Nacionales
En 8 días habrá texto final de ley que interrumpe embarazo por violación
El Pleno de la Asamblea Nacional concluyó ayer el segundo debate del proyecto de Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación, con el cual se viabiliza la sentencia de la Corte Constitucional que declara la inconstitucionalidad del numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
“En el Pleno de la Asamblea hemos cumplido con crear un espacio participativo, democrático y laico en el que todas y todos los asambleístas representaron de manera responsable, con voz y con su voto, a todos sus mandantes», señaló la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori Abarca.
Los asambleístas analizaron el informe de mayoría de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que fue sustentado ante el Pleno por Johanna Moreira, quien subrayó que la mesa ha buscado defender los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación, a quienes se las ha criminalizado y obligado a una maternidad forzada.
“Hemos formulado un proyecto con criterios y argumentos técnicos y científicos, con el fin de entregar una herramienta efectiva a la sociedad”, añadió.
Desde las distintas bancadas hubo diversas opiniones en torno a este cuerpo legal, indicaron que el tema del aborto es un asunto de respeto de los derechos humanos y el principal de ellos, que es el derecho a la vida, puesto que no se puede sentenciar a muerte al niño no nacido.
Así mismo, se esgrimieron argumentos orientados a la necesidad de reformar el artículo 45 de la Constitución, que garantiza el derecho a la vida desde la concepción. Quienes defendieron la necesidad de establecer una temporalidad acorde con el desarrollo de la gestación, subrayaron que existe evidencia científica por la cual se demuestra que mientras más tarde se practica un aborto, existe mayor riego para la salud de la madre.
También, consideraron que la norma no se refiere al agresor, a quien, si se debe aplicar una sanción mucho más fuerte, a fin de evitar la impunidad.
Expresaron como alternativa, el acompañamiento especializado para preparar a la madre hacia un proceso de adopción.
Otros demandan una decisión firme para garantizar el acceso de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación a la interrupción del embarazo, sin que sean sometidas a una revictimización. Según este grupo no hay otra opción que aprobar la ley en los términos previstos en la sentencia de la Corte Constitucional, que es de obligatorio cumplimiento.
Tras más de 40 intervenciones, la ponente del informe, asambleísta Johanna Moreira, solicitó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, conceda el plazo de ocho días para que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado recoja los planteamientos formulados en el segundo debate y se elabore el texto definitivo.
La Titular de la Legislatura cerró el segundo debate y, al tenor de lo dispuesto en el artículo 61, numeral 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, suspendió la sesión y concedió el plazo de ocho días para que la Comisión elabore el texto final que será sometido a votación en el Pleno.
Nacionales
Inutilizan pista clandestina de 1.500 metros en Colimes que habría sido usada para vuelos vinculados al narcotráfico
La Policía Nacional, con apoyo de personal especializado de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), inutilizó una pista clandestina localizada en el sector El Cacao, en el cantón Colimes (Guayas), que presuntamente podía ser utilizada para operaciones relacionadas con el transporte aéreo de drogas.
Según la información proporcionada por las autoridades, la pista tenía aproximadamente 1.500 metros de longitud y 15 metros de ancho, características que permitían el aterrizaje de aeronaves.
El hallazgo fue posible gracias a las labores desarrolladas por el Grupo de Operaciones de Inteligencia Aérea, que identificó la infraestructura y posteriormente confirmó sus características.
Una vez establecida su ubicación, equipos de la Policía y la FAE ejecutaron acciones para impedir que volviera a ser utilizada.
Para ello se realizaron detonaciones controladas y se colocaron montículos de tierra aproximadamente cada 200 metros a lo largo de la pista.
Auge del narcotráfico en Ecuador
Las autoridades presumen que la infraestructura podía estar relacionada con actividades de organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.
La Policía señaló que este tipo de intervenciones forman parte de las operaciones permanentes destinadas a detectar y neutralizar infraestructura que pueda ser aprovechada por estructuras criminales.
