Nacionales
En 8 días habrá texto final de ley que interrumpe embarazo por violación
El Pleno de la Asamblea Nacional concluyó ayer el segundo debate del proyecto de Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación, con el cual se viabiliza la sentencia de la Corte Constitucional que declara la inconstitucionalidad del numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
“En el Pleno de la Asamblea hemos cumplido con crear un espacio participativo, democrático y laico en el que todas y todos los asambleístas representaron de manera responsable, con voz y con su voto, a todos sus mandantes», señaló la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori Abarca.
Los asambleístas analizaron el informe de mayoría de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que fue sustentado ante el Pleno por Johanna Moreira, quien subrayó que la mesa ha buscado defender los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación, a quienes se las ha criminalizado y obligado a una maternidad forzada.
“Hemos formulado un proyecto con criterios y argumentos técnicos y científicos, con el fin de entregar una herramienta efectiva a la sociedad”, añadió.
Desde las distintas bancadas hubo diversas opiniones en torno a este cuerpo legal, indicaron que el tema del aborto es un asunto de respeto de los derechos humanos y el principal de ellos, que es el derecho a la vida, puesto que no se puede sentenciar a muerte al niño no nacido.
Así mismo, se esgrimieron argumentos orientados a la necesidad de reformar el artículo 45 de la Constitución, que garantiza el derecho a la vida desde la concepción. Quienes defendieron la necesidad de establecer una temporalidad acorde con el desarrollo de la gestación, subrayaron que existe evidencia científica por la cual se demuestra que mientras más tarde se practica un aborto, existe mayor riego para la salud de la madre.
También, consideraron que la norma no se refiere al agresor, a quien, si se debe aplicar una sanción mucho más fuerte, a fin de evitar la impunidad.
Expresaron como alternativa, el acompañamiento especializado para preparar a la madre hacia un proceso de adopción.
Otros demandan una decisión firme para garantizar el acceso de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación a la interrupción del embarazo, sin que sean sometidas a una revictimización. Según este grupo no hay otra opción que aprobar la ley en los términos previstos en la sentencia de la Corte Constitucional, que es de obligatorio cumplimiento.
Tras más de 40 intervenciones, la ponente del informe, asambleísta Johanna Moreira, solicitó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, conceda el plazo de ocho días para que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado recoja los planteamientos formulados en el segundo debate y se elabore el texto definitivo.
La Titular de la Legislatura cerró el segundo debate y, al tenor de lo dispuesto en el artículo 61, numeral 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, suspendió la sesión y concedió el plazo de ocho días para que la Comisión elabore el texto final que será sometido a votación en el Pleno.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en los últimos componentes para realizar los 45 debates obligatorios de las Elecciones Seccionales de 2027.
Los encuentros serán entre el 12 y el 26 de noviembre y reunirán a candidatos de 21 prefecturas y 24 alcaldías.
Una de las piezas necesarias para su organización ya está conformada. El Pleno del CNE designó a los cinco integrantes del Comité Nacional de Debates, encargado de intervenir en la preparación de los contenidos y la selección de moderadores.
El Comité está integrado por: María Fernanda Suasnavas Lamboglia, Juana Isabel Ramos Ávila, Mario Hidalgo Jara, Carlos Alonso Naranjo Mena y Kléber Bolívar Aguilar Ludeña.
Entre sus tareas está definir los cuatro ejes temáticos de los debates y elaborar las preguntas generales para dos de esos ejes. También deberá presentar ternas de profesionales de la comunicación para seleccionar a los moderadores.
24 alcaldías tendrán debates obligatorios
La normativa establece debates para las candidaturas a prefecturas y para las alcaldías de jurisdicciones con más de 100.000 electores.
En el caso de las alcaldías, los encuentros se desarrollarán en 24 cantones:
- Cuenca
- Riobamba
- Latacunga
- Machala
- Esmeraldas
- Quinindé
- Daule
- Durán
- Guayaquil
- Milagro
- Ibarra
- Otavalo
- Loja
- Babahoyo
- Quevedo
- Chone
- El Carmen
- Manta
- Portoviejo
- Quito
- Rumiñahui
- Santa Elena
- Santo Domingo
- Ambato
A estos se sumarán los debates correspondientes a 21 prefecturas, hasta completar los 45 encuentros previstos.
Debates serán entre el 12 y el 26 de noviembre
Con el Comité Nacional ya designado y las jurisdicciones establecidas, el siguiente paso será completar la organización de las transmisiones.
Los debates se desarrollarán entre el 12 y el 26 de noviembre de 2026, dentro del calendario establecido para las Elecciones Seccionales de 2027.
Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias ‘Pipo’, cabecilla del GDO ‘Los Lobos’, enfrenta en Estados Unidos una acusación por narcoterrorismo, además de un cargo por conspiración internacional para distribuir cocaína.
El proceso, que permaneció bajo reserva durante varios meses, fue desclasificado por la justicia federal del Distrito Sur de California. Primcias publicó una captura de pantalla del documento.
Cronología del proceso
- La causa se inició bajo reserva el 23 de enero de 2026 ante un tribunal federal de California.
- El 4 de febrero de 2026, un Gran Jurado emitió una primera acusación formal por una presunta conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína desde Ecuador y Colombia con destino a Estados Unidos.
- El caso cambió el 15 de julio, cuando el Gran Jurado presentó una acusación sustitutiva que incorporó el delito de narcoterrorismo y complicidad, bajo el estatuto federal 21 U.S.C. 960a.
- Dos días después, el tribunal ordenó la desclasificación total del expediente.
La imputación convierte al cabecilla de ‘Los Lobos’, en el primer ecuatoriano acusado bajo esta figura penal.
¿De qué acusa Estados Unidos a alias ‘Pipo’?
La acusación estadounidense sostiene que Chavarría habría conspirado hasta noviembre de 2025 para fabricar y distribuir cocaína y proporcionar recursos económicos a ‘Los Lobos’, organización que Estados Unidos ha incluido entre los grupos considerados terroristas.
La imputación no equivale a una sentencia y los señalamientos deberán probarse dentro del proceso judicial.
Además del narcoterrorismo, el expediente mantiene el cargo relacionado con la conspiración transnacional para distribuir cocaína.
La acusación contempla también el decomiso de bienes, dinero y otros activos presuntamente obtenidos a partir de las actividades ilícitas. Las autoridades estadounidenses podrían perseguir bienes sustitutos en caso de que los recursos originales hayan sido transferidos u ocultados.
¿Qué significa la acusación por narcoterrorismo?
El estatuto estadounidense 21 U.S.C. 960a sanciona determinadas conductas relacionadas con el tráfico de drogas cuando existe conocimiento o intención de proporcionar recursos a organizaciones terroristas.
La figura fue utilizada en procesos contra integrantes o dirigentes de organizaciones como el Talibán y la MS-13, y también figura entre los cargos formulados por Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Esto no significa que los casos sean equivalentes: comparten una figura penal estadounidense, pero corresponden a expedientes, hechos y acusaciones diferentes.
‘Pipo’ también es investigado por el caso Villavicencio
En Ecuador, la Fiscalía señaló a Chavarría como presunto director operativo del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, cometido el 9 de agosto de 2023 en Quito.
Mientras Estados Unidos mantiene los cargos por narcotráfico y narcoterrorismo, el proceso para determinar si finalmente será extraditado desde España hacia Ecuador continúa abierto.
Vanessa Merino, coordinadora de Becas de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), informó que la institución mantiene un programa de becas orientado al apoyo económico, excelencia, inclusión y otras categorías estratégicas, dirigido a estudiantes de las modalidades presenciales y en línea.
Actualmente, 7 de cada 10 estudiantes de la UTPL cuentan con algún tipo de beca. En particular, más de 8.000 estudiantes de modalidad en línea reciben la beca de apoyo económico, cifra que ha aumentado desde los aproximadamente 4.000 o 5.000 beneficiarios registrados en años anteriores.
Entre las alternativas disponibles está la beca por nivel de ingresos, que puede alcanzar hasta el 80 %, dependiendo de los ingresos del estudiante y su núcleo familiar. También existen becas para abanderados, personas con discapacidad, pueblos y nacionalidades y centros de rehabilitación. Los porcentajes señalados incluyen hasta 80 % para apoyo económico, 70 % para discapacidad y 40 % para abanderados.
La mayoría de las becas pueden mantenerse durante toda la carrera, siempre que el estudiante cumpla los requisitos académicos de aprobación y promedio establecidos por la universidad.
Postulaciones hasta el 1 de octubre
Merino informó que los estudiantes interesados pueden postularse hasta el 1 de octubre. El proceso inicia con la elección de una carrera y una inscripción sin costo; posteriormente, con las credenciales asignadas por la universidad, la postulación a la beca se realiza completamente en línea.
La UTPL dispone además de canales de orientación mediante WhatsApp, Zoom, Teams y líneas telefónicas, para acompañar a los postulantes durante el proceso.
La coordinadora recordó que, además de las becas, la universidad cuenta con descuentos y planes de pago, e invitó a los jóvenes a revisar las alternativas disponibles para acceder a la educación superior y continuar su formación profesional.
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