Nacionales
Exjuez que dejó en libertad a Daniel Salcedo y aparece en caso «Plaga» es llamado a juicio por presunto prevaricato
El exjuez de Paján Simón Oswaldo G. T., que en diciembre de 2022 dejó en libertad a Daniel Salcedo, fue llamado a juicio por presunto prevaricato. El Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí aceptó el pedido de Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio.
En la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscal Provincial de Manabí informó que la investigación en este caso inició de oficio, luego de conocer una noticia de delito (que fue hecha pública a través de una red social) sobre el accionar irregular del entonces Juez, relacionado con una acción de protección.
Luego de la investigación, Fiscalía determinó que el procesado –abusando de sus atribuciones, sus funciones y desnaturalizando una acción constitucional– concedió una medida cautelar a favor de una persona sentenciada por el delito de robo con resultado de muerte. También, que habría actuado sin competencia, vulnerando lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional.
Eso fue sustentado en la audiencia con la presentación de elementos de convicción entre los que se incluyeron: copias certificadas del expediente sustanciado por el hoy procesado, así como la sentencia por robo con muerte contra María M., la beneficiaria de la acción constitucional.
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Además, versiones, el informe investigativo, el resultado de un informe documentológico, entre otros, que permitieron establecer un nexo causal y la presunta participación del exjuez en el delito de prevaricato.
En la misma diligencia se ordenó la prisión preventiva para el exmagistrado, la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles y la retención de cuentas que tenga en el sistema financiero nacional.
El artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que el delito de prevaricato será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
Asimismo, el exjuez es uno de los procesados dentro de la trama de corrupción denominada Caso Plaga, que investiga el abuso del derecho a través del otorgamiento de acciones constitucionales a personas privadas de la libertad (PPL), que habría derivado en el cometimiento del delito de delincuencia organizada. Por este proceso, el pasado 3 de abril, Simón G. fue uno de los detenidos en el cantón Rocafuerte (Manabí).
Fiscalía también ha cuestionado otras decisiones del exjuez que, bajo su criterio, se encuentran apartadas de la ley, como la decisión con la cual Daniel Salcedo recobró su libertad, aunque sobre él pesaban tres sentencias condenatorias.
El 9 de diciembre de 2022 Salcedo salió de la cárcel 4 de Quito, luego de que García emitiera una boleta de excarcelación. Esto porque consideró que, en cinco procesos penales, había caducidad en la prisión preventiva.
Fuente: Vistazo.
Nacionales
Wilman Terán, alias ‘Diablo’, presenta síntomas psicóticos: ‘Escucha dos voces que alternan’
El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, evitó pronunciarse sobre la posible cooperación eficaz de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura y sentenciado por múltiples casos de corrupción. Mientras tanto, un informe psiquiátrico reveló que alias ‘Diablo’ tiene síntomas psicóticos y pseudoalucinaciones auditivas.
En los últimos días, se empezó a viralizar en redes sociales que Terán habría accedido a colaborar con la justicia ecuatoriana. Esta información tomó fuerza debido al traslado del privado de la libertad desde la cárcel del Encuentro en Santa Elena hasta la Cárcel 4 de Quito.
‘Alias Diablo’, como se lo denominaba en los chats del caso Metástasis, permanece en la capital desde el 9 de enero, ya que pretendía prepararse para una audiencia de apelación en el caso Independencia Judicial, un proceso en el que fue sentenciado a nueve años y cuatro meses de cárcel por el delito de obstrucción a la justicia.
¿COOPERADOR EFICAZ?
Ante los rumores de que el expresidente de la Judicatura habría entregado supuestas pruebas o información en contra de políticos en el marco de una cooperación eficaz, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, evitó dar detalles y no confirmó ni desmintió aquella aseveración que circula en redes sociales.
En ese sentido, la Fiscalía había emitido un comunicado el pasado miércoles 14 de enero en el que recuerda a la opinión pública que la cooperación eficaz es una herramienta jurídica tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y que es de carácter reservado.