Ecuador se ha convertido en los últimos años en uno de los principales puntos de tránsito internacional de droga, afectado por su ubicación entre Colombia y Perú, la actividad de sus puertos y la economía dolarizada.
Nacionales
Caso «La Reina»: Fiscalía pone bajo la lupa movimientos financieros de funcionaria de Aquiles Alvarez
La Fiscalía General del Estado investiga un presunto entramado familiar de lavado de activos en el denominado Caso ‘La Reina’, una causa que involucra a los hermanos David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B., quienes permanecen en prisión preventiva.
Según la información expuesta por Fiscalía, durante ese periodo se identificó el ingreso de USD 1.293.016,29 al Sistema Financiero Nacional, además de USD 683.894,42 correspondientes a movimientos entre cuentas.
El Ministerio Público busca determinar el origen y destino de esos recursos y establecer si fueron incorporados al sistema financiero mediante operaciones destinadas a ocultar su procedencia.
Una brecha entre lo declarado y lo registrado en cuentas
Uno de los elementos que analiza la investigación es la diferencia entre los ingresos reportados ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) y los valores registrados en cuentas del Sistema Financiero Nacional.
Los datos analizados muestran que la brecha comenzó a ampliarse especialmente desde 2022. Ese año, los ingresos declarados ante el SRI sumaron USD 33.039, mientras que los movimientos registrados como ingresos en el sistema financiero alcanzaron USD 376.525.
En 2023 se registró la diferencia más significativa de la serie analizada: frente a USD 40.488 declarados al SRI, las cuentas registraron ingresos por USD 440.781.
Aunque los valores disminuyeron posteriormente, la diferencia se mantuvo. En 2024 fueron USD 51.922 declarados frente a USD 182.267 registrados en el sistema financiero; mientras que en 2025 la relación fue de USD 30.071 frente a USD 224.853.
El vínculo con el Municipio de Guayaquil
La investigación también pone atención en la actividad de Navila D. B., quien ingresó al Municipio de Guayaquil en 2023, luego de la creación de la Dirección de Eventos Especiales, dependencia en la que habría trabajado.
A partir de ese periodo, según el análisis financiero incorporado a la causa, se observa un incremento en los movimientos económicos relacionados con los tres hermanos.
Fiscalía investiga además un presunto flujo de recursos que habría llegado a Navila D. B. a través de Ternape Petroleum S. A., empresa que estaría relacionada con Aquiles A. H., de acuerdo con los elementos expuestos en la investigación.
Los hermanos David y Farid D. B., por su parte, son señalados como personas que habrían movilizado e inyectado recursos cuya procedencia es actualmente objeto de investigación.
Además del presunto lavado de activos, el Ministerio Público analiza posibles elementos relacionados con defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito.
Órdenes de prisión
El caso tomó un nuevo impulso el 5 de agosto de 2026, cuando Fiscalía ejecutó órdenes de detención con fines de formulación de cargos, además de varios allanamientos, incautaciones y retenciones de vehículos.
Durante ese operativo, Navila D. B. no fue localizada.
En cambio, David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B. fueron detenidos y posteriormente llevados ante la justicia. En la audiencia correspondiente, un juez dictó prisión preventiva para ambos mientras avanza la investigación.
El juez Sebastián Cornejo, el nuevo magistrado a cargo del caso Goleada, resolvió la noche del domingo 23 de agosto de 2026 declarar la nulidad de la audiencia preparatoria de juicio en el caso Goleada. El caso, que se tramita en la Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, investiga un presunto lavado de activos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y su familia.
La decisión se tomó apenas horas después de que Cornejo suspendiera la continuación de dicha audiencia, prevista para este lunes 24 de agosto, por conflictos en su agenda. Este juez asumió la causa después de la suspensión del juez Jairo García, por «manifiesta negligencia» en otro caso.
Esta resolución añade una nueva postergación a un proceso que ya acumula 193 días (seis meses y 12 días) estancado en esta misma etapa procesal. Fuente: Primicias
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