Nacionales
En 8 días habrá texto final de ley que interrumpe embarazo por violación
El Pleno de la Asamblea Nacional concluyó ayer el segundo debate del proyecto de Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación, con el cual se viabiliza la sentencia de la Corte Constitucional que declara la inconstitucionalidad del numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
“En el Pleno de la Asamblea hemos cumplido con crear un espacio participativo, democrático y laico en el que todas y todos los asambleístas representaron de manera responsable, con voz y con su voto, a todos sus mandantes», señaló la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori Abarca.
Los asambleístas analizaron el informe de mayoría de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que fue sustentado ante el Pleno por Johanna Moreira, quien subrayó que la mesa ha buscado defender los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación, a quienes se las ha criminalizado y obligado a una maternidad forzada.
“Hemos formulado un proyecto con criterios y argumentos técnicos y científicos, con el fin de entregar una herramienta efectiva a la sociedad”, añadió.
Desde las distintas bancadas hubo diversas opiniones en torno a este cuerpo legal, indicaron que el tema del aborto es un asunto de respeto de los derechos humanos y el principal de ellos, que es el derecho a la vida, puesto que no se puede sentenciar a muerte al niño no nacido.
Así mismo, se esgrimieron argumentos orientados a la necesidad de reformar el artículo 45 de la Constitución, que garantiza el derecho a la vida desde la concepción. Quienes defendieron la necesidad de establecer una temporalidad acorde con el desarrollo de la gestación, subrayaron que existe evidencia científica por la cual se demuestra que mientras más tarde se practica un aborto, existe mayor riego para la salud de la madre.
También, consideraron que la norma no se refiere al agresor, a quien, si se debe aplicar una sanción mucho más fuerte, a fin de evitar la impunidad.
Expresaron como alternativa, el acompañamiento especializado para preparar a la madre hacia un proceso de adopción.
Otros demandan una decisión firme para garantizar el acceso de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación a la interrupción del embarazo, sin que sean sometidas a una revictimización. Según este grupo no hay otra opción que aprobar la ley en los términos previstos en la sentencia de la Corte Constitucional, que es de obligatorio cumplimiento.
Tras más de 40 intervenciones, la ponente del informe, asambleísta Johanna Moreira, solicitó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, conceda el plazo de ocho días para que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado recoja los planteamientos formulados en el segundo debate y se elabore el texto definitivo.
La Titular de la Legislatura cerró el segundo debate y, al tenor de lo dispuesto en el artículo 61, numeral 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, suspendió la sesión y concedió el plazo de ocho días para que la Comisión elabore el texto final que será sometido a votación en el Pleno.
Nacionales
Chats de la red que robaba combustible salen a la luz: Juez dispuso prisión preventiva para cinco policías y tres militares
Alianza Vistazo – Código Vidrio
Éste es uno de los chats que constan en la investigación que desarticuló una estructura que robaba hidrocarburos del poliducto. Cinco policías y tres militares se encuentran entre los involucrados. La madrugada de este jueves 8 de abril, el juez anticorrupción Renán Andrade dispuso prisión preventiva para ellos.
El líder de la red de robo de combustibles, desarticulada este miércoles 7 de abril, era el capitán de la policía Edison M.H. Según las investigaciones, él perfeccionó el mecanismo para la perforación del poliducto, mientras era parte de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos.
La integraban cinco servidores policiales del eje preventivo, para facilitar el traslado de combustible conseguido en forma ilícita. Luego, era transportado en vehículos pesados para su posterior comercialización.
En esta organización delictiva también jugaron un rol clave tres militares activos y ocho civiles. Los militares coordinaban directamente con el oficial de policía, proporcionándole información logística.
La investigación para identificar la red y su entramado tomó un año. Estuvo a cargo de agentes de Asuntos Internos, junto con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía. Los investigadores confirmaron que los uniformados estaban involucrados en actividades ilícitas relacionadas con el tráfico, desvío y uso indebido de hidrocarburos.
El operativo se realizó la madrugada de este miércoles 7 de abril de 2026. La policía, a través de la Sección de Investigación de la Conducta Policial de la Dirección Nacional de Asuntos Internos (Inspectoría) ejecutó la operación denominada “Gran Fortaleza 1”. Se realizaron 16 allanamientos en ocho provincias del país, fueron detenidas 16 personas.
Los allanamientos se ejecutaron en inmuebles ubicados en Guayas, Pichincha, Santo Domingo, Los Ríos, El Oro, Santa Elena y Orellana, donde fueron detenidos los colaboradores e involucrados.
