Nacionales
Esposa de Freddy Carrión dice que no hay evidencia de la supuesta agresión sexual
Priscila Schettini dijo que su esposo ha sido víctima de un linchamiento mediático y político y arremetió contra la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.
“Les quiero recordar, aunque no soy abogada, que el hecho de que ustedes tengan inmunidad parlamentaria, no les da derecho de difamar ni a maltratar la honra de las personas”, les dijo Priscila Schettini, esposa del defensor del pueblo, Freddy Carrión, a los asambleístas de la Comisión de Fiscalización.
Schettini compareció como parte de las pruebas de descargo que requirió Carrión dentro del juicio político que se le sigue por presunto incumplimiento de funciones. En mayo, Carrión fue detenido por presunto ataque sexual a la pareja del exministro de Salud Mauro Falconí, durante una fiesta que habrían mantenido los tres en la vivienda del exfuncionario, por lo que está
llamado, además, a juicio penal.
Sin embargo, Schettini aseguró que, tanto el juicio penal como el político se basan en acusaciones manipuladas por personas interesas en hacerle daño a su esposo. Manifestó que no hay evidencia de abuso sexual, que los videos que se difundieron están editados, que no hubo una fiesta clandestina, y que no existe incumplimiento de funciones.
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La pareja del Defensor rechazó las aseveraciones del legislador interpelante, Ricardo Vanegas (PK), de que los 47 mil dólares encontrados en la vivienda de Falconí estaban destinados para pagarle a Carrión. Para Schettini quien debería estar llamado a juicio es el exministo, para que explique el origen y destino de ese dinero.
Autorizado por la Comisión, Carrión estuvo presente en las comparecencias para que tenga oportunidad de preguntar a los convocados. Al final, en declaraciones a la prensa, insinuó que Falconí le puso algo a su bebida. “Es imposible que con dos copas de vino yo no recuerde absolutamente nada y que al día siguiente aparezca que no tengo un grado de alcohol”, dijo.
Entre las comparecencias que Carrión solicitó como prueba de descargo estuvo la de Milton Castillo, exdelegado de la Defensoría en Galápagos. Castillo centró su intervención en contar que había sido despedido de la institución de manera ilegal por la defensora subrogante Zaida Rovira, afectando sus Derechos Humanos. Vanegas, por su parte, le cuestionó por solicitar viáticos para trasladarse dentro de Galápagos.
Mientras que la perfiladora Nora Mantilla aseguró que tan victimario puede ser Carrión como el propio Falconí.
Para mañana están convocadas la fiscal general, Diana Salazar; la defensora subrogante, Zaida Rovira; y Tania Castillo, quien disputa la subrogación.
Nacionales
Caso Mario Godoy ya tiene fecha en la Comisión de Fiscalización: así ha reaccionado el correísmo
El proceso contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, ya fue agendado en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Este martes 13 de enero, Ferdinand Álvarez, presidente de la mesa legislativa, confirmó que la sesión para conocer el caso se realizará el jueves a las 15:00.
Álvarez explicó que en esa jornada se procederá primero a avocar conocimiento del pedido y luego a calificarlo, una vez revisada la documentación presentada. “Primero avocamos conocimiento y, ya una vez que hemos revisado la información, se somete a votación la calificación”, señaló.
El Consejo de la Judicatura, presidido por Godoy, está bajo cuestionamientos tras denuncias por presuntas amenazas contra el juez anticorrupción Carlos Serrano, en un caso vinculado a un ciudadano serbio acusado de narcotráfico, quien habría sido cliente de la esposa de Godoy; y por el que habría intercedido el exdirector de la Judicatura en la provincia de Pichincha, Henry Gaibor.
El pedido de juicio político contra Mario Godoy fue presentado por cinco asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana: Viviana Veloz, Xavier Lasso, Liliana Durán, Raúl Chávez y Franklin Samaniego. No consta ningún legislador del movimiento oficialista ADN entre los interpelantes.
No obstante, Ferdinand Álvarez indicó que su bancada participará activamente en el proceso. “Aportaremos con elementos que sumen a la investigación del juicio político”, aseguró.
Reacciones del correísmo
Desde la Revolución Ciudadana se cuestionó la forma en que la Comisión de Fiscalización ha manejado los tiempos del proceso. El asambleísta Xavier Lasso señaló que el oficialismo estaría dando tiempo a Godoy para maniobrar dentro de la Judicatura.
“El oficialismo dice estar a favor del juicio político, pero hace todo lo posible para dilatarlo. Con ese oxígeno, Godoy está pidiendo la renuncia de notarios y ya lo hizo con directores provinciales del Consejo de la Judicatura”, afirmó.
