Quienes crecieron en este pedazo de la selva recuerdan haber crecido pescando hasta con las manos las «carachamitas», siempre fáciles de capturar porque el río Puní tenía unas aguas tan transparentes que bastaba con meter las manos.

La carachama, un pez amazónico, fue durante años parte de la dieta de las familias de Capirona. Sin embargo, desde hace tres años ya no se consume la que habita en el río Puní, debido a la contaminación del agua provocada por la minería aluvial para la extracción de oro que se realiza aguas arriba, según relatan los habitantes.

Y recién este lunes 2 de febrero de 2026, el Gobierno de Daniel Noboa reconoció que Napo enfrenta problemas de contaminación en sus ríos y dispuso la suspensión de la actividad minería por tiempo indefinido.

Para Capirona, sin embargo, la medida del Gobierno llega tarde. Líderes comunitarios reportan la muerte de dos personas y creen que los fallecimientos estarían relacionados con el consumo de agua del río Puní.

Por la contaminación con metales pesados, esta comunidad tampoco se baña en las aguas del río Puní, según el colectivo Napo Ama la Vida.

El río Puní ahora trae muerte a Capirona
Cuando el río Puní comenzó a llegar de color oscuro, más o menos en 2023, la comunidad pensó que era por la crecida, y todos esperaban que pronto vuelva a ser como antes, transparente, pero eso no ocurrió, recuerda Galo Villamil, miembro de la comunidad.

Luego comenzaron a aparecer casos de niños con ronchas tras bañarse en el río y también había personas con dolores abdominales con más frecuencia. Incluso se comenzaron a encontrar peces con deformidades.

Casi un año después de eso ocurrió la primera gran desgracia: Joana Ashanga, de 22 años y su sobrino Ville Ashanga, de dos años, murieron.

«La familia dice que comenzaron con unos dolores abdominales muy fuertes, como nunca antes. Cuando los llevaron a los doctores dijeron que la causa de muerte fue desconocida, pero nosotros sabíamos que era por el agua contaminada», añade Villamil.

A partir de esas muertes, en Capirona se dejó de pescar en el río, de usar el agua para cocinar o para bañarse. Ahora el Puní solo sirve para transportarse en canoas.

La comunidad se levantó con fuerza
En lugar de tener miedo, la comunidad se levantó con fuerza, tomaron sus lanzas  y fueron hasta la alcaldía de Tena a exigir soluciones, recuerda Villamil.

La respuesta del Municipio fue donar 44 tanques de agua que no alcanzaban para las 59 familias. El resto de tanques los consiguió la comunidad de donaciones privadas.

Parece mentira que una comunidad de la Amazonía, en donde abundan los ríos y ven al agua como un espíritu que los acompaña desde que nacen, ahora tenga que recibir agua de un tanquero, dice Villamil en medio de lágrimas de indignación.

El río ya no alimenta a sus «hijos»
Para los padres es duro tratar de hacer entender a sus hijos —que siempre jugaron y nadaron en el río, que ya no pueden hacerlo—   porque ahora es peligroso, por la contaminación que deja la minería, dice Linda Tapuy, líder de la comunidad.

Hasta la forma de conseguir alimento ha cambiado, dice. Al relatarlo a los visitantes, deja ver que todavía le resulta difícil creerlo.

«Acá ahora viene un pescadero, imagínese, nos traen pescados de la Costa. ¡Cuándo íbamos a pensar que aquí, que siempre comimos de nuestro río íbamos a tener que comprar pescado de otros lados!».

«El río para nosotros siempre fue como nuestra madre, la que nos da los alimentos» Linda Tapuy, líder de la comunidad de Capirona.

Cuando chica, Tapuy recuerda que alguna vez le advirtieron: «hay que cuidar el agua, porque algún día va a faltar». No creyó que viviría para ver convertirse esa advertencia en una realidad.

Otro problema es que en los alrededores de la comunidad ya todos saben que en Capirona el agua está contaminada y ahora resulta cada vez más difícil vender los productos que cultivan cerca del río, como la yuca y el plátano.

Quienes salen a vender «dejan casi regalando los productos, para sacar unas moneditas para el pasaje, para comprar pescado o huevitos», dice Tapuy.

 Capirona se opuso a la minería, ahora paga por otros  
La contaminación que vive Capirona ocurre pese a que las 59 familias de la comunidad no han permitido que ingresen mineros ilegales a la zona, tampoco empresas formales.