La organización contaba con capacidad operativa para obtener hidrocarburos mediante perforaciones clandestinas a los poliductos, utilizando información sensible. Esto facilitaba tanto la sustracción como la posterior comercialización del combustible.
Una vez concluida la investigación previa, el abogado de Petroecuador Sergio Juan Ruiz Vasco presentó la denuncia por delincuencia organizada y sustracción de hidrocarburos en la Fiscalía.
El foco de las operaciones criminales era la provincia de Santa Elena. Los sitios donde los policías realizaban las perforaciones clandestinas, con coordenadas exactas, se ubicaron en el poliducto Libertad- Pascuales y Libertad-Manta.
Entre las evidencias recopiladas en la investigación se incluyen las conversaciones mantenidas entre los miembros de la red, sobre los pagos.
No habrá impunidad
En una entrevista previa con esta alianza, el general Víctor Herrera, a cargo de la Inspectoría de la policía, advirtió que rige una política de cero tolerancia a actos de corrupción en esas filas.
La institución tiene 57 mil uniformados. “Si deciden servir al crimen organizado, saldrán de las filas y quedarán a merced de las estructuras criminales que ya saben cómo pagan a sus colaboradores”, advirtió Herrera.
El oficial tiene 37 años al servicio de la institución. Explicó, con preocupación, que la entidad intenta depurar sus filas, pero que un preocupante número de servidores separados por actos reñidos con la ley regresan por decisiones judiciales. Según reveló en esta entrevista, en el curso de los últimos 10 años al menos 1.800 servidores policiales separados volvieron.
Para ello utilizaron argucias como recursos de protección, facilitados por jueces. Es más, desde 2021 hasta 2025, 653 policías destituidos se reincorporaron por decisiones jurídicas. Solo en 2025 fue casi un centenar: 97 restituidos a esas filas.
16 personas en esta red
Cinco servidores policiales, entre ellos, dos sargentos, dos cabos y un policía. Además, tres militares, dos sargentos y un cabo. Ocho civiles además fueron identificados como miembros de esta estructura. De ellos, cinco registran antecedentes.
El juez Andrade dispuso el inicio de la etapa de instrucción fiscal por 90 días. Dictaminó prisión preventiva para 15 de los procesados. Además, una mujer cumplirá arresto domiciliario en Milagro. Fuente: Vistazo
La Revolución Ciudadana (RC) pidió este miércoles 8 de abril a un juez electoral que revoque la suspensión por nueve meses que se le impuso por la existencia de una investigación por presunto lavado de dinero, al asegurar que el fiscal general no hizo ese pedido como se señaló inicialmente.
El pasado 6 de marzo, el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, admitió a trámite una denuncia presuntamente interpuesta por el fiscal general, Carlos Alarcón, en la que habría pedido la suspensión provisional señalando que el movimiento estaba siendo investigado por un caso relacionado con un presunto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023, conocido como Caja Chica.
«El fiscal nos ha contestado ayer (martes) diciendo que la Fiscalía no ha enviado ese documento al Tribunal Contencioso Electoral», dijo Rivera, que reiteró que Alarcón «no miente, porque él no lo mandó».
Rivera añadió que esperan que el juez «se reivindique» en «las próximas horas» para que «se respeten los derechos del pueblo ecuatoriano a elegir y ser elegido».
La suspensión de nueve meses ya ponía en duda su participación como movimiento político en los comicios locales previstos para el 14 de febrero de 2027, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió hace dos semanas adelantar las elecciones al 29 de noviembre, lo que dejó sin margen a los correístas para ser candidatos por su partido.
Entonces Correa llamó a sus potenciales candidatos a autoridades locales a que se desafilien de la RC para que no les impidan participar en las elecciones.
En el caso Caja Chica, la Fiscalía investiga a la excandidata presidencial Luisa González, a Correa y a otros miembros de la Revolución Ciudadana, pues presume que «ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023», lo que el partido ha denominado como una «persecución».
Nacionales
Daniel Noboa: «Lamentablemente vamos a decepcionar a los sufridores y vamos a tener energía todo el mes de abril»
El presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró que no habrá problemas con la energía durante abril, a pesar de la sequía. «Lamentablemente vamos a decepcionar a los sufridores y vamos a tener energía todo el mes de abril, que es el mes de mayor demanda», dijo el presidente Daniel Noboa en radio Farra, este jueves 9 de abril de 2026.
