Nacionales
Gobierno sospecha que embalse de Mazar se vació intencionalmente: «Dejaron correr el agua»
Izurieta comentó en una entrevista con Teleamazonas que «se abrieron las compuertas» de la presa del embalse de Mazar y «dejaron correr el agua», hasta dejarlo sin el nivel suficiente para que se pueda operar un complejo de tres centrales hidroeléctricas con una potencia en conjunto de más 1.700 megavatios, aproximadamente más de una cuarta parte de la demanda nacional de electricidad.
El embalse se encuentra en el río Paute, dentro de la provincia de Azuay, y puede almacenar hasta 410 millones de metros cúbicos de agua.
Sin esa infraestructura operativa y con el suministro de electricidad procedente de Colombia también suspendido, Ecuador afronta este jueves apagones programados de hasta ocho horas de duración, por lo que el Gobierno ha suspendido la jornada laboral y las clases escolares tanto para este jueves y viernes.
La situación no es nueva, pues a finales del año pasado ya tuvieron que aplicarse apagones para racionar la electricidad con una duración diaria de hasta cuatro horas, la mitad que en este nuevo episodio.
Izurieta indicó que estas sospechas sobre el embalse de Mazar, alimentan la denuncia presentada el martes por el Ejecutivo ecuatoriano contra veintidós personas por presunto sabotaje del sector eléctrico.
Entre los denunciados está la exministra de Energía y Minas Andrea Arrobo, que el pasado viernes aseguraba que no habría apagones a corto plazo, algo que comenzó a darse sin previo aviso dos días después en varias zonas del país.
«Existen denuncias sumamente graves de lo que pasó en los últimos días. La alerta fue dada solamente un día antes, cuando debería haberse dado al menos una semana antes«, señaló Izurieta.
Revise: La exministra Andrea Arrobo habría ocultado 5 indicadores de la crisis eléctrica
«Si a eso le sumamos todo lo que afectó al sector eléctrico, nos hacen pensar claramente que fueron parte de acciones coordinadas para producir que Ecuador esté viviendo lo que está viviendo una semana antes de la votación (del referéndum)», agregó.
El portavoz del Gobierno comentó que «en el área energética es donde han existido históricamente la mayor cantidad de denuncias de corrupción (en Ecuador)».
«Hemos tenido una política energética en los últimos veinte años que no se ha adaptado a las crisis climáticas y hemos dependido de una sola cuenca de agua que está afectada al menos una vez al año, y ahora vemos que hasta dos veces», señaló.
Izurieta aseguró que no están previstos apagones para el domingo, cuando se debe celebrar el referéndum impulsado por el Ejecutivo con once preguntas, entre las que destaca el apoyo permanente de las Fuerzas Armadas a la Policía en las operaciones contra el crimen organizado, sin necesidad de declarar estados de excepción.
Asimismo, otras cuestiones relevantes de este plebiscito se refieren a permitir las extradiciones de ecuatorianos requeridos por la Justicia de otros países, instituir juzgados en materia constitucional, reconocer los arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción y flexibilizar la contratación laboral con contratos por horas.
Nacionales
UNE defiende acción de inconstitucionalidad contra acuerdo que dispone trabajo docente los sábados
El dirigente nacional de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Julio Peña, ratificó que el gremio mantiene su acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Ministerial 0045-A, al considerar que la disposición que obliga a los docentes a cumplir actividades los días sábados vulnera derechos constitucionales y laborales del magisterio ecuatoriano.
Durante una entrevista, Peña explicó que la demanda fue presentada luego de la movilización nacional realizada el pasado 13 de julio y posteriormente admitida a trámite por la Corte Constitucional, instancia que convocó a una audiencia pública para escuchar los argumentos tanto de la UNE como del Ministerio de Educación.
El dirigente sostuvo que la normativa contraviene la jornada laboral establecida en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que determina una jornada de 40 horas semanales, distribuidas en ocho horas diarias de lunes a viernes. A su criterio, la medida también afecta el derecho al descanso, la convivencia familiar y el desarrollo académico de los docentes, quienes utilizan los fines de semana para estudios de posgrado, capacitación y otras actividades personales.
