Nacionales
El lío judicial contra dos mineras que operan sin licencia ambiental en La Maná será observado por la Corte Constitucional
Un enredo administrativo que ha permitido operar a dos mineras sin licencia en La Maná y con un posible impacto a la naturaleza, se convirtió un lío judicial que ha escalado hasta la Corte Constitucional. Esta instancia deberá determinar si el fallo de tres jueces de la Corte Superior a favor de reanudar las actividades mineras se dio en apego a la norma o cometieron una falta por error inexcusable, lo que les podría costar sus cargos.
Mientras tanto, las empresas siguen extrayendo oro. La defensa de Comiagne y La Mana Rome Gold asegura que las denuncias son una campaña premeditada en su contra, ya que cumplen con todas las reparaciones ambientales. Reconocen que operan sin licencia ambiental, pero culpan al Ministerio de Ambiente de no entregársela.
En la misma zona donde operan las mineras Comiagne y La Mana Rome Gold, también está asentada la embotelladora de agua Splendor, de la empresa Acquad’or que, ante lo que considera daños ambientales producidos por la actividad minera, presentó una acción de protección. Para ello argumentó los mismos informes de las entidades estatales que han determinado: “se hace de manera artesanal sin medidas de prevención y cuidado del recurso hídrico”; “existe una piscina presuntamente de sedimentación, sin ningún manejo ambiental”; “los parámetros de aluminio, sólidos suspendidos y hierro se encuentran sobre norma, por lo que se deberá solicitar a la DZ3 inicio de proceso administrativo”; “una vez realizada las inspecciones técnicas a las concesiones Ximena 1 se pudo verificar que los incumplimientos continúan y a pesar de que las mismas se encuentran suspendidas siguen realizando actividades mineras”.
En una primera instancia, en julio pasado, un tribunal anticorrupción, conformado por los jueces Carlos Serrano, Gabriela Lara y Christian Fierro, aceptó la acción de protección y ordenó el cese de actividades mineras, dispuso a los entes de control hacer una inspección y determinar la afectación ambiental. Además, pidió que se informe si hay investigaciones previas en Fiscalía por delitos ambientales, entre otras medidas. “En el caso que nos ocupa ha quedado probado el daño ambiental, la falta de licencia ambiental y la omisión de las entidades demandadas”, sentenció el tribunal.
Esto llevó a Acquad’or a interponer una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional y una queja en el Consejo de la Judicatura contra los tres jueces de segunda instancia, para que se inicie un proceso disciplinario por posible error inexcusable. El motivo: Acquad’or denuncia que los jueces no dieron cuenta de la omisión cometida por los entes de control al no evidenciar los daños ambientales ya que se estaría contaminando el agua de los ríos y sin licencia ambiental. Además, argumenta que llama la atención que el tribunal avocó conocimiento de la causa el jueves 26 de septiembre y, el martes 1 de octubre, tras haber revisado más de 700 páginas del expediente, emitieron su decisión en favor de las mineras. En decir, “en dos días laborables”, cuando en estos casos los jueces suelen tardar semanas o meses en llegar a una resolución.
JUECES PODRÍAN IR A CONTROL DISCIPLINARIO
El pasado 10 de noviembre, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha ofició al presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, la solicitud de declaratoria jurisdiccional en este caso. Eso quiere decir que un juez constitucional deberá analizar la causa: si no encuentra inconsistencias, archivará el caso, pero si las encuentra, emitirá un informe que se denomina “declaratoria jurisdiccional previa”. Esa es la manera en la que se controlan las acciones puntuales de los jueces.
Luego, ese informe deberá llegar al Consejo de la Judicatura para iniciar un sumario administrativo y emitir la sanción correspondiente. Un juez incurre en error inexcusable si (en una sentencia) hace una interpretación jurídica grave, mañosa o grosera, que no admite disculpa. Por lo tanto, la sanción es la destitución, explica la vocal de la Judicatura Solanda Goyes. Sin embargo, si la Judicatura resuelve que la falla no es tan grave, puede aplicar una sanción de suspensión por un mes sin sueldo. Pero, si en el análisis identifican que la decisión causó daños irreparables a las partes involucradas, a terceros o daños a la credibilidad del sistema de justicia, la única salida es la destitución.
