026, que la empresa compensará a Ecuador con un pago de USD 200 millones en efectivo y el otorgamiento de un crédito para Ecuador por otros USD 200 millones bajo la modalidad de «crédito de proveedor».
Bajo es figura, normalmente, las empresas chinas desarrollan proyectos y aportan el financiamiento, que luego debe ser pagado por el Estado.
En ese viaje, el Gobierno también se comprometió a dar de baja el arbitraje internacional, algo que se concretó en diciembre de 2025.
Eso dio paso a un laudo por mutuo acuerdo notificado a las partes el 3 de abril de 2026. Con esto, Celec renunció «irrevocablemente a todas y cada una de las reclamaciones, demandas y/o alegaciones existentes y futuras, conocidas o desconocidas al momento de entrar en el Acuerdo de Transacción de Arbitraje, que surjan de o en relación con el contrato».
5 PowerChina recibirá USD 46 millones al año
En ese viaje a China, el Gobierno de Noboa también se comprometió a entregar la operación y mantenimiento de la central a la casa matriz de Sinohydro, PowerChina.
PRIMICIAS conoció que el Gobierno acordó firmar un contrato que preveía pagos anuales a PowerChina durante 25 años por esos servicios.
La ministra de Energía, Inés Manzano, reconoció que en un inicio se planteó pagar USD 60 millones al año. Eso equivalía a entregar USD 1.500 millones a la empresa en los 25 años, lo que equivale al 54% de lo que costó la obra.
Sin embargo, Manzano explicó que tras las reuniones técnicas se acordó pagar USD 46 millones al año.
Si el contrato se firma por 25 años, esto representaría USD 1.150 millones para el Estado.
La cifra resulta llamativa, dice el especialista en el sector eléctrico, Ricardo Buitrón. Esto, debido a que, según un informe de la consultora italiana Electroconsult, de 2009, el mantenimiento y operación anual de la central es de unos USD 18 millones al año.
Según lo acordado en ese viaje a China, el contrato con PowerChina se deberá firmar en un plazo máximo de un mes luego de que Celec reciba definitivamente la obra; esto es, en mayo de 2026.
6¿Qué pasará con las fisuras?
Todavía no queda claro qué hará PowerChina para solucionar el grave problema de las miles de fisuras.
Según el contrato firmado en el gobierno de Correa, Sinohydro debía cumplir una serie de cláusulas para acceder a la recepción definitiva de la obra. De las nueve cláusulas mencionadas, la compañía china había cumplido cuatro.
Una de las cláusulas no cumplidas es una relacionada con los distribuidores de Coca Codo Sinclair.
En el oficio del 6 de abril de 2026 enviado a Celec para pedir la recepción definitiva de la obra, Sinohydro detalla textualmente que los temas pendientes sobre los distribuidores, «se van a transferir en el contrato de administración, operación y mantenimiento con PowerChina».
Pero en dicho oficio solo se detalla de manera general que, con el nuevo contrato de operación y mantenimiento que se firmará con PowerChina, esta «tiene que atender los defectos e ítems pendientes, si los hubiere».
Y añade: «incluyendo la elaboración de estudios que la empresa china considere necesarios y sean aprobados por Celec, además de reparación, resolución y/o reemplazo a su costo».
Así, surge la duda de si queda abierta la posibilidad de que PowerChina decida si repara o reemplaza los distribuidores, pese a que la disposición de la Contraloría es que se cambien los equipos con fallas antes de su entrega.
Manzano dijo el pasado 13 de abril de 2026 que el acuerdo con PowerChina establece «la obligación de reparar todo lo que se debe de reparar, cambiar los distribuidores… Hay una garantía específicamente para los distribuidores, esa garantía se mantiene», dijo.
Nacionales
Así habría sido el salto final de alias ‘Frenillo’, quien alquilaba departamentos con identidades falsas
Jeremy Joel Zambrano González, alias ‘Frenillo’, fue encontrado en un lujoso departamento en Puerto Santa Ana en Guayaquil. Sin embargo, el líder de la banda criminal Mafia 18 prefirió lanzarse del noveno piso del edificio para evitar la captura, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.
El hecho ocurrió en medio del operativo Apolo 15, con el que las autoridades buscaban desarticular a múltiples bandas criminales, sobre todo del sur de la ciudad. Sin embargo, la Policía fue alertada sobre la presencia de un objetivo de alto valor en un edificio del centro-norte del Puerto Principal.
Alrededor de las 03:00 de este jueves, 16 de abril, unos cinco policías de las fuerzas especiales irrumpieron en el noveno piso de la torre dos del edificio Riverfront de Puerto Santa Ana.
Mientras tanto, el líder criminal, de 27 años, habría corrido para luego lanzarse por la ventana. “Se botó, se botó”, gritaron los policías, según se escucha en el video.
