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En 8 días habrá texto final de ley que interrumpe embarazo por violación

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El Pleno de la Asamblea Nacional concluyó ayer el segundo debate del proyecto de Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación, con el cual se viabiliza la sentencia de la Corte Constitucional que declara la inconstitucionalidad del numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

“En el Pleno de la Asamblea hemos cumplido con crear un espacio participativo, democrático y laico en el que todas y todos los asambleístas representaron de manera responsable, con voz y con su voto, a todos sus mandantes», señaló la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori Abarca.

Los asambleístas analizaron el informe de mayoría de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que fue sustentado ante el Pleno por Johanna Moreira, quien subrayó que la mesa ha buscado defender los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación, a quienes se las ha criminalizado y obligado a una maternidad forzada.

“Hemos formulado un proyecto con criterios y argumentos técnicos y científicos, con el fin de entregar una herramienta efectiva a la sociedad”, añadió.

Desde las distintas bancadas hubo diversas opiniones en torno a este cuerpo legal, indicaron que el tema del aborto es un asunto de respeto de los derechos humanos y el principal de ellos, que es el derecho a la vida, puesto que no se puede sentenciar a muerte al niño no nacido.

Así mismo, se esgrimieron argumentos orientados a la necesidad de reformar el artículo 45 de la Constitución, que garantiza el derecho a la vida desde la concepción. Quienes defendieron la necesidad de establecer una temporalidad acorde con el desarrollo de la gestación, subrayaron que existe evidencia científica por la cual se demuestra que mientras más tarde se practica un aborto, existe mayor riego para la salud de la madre.

También, consideraron que la norma no se refiere al agresor, a quien, si se debe aplicar una sanción mucho más fuerte, a fin de evitar la impunidad.

Expresaron como alternativa, el acompañamiento especializado para preparar a la madre hacia un proceso de adopción.

Otros demandan una decisión firme para garantizar el acceso de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación a la interrupción del embarazo, sin que sean sometidas a una revictimización. Según este grupo no hay otra opción que aprobar la ley en los términos previstos en la sentencia de la Corte Constitucional, que es de obligatorio cumplimiento.

Tras más de 40 intervenciones, la ponente del informe, asambleísta Johanna Moreira, solicitó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, conceda el plazo de ocho días para que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado recoja los planteamientos formulados en el segundo debate y se elabore el texto definitivo.

La Titular de la Legislatura cerró el segundo debate y, al tenor de lo dispuesto en el artículo 61, numeral 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, suspendió la sesión y concedió el plazo de ocho días para que la Comisión elabore el texto final que será sometido a votación en el Pleno.

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Denuncian supuesta compra de insulina con sobreprecio en Municipio de Guayaquil

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La adquisición para dotar de insulina a las casas de salud manejadas por el Municipio de Guayaquil generó un nuevo roce con el Gobierno Nacional, luego de que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) denunciara sobre presuntas irregularidades en el contrato.

Según el Sercop, la Alcaldía pretendería importar un millón de dosis de insulina a un precio mayor de lo que se vende en Ecuador. El costo que habría establecido por la compra el Municipio era de $12 por unidad, cuando en adquisiciones de otros procesos se pagaron precios por el medicamento entre USD 7,12 y 7,49.

Además, la entidad añadió que el Municipio tiene un incumplimiento normativo, al no contar con permiso previo emitido por la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), para la importación de fármacos.

El Sercop apuntó que la verificación se realizó en cumplimiento de sus funciones, para cuidar la adquisición de bienes y servicios en beneficio de la ciudadanía.

De hecho, la institución recomendó al Municipio guayaquileño realizar el proceso de adquisición con farmacéuticas locales que cuentan con el producto, a un precio inferior al ofertado en el contrato establecido.

Julio José Neira, secretario de Integridad Pública y director encargado del Sercop, aclaró que un 2,66% de los procesos contratados por la Alcaldía, que equivalen a 47 contratos, fueron suspendidos por detectarse alguna irregularidad, incluido el de la adquisición de incluido. El valor todos estos procesos era de USD 9,7 millones.

«Se les acabó el relato de la compra de insulina por el sobreprecio…», apuntó Neira, este viernes 28 de noviembre.