De todos modos, Goyes dice que en el proceso de sumario administrativo los jueces observados tienen derecho a contradecir y argumentar sus descargos. Esta alianza pidió una entrevista con los jueces Lady Ávila, Diana Fernández y Leonardo Barriga, que fallaron a favor de las mineras, para conocer su posición en el caso. Pero, a través del departamento de Comunicación de la Corte de Pichincha, respondieron que “no pueden pronunciarse sobre las resoluciones”.
LA DEFENSA DE LAS MINERAS
¿Cómo han podido operar Comiagne y La Mana Rome Gold por más de una década sin licencia ambiental en una zona de recarga hídrica? Tomás Alvear, abogado defensor de las empresas mineras, dice que todo esto es una campaña de desprestigio patrocinada por la empresa Acquad’or que solo responde a intereses económicos y no a una preocupación por el medio ambiente.
Alvear explica que en el proceso judicial se demostró que las empresas cumplieron con cada una de las sanciones emitidas por las diferentes entidades de control, dando cumplimiento a las reparaciones ambientales solicitadas. “Como todo proceso humano, la minería genera pasivos ambientales, que se han subsanado, sino no podríamos operar. No hay estudios que determinen la contaminación del agua”, dice Alvear.
Sobre la licencia ambiental que debe emitir el Ministerio de Ambiente afirma que cada dos años hacen la solicitud al Ministerio de Ambiente, pero que no han recibido respuesta al trámite en los seis meses que prevé la ley, lo que da cuenta de un “silencio administrativo”, que se interpreta como un visto bueno ya que no hay objeciones para la operación minera. “No es una omisión del titular minero, sino del Ministerio de Ambiente que no da trámite”, afirma el jurista, y añade que esto acarrea la destitución de los funcionarios que lo deben realizar.
Este medio también pidió una entrevista con un vocero de Ambiente, para conocer los motivos por los cuales no se ha emitido la licencia ambiental por más de una década, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
Santiago Yépez, expresidente de la Cámara de Minería, dice que sí hay la figura de silencio administrativo si el trámite no se resuelve en seis meses, pero eso simplemente aprobaría un estudio de impacto ambiental que es un requisito, pero no emitirá la licencia que es un proceso posterior. “Todos estamos conscientes de las demoras e ineficacias del Estado, pero la licencia ambiental es el permiso más importante. Hay empresas que esperan hasta 18 meses porque quieren hacer un trabajo legítimo”.
¿Y LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA?
La Corte Constitucional deberá resolver este caso por dos vías. El primero será dar trámite a una acción de protección extraordinaria que presentó Acquad’or para revisar la sentencia del tribunal de Corte Provincial de Pichincha y la segunda será el informe de error inexcusable contra los mismos jueces.
Según Miguel Molina, abogado constitucionalista y director de la Escuela de Derecho de Universidad Internacional (UIDE), el principal problema de la sentencia, más allá de que llama la atención que solo tomó dos días laborables en emitir su decisión, es que los jueces no tomaron en cuenta los derechos de la naturaleza, y consideraron suficientes los argumentos de los entes de control, cuando ha quedado demostrado que, pese a los informes y sanciones, el daño ambiental y los incumpliendo se siguen prolongando. Lo que considera una inobservancia a los derechos constitucionales.
“Es obligación del Estado velar por los derechos de la naturaleza y no puede lavarse las manos. Las instituciones del Estado deben ser las primeras interesadas en sancionar y no lo ha hecho. Sentimos que es trabajo de la academia involucrarse en esto”, dice Molina, quien el 9 de diciembre presentó un Amicus Curie dentro de esta causa. Este término que se traduce como amigo de la corte, para aportar datos e ideas que puedan ayudar a tomar la decisión a los jueces constitucionales.
Con este criterio coincide Ramiro Ávila, expresidente de Corte Constitucional: “La Corte ha emitido amplia jurisprudencia respecto a los derechos de la naturaleza: está el caso de Los Cedros, que habla del principio de precaución frente los posibles daños que podría afectar una actividad minera, por ejemplo, y el caso Río Monjas que trata sobre el cuidado de los ríos”. Efectivamente, estos argumentos no fueron considerados por los jueces, aunque el caso Los Cedros sí fue considerado por el tribunal anticorrupción que falló a favor de cesar las actividades de Comiagne y La Mana Rome Gold en primera instancia.
