Opinión
Ética y periodismo

La accidentada vida de nuestro país no da tregua; casi al cerrar este azaroso año 2023, dentro del bullado caso “Metástasis”, impulsado por la valiente Fiscal General de Estado, se han encontrado chats -mensajes- demostrativos de comunicación fluida y amistosa entre un conocido periodista y un narcotraficante, lo que ha encendido el debate sobre si ese proceder es aceptable y está dentro de la ley, o no. Se supone que todo periodista conoce los linderos éticos de la profesión, respeta el código deontológico aplicable y, sobre todo, que con su labor está convocado para ayudar a comprender e interpretar la realidad circundante, sin maquillaje alguno, tal cual se presenta.
Desde el siglo XVII se aprobaron en países europeos normas y lineamientos de moral profesional, obrando como adelantos de los códigos deontológicos profusamente adoptados, mejorados y difundidos hasta la actualidad en prácticamente todo el mundo. Incluso, con frecuencia se acude a la autoregulación. Estos instrumentos funcionan como garantía para la libertad de acción del periodista, porque le permite defender sus criterios ante presiones externas de toda índole -económicas, políticas, ideológicas-. Visto así el tema, el periodismo conlleva indiscutiblemente una dimensión ética, sin dejar de lado un permanente e imprescindible ejercicio autocrítico.
La ética en el periodismo es una herramienta para determinar lo que es correcto hacer; comprende normas objetivas válidas y reconocidas para quienes ejercen esa profesión. Expertos señalan dos dimensiones de la ética aplicada al periodismo, la primera, de amplia aceptación, focalizada en la resolución de cuestiones prácticas, concretas y de coyuntura; la segunda, de gran alcance, referida a la actitud del periodista, de esta manera ser ético se convierte en un modo de vivir; cuenta la existencia del profesional como persona ejerciendo la carrera. Hablo de la sujeción del profesional a la naturaleza de su oficio, respecto a la forma correcta de proceder, para que se multiplique el patrimonio moral de la profesión.
Sobre la primera dimensión son pertinentes preguntas puntuales como estas: ¿En nombre del interés público es posible revelar historias clínicas? ¿Se debe proteger la identidad de menores y gente inocente que han sido fotografiados o filmados con delincuentes? Acerca de la segunda dimensión la cuestión es más compleja, porque apela a una valoración subjetiva. En apariencia y en principio no tiene nada de malo el diálogo, la amistad consciente, incluso preocupada y solidaria, entre un periodista y un ladrón de celulares, un carterista, un estafador, un violador o un narcotraficante; pero solo en apariencia, porque hablamos de interlocutores diferenciados por la gravedad de sus conductas o delitos y el impacto que cada uno causa en la colectividad. En esta dimensión los límites del fuero interno dependen de convicciones éticas y morales del periodista, que aquí coinciden con las de las fronteras éticas y los códigos deontológicos de su profesión.
Todo profesional no solo tiene el derecho, sino también el deber de ejercer de la mejor manera posible la profesión, pero para lograrlo no sirven todas las vías, estrategias ni instrumentos, puesto que tal ejercicio debe ceñirse a valores, principios, reglas y códigos de conducta respetuosos de los beneficiarios de los servicios: la sociedad en general. Está en juego la confianza y credibilidad del periodista, nada más y nada menos, del encargado de coadyuvar para que la ciudadanía logre la mejor comprensión de la realidad social y política.
Nos fallan políticos, también autoridades de todo nivel, jueces y fiscales, miembros de la fuerza pública y, ahora incluso defraudan figuras del periodismo, cuando éste debe ser baluarte inclaudicable de la verdad y la ética. Este oficio también debe ser responsable, independiente, lícito, fiable, útil, imparcial, veraz y preciso; de aquí surgen las oportunidades, los riesgos y los retos que tiene. Llega con esperanzas el 2024, por esto, ante el poder destructivo de la delincuencia y sus corifeos, ambicionemos fervientemente que nos permita recuperar la confianza en todos los frentes, con actitudes rectas y la apuesta seria para construir colectivamente un país con futuro prometedor. Fuente: El Telégrafo
Noticias Zamora
Oro entre la esperanza y la exclusión: el grito silenciado de Zamora Chinchipe