Cruce de declaraciones entre Alvarez y Neira

La suspensión de los procesos generó una serie de insultos en redes sociales proferidos por el alcalde Aquiles Alvarez hacia Neira, quien a su vez le recordó que se encuentra procesado y llamado a juicio por presunta comercialización irregular de combustible.

«El proceso de insulina se suspendió porque el alcalde procesado pretendía importar insulina evadiendo la norma: ni siquiera pidieron registro sanitario, básico para asegurar calidad y proteger a los pacientes», recalcó Neira.

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Extienden la declaratoria de emergencia en el IESS por desabastecimiento de medicinas

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El director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Francisco Abad, dispuso la ampliación «de forma excepcional» por un mes más de la declaratoria de emergencia de la entidad.

Según informó la entidad en un comunicado difundido este jueves, la decisión se adoptó por criterios técnicos que, a su juicio, justifican la ampliación de la medida para garantizar que procesos contractuales puedan concretarse.

Al declarar el estado de emergencia el pasado 26 de septiembre, frente a una crisis de desabasteicmiento de medicinas e insumos médicos en centros de salud a escala nacional, el IESS asignó un presupuesto de USD 96 millones para compras públicas.

Medicamentos no entregados

En ese marco, un informe técnico presentado este lunes advirtió también que, pese a que el IESS ha suscrito varios contratos para adquirir medicamentos y bienes estratégicos, una parte de estos productos aún no ha sido entregada.

El documento señala que diversas circunstancias de índole técnica y operativa han impedido que la institución cuente con el abastecimiento completo previsto.

El mismo informe sostiene que, de no concretarse las entregas pendientes, el IESS enfrentaría un desabastecimiento inmediato de medicamentos de alta especialidad, lo que pondría en riesgo la continuidad terapéutica de miles de pacientes y acentuaría aún más la crisis actual.

También advierte que podrían incrementarse las complicaciones severas, las hospitalizaciones y los índices de mortalidad.

Ante ello, Abad emitió una resolución en la que ordena a los administradores de los contratos suscritos durante la emergencia mantener un seguimiento permanente de cada proceso.

La disposición incluye verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los proveedores y completar todas las gestiones necesarias hasta el cierre definitivo de los contratos.

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Más de un millón de ecuatorianos tienen una mala calificación crediticia, según análisis de red financiera

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En Ecuador, 1 060 000 personas, en promedio, tienen un score crediticio (calificación crediticia) menor a 300 puntos, 247 mil más de las que había en el 2019, según un informe de la Red de Instituciones Financieras para el Desarrollo.

Se trata de usuarios que registran pagos pendientes, atrasos frecuentes y moras prolongadas para cancelar sus deudas, es decir, que son perfiles con poca probabilidad de pago.

En términos prácticos, las instituciones financieras o centrales de crédito pueden negarles solicitudes de préstamos, pedir más documentos, garantías u otorgar financiamiento en condiciones menos favorables como intereses más altos.

Con este escenario, las compras pequeñas, como celulares, electrodomésticos e incluso ropa a plazos, inciden en la construcción del historial crediticio.

David Castellanos, analista de Equifax, que es una agencia de informes crediticios, relata que si una persona hace pagos que se difieren a plazos, eso permite ir construyendo un tema de un hábitos.

«Si se cumple igual el pago, obviamente, la persona va a tener una propensión de mejor hábito de pago como tal, pero también si hay retrasos, esto va a incidir ensu calificación o en su salud financiera», comentó.

Al mejorar el puntaje del score crediticio con compras pequeñas a crédito, los usuarios en general y específicamente aquellos que están excluidos del sistema financiero, podrían acceder nuevamente a él.

«Tendríamos que esperar por lo menos unos tres o seis meses hasta que esta persona vaya cumpliendo estos temas de pago. Ese comportamiento se toma dentro del historial crediticio. Mientras los otros pagos se van cumpliendo, va generando que esta persona paulatinamente vaya alcanzando un mejor score«, señaló Castellanos.

El score crediticio se puede revisar en las aplicaciones de bancos.Ees un servicio gratuito, que permite al cliente conocer su nivel de endeudamiento, si tiene un balance entre lo que gana y lo que gasta; y si tiene pagos pendientes en instituciones financieras, en locales comerciales o entidades de servicios.

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