Según los constitucionalistas, las sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento, y se podría considerar una vulneración si los jueces no aplicaron esta jurisprudencia, por desconocimiento u otra razón.
No obstante, para el abogado de las mineras los tres jueces consideraron todos los derechos, incluidos los de naturaleza. Hace énfasis en que la justicia constitucional no debe resolver cuestiones que ya resolvieron los entes de control como el Ministerio de Ambiente, aunque todavía no emita la licencia ambiental. Además, dice que no hay nada raro en el tiempo que el tribunal dictaminó la ressolución, pues lo que se busca es la celeridad.
¿En qué terminará? La acción de protección la deberá resolver Karla Andrade, magistrada de la Corte Constitucional. Y lo más seguro, dice Miguel Molina, es que ella misma tendrá que pronunciarse sobre el error inexcusable, ya que se trata del mismo tema. El caso se resolverá en los próximos meses.
¿CONTROL DE POLÉMICAS SENTENCIAS?
Hay dos niveles en la evaluación del sistema judicial que no tiene un mecanismo para examinar la calidad de las sentencias de una manera sistemática. Por el momento puede actuar de oficio en casos puntuales porque un juez se demora mucho en emitir una sentencia, por ejemplo. Pero cuando hay casos para revisar la actuación sobre las decisiones de un juez hace falta una demanda o queja para proceder con el proceso disciplinario de error inexcusable u otras causales que, previamente debe ser declarado por los tribunales superiores.
La vocal de la Judicatura, Solanda Goyes, explica que el control disciplinario es un nivel. Y el otro nivel es la evaluación de jueces, que tiene que hacerse por ley cada tres años, pero que no se ha hecho y hacen falta reformas para una evaluación oportuna. En ese contexto, Goyes ha propuesto la evaluación de tres pilares. Primero, la productividad para analizar cuántas sentencias emite en determinado periodo. Segundo la calidad de las decisiones, para lo cual debe tomarse una muestra, pues los jueces dictan entre 300 y 500 sentencias cada año, y no se pueden analizar todas. Y tercero la probidad, que implica que la Contraloría y otras instituciones del Estado proporcionen información sobre el patrimonio y otras consideraciones de los servidores judiciales.
Pero para esto también hace falta la aprobación de una reforma que está en manos de la Asamblea. “Entonces nadie mide la calidad de los fallos ni si están sustentados, hasta que la Asamblea apruebe la reforma. Esto hace que evita la rendición de cuentas sobre los pronunciamientos o sentencias”, comenta un juez que prefiere que no aparezca su nombre. Esto impide tener una radiografía del sistema judicial y separar a los jueces que tengan un desempeño deficiente.
Nacionales
Daniel Noboa reacciona a la detención de la esposa e hija de ‘Fito’: «Así se trabaja, Abelardo»
El presidente Daniel Noboa reaccionó a la detención en Colombia de Inda Peñarrieta y Michelle Macías, esposa e hija del narcotraficante alias ‘Fito’.
El mandatario escribió un texto en la red social X en respuesta a un mensaje que puso el mandatario colombiano Abelardo De La Espriella, en el que confirmaba la aprehensión de las mujeres en el municipio de Sabana de Torres, en el departamento de Santander.
Luego, recordó que ellas están llamadas a juicio por lavado de activos en el denominado caso ‘Blanqueo Fito’. “El dinero que compra armas, paga sicarios y sostiene extorsiones. Es la estructura con la que aterrorizan a las familias ecuatorianas”, señaló.
¿A qué cárcel irán la esposa e hija de Fito?
En un video en redes sociales, el ministro del Interior, John Reimberg, dijo que las detenidas registran procesos relacionados con delincuencia organizada, asociación ilícita y lavado de activos.
«Creyeron que cruzar la frontera les garantizaría impunidad. Se equivocaron, las encontramos en Colombia y las pusimos a disposición de la Justicia», comentó al avanzar que las dos mujeres serán recluidas en la cárcel de La Roca, de Ecuador.