«Acá vinieron dos hombres, grandotes, a querer hablar conmigo, pero como yo sabía que era para que dejemos entrar la minería, dije que no, ni los recibí», recuerda Tapuy.

Pero río arriba hay minería ilegal desde hace tiempo.

Según un reporte publicado por la organización Eco Ciencia, entre enero de 2017 y diciembre de 2022, se identificaron cuatro hectáreas afectadas por actividades mineras ilegales en la zona Puní-Cotona-Arajuno. Pero para 2024 ya había 112 hectáreas con actividad minera ilegal. Fuente: Primicias

El comercio entre Ecuador y Colombia enfrenta un nuevo escenario de tensión tras la imposición de aranceles recíprocos que podrían afectar el intercambio bilateral y la economía de la frontera norte.

Representantes del sector comercial y logístico advierten que las medidas encarecerán las operaciones y reducirán el flujo de mercancías entre ambos países.

En 2025, el comercio entre Ecuador y Colombia alcanzó cifras importantes. Colombia le vendió a Ecuador alrededor de USD 1.900 millones en mercaderías y materia prima.

Mientras tanto, Ecuador le vendió a Colombia cerca de USD 900 millones, explicó Nelson Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, en la provincia del Carchi, una de las principales zonas del comercio fronterizo.

El dirigente considera que el flujo comercial entre Ecuador y Colombia podría verse afectado si se mantiene el arancel del 30% impuesto por Ecuador a ciertos productos que ingresan desde Colombia.

Como respuesta, el país vecino anunció aranceles recíprocos y nuevos impuestos al comercio exterior para al menos 23 categorías de productos ecuatorianos, lo que tensiona las relaciones comerciales entre Ecuador y Colombia.

Ayer se cumplieron tres días desde que los aranceles entraron en vigencia, por lo que aún es temprano para evaluar los efectos reales sobre el comercio internacional, señaló Cano.

No obstante, recalcó que “es un hecho” que las medidas arancelarias impactarán negativamente en el comercio exterior.

Como primera señal de malestar, transportistas del Carchi, en Ecuador, e Ipiales, en Colombia, realizaron un plantón en el Puente de Rumichaca, principal paso del transporte de mercancías en la frontera Ecuador–Colombia, para protestar contra las nuevas disposiciones.

En el lugar, Carlos Bastidas, presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi, explicó que estas decisiones afectan especialmente a las zonas fronterizas, donde operan servicios logísticos del comercio exterior, como bodegas, agentes aduaneros, transportistas y operadores de logística fronteriza.

Cuántas empresas de transporte están golpeadas
En Carchi, el transporte de carga es la segunda actividad productiva de la provincia. De hecho, existen 155 empresas con unos 3.500 vehículos pesados, que ya sienten los efectos de la medida económica.

“Esta semana prácticamente no se ha movido carga por el puente. Son contados los camiones que han pasado de un país a otro». Carlos Bastidas / Presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi

Al parecer, están haciendo cálculos para evaluar la situación económica de su actividad. Se calcula que en Colombia hay el triple de vehículos pesados.

En la zona fronteriza colombiana también hay malestar. Aunque no hay cifras globales, negocios como la Agencia Colombiana de Aduanas, que realiza trámites de importación y exportación, señala que las labores cayeron desde la semana anterior.

Jonathan Chalacán, funcionario de la agencia, asegura que mientras el mes anterior se realizaban hasta 30 trámites de nacionalización de mercadería o de tránsito de productos, la semana anterior fue de una operación diaria.

Considera que los gobiernos de las dos naciones vecinas deben sentarse a dialogar porque el efecto podría ser nefasto, con medidas como el despido de trabajadores de las empresas de servicios logísticos.

La manifestación realizada el 3 de febrero de 2026 por distintos sectores productivos de la frontera entre ambos países fue el resultado de varias reuniones que han mantenido.

Una de ellas se hizo la semana pasada, dijo Javier Cabezas, asesor del despacho de la Gobernación de Nariño en Asuntos de Frontera.

Lamenta que los gobiernos de Quito y Bogotá tomen medidas unilaterales sin consultar la situación de las fronteras.

«Nosotros vamos y venimos de Ipiales y Pasto, en Colombia, y Tulcán e Ibarra, en Ecuador, porque nos necesitamos. Somos economías complementarias, con una cultura común».

Y «lo más seguro es que las medidas tomadas por los gobiernos centrales nos pueden golpear económicamente», añade.

Además, los sectores comerciales de los dos países temen que se puedan disparar actividades al margen de la ley, como el contrabando de productos.

