Nacionales
El lío judicial contra dos mineras que operan sin licencia ambiental en La Maná será observado por la Corte Constitucional
Un enredo administrativo que ha permitido operar a dos mineras sin licencia en La Maná y con un posible impacto a la naturaleza, se convirtió un lío judicial que ha escalado hasta la Corte Constitucional. Esta instancia deberá determinar si el fallo de tres jueces de la Corte Superior a favor de reanudar las actividades mineras se dio en apego a la norma o cometieron una falta por error inexcusable, lo que les podría costar sus cargos.
Mientras tanto, las empresas siguen extrayendo oro. La defensa de Comiagne y La Mana Rome Gold asegura que las denuncias son una campaña premeditada en su contra, ya que cumplen con todas las reparaciones ambientales. Reconocen que operan sin licencia ambiental, pero culpan al Ministerio de Ambiente de no entregársela.
En la misma zona donde operan las mineras Comiagne y La Mana Rome Gold, también está asentada la embotelladora de agua Splendor, de la empresa Acquad’or que, ante lo que considera daños ambientales producidos por la actividad minera, presentó una acción de protección. Para ello argumentó los mismos informes de las entidades estatales que han determinado: “se hace de manera artesanal sin medidas de prevención y cuidado del recurso hídrico”; “existe una piscina presuntamente de sedimentación, sin ningún manejo ambiental”; “los parámetros de aluminio, sólidos suspendidos y hierro se encuentran sobre norma, por lo que se deberá solicitar a la DZ3 inicio de proceso administrativo”; “una vez realizada las inspecciones técnicas a las concesiones Ximena 1 se pudo verificar que los incumplimientos continúan y a pesar de que las mismas se encuentran suspendidas siguen realizando actividades mineras”.
En una primera instancia, en julio pasado, un tribunal anticorrupción, conformado por los jueces Carlos Serrano, Gabriela Lara y Christian Fierro, aceptó la acción de protección y ordenó el cese de actividades mineras, dispuso a los entes de control hacer una inspección y determinar la afectación ambiental. Además, pidió que se informe si hay investigaciones previas en Fiscalía por delitos ambientales, entre otras medidas. “En el caso que nos ocupa ha quedado probado el daño ambiental, la falta de licencia ambiental y la omisión de las entidades demandadas”, sentenció el tribunal.
Esto llevó a Acquad’or a interponer una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional y una queja en el Consejo de la Judicatura contra los tres jueces de segunda instancia, para que se inicie un proceso disciplinario por posible error inexcusable. El motivo: Acquad’or denuncia que los jueces no dieron cuenta de la omisión cometida por los entes de control al no evidenciar los daños ambientales ya que se estaría contaminando el agua de los ríos y sin licencia ambiental. Además, argumenta que llama la atención que el tribunal avocó conocimiento de la causa el jueves 26 de septiembre y, el martes 1 de octubre, tras haber revisado más de 700 páginas del expediente, emitieron su decisión en favor de las mineras. En decir, “en dos días laborables”, cuando en estos casos los jueces suelen tardar semanas o meses en llegar a una resolución.
JUECES PODRÍAN IR A CONTROL DISCIPLINARIO
El pasado 10 de noviembre, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha ofició al presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, la solicitud de declaratoria jurisdiccional en este caso. Eso quiere decir que un juez constitucional deberá analizar la causa: si no encuentra inconsistencias, archivará el caso, pero si las encuentra, emitirá un informe que se denomina “declaratoria jurisdiccional previa”. Esa es la manera en la que se controlan las acciones puntuales de los jueces.
Luego, ese informe deberá llegar al Consejo de la Judicatura para iniciar un sumario administrativo y emitir la sanción correspondiente. Un juez incurre en error inexcusable si (en una sentencia) hace una interpretación jurídica grave, mañosa o grosera, que no admite disculpa. Por lo tanto, la sanción es la destitución, explica la vocal de la Judicatura Solanda Goyes. Sin embargo, si la Judicatura resuelve que la falla no es tan grave, puede aplicar una sanción de suspensión por un mes sin sueldo. Pero, si en el análisis identifican que la decisión causó daños irreparables a las partes involucradas, a terceros o daños a la credibilidad del sistema de justicia, la única salida es la destitución.
De todos modos, Goyes dice que en el proceso de sumario administrativo los jueces observados tienen derecho a contradecir y argumentar sus descargos. Esta alianza pidió una entrevista con los jueces Lady Ávila, Diana Fernández y Leonardo Barriga, que fallaron a favor de las mineras, para conocer su posición en el caso. Pero, a través del departamento de Comunicación de la Corte de Pichincha, respondieron que “no pueden pronunciarse sobre las resoluciones”.