Por: Alcíbar Lupercio – Periodista comunitario.
En este pedazo de la Amazonía ecuatoriana, donde el verde espeso de la selva se funde con el sudor del trabajo honrado, la tierra guarda un tesoro tan brillante como polémico: el oro. Desde su redescubrimiento en la década de los 80, cuando las minas de Nambija abrieron sus entrañas a la esperanza, la provincia de Zamora Chinchipe no volvió a ser la misma. Pero el oro, que debía traer desarrollo, ha terminado sembrando conflicto, división y desconfianza.
No fue la riqueza la que trajo primero a los habitantes, sino la necesidad. En los años 60, cuando la sequía azotaba a Loja, muchos migraron hacia esta provincia. Vinieron con la firme decisión de hacer patria, de habitar estas tierras que también eran codiciadas por intereses extranjeros. Aquí alzaron la bandera del Ecuador, hombro a hombro con los pueblos originarios, como el shuar, defendiendo con valor un territorio que otros intentaban arrebatar. Hoy, medio siglo después, la amenaza no viene del vecino país, sino de los tentáculos de poder económico –nacional e internacional– que han descubierto en Zamora no solo un suelo fértil, sino un botín dorado que se pretende arrancar sin importar el costo social o ambiental.
La minería, legal o no, ha sido durante décadas el motor económico de esta provincia. Miles de familias han vivido de ella, han puesto pan en sus mesas, han pagado estudios y han generado empleo donde el Estado ha estado ausente. Y sin embargo, son precisamente esos pequeños mineros los que hoy son estigmatizados, perseguidos y silenciados. El discurso de la defensa del medio ambiente se ha vuelto el nuevo dogma de los poderosos para legitimar el despojo y marginar a los verdaderos actores del territorio.
La criminalización de la pequeña minería, en contraste con la permisividad hacia las transnacionales, es una paradoja que hiere. Se persigue al campesino que extrae oro con sus propias manos, mientras se abren las puertas a quienes vienen con maquinaria pesada, contratos blindados y respaldo político. Se ignora que el problema no es la minería, sino la falta de regulación justa, de acompañamiento técnico, de créditos, de capacitación, de visión de Estado.
Hoy no hay dinero en las calles de Zamora. La paralización minera no solo afecta a los mineros, sino a los comerciantes, transportistas, productores, emprendedores. Se detuvo el flujo económico y con él, el aliento de una provincia que ha aprendido a sostenerse casi sola. La pobreza golpea con fuerza, mientras las autoridades locales miran de lejos, sin proponer soluciones ni liderar un verdadero diálogo.
No se puede andar sobre oro y vivir en la miseria. No se puede exigir cuidado ambiental sin ofrecer alternativas reales. Y no se puede llamar ilegal a quien ha trabajado la tierra por generaciones, mientras se legaliza, con leyes a la medida, a los grandes capitales.
La solución no está en la represión, ni en el silencio cómplice. Está en la regularización, en el acompañamiento, en la justicia social y en el respeto por quienes han sostenido esta provincia sin ayuda estatal. Está en mirar con seriedad a la pequeña minería y reconocer su aporte al tejido económico local. Está en sembrar paz, diálogo, desarrollo y dignidad.
Zamora Chinchipe no es solo un mapa minero. Es un territorio de historia, de lucha, de cultura y de gente que merece vivir con derechos, no con dádivas. El Estado tiene una deuda histórica con esta provincia, y es momento de saldarla con políticas públicas reales, no con persecuciones disfrazadas de legalidad.
Los mineros no son delincuentes. Son emprendedores, padres y madres de familia, ciudadanos que exigen ser reconocidos. Y su grito, aunque intenten callarlo, retumba en las montañas que alguna vez defendieron héroes anónimos. Porque esta tierra, rica en recursos, no puede seguir empobrecida por decisiones centralistas ni por intereses ocultos.
Legalizar la pequeña minería, apoyar al productor, invertir en infraestructura social, y erradicar la corrupción que se esconde en las instituciones del Estado no es una opción: es una urgencia ética. De lo contrario, nos estaremos auto eliminando como sociedad y como país.
Es tiempo de unidad. Es tiempo de verdad. Es tiempo de justicia.
Noticias Zamora
Un buen padre deja huellas, no cicatrices

Noticias Zamora
La nueva regulación del consumo de drogas y su impacto en la sociedad ecuatoriana

El 7 de junio de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una reforma integral que busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Esta ley introduce cambios significativos en la regulación del consumo de drogas, reemplazando la anterior «Tabla de Drogas» por un sistema más técnico y contextualizado.
La Tabla de Umbrales de Consumo, también conocida como «Tabla de Drogas» establecida en 2013 por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), fijaba cantidades máximas de diversas sustancias que una persona podía portar para que se considerara consumo personal y no tráfico ilícito. Sin embargo, en noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa derogó esta tabla mediante el Decreto Ejecutivo N.º 28, argumentando que facilitaba el microtráfico al permitir que se encubriera como consumo personal el tráfico de pequeñas cantidades. Esta eliminación dejó un vacío legal que fue parcialmente cubierto por una resolución de la Corte Nacional de Justicia número 14-2023, instruyendo a jueces y fiscales a evaluar caso por caso, basándose en análisis meticuloso del caso en concreto.
La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, aprobada el 7 de junio del 2025, reforma el artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para establecer que los parámetros para determinar el consumo personal de drogas serán fijados y actualizados mediante una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. Lo que busca evitar la criminalización de los consumidores y garantizar que no se confundan con traficantes por la sola posesión de una cantidad determinada.
La nueva normativa establece que no se presumirá el consumo de drogas en ningún caso. Por lo tanto, será requisito obligatorio la realización de pericias toxicológicas o psicológicas antes de emitir cualquier decisión o informe legal correspondiente. Lo cual permite una evaluación más justa y precisa de cada situación, diferenciando claramente entre consumo personal y microtráfico.
Aunque la reforma ha sido vista como un avance hacia un trato más justo para los consumidores, algunos expertos en derecho penal han cuestionado la participación de entidades judiciales en la definición de parámetros técnicos sobre adicciones, argumentando que se trata de un tema de salud pública que requiere la intervención de especialistas. Además, la implementación efectiva de estos nuevos criterios dependerá de la capacitación y coordinación entre las instituciones involucradas.
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