Nacionales
En 8 días habrá texto final de ley que interrumpe embarazo por violación
El Pleno de la Asamblea Nacional concluyó ayer el segundo debate del proyecto de Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación, con el cual se viabiliza la sentencia de la Corte Constitucional que declara la inconstitucionalidad del numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
“En el Pleno de la Asamblea hemos cumplido con crear un espacio participativo, democrático y laico en el que todas y todos los asambleístas representaron de manera responsable, con voz y con su voto, a todos sus mandantes», señaló la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori Abarca.
Los asambleístas analizaron el informe de mayoría de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que fue sustentado ante el Pleno por Johanna Moreira, quien subrayó que la mesa ha buscado defender los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación, a quienes se las ha criminalizado y obligado a una maternidad forzada.
“Hemos formulado un proyecto con criterios y argumentos técnicos y científicos, con el fin de entregar una herramienta efectiva a la sociedad”, añadió.
Desde las distintas bancadas hubo diversas opiniones en torno a este cuerpo legal, indicaron que el tema del aborto es un asunto de respeto de los derechos humanos y el principal de ellos, que es el derecho a la vida, puesto que no se puede sentenciar a muerte al niño no nacido.
Así mismo, se esgrimieron argumentos orientados a la necesidad de reformar el artículo 45 de la Constitución, que garantiza el derecho a la vida desde la concepción. Quienes defendieron la necesidad de establecer una temporalidad acorde con el desarrollo de la gestación, subrayaron que existe evidencia científica por la cual se demuestra que mientras más tarde se practica un aborto, existe mayor riego para la salud de la madre.
También, consideraron que la norma no se refiere al agresor, a quien, si se debe aplicar una sanción mucho más fuerte, a fin de evitar la impunidad.
Expresaron como alternativa, el acompañamiento especializado para preparar a la madre hacia un proceso de adopción.
Otros demandan una decisión firme para garantizar el acceso de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación a la interrupción del embarazo, sin que sean sometidas a una revictimización. Según este grupo no hay otra opción que aprobar la ley en los términos previstos en la sentencia de la Corte Constitucional, que es de obligatorio cumplimiento.
Tras más de 40 intervenciones, la ponente del informe, asambleísta Johanna Moreira, solicitó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, conceda el plazo de ocho días para que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado recoja los planteamientos formulados en el segundo debate y se elabore el texto definitivo.
La Titular de la Legislatura cerró el segundo debate y, al tenor de lo dispuesto en el artículo 61, numeral 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, suspendió la sesión y concedió el plazo de ocho días para que la Comisión elabore el texto final que será sometido a votación en el Pleno.
La República Dominicana y Ecuador subrayaron su interés en profundizar la relación bilateral en los ámbitos político, económico-comercial, de movilidad humana, cooperación, turismo y energía, así como en avanzar en el diálogo para la suscripción de un Acuerdo Comercial de Alcance Parcial.
La información la ofreció -en un comunicado- el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, tras una reunión entre su titular, Roberto Álvarez, y su homóloga ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, quien realizó este lunes una visita oficial al país caribeño.
Los dos diplomáticos acordaron impulsar una agenda de trabajo conjunta entre las autoridades competentes de ambos países, con el propósito de continuar en la implementación efectiva del Memorando de Entendimiento sobre Zonas Francas y fortalecer las oportunidades de inversión y cooperación empresarial entre ambos países, de acuerdo con la información.
Con relación a la situación en Haití, país que atraviesa desde años una profunda crisis, Álvarez y Sommerfeld llamaron a la comunidad internacional «a redoblar sus esfuerzos en favor de una solución integral y sostenible que garantice el pleno respeto de los derechos humanos».
Así mismo, ambos cancilleres reafirmaron su apoyo a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), creada en 2025 por las Naciones Unidas, y que sustituye a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), también creada por la ONU.