Mientras tanto, José Julio Neira, secretario de la Administración Pública de Ecuador, escribió que «los objetivos de alto valor siguen cayendo, porque la seguridad del Ecuador se sostiene con el trabajo de la Policía, Fuerzas Armadas, el CNI y la cooperación con países como Colombia». Fuente: Vistazo
Nacionales
¿Qué pasó con la ‘Tabla de Drogas’? El problema invisible que sigue creciendo por falta de una política pública
Aunque el presidente Daniel Noboa ordenó la derogación de la ‘Tabla de Drogas‘ a la que acusó de todos los males, tres años después no ha logrado articular una política de salud pública para combatir las adicciones, mientras el microtráfico campea y aparecen nuevas sustancias en las calles. El fracaso de la ‘Tabla’ no fue por su naturaleza sino por un Estado que no es capaz de entender cómo aplicarla. Seguir repitiendo la receta solo será más caro y peligroso.
Al otro lado de la vereda están quienes pueden pagar por cocaína y otras sustancias de alto perfil: gastan unos USD 600 cada quince días. No salen a comprar a las calles, las drogas les llegan por delivery, y las consumen en urbanizaciones cerradas. Son realidades distintas de un mismo problema que parece invisible.
El país ni siquiera cuenta con datos para dimensionarlo. La última encuesta, que se aplicó en 2016, determinó que los adolescentes empezaban a consumir a partir de los 14 años; el 12 por ciento de estudiantes de colegio consultado declaró haber ingerido sustancias sujetas a fiscalización, la mayoría marihuana, pero también heroína, cocaína y pasta base en menor cantidad.
Una década después de esa encuesta, en Ecuador hay niños de nueve y diez años que consumen drogas y son parte bandas criminales. Incluso, cada vez hay más casos de bebés que enfrentan una realidad que no deberían. Un análisis del Instituto Nacional de Salud Pública (INSPI), denominado ‘Uso y abuso de drogas en Ecuador’, publicado en enero de 2026, detectó casos de neonatos con síndrome de abstinencia derivados del consumo de diversas drogas al que se expusieron sus madres durante el embarazo.
El estudio del INSPI analizó cerca de 5.000 pacientes entre el 2018 y el 2023. Encontró la siguiente evolución: la mayoría de exámenes toxicológicos en 2018 dio positivo para H (heroína mezclada con otras sustancias), entre 2019 y 2022 detectaron más casos de anfetaminas y, en 2023 se vio mayor consumo de cocaína. Todos estos pacientes llegaron al INSPI por dos vías: unos, catalogados solo como consumidores, que los derivó el Ministerio de Salud, y otros enviados por el sistema de justicia, relacionados con delitos o violencia contra la vida. Un informe de la Espol, en 2025, halló rastros de fentanilo y otras sustancias en la H que siguen prendiendo las alarmas, pero que a pocos importa.
Y tan poco importa que no solo no hay una encuesta actualizada, sino que el Estado no tiene informes ni datos sobre el impacto de ‘Tabla de drogas’ que surgió en 2013. Una década después, en 2023, en un corto video de TikTok el presidente Daniel Noboa anunciaba la eliminación de este mecanismo al que responsabilizaba del crecimiento del microtráfico y la criminalidad.
Han pasado más de tres años y la ‘Tabla’ nunca se eliminó, más bien generó un limbo jurídico que el gobierno no ha resuelto. Noboa debía proponer otro mecanismo que permitiera diferenciar a adictos y traficantes. Mientras eso se resolvía, la Corte Nacional de Justicia solventó el vacío legal con una resolución que determinaba ciertos parámetros para que los jueces actuaran en estos casos. Por ejemplo, se requerían pericias y exámenes médicos.
Luego, en 2025 el gobierno logró la aprobación de la “Ley de Solidaridad” que traía un conjunto de reformas, entre ellas, una que planteaba que el MSP, Judicatura y Fiscalía determinaran y actualizaran los parámetros de tenencia de sustancias estupefacientes. Algo similar a una ‘Tabla’ de drogas. Pero eso nunca pasó. Al poco tiempo, la Corte Constitucional la declaró inconstitucional y la echó abajo. Por tanto, la ‘Tabla’ sigue ahí.
La Tabla de Drogas en Ecuador y sus fracasos
La ‘Tabla de drogas’ no fue un invento ecuatoriano. Es un instrumento de salud pública que se aplica en varios países y tiene un objetivo concreto: brindar tratamiento a los consumidores en lugar de enviarlos a la cárcel. Además, dependiendo del contexto de cada país y las drogas que predominan en los mercados ilícitos, se aplican los umbrales o dosis que diferencian a un consumidor de un traficante. Cuando surgió la ‘Tabla’ en 2013, se esperaba que las cárceles no se sigan llenando de consumidores. Pero no funcionó ni lo uno ni lo otro.
