Nacionales
Estado de excepción: más de 13 000 detenidos, pero solo 180 casos están en etapa de juicio
Un suceso que marcó el inicio del estado de excepción fue la irrupción armada en TC Televisión. En ese caso ya hay dos sentenciados.
La última vez que el Gobierno Nacional anunció el número de personas aprehendidas durante el estado de excepción fue el 11 de marzo de 2024. Entonces, el Ejecutivo señalaba que militares y policías habían detenido a más de 13 000 ciudadanos.
Según los registros de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre el 8 de enero -que comenzó a regir el estado de excepción- y el 31 de marzo, 1 740 casos habían avanzado a una instrucción fiscal, es decir que los involucrados pueden ser llamados a juicio.
Los datos además revelan que 730 casos ya están en etapa preparatoria de juicio, lo que significa que un juez encontró elementos suficientes para analizar una posible pena. Y otros 180 casos estaban en etapa de juicio.
Ecuavisa.com obtuvo estos datos tras una solicitud enviada a la FGE, organismo que precisa que en cada caso puede existir más de un procesado.
Durante ese periodo hubo además 11 383 casos en investigación previa. El artículo 585 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que, en la etapa de investigación previa, un fiscal puede archivar la causa si no cuenta con los elementos de convicción suficientes para formular cargos o no halla relación entre el delito imputado y las personas implicadas.
«Pudieron haberlos detenido, hacerles audiencia de flagrancia y dejar en investigación por falta de elementos», explica el abogado penalista Nino Cassanello.
Muchos detenidos y pocos sentenciados
Un suceso que marcó el inicio del estado de excepción fue la irrupción armada al canal TC Televisión el 9 de enero de 2024. Ese día además se decretó el conflicto armado interno y se declaró a 22 organizaciones criminales como terroristas.
El caso fue investigado justamente como un delito de terrorismo, que se castiga hasta con 13 años de prisión. La semana pasada ya hubo dos adolescentes condenados a ocho años de internamiento preventivo por este caso. Otras 12 personas están procesadas, entre esas William Joffre Alcívar Bautista (alias Negro Willy), quien está prófugo. Estos esperan que se fije fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio.

Según Cassanello, el número real de personas castigadas durante el estado de excepción se conocerá solo después de que se dicten sentencias. Ese dato fue consultado a la FGE, pero solo ofrecieron el número de los procesos en etapa de juicio.
Mientras tanto, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas publican diariamente imágenes y videos de las detenciones de integrantes de grupos «terroristas».
Si bien, se realizan decenas de detenciones al día, según reportes de las fuerzas del orden, esto no se traducirá directamente en personas presas o delincuentes que salen del círculo del conflicto armado en las calles.

Por otra parte, la FGE detalló que se ha contabilizado en todo el país 1 442 denuncias por asesinatos, 7 469 por extorsiones y 2 186 por narcotráfico. Asimismo, hubo 298 reportes por terrorismo, 45 por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio y otros seis por ejecución extrajudicial.
Con respecto a los secuestros, hubo 367 denuncias. Y sobre secuestros extorsivos, 401.
Fin del estado de excepción
El estado de excepción, que incluye un toque de queda en muchos cantones del país, concluirá este sábado 6 de abril y no se renovará, ha confirmado la ministra de Gobierno, Mónica Palencia.
Si bien finaliza este periodo excepcional, el conflicto armado interno no termina. El Gobierno Nacional prepara el marco jurídico para mantener los controles de seguridad, sobre todo para que los militares permanezcan en las calles. El Ejecutivo pretende involucrar a los municipios en estos proyectos.
«No se está delegando ninguna competencia que por ley es atribución exclusiva del Gobierno central. Lo que se está haciendo es establecer vínculos para fines de colaboración y poder tener un impacto concreto en territorio», mencionó Palencia tras una reunión con alcaldes el pasado lunes.
Nacionales
Ecuacorriente s.a. alerta sobre falsas ofertas laborales
EcuaCorriente S.A.,(ECSA), operadora de la mina Mirador, informa a la ciudadanía que personas inescrupulosas, cuya identidad se desconoce, están realizando ofertas de empleo falsas utilizando de manera indebida el nombre de la compañía. Estas acciones se han difundido a través de correos electrónicos fraudulentos (como seleccion@ecucorriente.com), llamadas telefónicas y una página de Facebook no oficial como: https://www.facebook.com/profile.php?id=61583054526078
El propósito de estos actos es engañar y estafar a personas en búsqueda de oportunidades laborales. Recordamos a la ciudadanía que EcuaCorriente S.A. no solicita pagos, depósitos ni información personal. Todos los procesos de selección se realizan únicamente a través de medios institucionales y confiables, como:
- La plataforma QuieroLaburo: http://quierolaburo.com/empresas/ecsa
EcuaCorriente S.A. rechaza enérgicamente este tipo de acciones ilícitas y exhorta a la ciudadanía a reportar la página de Facebook mencionada, así como cualquier comunicación que no provenga de los canales oficiales de la empresa.
Asimismo, invitamos a quienes hayan sido víctimas de estas estafas a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.
Internacionales
Redes familiares, empresas y policías investigados por el oro ilegal en San Ignacio – Perú
San Ignacio, Cajamarca — 7 de noviembre de 2025.