Peña afirmó que el acuerdo ministerial fue expedido sin estudios técnicos ni sustento jurídico suficiente y señaló que vulnera principios constitucionales como la legalidad y la progresividad de los derechos. Asimismo, cuestionó que el Gobierno argumente que la reforma busca fortalecer el sistema educativo, asegurando que aún existen miles de instituciones educativas con problemas de infraestructura y que no se ha ejecutado el presupuesto equivalente al 6 % del Producto Interno Bruto destinado al sector educativo, contemplado en la normativa vigente.
Respecto al proceso judicial, el dirigente manifestó que la UNE acudió a la Corte Constitucional luego de que, según indicó, las reuniones sostenidas con autoridades del Ministerio de Educación y otras entidades no produjeran acuerdos efectivos. Añadió que el gremio propuso alternativas para cumplir las horas complementarias dentro de la jornada ordinaria de lunes a viernes, planteamientos que, asegura, no fueron acogidos por el Ejecutivo.
Peña también cuestionó que, durante la audiencia constitucional, el Ministerio modificara la justificación inicial del acuerdo, señalando que ahora busca recuperar jornadas perdidas por suspensiones de clases, argumento que, según la UNE, evidencia inconsistencias en la motivación de la normativa. En ese contexto, expresó su confianza en que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad del acuerdo por considerar que afecta derechos previamente reconocidos al magisterio.
Finalmente, el representante de la UNE indicó que, independientemente del resultado del proceso, la organización continuará impulsando acciones legales, propuestas de diálogo y movilizaciones para defender los derechos laborales y educativos que considera afectados. Además, hizo un llamado a la unidad de docentes, estudiantes, padres de familia y ciudadanía, señalando que la defensa de la educación pública requiere la participación de toda la sociedad.
Nacionales
Daniel Noboa presenta la Agenda de Crecimiento 2040: así es el plan para impulsar inversión, empleo y economía
El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó este martes 21 de julio la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040, una estrategia que, según el Ejecutivo, busca dar una dirección clara al país para impulsar un crecimiento económico sostenido, generar empleo y atraer inversiones.
Cuatro pilares estratégicos hacia el 2040
La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, explicó que la Agenda de Crecimiento 2040 establece una visión de largo plazo, sustentada en cuatro pilares estratégicos que orientan las acciones del Estado y del sector privado para impulsar la transformación productiva del país:
- La institucionalidad y seguridad jurídica;
- La estabilidad fiscal;
- La competitividad e inversión productiva;
- Y el fortalecimiento de la dolarización y profundidad financiera.
Moya explicó que esta agenda 2040 contará con una gobernanza permanente, sus avances serán medibles, sus prioridades se actualizarán cuando sea necesaria y “la ciudadanía conocerá qué acciones se ejecutan y qué resultados se generan”.
“El Grupo BID pone todos sus instrumentos al servicio de Ecuador, combinando financiamiento y recursos no reembolsables, conocimiento, inversiones en los sectores público y privado y reformas en el corto, medio y largo plazo”, enfatizó.
En ese contexto, Noboa mencionó: “Gobernar no es pensar únicamente en mañana. Es tomar decisiones que cambien el Ecuador de los próximos años. Ese ha sido nuestro compromiso desde el primer día y por eso hoy ya estamos demostrando que sí existe un camino para salir adelante”.
Al finalizar su intervención, el Presidente reiteró: “Este instrumento lo construimos sumando esfuerzos con el sector privado, con nuestras universidades, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y con organismos internacionales que hoy vuelven a confiar en Ecuador y que demuestran que cuando nos unimos por una misma causa, el país avanza”. Fuente: Vistazo
El gigante petrolero estadounidense Chevron y su filial TexPet abrieron un nuevo frente judicial contra el Estado ecuatoriano. El 17 de julio de 2026, las empresas presentaron una petición formal ante la Corte del Distrito de Columbia.
El objetivo principal de esta acción legal es lograr que la justicia norteamericana reconozca y ejecute las obligaciones compensatorias impuestas a las petroleras. Este laudo fue emitido en La Haya el 17 de noviembre de 2025.
Según los documentos ingresados al proceso, el monto adeudado asciende a USD 224,3 millones. Esta cifra incluye los daños, los intereses previos a la decisión arbitral y los recargos acumulados generados hasta el mes en que se inició la causa.
Las compañías demandantes aseguran que Ecuador se ha negado por completo a pagar estos valores. Por este motivo, decidieron acudir a las cortes para cobrar la deuda derivada de esta compleja disputa que ha durado más de 17 años. Fuente: Primicias
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