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Nacionales

Estados Unidos bloquea los bienes de alias ‘Fito’ y de los Choneros

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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó, la tarde de este miércoles 7 de febrero de 2024, que sancionó a alias ‘Fito’ y a la banda terrorista Los Choneros.

“La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a una de las bandas más violentas del Ecuador, Los Choneros, y a José Adolfo Macías Villamar (también conocido por el alias de “Fito”), de conformidad con las autoridades antinarcóticos”, inicia el comunicado.

¿En qué radica la sanción?

Todos los bienes y participaciones en bienes de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser comunicados a la OFAC.

Además, todas las entidades que pertenezcan, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o más a una o más personas bloqueadas también están bloqueadas. A menos que lo autorice una licencia general o específica expedida por la OFAC, o que esté exenta, la normativa de la OFAC prohíbe en general todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (o en tránsito por este país) que impliquen bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas de otro modo. Las personas estadounidenses pueden enfrentarse a sanciones civiles o penales por infringir la Orden Ejecutiva 14059.

“La acción de hoy forma parte de un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza mundial que supone el tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos, que está causando la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año, así como innumerables sobredosis no mortales. La OFAC, en coordinación con sus socios del Gobierno de los Estados Unidos y sus homólogos extranjeros y en apoyo de la Estrategia Nacional de Control de Drogas del Presidente Biden, continuará persiguiendo y exigiendo responsabilidades a los actores extranjeros que trafican con drogas ilícitas”.

Es decir, con esas sanciones se impide el acceso a todos los bienes y activos en los Estados Unidos y a los recursos ilícitos generados por esta organización criminal.

 

Según el texto, la acción de la OFAC se produce tras un fuerte aumento de la violencia en el Ecuador debido a las acciones de Los Choneros y otras bandas de narcotraficantes en el país.

“Las bandas de narcotraficantes como Los Choneros, muchas de ellas con vínculos con poderosos cárteles de la droga en México, amenazan la vida y el sustento de las comunidades en el Ecuador y en toda la región”, dijo el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian E. Nelson.

Esta decisión, agregó, es para apoyar al Ecuador en su lucha para combatir el narcotráfico, frenar la proliferación de bandas y la violencia en las prisiones, y recuperar sus calles.

El comunicado señala que Ecuador está experimentando niveles récord de violencia impulsada por bandas, como el asesinato en agosto de 2023 del candidato presidencial Fernando Villavicencio, un ataque armado en enero de 2024 contra una cadena de televisión local mientras emitía en directo, y el posterior asesinato del fiscal que investigaba ese ataque y la corrupción generalizada.

“El cártel mexicano de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación han alimentado aún más la violencia al respaldar a bandas rivales de narcotraficantes dentro del Ecuador en su lucha por controlar las rutas de tráfico en el país”.

En contexto, añade el documento, la última ola de violencia estalló en enero de 2024, solo dos días después de que el Gobierno del Ecuador descubrió que José Adolfo Macías Villamar (“Fito”), jefe de la banda ecuatoriana Los Choneros, había desaparecido de su celda, justo antes de su traslado previsto a un centro de máxima seguridad.

“En respuesta a su fuga, el Gobierno del Ecuador declaró estado de excepción durante 60 días, lo que desencadenó nuevos motines en las cárceles y ataques de bandas en todo el país, incluidos secuestros y atentados con bombas. El 9 de enero de 2024, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa declaró al Ecuador en estado de conflicto armado interno”. (I)

Fuente: El Telégrafo

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MSP elimina coordinaciones zonales y crea 24 direcciones provinciales en nueva reorganización territorial

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El Ministerio de Salud Pública (MSP) implementó una nueva organización territorial mediante un acuerdo publicado el 19 de febrero de 2026 en el Registro Oficial. La reforma elimina las actuales 9 coordinaciones zonales y 92 direcciones distritales, y las reemplaza por 153 unidades desconcentradas en todo el país. La nueva estructura estará conformada por 24 direcciones provinciales —una por cada provincia— y 129 oficinas técnicas.
La medida se fundamenta en un análisis de presencia institucional y se enmarca en el cumplimiento de los Decretos Ejecutivos 70 y 108 de 2025. Según lo dispuesto, las direcciones provinciales asumirán la responsabilidad de la articulación y gestión territorial de la política pública de salud.
El acuerdo es de aplicación obligatoria para el nivel central y las nuevas unidades desconcentradas. Además, establece que en un plazo de 20 días deberán emitirse los lineamientos necesarios para su implementación. Asimismo, se fija un período de 180 días para completar los procesos de transferencia y reorganización institucional en todo el territorio nacional.
El MSP garantizó la continuidad de los servicios de salud durante la transición y el respeto a los derechos del personal. También se dispuso que los establecimientos que no ingresen en la primera fase de reorganización mantendrán su funcionamiento actual hasta el 31 de diciembre de 2026, con el fin de asegurar una implementación progresiva y ordenada.
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Ministerio de Trabajo: Ningún empleador puede obligar a trabajadores a asistir a eventos o movilizaciones

