Alrededor de las 06:15 de este miércoles 29 de abril, un cuerpo en estado de descomposición fue hallado a un costado de la vía Loja-Zamora, en el sector conocido como La Cordillera.

Según los reportes preliminares, el cuerpo fue localizado con signos de haber sido maniatado con cinta de embalaje y tenía la cabeza cubierta con una funda.

Tras el reporte, personal de la Policía y unidades especializadas acudieron al sitio para tomar procedimiento. Actualmente, las autoridades investigan el caso y realizaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo a una morgue, con el objetivo de identificar a la víctima.

El Gobierno anunció que las compensaciones al transporte público se mantendrán.

En una entrevista para Ecuavisa, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, señaló que las compensaciones económicas al sector se mantendrán hasta el 15 de mayo, para el transporte intra e interprovincial.

En el caso del transporte urbano, el esquema de subsidios ya concluyó, pero Luque explicó que se han tomado otra acciones como tercera placa, tarifarios en rutas largas y otros.

Sobre posible alza de pasajes

“Yo no lo podría aseverar. Esas decisiones dependen de los gobierno autónomos descentralizados”, dijo Luque.

Esto significa que la definición de tarifas no es una competencia del Ejecutivo, sino de los municipios, por lo que serán ciudades como Quito o Guayaquil las que deberán decidir si se mantienen o modifican los valores actuales.

Las autoridades también señalaron que cualquier ajuste deberá estar vinculado a mejoras en el servicio. Según su criterio, los usuarios podrían aceptar incrementos si estos se traducen en mayor calidad, seguridad y eficiencia en el transporte.

El Gobierno ecuatoriano oficializó la aplicación de un nuevo toque de queda mediante el Decreto Ejecutivo 370, que restringe la circulación nocturna en varias zonas del país. La medida estará vigente entre el 3 y el 18 de mayo, en el horario de 23:00 a 05:00, y se aplicará en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, así como en los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.

La disposición suspende la libertad de tránsito durante la franja nocturna y también contempla la suspensión de la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, como parte de las medidas excepcionales adoptadas por el Ejecutivo.

De acuerdo con el decreto, únicamente dos segmentos estarán autorizados a circular: los servicios de salud —tanto de la red pública como privada— y la fuerza pública, junto con entidades vinculadas a seguridad, gestión de riesgos y atención de emergencias.

El documento establece que los controles serán ejecutados por Fuerzas Armadas, Policía Nacional y agentes de tránsito, bajo criterios de proporcionalidad, considerando casos excepcionales en los que se justifique la movilización por razones de necesidad o emergencia.

La decisión se sustenta en el comportamiento de la violencia en el país. Según cifras oficiales, entre el 1 y el 20 de abril de 2026 se registraron 76 homicidios intencionales en las provincias incluidas en la medida. Guayas concentró la mayor cantidad de casos, seguido de Los Ríos, Manabí y Sucumbíos.

El decreto también señala que estas nueve provincias concentran el 90 % de la violencia a nivel nacional y cerca del 86,7 % de la actividad delictiva. En ese contexto, la región Costa agrupa la mayoría de los hechos violentos, con una alta incidencia en territorios asociados a economías ilícitas.

Según el Ejecutivo, la franja horaria nocturna presenta condiciones que facilitan la acción de estructuras criminales, debido a la menor presencia institucional y la reducción del control social. En ese periodo, se registran con mayor frecuencia delitos como sicariatos, atentados y movilización de armamento.

El Gobierno sostiene que la restricción de movilidad busca reducir riesgos para la población civil, limitar la capacidad operativa de grupos delictivos y fortalecer las acciones de control por parte de las autoridades.

Durante la vigencia del toque de queda, las instituciones deberán coordinar para garantizar la continuidad de servicios públicos, la administración de justicia y el funcionamiento de sectores estratégicos.