Ecuador reiteró la invitación a República Dominicana para que invierta en proyectos energéticos
En materia energética, los ministros destacaron la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en el marco del Memorando de Entendimiento entre EP Petroecuador y la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa).
En ese aspecto, Sommerfeld reiteró la invitación de Ecuador para que la República Dominicana explore oportunidades de inversión en el campo de gas natural ‘Amistad’, considerado uno de los principales proyectos estratégicos del sector energético ecuatoriano.
La reunión de este lunes siguió a otra efectuada en Punta Cana (este dominicano) el 6 de mayo por el presidente dominicano, Luis Abinader, y su par ecuatoriano, Daniel Noboa, quienes decidieron iniciar negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial parcial.
La Presidencia ecuatoriana recordó entonces que República Dominicana es -en la actualidad- para Ecuador un importante socio comercial. Solo en 2025, las exportaciones alcanzaron los 161 millones de dólares, anotó.
En febrero pasado, Noboa y Abinader se reunieron en Dubái, donde abordaron la necesidad de una negociación de un acuerdo comercial. Fuente: Vistazo
Nacionales
Técnicos acusados en caso Progen: “Nos dieron hasta el link para bajar información del estudio”
Los cuatro integrantes de la comisión técnica de estudio de mercado del denominado caso Progen rompieron el silencio. Mediante un comunicado público, los funcionarios procesados dentro del llamado “caso Apagón” cuestionaron la decisión judicial que ordenó prisión preventiva en su contra y aseguraron que sus funciones dentro del proceso contractual eran exclusivamente técnicas y referenciales.
Javier Lasluiza Navarrete, Romel Patricio Llumiquinga Llumiquinga, Marcos Vinicio Poma Jumbo y Marco Antonio Chicaiza Santos sostienen que la Fiscalía construyó una teoría penal que, según ellos, mezcla responsabilidades administrativas, financieras y contractuales que no les correspondían dentro del proceso investigado.
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
En el documento, difundido este fin de semana, los procesados señalan que durante la audiencia de formulación de cargos no se demostró cómo su actuación encajaría en el delito de peculado ni cómo podrían ser considerados autores directos. También afirman que la acusación se sustentó en “afirmaciones generales y expansivas” que desconocen el funcionamiento de una comisión de estudio de mercado en los procesos de contratación pública.
En una parte del comunicado se lee: “Una comisión de estudio de mercado tiene una función estrictamente técnica y referencial: recopilar información de mercado, levantar referencias económicas y determinar valores estimados para una eventual contratación. No adjudica contratos. No autoriza pagos. No administra recursos públicos. No aprueba desembolsos. No maneja anticipos. No ejecuta contratos. No fiscaliza pagos. No recibe bienes”.
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«No se siguieron los parámetros normales»
Pero, los integrantes de esa comisión denunciaron algo aún más importante: “En el caso que nos ocupa es importante denotar que se nos dispuso desde el tiempo hasta el link de donde debíamos bajarnos la información para el estudio, es decir no se siguieron los parámetros normales para una contratación pública; sin embargo, nada de esto fue tomado en consideración por el juzgador”.
El pronunciamiento aparece luego de que el juez Vinicio Rodríguez acogiera el pedido de Fiscalía y dictara prisión preventiva contra 19 de los 21 procesados en la investigación relacionada con la contratación de generación eléctrica en medio de la crisis energética.
Entre los vinculados figuran técnicos y mandos medios de Celec, así como el exministro de Energía Antonio Gonçalves y el exgerente de Celec Fabián Calero. Fuente: Expreso
Antonio Gonçalves fue ministro de Energía en el primer periodo del presidente Daniel Noboa.
En el comunicado, los cuatro funcionarios también cuestionan el uso de la prisión preventiva. Argumentan que durante toda la investigación comparecieron ante las autoridades y mantuvieron arraigo laboral, familiar y domiciliario verificable. Añaden que el derecho penal ecuatoriano exige responsabilidades individualizadas y no permite establecer responsabilidades automáticas por pertenecer a una comisión técnica.
