Nacionales
Esposa de Freddy Carrión dice que no hay evidencia de la supuesta agresión sexual
Priscila Schettini dijo que su esposo ha sido víctima de un linchamiento mediático y político y arremetió contra la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.
“Les quiero recordar, aunque no soy abogada, que el hecho de que ustedes tengan inmunidad parlamentaria, no les da derecho de difamar ni a maltratar la honra de las personas”, les dijo Priscila Schettini, esposa del defensor del pueblo, Freddy Carrión, a los asambleístas de la Comisión de Fiscalización.
Schettini compareció como parte de las pruebas de descargo que requirió Carrión dentro del juicio político que se le sigue por presunto incumplimiento de funciones. En mayo, Carrión fue detenido por presunto ataque sexual a la pareja del exministro de Salud Mauro Falconí, durante una fiesta que habrían mantenido los tres en la vivienda del exfuncionario, por lo que está
llamado, además, a juicio penal.
Sin embargo, Schettini aseguró que, tanto el juicio penal como el político se basan en acusaciones manipuladas por personas interesas en hacerle daño a su esposo. Manifestó que no hay evidencia de abuso sexual, que los videos que se difundieron están editados, que no hubo una fiesta clandestina, y que no existe incumplimiento de funciones.
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La pareja del Defensor rechazó las aseveraciones del legislador interpelante, Ricardo Vanegas (PK), de que los 47 mil dólares encontrados en la vivienda de Falconí estaban destinados para pagarle a Carrión. Para Schettini quien debería estar llamado a juicio es el exministo, para que explique el origen y destino de ese dinero.
Autorizado por la Comisión, Carrión estuvo presente en las comparecencias para que tenga oportunidad de preguntar a los convocados. Al final, en declaraciones a la prensa, insinuó que Falconí le puso algo a su bebida. “Es imposible que con dos copas de vino yo no recuerde absolutamente nada y que al día siguiente aparezca que no tengo un grado de alcohol”, dijo.
Entre las comparecencias que Carrión solicitó como prueba de descargo estuvo la de Milton Castillo, exdelegado de la Defensoría en Galápagos. Castillo centró su intervención en contar que había sido despedido de la institución de manera ilegal por la defensora subrogante Zaida Rovira, afectando sus Derechos Humanos. Vanegas, por su parte, le cuestionó por solicitar viáticos para trasladarse dentro de Galápagos.
Mientras que la perfiladora Nora Mantilla aseguró que tan victimario puede ser Carrión como el propio Falconí.
Para mañana están convocadas la fiscal general, Diana Salazar; la defensora subrogante, Zaida Rovira; y Tania Castillo, quien disputa la subrogación.
Nacionales
UNE defiende acción de inconstitucionalidad contra acuerdo que dispone trabajo docente los sábados
El dirigente nacional de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Julio Peña, ratificó que el gremio mantiene su acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Ministerial 0045-A, al considerar que la disposición que obliga a los docentes a cumplir actividades los días sábados vulnera derechos constitucionales y laborales del magisterio ecuatoriano.
Durante una entrevista, Peña explicó que la demanda fue presentada luego de la movilización nacional realizada el pasado 13 de julio y posteriormente admitida a trámite por la Corte Constitucional, instancia que convocó a una audiencia pública para escuchar los argumentos tanto de la UNE como del Ministerio de Educación.
El dirigente sostuvo que la normativa contraviene la jornada laboral establecida en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que determina una jornada de 40 horas semanales, distribuidas en ocho horas diarias de lunes a viernes. A su criterio, la medida también afecta el derecho al descanso, la convivencia familiar y el desarrollo académico de los docentes, quienes utilizan los fines de semana para estudios de posgrado, capacitación y otras actividades personales.
Peña afirmó que el acuerdo ministerial fue expedido sin estudios técnicos ni sustento jurídico suficiente y señaló que vulnera principios constitucionales como la legalidad y la progresividad de los derechos. Asimismo, cuestionó que el Gobierno argumente que la reforma busca fortalecer el sistema educativo, asegurando que aún existen miles de instituciones educativas con problemas de infraestructura y que no se ha ejecutado el presupuesto equivalente al 6 % del Producto Interno Bruto destinado al sector educativo, contemplado en la normativa vigente.