El resultado: en 2015 había 3.440 personas presas por delitos de drogas, mientras en 2016 esa cifra ascendió a casi 8.000. Y en los siguientes años alcanzó un pico de 10 mil presos. Pocos de los detenidos son narcos, muchos son microtraficantes y muchos más solo son consumidores. Es como una pirámide y el problema se hace más grande porque cada consumidor que es enviado a la cárcel sin tener relación con el crimen es fácilmente capturado o reclutado por las bandas criminales.
¿Y qué pasó con la política de salud pública? Un estudio denominado “National trends in drug-related hospitalizations and registered drug-related deaths in Ecuador” determinó que entre 2004 y 2024 las hospitalizaciones relacionadas con drogas aumentaron de 2,5 a 7,3 por cada 100 mil habitantes. Es decir que se triplicaron. Sobre todo, el incremento se vio a partir del 2013. Así mismo, mientras en 2024 hubo dos muertes relacionadas con drogas, en 2024 fueron 23 casos.
Para Esteban Ortiz, uno de los autores de este estudio y profesor investigador de la UDLA, aunque el informe no refleja causalidad directa con la ‘Tabla’, sostiene que estos datos demuestran un incremento sostenido de hospitalizaciones y muertes a partir del 2013.
Pero, nuevamente, el problema no es la ‘Tabla’, sino cómo se la aplicó. Julieta Sagñay, psiquiatra y experta en trabajo con personas adictas, dice que cuando se lanzó la ‘Tabla’ en 2013 se la promocionó como la “dosis personal”. “Los jóvenes decían: pero es mi dosis personal. Eso no debió pasar, la ‘Tabla’ es un instrumento que sirve de guía para los jueces, no para decirles a los jóvenes cuánto consumir”. El otro problema, afirma, es que así se encuentre a una persona con más droga, el sistema judicial tiene que comprobar si es consumidor o traficante.
Daniel, otro joven que era adicto a la H, fue apresado cuando tenía 19 años. Viajaba de Salitre al Cerro Las cabras por a comprar la droga hasta que un día fue apresado con una dosis superior a la que indicaba la tabla. Pasó 16 meses preso justo cuando empezaron las matanzas carcelarias en 2021. Logró sobrevivir haciendo los mandados de los capos dentro de la prisión a cambio de drogas. Unos días era “Chonero”, otros días “Lobo”, pero al salir de la cárcel logró rehabilitarse y ahora es enfermero.
Soluciones a largo plazo que requieren enternder el problema desde la salud pública
Pablo Encalada, penalista y docente universitario, sugiere que para superar los obstáculos del sistema judicial deberíamos tener tribunales especializados en drogas como Chile, Costa Rica y otros países para que los adictos tengan la oportunidad de rehabilitarse. “Hay que recordar que así una persona esté vendiendo un gramo, el sistema judicial debe procesarlo como microtraficante o narcotraficante, porque la policía debe ser capaz de hacer seguimiento a los delincuentes y el sistema de salud debe hacerse cargo de los adictos»
Con miles de procesados por drogas, los fiscales están colapsados y no pueden dedicarse a investigar a los peces gordos del narco. Para eso se requiere la articulación con el sistema sanitario. Pero en Ecuador tal cosa está escrita solo en papeles.
A pesar de que el Ministerio de Salud (MSP) dice contar con “71 servicios de atención ambulatoria” y “10 centros para tratamiento residencial”, la proliferación de clínicas clandestinas da cuenta que el Estado no da respuestas. Los familiares de adictos gastan entre USD 250 y 300 para enviar a sus hijos a clínicas clandestinas donde saben que los maltratan, pero no pueden costear un tratamiento de USD 1.500 o 1.700 en un centro privado.
Las soluciones no son fáciles. Se requiere compromiso político y presupuesto. Según datos del MSP, la hospitalización de un paciente en estado crónico de adicción le cuesta al Estado USD 33.000 anuales. Y la inacción de resolver este problema representa un costo aún más grande: USD 200 millones en pérdidas por baja productividad y atención oportuna. El camino es resolver eso o seguir encarcelándolos y dejar que las adicciones ganen más terreno.