El silencio de las montañas de San Ignacio fue roto por el ruido metálico de las retroexcavadoras y el murmullo constante del río Chinchipe. En esta frontera donde Perú se encuentra con Ecuador, un reciente reportaje del portal de investigación Ojo Público ha destapado una compleja red dedicada a la minería ilegal de oro. Detrás de este circuito —que abarca desde la extracción hasta la comercialización del mineral— se entretejen vínculos familiares, empresariales y policiales, según el informe firmado por el periodista Aaron Wörz.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de San Ignacio investiga actualmente a 22 personas por los presuntos delitos de minería ilegal y lavado de activos. Entre los implicados figuran los suboficiales de la Policía Nacional del Perú Edinson V. E. y José G. V. señalados por brindar protección a mineros ilegales en los distritos de Namballe, Chirinos y Tabaconas, una zona de difícil acceso donde el oro fluye con más libertad que la justicia.
El informe también apunta hacia el clan Sánchez Chanta, liderado por Segundo S. Ch. acusado de instalar campamentos auríferos y plantas de procesamiento en el caserío El Tambo (Namballe). Desde los días más duros de la pandemia, esta familia habría levantado un emporio clandestino a costa de los ríos, los bosques y la tranquilidad de las comunidades.
Empresas fachada y lavado de oro
La ruta del oro no termina en las montañas. Según la investigación, la empresa Amazónica Pelé & Venus E.I.R.L., con sede en Trujillo y dirigida por Grettel Pelé León, figura como pieza clave en la comercialización del oro sin trazabilidad ni respaldo legal, lo que para la Fiscalía constituye un mecanismo de blanqueo de capitales provenientes de la minería ilegal.
Los registros oficiales son contundentes: el 80% de las concesiones mineras en San Ignacio se superponen al cauce del río Chinchipe, y de las 139 concesiones existentes, apenas 14 han sido formalizadas. El resto opera en la sombra, bajo la mirada cómplice o indiferente de quienes deberían controlar.
La expansión de esta actividad ilícita ha desplazado a cientos de trabajadores del sector cafetalero, motor económico de la provincia. Muchos agricultores, tentados por el dinero rápido, abandonaron sus cultivos para ganar hasta S/150 diarios, el doble de lo que ofrece el café. Así, el aroma del oro ha sustituido al del grano tostado, y el verde de las montañas empieza a teñirse de barro y combustible.
Una frontera sin control
El reportaje también advierte la presencia de ciudadanos ecuatorianos que cruzan la frontera para operar maquinaria pesada o adquirir oro. Las débiles medidas de control estatal y la presunta complicidad de ciertos agentes del orden permiten que la minería ilegal avance impunemente, corroyendo tanto los ecosistemas como las instituciones.
“El oro ilegal en San Ignacio se sostiene por la protección policial, las redes familiares y las empresas que lavan el mineral”, concluye el informe de Ojo Público (02/11/2025).
Fuente: Noticias del Diario Ahora Jaén
Preocupación en Zamora Chinchipe
Mientras en el lado peruano la Fiscalía y la Policía Ambiental intensifican los operativos, en el margen ecuatoriano —especialmente en los cantones Chinchipe, Palanda, Zamora y Yantzaza— crece la inquietud ciudadana. Los habitantes se preguntan por qué en Perú se actúa con firmeza contra la minería ilegal, mientras en Zamora Chinchipe las máquinas vuelven a aparecer en las noches, a la vista de todos, sin que las autoridades intervengan.
El oro, que alguna vez simbolizó riqueza y esperanza, hoy refleja la corrupción, el silencio y la indiferencia de un sistema que mira hacia otro lado. En la frontera del Chinchipe, el brillo del metal sigue ganando terreno sobre el verde del bosque, y la pregunta persiste: ¿hasta cuándo?
Nacionales
Policía frustra atentado con explosivos en el norte de Quito
La Policía desactivó este jueves varios artefactos explosivos en el norte de Quito, en las inmediaciones del Complejo Judicial Norte, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.
Agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) se desplegaron en horas de la noche tras detectar tres cargas explosivas colocadas dentro de un vehículo, entre ellas cilindros de gas adaptados para detonar mediante un dispositivo electrónico.
Reimberg aseguró que se trata de intentos de atentados sincronizados y atribuyó los hechos a “quienes están desesperados”.
El perímetro fue acordonado por unidades tácticas mientras se efectuaba la desactivación de los artefactos. El incidente no dejó heridos ni fallecidos.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la identidad de los responsables y su posible vinculación con los recientes hechos violentos registrados en el país.
“El dispositivo electrónico de ignición del explosivo fue desactivado”, precisó el ministro, quien destacó que el operativo forma parte de la línea investigativa relacionada con un atentado terrorista ocurrido en Guayaquil el mes anterior.
Alerta máxima desde atentado letal
Las amenaza de explosivos registrada este jueves en el norte de Quito, que se sumó a otros dos incidentes en Guayaquil, que tampoco dejaron víctimas, se dio casi un mes después del atentado con coche bomba perpetrado el pasado 14 de octubre en el norte de la ciudad portuaria, a las afueras de un centro comercial situado en la Av. Joaquín José Orrantia, que dejó un muerto y decenas de heridos.
Vídeos difundidos por redes sociales captaron el momento de la explosión. Según se aprecia, de repente, frente a varios ciudadanos que se acercaron a grabar y carros que circulaban por la vía, la camioneta fue engullida en un muro de llamas que se levantó más de cinco metros, generando una onda expansiva que destruyó vidrios de edificaciones cercanas.
Reimberg agregó que el atentado sería una represalia de «Los Lobos» por las operaciones militares desarrolladas en el sector minero de Buenos Aires, provincia de Imbabura, donde el Gobierno ejecuta operativos de gran escala contra la minería ilegal. Fuente: Vistazo
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