Nacionales
En 8 días habrá texto final de ley que interrumpe embarazo por violación
El Pleno de la Asamblea Nacional concluyó ayer el segundo debate del proyecto de Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación, con el cual se viabiliza la sentencia de la Corte Constitucional que declara la inconstitucionalidad del numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
“En el Pleno de la Asamblea hemos cumplido con crear un espacio participativo, democrático y laico en el que todas y todos los asambleístas representaron de manera responsable, con voz y con su voto, a todos sus mandantes», señaló la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori Abarca.
Los asambleístas analizaron el informe de mayoría de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que fue sustentado ante el Pleno por Johanna Moreira, quien subrayó que la mesa ha buscado defender los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación, a quienes se las ha criminalizado y obligado a una maternidad forzada.
“Hemos formulado un proyecto con criterios y argumentos técnicos y científicos, con el fin de entregar una herramienta efectiva a la sociedad”, añadió.
Desde las distintas bancadas hubo diversas opiniones en torno a este cuerpo legal, indicaron que el tema del aborto es un asunto de respeto de los derechos humanos y el principal de ellos, que es el derecho a la vida, puesto que no se puede sentenciar a muerte al niño no nacido.
Así mismo, se esgrimieron argumentos orientados a la necesidad de reformar el artículo 45 de la Constitución, que garantiza el derecho a la vida desde la concepción. Quienes defendieron la necesidad de establecer una temporalidad acorde con el desarrollo de la gestación, subrayaron que existe evidencia científica por la cual se demuestra que mientras más tarde se practica un aborto, existe mayor riego para la salud de la madre.
También, consideraron que la norma no se refiere al agresor, a quien, si se debe aplicar una sanción mucho más fuerte, a fin de evitar la impunidad.
Expresaron como alternativa, el acompañamiento especializado para preparar a la madre hacia un proceso de adopción.
Otros demandan una decisión firme para garantizar el acceso de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación a la interrupción del embarazo, sin que sean sometidas a una revictimización. Según este grupo no hay otra opción que aprobar la ley en los términos previstos en la sentencia de la Corte Constitucional, que es de obligatorio cumplimiento.
Tras más de 40 intervenciones, la ponente del informe, asambleísta Johanna Moreira, solicitó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, conceda el plazo de ocho días para que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado recoja los planteamientos formulados en el segundo debate y se elabore el texto definitivo.
La Titular de la Legislatura cerró el segundo debate y, al tenor de lo dispuesto en el artículo 61, numeral 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, suspendió la sesión y concedió el plazo de ocho días para que la Comisión elabore el texto final que será sometido a votación en el Pleno.
Nacionales
Mercedes Caicedo: «Pedimos perdón por no responder a la ciudadanía con una justicia ágil»
Mercedes Caicedo tiene 135 días frente al Consejo de la Judicatura. La ventana de la oficina de Presidencia, en un piso alto del edificio, deja ver las columnas de humo tras el incendio que consumió parte del cerro Itchimbía, en el oriente de Quito. En la Judicatura hay otro incendio. El pleno decidió reestructurar la unidad especializada de jueces anticorrupción y crimen organizado, e integrarla con otro cuerpo de juzgadores penales que trabaja en la capital.
En entrevista con Vistazo, la funcionaria con 16 años de trayectoria en la función judicial, explicó que la reestructuración forma parte de un plan integral para reorganizar el sistema. La lógica es ésta: hay jueces con poca carga laboral, mientras otros tienen saturación de cargas.
Según el informe técnico, la unidad anticorrupción con 19 jueces acumulaba 480 causas activas. En tanto, la unidad de Iñaquito a la que se fusiona tiene 31 juzgadores, que mantienen en total cinco mil causas acumuladas.
En lugar de tener 19 jueces penales la justicia gana un grupo adicional de 31, para sumarse a la administración de justicia, explica, al reconocer que está consciente de que el cambio generó todo tipo de ‘suspicacias’. Esto, porque el Consejo de la Judicatura vivió una crisis sistemática, que le restó legitimidad frente al país y a la sociedad.
La herencia nefasta del caso Metástasis se vive en la justicia
El legado de un presidente de la Judicatura que decía ‘venir de las estrellas’ y que chateaba con operadores y abogados del narcolavador Leandro Norero deja secuelas. Wilman Terán fue sentenciado como parte de la estructura del caso Metástasis.
En cambio, otro presidente de la Judicatura, Mario Godoy, fue señalado por presuntas presiones en contra del juez anticorrupción Carlos Serrano.
“Cargo una cruz que no es mía”, dice Caicedo, quien fue jueza penal. En tal función fue ponente en el tribunal que conoció el caso Metástasis.
Por esta falta de respuesta frente a los delitos la sociedad no tiene confianza en el sistema de justicia.
“Pedimos perdón por no dar respuestas que exigen los ciudadanos”, afirma la presidenta. Y explica que el pleno de la Judicatura se declaró en emergencia para resolver los temas pendientes, entre ellos, la depuración.