Los procesados aseguran además que llevan cerca de veinte años trabajando en Celec EP y que nunca antes estuvieron involucrados en investigaciones penales. En esa línea, remarcan el impacto personal y familiar que implica la medida cautelar dictada en su contra.
El documento concluye con una defensa de sus actuaciones dentro del proceso contractual y con la expectativa de que, durante la instrucción fiscal, se analice de manera individual la participación de cada funcionario involucrado en el caso.
La Unión Nacional de Educadores (UNE) difundió un comunicado en el que cuestionó la administración del presidente Daniel Noboa y anunció el inicio de un proceso de revocatoria del mandato. El documento, presentado en Quito el 24 de mayo de 2026, expone cifras sobre seguridad, educación, salud, empleo y economía en Ecuador. La organización sostuvo que el Gobierno “oculta” la situación real del país y alertó sobre el incremento de la violencia y la precarización social.
El gremio docente aseguró que Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de seguridad. Según el pronunciamiento, el país se ubica entre los más peligrosos de América Latina y 2026 podría convertirse en el segundo año más violento de su historia. Además, la UNE cuestionó los toques de queda y afirmó que las medidas adoptadas por el Ejecutivo no han frenado el avance de grupos delictivos organizados.
“En Ecuador si sales a caminar te roban, si instalas un negocio te extorsionan y si te expones hasta la vida te quitan”.
La organización también señaló que existe una crisis educativa vinculada a la falta de inversión pública y al deterioro de la infraestructura escolar. Citó datos del Plan Anual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas para indicar que, pese a existir más de $53 millones codificados para proyectos educativos, apenas una pequeña parte había sido ejecutada hasta abril de 2026. El comunicado añadió que miles de planteles continúan en malas condiciones.
Crisis educativa y deserción estudiantil en Ecuador
La UNE denunció además retrasos en procesos de escalafón y equiparación salarial para docentes con más de 25 años de servicio. El gremio aseguró que más de 11 mil maestros siguen sin recibir recursos económicos correspondientes a estos procesos. También afirmó que más de 200 docentes fueron desvinculados en lo que va del año.
Otro de los puntos expuestos fue la deserción estudiantil. La organización comparó cifras del Ministerio de Educación con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y concluyó que alrededor de 450 mil niños, niñas y adolescentes no estarían estudiando actualmente. En educación superior, la UNE sostuvo que la deserción supera el 20 %, lo que representaría al menos 150 mil jóvenes que abandonan sus estudios cada año.
El comunicado también abordó la situación sanitaria del país. La UNE afirmó que hasta finales de 2025 el Ministerio de Salud solo había utilizado el 45 % del presupuesto asignado. Según el gremio, esto habría afectado el abastecimiento de medicamentos y la atención en hospitales públicos de varias provincias.
Salud, desempleo y pobreza bajo cuestionamiento
La organización aseguró que en hospitales públicos el abastecimiento de medicamentos apenas alcanzaba el 54 %. Como ejemplo, mencionó al Hospital Monte Sinaí, en Guayas, donde el stock habría llegado solo al 19 %. El documento también se refirió a la emergencia sanitaria en Taisha y afirmó que comunidades afectadas por enfermedades deben caminar durante horas para acceder a atención médica.
En materia laboral, la UNE sostuvo que más de 186 mil plazas de empleo adecuado se perdieron en el último año. El comunicado citó cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), indicando que el denominado “Otro Empleo No Pleno” superó al empleo adecuado en Ecuador. Según la organización, esta situación refleja un deterioro de las condiciones laborales en el país.
El pronunciamiento también cuestionó medidas económicas impulsadas por el Gobierno. La UNE afirmó que mientras una parte importante de la población enfrenta pobreza multidimensional, los principales bancos del país registraron millonarias ganancias hasta abril de 2026. Además, criticó el incremento del IVA al 15 % y el alza en el precio de los combustibles. Fuente: Expreso
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