Y lo explicó: el embalse de Mazar está 2137. En los últimos diez años, entre el 10 y 15 de abril, siempre está por debajo de 2125. No está en niveles críticos, aseguró. Este embalse es importante porque baja en escalera a todo el complejo Paute.
Además, dijo que el caudal del Coca Codo Sinclair está alto.
«Lo que nunca nos dan crédito es que terminamos Toachi Pilatón (más de 200 megavatios adicionales), mejoramos e hicimos mantenimiento en Daule-Peripa (200 megavatios adicionales), añadimos el parque termoeléctrico en Esmeraldas y Quevedo y próximamente en Pascuales (más de 400 megavatios adicionales). Además, en la parte eólica estamos generando sostenidamente más de 60 megavatios. Porque se ha hecho todo eso es que no se ha comido el embalse como usualmente pasaba en los años anteriores y por eso podemos pasar estas semanas de sequía. Ya en mayo habrá mayor tranquilidad», agregó.
Bonanza en la construcción
El Presidente también se refirió a las obras que está ejecutando en Manabí, principalmente a las relacionadas con agua y vivienda.
«En Chone estamos cumpliendo con una deuda que el Gobierno tenía hace décadas, que es el agua. Darles lo más básico que se necesita para la ciudadanía. Estamos financiando eso, trabajando con el alcalde de Chone. Es un proyecto que fue promovido y financiado de parte del Gobierno Central», dijo el presidente Daniel Noboa en radio Farra, este jueves 9 de abril de 2026.
Noboa insistió en que 2026 es el «año de la construcción«. Y dio cifras. «En construcción, de enero a marzo, a nivel nacional, las ventas están 20.5% arriba. En mobiliarias está arriba 17,8% arriba», agregó.
Además, indicó que hay USD 6.500 millones en promesas de compra – venta. «Nunca en la historia del Ecuador existió esta situación de que los promotores inmobiliarios ya no tienen que enfocarse en vender, sino en construir, contratar a la gente, en manejar bien sus costos y dar obras de calidad. Estamos hablando de una bonanza en el área de construcción y eso traerá empleo en todo el país», agregó.
Oposición a los incentivos del Gobierno Nacional para la construcción
Noboa lamentó que la Revolución Ciudadana se haya opuesto a la propuesta de que hasta el 30% del pago del impuesto a la renta se pueda entregar en donaciones.
Sin embargo, seguirá con sus proyectos habitacionales y considera que solamente con este plan se podrán construir cerca de 5.000 casas este año. «Son 5.000 familias que mejorarán su vida».
Aunque la cifra parece alta, él considera que es posible. «El reto es construir más rápido. No es que no exista la demanda. En 2023-2024 había una demanda estancada y los constructores iban pasito a pasito. Ahorita tienen vendido todo hasta 2028. Ahorita deben apurarse en la construcción».
En la entrevista también estuvo el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque. Él acotó que existen pesadillas burocráticas para el promotor inmobiliario en todo el país, pero que es más complicado en Cuenca.
«A nivel general hacemos un llamado para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados entren en esta acción del año de la construcción para que prioricen proyectos de vivienda de interés social para que los permisos de construcción salgan en tiempos razonables para que los más pobres tengan acceso a la vivienda digna», dijo Luque.
«Ha habido corrupción en toda la provincia (Manabí)»
Daniel Noboa también habló sobre la dotación de una nueva planta potabilizadora para Manabí como un objetivo destacado. Y aclaró que con eso espera aliviar a la gente de la zona.
«Hay que decir las cosas como son. Ha habido corrupción en toda la provincia, el negocio de los tanqueros (por ejemplo), quiénes se llevaban el negocio de los tanqueros, y eso fregaba la vida a la gente. Estamos financiando y ayudando a los cantones para tengan agua potable, alcantarillado, proyectos y aún así que ningún Gobierno antes los quiso financiar. Todos andaban medios resentidos porque no habían votado por ese presidente no daban un dólar a Manabí. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra palabra».
La primera piedra de esta nueva obra será en agosto, acotó Luque. «Es algo histórico que Tosagua, San Vicente y Bahía tenga agua por fin». Y para que la ciudadanía entienda la importancia de tener agua, agregó, el costo bajaría. «Comprar agua en tanquero puede costar USD 3 o USD 4 el metro cúbico. Hoy va a costar entre 40 y 50 centavos».
En ese contexto, Noboa lamentó que a familias se les iba un salario básico entero solamente en agua de tanqueros.
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