En medio de este panorama, los gremios y sectores productivos de ambos países esperan una respuesta de las autoridades. Caso contrario, no descartan medidas más radicales.

Pedirán mediación de la Comunidad Andina   
Los sectores comerciales y productivos del Carchi, Ecuador, e Ipiales, Colombia, solicitarán a Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Andina (CAN) su mediación entre ambos países para que el comercio fluya libre de acuerdo con la normativa andina.

Ayer los sectores productivos de la frontera revelaron que tenían la esperanza de que los mandatarios de Ecuador y Colombia se reúnan en la última cita de Panamá para limar diferencias. Pero, lamentablemente, este encuentro no se dio. Fuente: Primicias

El pasado miércoles, en el programa La Tertulia Jurídica, se contó con la destacada participación del doctor Víctor Herrero Escrich, experto internacional en justicia juvenil y políticas públicas, quien abordó el tema “Justicia Juvenil Restaurativa y su aplicación en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos”, en una ponencia transmitida a través de plataformas digitales, redes sociales y Zoom.

Durante su intervención, el doctor Herrero Escrich compartió una amplia trayectoria profesional desarrollada principalmente en España y América Latina. Nacido en España y con 68 años de experiencia de vida, ha estado vinculado durante décadas al ámbito de la ejecución penal, las medidas alternativas a la privación de libertad y los servicios sociales, desempeñándose como jefe del Servicio de Gestión Penal y Medidas Alternativas del Ministerio del Interior y Justicia de España, así como director general de Asuntos Sociales. Desde el año 2011 reside en América Latina, donde ha liderado proyectos de justicia juvenil restaurativa en distintos países del continente.

En su exposición, el experto enfatizó que la justicia juvenil restaurativa no debe confundirse con impunidad, despenalización ni abolicionismo penal, ni tampoco con una justicia “blanda” o limitada a delitos menores. Por el contrario, explicó que se trata de una forma distinta de interpretar y aplicar las normas existentes, con un enfoque serio, riguroso y profundamente vinculado a los derechos humanos.
El doctor Herrero señaló que este modelo pone en el centro la responsabilidad del adolescente que ha cometido un delito, no solo desde una dimensión penal, sino también desde un proceso educativo y de toma de conciencia del daño causado. A ello se suma un rol protagónico de las víctimas, quienes dejan de ser actores secundarios del proceso penal para convertirse en sujetos de reparación integral, evitando su revictimización y garantizando su participación conforme a sus intereses y voluntades.

Asimismo, destacó el papel fundamental de la comunidad, entendida como un conjunto de instituciones y actores concretos —familia, sistema educativo, sistema de salud, gobiernos locales, asociaciones sociales y líderes comunitarios— que deben asumir una corresponsabilidad activa en los procesos de reintegración social de los adolescentes. Según explicó, la exclusión histórica de estos jóvenes por parte del tejido social ha sido uno de los factores que favorece su captación por estructuras delictivas.

En relación con el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, el experto subrayó que la justicia juvenil restaurativa se articula directamente con los principios de protección integral de la niñez y adolescencia, garantizando que los adolescentes en conflicto con la ley no pierdan sus derechos fundamentales, aun cuando deban asumir responsabilidades por sus actos. En este contexto, citó experiencias comparadas, como el caso de Colombia, donde junto al proceso penal se activa un proceso paralelo de restitución de derechos vulnerados.

Durante el diálogo con los panelistas Boris Pazmiño y otros participantes, se abordaron también las limitaciones estructurales y operativas de los sistemas de justicia en América Latina, particularmente en lo referente a la falta de protocolos claros, recursos institucionales y mecanismos efectivos para aplicar medidas alternativas a la privación de libertad. El doctor Herrero advirtió que el uso indiscriminado del internamiento juvenil, lejos de resolver la delincuencia, incrementa los riesgos de violencia, reincidencia y vinculación con el crimen organizado.

Finalmente, el experto hizo un llamado a fortalecer la pedagogía social, el rol de los medios de comunicación y la responsabilidad del Estado en la correcta aplicación de las leyes vigentes, recordando que las normas de justicia juvenil restaurativa ya existen, pero su impacto depende del “cómo” se ejecutan. Enfatizó que las políticas de mano duran y el endurecimiento de penas no han demostrado eficacia, y que solo un enfoque restaurativo, integral y basado en derechos humanos puede ofrecer respuestas sostenibles frente a la problemática de la delincuencia juvenil.