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A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo advirtió que los empleadores no pueden obligar a sus trabajadores a asistir a eventos, concentraciones o movilizaciones de ninguna índole. La información se difundió este viernes, 20 de febrero de 2026.

En el documento se explica que esta medida rige para trabajadores del sector público y privado.

Se pueden hacer denuncias

Si el trabajador es obligado a ser parte de estas prácticas puede denunciar a los canales del Ministerio de Trabajo. Se garantizará el anonimato y la confidencialidad del denunciante para garantizar su estabilidad laboral y su integridad.

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Luego de recibir las denuncias, la cartera del ramo procederá con las inspecciones y medidas correspondientes de acuerdo a lo estipulado en el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). Pueden darse sanciones para quienes incurran en estas faltas.

Los canales habilitados

El Ministerio de Trabajo habilitó estos canales:

Canal webhttps://www.contactociudadano.gob.ec/

Línea telefónica: 1800 266 822

Presencial: ventanillas de atención de las direcciones regionales del Trabajo en todo el país.

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Unas 400 personas marcharon en Quito contra proyecto de ley de Noboa

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Unas 400 personas marcharon este jueves por el centro de Quito para protestar contra el nuevo proyecto de ley impulsado por el presidente de EcuadorDaniel Noboa, que busca reformar el esquema de gasto de los gobiernos locales, entre ellos municipios y prefecturas provinciales.

«La educación municipal no se toca», «no a la reforma 70/30» y «no a los cierres de colegios y escuelas municipales» fueron algunas de las consignas que los manifestantes corearon y exhibieron en pancartas durante la movilización, que concluyó frente a la sede de la Asamblea Nacional.

La iniciativa, denominada Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), fue enviada por Noboa con carácter económico urgente, una figura constitucional que obliga al Legislativo a tramitarla en un plazo máximo de treinta días, tras lo cual el proyecto podría entrar en vigor automáticamente si no es aprobado o archivado.

El proyecto plantea que los gobiernos locales destinen al menos el 70 % de su presupuesto a inversión y no más del 30 % a gasto corriente, como salarios y funcionamiento administrativo.

«Nos quieren disminuir el presupuesto a través del cumplimiento de una regla fiscal, es decir, el 70 % de lo que nos entregan de presupuesto para inversión nos están obligando solamente a hacer obra pública. Es necesario hacer obra pública, pero también la obra social es importante para nosotros», señaló a EFE Andreiza Romero, presidenta del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales de la provincia de Pichincha.

La propuesta enfrenta al oficialismo, representado por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), que defiende su aprobación; y al correísmo, que gobierna las prefecturas y municipios más grandes del país, como Quito Guayaquil.

Ellos sostienen que la norma reduciría su autonomía financiera y afectaría servicios municipales como la educación.

Entre los manifestantes hubo personas de distintas edades, desde adultos mayores hasta jóvenes con uniforme escolar.

Una de las presentes, Silvia Alviar, explicó a EFE que se había sumado a la marcha para «rechazar una ley que nos afecta a todo el pueblo, ya que nos quieren quitar un presupuesto, una gran parte». «Por ende, no vamos a poder tener buenos profesores, buenos profesionales para nuestros hijos», dijo.

De esta forma, Romero insistió en pedir al Gobierno central que archive la ley y que, si realmente busca la eficiencia y sostenibilidad de los gobiernos autónomos, escuche al pueblo y a los beneficiarios y elabore una norma que no perjudique a los más pobres y que garantice esa eficiencia y sostenibilidad.

La propuesta se tratará en segundo debate este viernes en el pleno del Parlamento ecuatoriano. EFE (I)

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