Marco Herrera, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, dice que la ‘Tabla’ no debería existir, no debería ser para nadie, pero hay consumidores a quienes lamentablemente no les dijeron que las drogas pueden generar problemas cardiovasculares, paros respiratorios, trastornos mentales, a quienes hay que ayudar y no criminalizar. Lo que queremos es que la población no consuma y para eso hay que prevenir y no hay campañas que articulen la política social.
Aunque el gobierno no lo ha hecho público todavía, Vistazo conoció que el MSP, en conjunto con el Ministerio del Interior, trabaja en un protocolo para definir cómo los sistemas de justicia y de salud debe tratar este problema. Dentro del sistema de salud preocupa este tema porque no solo se trata de las drogas convencionales, sino que en las calles ya se venden drogas sintéticas que pueden ser muy adictivas. Otro problema es el policonsumo: los adictos mezclan alcohol, tabaco y distintas drogas, lo que hace que cada vez sea más difícil tratar a las personas.
Desde el MSP se prevé tener una propuesta para septiembre, pero los tiempos electorales y las urgencias políticas quizá lo aplacen. Este medio realizó pedidos de información y entrevistas al MSP para conocer cómo avanzan con este protocolo o qué medidas están tomando; a la Judicatura para saber cuál es la directriz para los servidores judiciales, si aplican la ‘Tabla’ u otro mecanismo; y al Ministerio del Interior para saber cuál es la disposición a la Policía con respecto a los consumidores y la ‘Tabla’, pero no hubo ninguna respuesta hasta el cierre de esta edición.
El experto recalca que es necesario entender las diferencias en temas de violencia y lucha contra el crimen. «Por ejemplo, algunos dicen que la ola de violencia que vive el país es por la ‘Tabla’, pero hay una diferencia entre la violencia asociada a las adicciones que se relacionan mayormente con robos, y la violencia que desata la disputa de las bandas criminales por el mercado internacional de las drogas.”
Recuerda que policías y militares no van a resolver el problema de los niños consumidores que son reclutados por las bandas, por ejemplo. Para eso se necesita una política más integral en la que entran los ministerios de Educación, de Desarrollo, y otras instituciones. Se necesitan políticas públicas de largo plazo y no solo promesas de campaña.
Un proyecto de USD 27 millones para tratar la salud mental y las adicciones
El gobierno de Daniel Noboa planteó la Estrategia Nacional de Salud Menta y Abordaje Integral de Fenómeno Socioeconómico de las Drogas (2023-2028). Se trata de un proyecto en el que se contempla invertir USD 27 millones en cinco para realizar encuestas, implementar servicios, infraestructura y personal para el tratamiento de las adicciones en la red de hospitales públicos, etc.
Pero hasta tal parece que, hasta el momento, nada de eso se ha ejecutado. Para este año, por ejemplo, se preveía empezar a realizar tres encuestas nacionales sobre el consumo de drogas: una general para la población entre 12 y 65 años, otra para los estudiantes de bachillerato y una más para los universitarios. Según el plan, estas encuestas y la “gestión de la información” tienen un presupuesto de más de USD 4 millones y se difundirían en 2027.
El mayor gasto de esta estrategia corresponde a la contratación de psicólogos, psiquiatras, terapeutas y trabajadores sociales, con un presupuesto de USD 11,5 millones; y otros USD 4,5 millones para medicinas. Aunque el gobierno primero tiene que resolver el problema de abastecimiento de medicinas en los hospitales.
El Ministerio de Salud estima que para 2028 tendrá que atender a 1,3 millones de ecuatorianos que sufran de patologías asociadas a la salud mental y el consumo problemático de sustancias: alcohol, tabaco y drogas ilícitas.
De momento, la estrategia está en el papel, puesto que los presupuestos planteados no se han ejecutado y el MSP no empieza todavía con el diseño de las encuestas que serían el primer paso para tener datos con los que se pueda construir una política pública a largo plazo. Fuente: Vistazo
Más de dos décadas de fortalecimiento de la investigación, formación de talento humano y colaboración con redes científicas nacionales e internacionales respaldan este resultado, que refleja una apuesta sostenida por generar conocimiento de calidad, pertinente y con impacto en la sociedad.