Respecto al proceso judicial, el dirigente manifestó que la UNE acudió a la Corte Constitucional luego de que, según indicó, las reuniones sostenidas con autoridades del Ministerio de Educación y otras entidades no produjeran acuerdos efectivos. Añadió que el gremio propuso alternativas para cumplir las horas complementarias dentro de la jornada ordinaria de lunes a viernes, planteamientos que, asegura, no fueron acogidos por el Ejecutivo.
Peña también cuestionó que, durante la audiencia constitucional, el Ministerio modificara la justificación inicial del acuerdo, señalando que ahora busca recuperar jornadas perdidas por suspensiones de clases, argumento que, según la UNE, evidencia inconsistencias en la motivación de la normativa. En ese contexto, expresó su confianza en que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad del acuerdo por considerar que afecta derechos previamente reconocidos al magisterio.
Finalmente, el representante de la UNE indicó que, independientemente del resultado del proceso, la organización continuará impulsando acciones legales, propuestas de diálogo y movilizaciones para defender los derechos laborales y educativos que considera afectados. Además, hizo un llamado a la unidad de docentes, estudiantes, padres de familia y ciudadanía, señalando que la defensa de la educación pública requiere la participación de toda la sociedad.
Nacionales
Daniel Noboa presenta la Agenda de Crecimiento 2040: así es el plan para impulsar inversión, empleo y economía
El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó este martes 21 de julio la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040, una estrategia que, según el Ejecutivo, busca dar una dirección clara al país para impulsar un crecimiento económico sostenido, generar empleo y atraer inversiones.
Cuatro pilares estratégicos hacia el 2040
La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, explicó que la Agenda de Crecimiento 2040 establece una visión de largo plazo, sustentada en cuatro pilares estratégicos que orientan las acciones del Estado y del sector privado para impulsar la transformación productiva del país:
- La institucionalidad y seguridad jurídica;
- La estabilidad fiscal;
- La competitividad e inversión productiva;
- Y el fortalecimiento de la dolarización y profundidad financiera.
Moya explicó que esta agenda 2040 contará con una gobernanza permanente, sus avances serán medibles, sus prioridades se actualizarán cuando sea necesaria y “la ciudadanía conocerá qué acciones se ejecutan y qué resultados se generan”.
“El Grupo BID pone todos sus instrumentos al servicio de Ecuador, combinando financiamiento y recursos no reembolsables, conocimiento, inversiones en los sectores público y privado y reformas en el corto, medio y largo plazo”, enfatizó.
En ese contexto, Noboa mencionó: “Gobernar no es pensar únicamente en mañana. Es tomar decisiones que cambien el Ecuador de los próximos años. Ese ha sido nuestro compromiso desde el primer día y por eso hoy ya estamos demostrando que sí existe un camino para salir adelante”.
Al finalizar su intervención, el Presidente reiteró: “Este instrumento lo construimos sumando esfuerzos con el sector privado, con nuestras universidades, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y con organismos internacionales que hoy vuelven a confiar en Ecuador y que demuestran que cuando nos unimos por una misma causa, el país avanza”. Fuente: Vistazo
El gigante petrolero estadounidense Chevron y su filial TexPet abrieron un nuevo frente judicial contra el Estado ecuatoriano. El 17 de julio de 2026, las empresas presentaron una petición formal ante la Corte del Distrito de Columbia.
El objetivo principal de esta acción legal es lograr que la justicia norteamericana reconozca y ejecute las obligaciones compensatorias impuestas a las petroleras. Este laudo fue emitido en La Haya el 17 de noviembre de 2025.
Según los documentos ingresados al proceso, el monto adeudado asciende a USD 224,3 millones. Esta cifra incluye los daños, los intereses previos a la decisión arbitral y los recargos acumulados generados hasta el mes en que se inició la causa.
Las compañías demandantes aseguran que Ecuador se ha negado por completo a pagar estos valores. Por este motivo, decidieron acudir a las cortes para cobrar la deuda derivada de esta compleja disputa que ha durado más de 17 años. Fuente: Primicias
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