“Permite a la FGE llegar a acuerdos con personas procesadas o investigadas que decidan colaborar de manera voluntaria y comprobable con la justicia, aportando información relevante, veraz y oportuna, que contribuya al esclarecimiento de los hechos, la identificación de otros responsables y el desmantelamiento de estructuras criminales”, manifestó la institución.
Agregó que se aplica “bajo estrictos controles judiciales que garantizan la observancia de los derechos de las víctimas, el principio de proporcionalidad, la motivación de las decisiones fiscales y la debida valoración de la información aportada”.
INFORME PSIQUIÁTRICO DE ALIAS ‘DIABLO’
No obstante, la condición mental de Wilman Terán se habría agravado durante su estancia en la cárcel.
La cadena Ecuavisa reportó que, el pasado miércoles 14 de enero, personal del Hospital Pablo Arturo Suárez llegó a la Cárcel 4 para hacerle un examen psiquiátrico. El resultado fue que alias ‘Diablo’ presenta un episodio depresivo grave con síntomas psicóticos y pseudoalucinaciones auditivas.
Terán cuenta bajo sus espaldas tres condenas. Debe pagar nueve años y cuatro meses por delincuencia organizada en el caso Metástasis, la misma pena por el caso Obstrucción a la Justicia y una tercera de seis años y ocho meses por asociación ilícita en el caso Pantalla. Fuente: Vistazo
El Ministerio de Defensa anunció el despliegue de 10 000 uniformados en Guayas, Manabí y Los Ríos, las tres provincias que en 2025 registraron los índices más altos de homicidios intencionales y que aún concentran elevadas cifras de asesinatos y otros delitos.
Según la cartera de Defensa, esta medida “marca el inicio de la fase Ofensiva Total”. En ese contexto, el ministro Gian Carlo Loffredo ordenó la instalación indefinida del Alto Mando Militar en Guayaquil.
“Esta guerra es muy dinámica y hay que adaptarse y evolucionar”, afirmó el funcionario en un video difundido por el Gobierno Nacional.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, los soldados continuarán llegando a Guayas, Manabí y Los Ríos hasta este viernes 16 de enero.
Un presunto esquema de estafa bajo la modalidad de inversiones en criptomonedas es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que varias familias de Cuenca, en la provincia del Azuay, denunciaran haber perdido importantes sumas de dinero.
El fiscal provincial del Azuay, Leonardo Amoroso, informó que la investigación se inició tras la recepción de múltiples denuncias contra una empresa que ofrecía servicios de inversión en Bitcoin. Según los afectados, entregaban dinero para supuestas gestiones en criptomonedas, pero nunca recibieron rendimientos ni constancia de las operaciones.
“Actualmente, el caso está a cargo de la Unidad de Lavado de Activos en Quito y ya se encuentra en conocimiento de uno de los fiscales especializados”, explicó Amoroso.
El modus operandi
De acuerdo con la Fiscalía, las empresas involucradas solicitaban a los ciudadanos entregar dinero bajo la figura de “créditos a plazo fijo por montos elevados”. Posteriormente, los fondos eran transferidos a cuentas indicadas por los representantes, con la promesa de que serían invertidos en activos digitales.
Sin embargo, las víctimas aseguran que nunca recibieron comprobantes de inversión ni retornos económicos, lo que encendió las alertas sobre un posible esquema fraudulento.
Dos empresas bajo investigación
Las primeras indagaciones apuntan a la existencia de dos empresas relacionadas con el caso: una encargada de captar el dinero en Ecuador y otra con sede en México. Parte de la investigación busca determinar si una de estas compañías habría entrado en proceso de quiebra.
En declaraciones a Radio Tomebamba, Francisco Zamora, abogado de las víctimas, señaló que las firmas involucradas serían Capitalika y SCB Smart Capital.
El jurista añadió que ambas constan en los registros de la Superintendencia de Bancos como entidades no autorizadas para realizar actividades financieras desde 2024, pese a lo cual continuaban operando y captando recursos de ciudadanos.
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