‘Frenillo’ cayó de cabeza sobre la jardinera lateral del edificio, según se observa en fotos difundidas en redes sociales.
IDENTIDADES FALSAS Y ALQUILER AIRBNB
En el departamento, de alta plusvalía, se encontraron dos armas de fuego, municiones, droga y dinero en efectivo.
Además, en el momento del operativo, estaba una joven de 19 años, identificada como Liz A., quien quedó detenida por el presunto delito de porte y tenencia de armas.
Posteriormente, fue trasladada a una unidad judicial alrededor de las 06:40. Ella comentó que alias ‘Frenillo’ no utilizó ninguna arma para repeler a los policías y que simplemente saltó por la ventana sin mirar atrás.
Tras levantar todas las evidencias, la Policía también ha determinado que el cabecilla criminal y su acompañante utilizaban identidades falsas para alquilar departamentos en la plataforma Airbnb.
“Esta señorita tenía una identidad falsa, igual que alias ‘Frenillo’, quien poseía dos cédulas de identidad para tratar de evadir los controles policiales”, aseguró el mayor Andrés Castañeda en rueda de prensa.
Agregó que se cambiaban de pisos y departamentos constantemente para no levantar sospechas.
¿QUIÉN ERA ALIAS ‘FRENILLO’?
Era el décimo noveno más buscado del país por asesinato y cabecilla de la banda ‘Mafia 18’. De hecho, su progenitor era otro delincuente fallecido, denominado ‘Godo Samir’, socio del narco Leandro Norero, quien también está muerto.
‘Frenillo’ empezó su vida delictiva desde los 17 años. En la página de la Función Judicial hay registros de varias investigaciones en su contra por robo, secuestro, tenencia y porte de armas.
Su primer crimen lo perpetró en el 2015, cuando hurtó la billetera y el celular de un hombre en el sector de La Floresta en Guayaquil. En aquella época, aún era menor de edad.
Desde ahí su historial delictivo empezó a crecer, entre detenciones y liberaciones. De hecho, fue beneficiario de varias resoluciones judiciales favorables.
“En 2024 no se había presentado a las medidas sustitutivas que le dieron en ese entonces por el delito de tenencia de armas, luego fue involucrado en otros delitos como asesinatos, por eso se lo estaba buscando”, comentó el comandante general de la Policía, Pablo Dávila. Fuente: Vistazo
Nacionales
Asambleísta se disculpa con la RC5 por exponer que la obligaron a renunciar a una comisión
Visiblemente enojada, la asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC5), Sandra Figueroa, renunció a la Comisión Calificadora de la iniciativa popular normativa para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Social Pacífica.
El pasado miércoles, 15 de abril, Figueroa intervino en el Pleno para confirmar su salida de la mesa legislativa porque su bancada la obligó a retirarse para poner a otro militante, Franklin Samaniego.
“Me molesta esta actitud señores, y con todo el perdón, compañeros de mi bancada, porque sobre todo es el respeto a Sandra Figueroa, mujer de 54 años, madre y abuela (…)”, manifestó la legisladora de la provincia del Guayas.
PIDE PERDÓN A LA RC5
Estas declaraciones rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales y empezaron los rumores de una posible renuncia de la bancada de la RC5.
Pero Figueroa aclaró en la plataforma X que su lealtad está con la Revolución Ciudadana. “No pienso salir de estas filas. Si alguna expresión mía causó descontento, me disculpo con mi bancada”.
Mientras que, en declaraciones a medios de comunicación tras culminar la sesión del Pleno, Figueroa explicó que el día en que fue mocionada para ser miembro de la comisión estaba conectada de manera virtual.
Luego, regresó a Quito y la bancada de la RC5 le informó que ellos habían elegido a Franklin Samaniego y, que en vista de que la sugerencia no fue tomada en cuenta, debía renunciar.
La legisladora guayasense explicó a sus compañeros que sí podía asumir el cargo con asesoría de Samaniego, pero esto causó más desacuerdos.
¿EN QUÉ CONSISTE LA COMISIÓN CALIFICADORA?
A finales de marzo, se formó la Comisión Calificadora de la iniciativa popular normativa para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Social Pacífica, auspiciada por el Acuerdo por la Seguridad.
Desde la sociedad civil, se busca, entre otras cosas, la creación y fortalecimiento del Cuerpo de Protección Ciudadana.
La comisión será la encargada de revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, como paso previo a la calificación de la iniciativa popular normativa.
El proyecto también pretende descongestionar a la Policía Nacional, fortalecer la prevención desde lo local, mejorar la respuesta en territorios específicos, promover la participación ciudadana y la confianza institucional; y optimizar el uso de recursos humanos, técnicos y financieros en materia de seguridad. Fuente: Vistazo
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