Los 1.700 jueces serán evaluados
Hay diez años de abandono en el sector, explica Caicedo, mientras adelanta que la evaluación de 1.700 jueces ya está en marcha.
Esta vez, el proceso incorporará ‘pruebas de confianza’, exigidas por la actual legislación. Se trata de mecanismos para detectar si los evaluados están diciendo falsedades.
CONEXIA reunió en Ambato a 20 representantes del sector empresarial para conocer sus necesidades y abrir nuevas posibilidades de relacionamiento entre universidad y empresa.
La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), en alianza con Fundación Ninari, reunió en Ambato a 20 representantes del sector empresarial en una nueva edición de CONEXIA, Encuentro Universidad–Empresa, un espacio de acercamiento orientado a fortalecer la relación con el sector productivo, presentar capacidades de investigación, innovación y transferencia de conocimiento, y abrir nuevas posibilidades de colaboración.
Durante la jornada participaron representantes de empresas vinculadas al ecosistema productivo de Tungurahua, entre ellas Muebles León, Andesfood, Bioalimentar y Laboratorio Génesis, además de otros actores del sector empresarial.
El encuentro buscó abrir un primer espacio de diálogo con las empresas para conocer de cerca sus necesidades y los desafíos que enfrentan en su actividad. Durante la jornada se conversó sobre aspectos relacionados con productos, procesos, métodos y servicios.
Para Ruth Bolaños Núñez, directora ejecutiva de Fundación Ninari, generar este tipo de espacios resulta especialmente relevante en una provincia caracterizada por su dinamismo empresarial.
“Tungurahua cuenta con alrededor de 54,5 mil empresas activas y ocupa el tercer lugar nacional en densidad empresarial, con 935,8 empresas por cada 10.000 habitantes. Estas cifras reflejan la fortaleza de su tejido productivo y, al mismo tiempo, la importancia de generar espacios que permitan escuchar a las empresas, conocer sus retos y conectar a los distintos actores del ecosistema para identificar nuevas oportunidades de crecimiento e innovación”, señaló.
La provincia mantiene, además, una estructura productiva diversa. Entre sus principales vocaciones se encuentran el cuero y calzado, el sector textil y de confección, la metalmecánica y carrocerías, el agro y la agroindustria, el comercio y la logística, la madera y artesanía, así como el turismo y la gastronomía.
Para Marco David Jadam Guerrero, gerente general de Laboratorio Génesis, este tipo de encuentros permite acercar los procesos de innovación a la realidad de las pequeñas empresas. “Estos acercamientos nos permiten a pequeñas empresas vincular un poco más el proceso de innovación hacia nuestra realidad productiva”, señaló.
Como parte de CONEXIA, los asistentes participaron también en un showroom tecnológico, donde pudieron conocer algunas de las capacidades de la UTPL y dialogar directamente con el equipo del Parque Científico y Tecnológico. El propósito fue identificar puntos de conexión entre las necesidades de las organizaciones y las capacidades de conocimiento y tecnología disponibles en la Universidad, con miras a futuras iniciativas de investigación aplicada, innovación o transferencia tecnológica.
La UTPL continúa fortaleciendo su estrategia de acercamiento al sector productivo, basada en conocer sus necesidades y construir progresivamente oportunidades de trabajo conjunto.
La oportuna intervención de la Unidad de Contingencia Penitenciaria, en coordinación con Inteligencia Policial, permitió la aprehensión de una ciudadana que presuntamente intentaba ingresar sustancias sujetas a fiscalización al Centro de Privación de Libertad (CPL) Morona Santiago N.° 1, durante el horario de visitas.
El procedimiento se activó tras una alerta de inteligencia y durante los controles establecidos en el filtro de ingreso al centro penitenciario. Ante la alerta, los servidores policiales aplicaron los protocolos correspondientes y trasladaron a la ciudadana al Hospital General de Macas para una valoración médica.
Durante el procedimiento médico, la ciudadana expulsó un paquete que, según la información policial, mantenía oculto en su organismo. Tras la verificación correspondiente, se determinó que el paquete contenía presuntas sustancias sujetas a fiscalización.
La persona aprehendida fue identificada como Lliana M. M. M., de 31 años, de nacionalidad ecuatoriana, quien, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, no registra antecedentes.
Indicios encontrados
• 140 dosis de marihuana.
• 1 terminal móvil.
La Policía Nacional señaló que mantiene de manera permanente los controles y filtros de seguridad en los centros de privación de libertad, con el propósito de prevenir el ingreso de sustancias prohibidas, objetos no autorizados y otros elementos que puedan afectar la seguridad y el orden dentro de estos establecimientos.
La ciudadana quedó a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las diligencias correspondientes, conforme al procedimiento establecido en la normativa vigente. La responsabilidad penal deberá determinarse mediante las instancias judiciales correspondientes.
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