Lasso también cuestionó que, «el presidente de la Comisión de Fiscalización convoca a la sesión para conocer el proceso el último día del plazo que le otorga la ley, ignorando la urgencia del país para tener una justicia libre de las influencias del narcotráfico«.
De su lado, la legisladora Viviana Veloz enfatizó que así como renunció el Presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, por la «indignación ciudadana», Mario Godoy debería dar un paso al costado.
«Eso es lo mínimo en una República que respeta la institucionalidad. Pero eso solo ocurre en democracias reales. Aquí, en cambio, se aferran al poder, al cargo y usan las instituciones como escudos personales», acotó.
Este lunes, Veloz también cuestionó que la Comisión de Fiscalización haya optado por usar los plazos máximos en lugar de los mínimos establecidos en la ley.
«Pudieron convocar hoy para calificar el proceso de enjuiciamiento contra Mario Godoy y no lo hicieron ( art.81 LOFL) ¿Le están dando oxígeno para que nombre jueces y mueva fichas en el CJ? ¿O recién convocarán el viernes porque ni siquiera han convocado a sesiones del Pleno y prefieren la comodidad?
Por último, Veloz dijo que «cada día de dilación pone en riesgo la seguridad y la independencia judicial. Queda claro: tienen una consigna, salvar a Mario Godoy». Fuente: Vistazo
En medio de una nueva sacudida institucional en la función judicial, Daniella Camacho Herold, la jueza más antigua de la Corte Nacional de Justicia, asumió desde este lunes 12 de enero la presidencia temporal del máximo tribunal.
Daniella Camacho es Doctora en jurisprudencia, graduada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es Magíster en derecho procesal con mención penal, se desempeñó como fiscal penal de Pichincha, fiscal de asuntos indígenas y exjefa nacional de protección y asistencia a víctimas de la Fiscalía General del Estado. De 2012 a 2018 trabajó como conjueza en la Sala de lo Contencioso Administrativo.
El 26 de enero de 2018 se integró como jueza penal de la Corte Nacional tras encabezar la lista de mujeres con el mejor puntaje del concurso de renovación parcial del Alto Tribunal, desde entonces llevó adelante varias causas de connotación social.
Fue parte del Tribunal que condenó al exministro de energía, Alecksey Mosquera; confirmó la sentencia de seis años de prisión al exvicepresidente, Jorge Glas, en el caso Odebrecht. Dispuso el arresto del expresidente, Rafael Correa, tras llamarlo a juicio por el secuestro del político, Fernando Balda. Intervino en el fallo judicial que derivó en la condena a la exvicepresidenta, María Alejandra Vicuña en el caso Diezmos.
Actuó como integrante del Tribunal que declaró la inocencia de Fernando Alvarado y tres personas más en el caso Secom. Y del que resolvió la nulidad procesal de todo lo actuado en el caso Singue.
Actualmente, está frente al caso Ligados, que investiga a exconsejeros de Participación Ciudadana por presunta asociación ilícita.
A lo largo de su trayectoria en la Corte Nacional, a Camacho se la ha relacionado en distintos momentos con el expresidente del Consejo de la Judicatura, sentenciado por casos de corrupción, Wilman Terán.
Camacho fue quien impulsó su nombre en el Pleno para que fuera incluido en la terna para presidir el Consejo de la Judicatura. Meses más tarde se excusó del caso Metástasis argumentando una amistad íntima con él.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó este martes 13 de enero, que otorgó una prórroga extraordinaria para la presentación de declaraciones y anexos tributarios cuyo vencimiento estaba fijado para el 12 de enero.
La decisión que consta en la resolución NAC-DGERCGC26-000000002, se tomó luego de que la entidad registrara intermitencias en sus plataformas digitales, ocasionadas por el alto volumen de transacciones y de información procesada durante la jornada. Estas fallas impidieron que numerosos contribuyentes pudieran cumplir con sus obligaciones en las fechas señaladas.
La ampliación del plazo se aplicará de acuerdo con el noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC) e incluye también a los contribuyentes especiales. Según el nuevo cronograma, quienes tengan RUC terminado en 1 y 2 podrán declarar hasta el 21 de enero, mientras que los contribuyentes especiales tendrán plazo hasta el 15 de enero.
El SRI precisó que las declaraciones realizadas dentro de estas nuevas fechas no generarán intereses ni sanciones, siempre que se respeten los plazos establecidos.
La entidad tributaria recomendó a los usuarios verificar con anticipación el calendario correspondiente a su RUC y realizar el trámite con tiempo para evitar nuevos inconvenientes derivados de la alta demanda en los sistemas.
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