La producción científica de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) ha alcanzado un hito histórico al superar las 4.000 publicaciones indexadas en Scopus, una de las bases de datos bibliográficas de mayor prestigio y rigor a nivel internacional. Más allá de las cifras, este logro refleja el compromiso institucional con la búsqueda de la verdad, la excelencia académica y la generación de conocimiento con sentido humano y utilidad social.
Este hito destaca por un rasgo distintivo del modelo investigativo de la universidad: la apertura y el trabajo en red. Más del 90% de los artículos se ha desarrollado en colaboración con otros investigadores y más del 65% corresponde a alianzas internacionales, conectando el trabajo científico que se realiza desde el sur del Ecuador con centros, institutos y universidades de distintos continentes.
Un esfuerzo sostenido en el tiempo y centrado en las personas
Esta sólida red de cooperación no es un hecho fortuito; es el fruto de más de dos décadas de planificación estratégica centrada en la formación integral del talento humano, el equipamiento de infraestructura científica de vanguardia y la consolidación de proyectos compartidos.
El camino hacia este resultado comenzó con una apuesta decidida por la formación doctoral y la superación continua de sus docentes. Profesores de la UTPL realizaron sus estudios de posgrado en reconocidas universidades de Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia, tejiendo lazos académicos y humanos que posteriormente se tradujeron en proyectos conjuntos, transferencias de conocimiento y publicaciones compartidas.
“Hay mucho trabajo detrás de este logro, un continuo esfuerzo institucional, muchos años en los que la Universidad ha ido dando pasos firmes para consolidar la investigación como un pilar de servicio a la sociedad”, explica el Dr. Pablo Torres Carrión, director de Investigación de la UTPL.
Redes vivas que generan nuevas oportunidades
Esta dinámica colaborativa continúa abriendo horizontes para la investigación nacional. Un ejemplo reciente de esta vitalidad es la participación de la UTPL en tres proyectos seleccionados por el Fondo AVANTE 2026 de CEDIA, los cuales articulan a universidades ecuatorianas con especialistas de Uruguay, España, Perú y Estados Unidos en procesos de formación avanzadas e intercambio científico. Así mismo, en los últimos años se han consolidado proyectos de colaboración internacional que reflejan el esfuerzo institucional hacia el trabajo multidisciplinar y con visión global.
“Estas iniciativas demuestran que las redes internacionales que hemos construido siguen vivas y generando oportunidades reales. El diálogo intercultural y científico con investigadores de todo el mundo nos permite incorporar nuevas perspectivas y proyectar soluciones vanguardistas desde el Ecuador”, señala Torres.
A esta política de formación doctoral se suma la inversión continua en laboratorios con tecnología de punta, el fortalecimiento de los grupos de investigación y la consolidación de capacidades para gestionar proyectos de alto alcance. Este ecosistema ha permitido que las distintas áreas del saber desarrollen investigación especializada y, de manera creciente, abordajes multidisciplinarios para comprender realidades complejas.
La trayectoria investigativa de la UTPL también evidencia una evolución constante hacia el alto impacto. El 64% de las publicaciones científica se ubica en revistas de los cuartiles superiores (Q1 y Q2) de las clasificaciones bibliométricas globales.
Mirada al futuro: trascender hacia la comunidad y la formación doctoral
Fiel a su vocación de servicio y al principio de pertinencia social, la UTPL asume este logro como el punto de partida para nuevos desafíos. El reto actual consiste en lograr que los resultados de la investigación científica trasciendan el ámbito académico tradicional, transfiriéndose de forma directa al sector productivo, a las políticas públicas y al desarrollo de las comunidades.
Paralelamente, la Universidad trabaja en la expansión de su oferta de programas doctorales propios y en la consolidación de líneas institucionales orientadas a resolver problemáticas locales, regionales y globales. En este proceso, los estudiantes de grado y posgrado juegan un rol protagónico, incorporándose activamente a los equipos de investigación para formarse en un ambiente de rigurosidad científica, ética y compromiso humano.
Con este hito, la trayectoria investigativa de la UTPL, desde su visión humanista, continúa construyéndose con nuevos desafíos y oportunidades para generar conocimiento pertinente y amplía la contribución de la ciencia a la sociedad.
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