LA DEFENSA DE LAS MINERAS
¿Cómo han podido operar Comiagne y La Mana Rome Gold por más de una década sin licencia ambiental en una zona de recarga hídrica? Tomás Alvear, abogado defensor de las empresas mineras, dice que todo esto es una campaña de desprestigio patrocinada por la empresa Acquad’or que solo responde a intereses económicos y no a una preocupación por el medio ambiente.
Alvear explica que en el proceso judicial se demostró que las empresas cumplieron con cada una de las sanciones emitidas por las diferentes entidades de control, dando cumplimiento a las reparaciones ambientales solicitadas. “Como todo proceso humano, la minería genera pasivos ambientales, que se han subsanado, sino no podríamos operar. No hay estudios que determinen la contaminación del agua”, dice Alvear.
Sobre la licencia ambiental que debe emitir el Ministerio de Ambiente afirma que cada dos años hacen la solicitud al Ministerio de Ambiente, pero que no han recibido respuesta al trámite en los seis meses que prevé la ley, lo que da cuenta de un “silencio administrativo”, que se interpreta como un visto bueno ya que no hay objeciones para la operación minera. “No es una omisión del titular minero, sino del Ministerio de Ambiente que no da trámite”, afirma el jurista, y añade que esto acarrea la destitución de los funcionarios que lo deben realizar.
Este medio también pidió una entrevista con un vocero de Ambiente, para conocer los motivos por los cuales no se ha emitido la licencia ambiental por más de una década, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
Santiago Yépez, expresidente de la Cámara de Minería, dice que sí hay la figura de silencio administrativo si el trámite no se resuelve en seis meses, pero eso simplemente aprobaría un estudio de impacto ambiental que es un requisito, pero no emitirá la licencia que es un proceso posterior. “Todos estamos conscientes de las demoras e ineficacias del Estado, pero la licencia ambiental es el permiso más importante. Hay empresas que esperan hasta 18 meses porque quieren hacer un trabajo legítimo”.
¿Y LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA?
La Corte Constitucional deberá resolver este caso por dos vías. El primero será dar trámite a una acción de protección extraordinaria que presentó Acquad’or para revisar la sentencia del tribunal de Corte Provincial de Pichincha y la segunda será el informe de error inexcusable contra los mismos jueces.
Según Miguel Molina, abogado constitucionalista y director de la Escuela de Derecho de Universidad Internacional (UIDE), el principal problema de la sentencia, más allá de que llama la atención que solo tomó dos días laborables en emitir su decisión, es que los jueces no tomaron en cuenta los derechos de la naturaleza, y consideraron suficientes los argumentos de los entes de control, cuando ha quedado demostrado que, pese a los informes y sanciones, el daño ambiental y los incumpliendo se siguen prolongando. Lo que considera una inobservancia a los derechos constitucionales.
“Es obligación del Estado velar por los derechos de la naturaleza y no puede lavarse las manos. Las instituciones del Estado deben ser las primeras interesadas en sancionar y no lo ha hecho. Sentimos que es trabajo de la academia involucrarse en esto”, dice Molina, quien el 9 de diciembre presentó un Amicus Curie dentro de esta causa. Este término que se traduce como amigo de la corte, para aportar datos e ideas que puedan ayudar a tomar la decisión a los jueces constitucionales.
Con este criterio coincide Ramiro Ávila, expresidente de Corte Constitucional: “La Corte ha emitido amplia jurisprudencia respecto a los derechos de la naturaleza: está el caso de Los Cedros, que habla del principio de precaución frente los posibles daños que podría afectar una actividad minera, por ejemplo, y el caso Río Monjas que trata sobre el cuidado de los ríos”. Efectivamente, estos argumentos no fueron considerados por los jueces, aunque el caso Los Cedros sí fue considerado por el tribunal anticorrupción que falló a favor de cesar las actividades de Comiagne y La Mana Rome Gold en primera instancia.
Según los constitucionalistas, las sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento, y se podría considerar una vulneración si los jueces no aplicaron esta jurisprudencia, por desconocimiento u otra razón.
No obstante, para el abogado de las mineras los tres jueces consideraron todos los derechos, incluidos los de naturaleza. Hace énfasis en que la justicia constitucional no debe resolver cuestiones que ya resolvieron los entes de control como el Ministerio de Ambiente, aunque todavía no emita la licencia ambiental. Además, dice que no hay nada raro en el tiempo que el tribunal dictaminó la ressolución, pues lo que se busca es la celeridad.
¿En qué terminará? La acción de protección la deberá resolver Karla Andrade, magistrada de la Corte Constitucional. Y lo más seguro, dice Miguel Molina, es que ella misma tendrá que pronunciarse sobre el error inexcusable, ya que se trata del mismo tema. El caso se resolverá en los próximos meses.
¿CONTROL DE POLÉMICAS SENTENCIAS?
Hay dos niveles en la evaluación del sistema judicial que no tiene un mecanismo para examinar la calidad de las sentencias de una manera sistemática. Por el momento puede actuar de oficio en casos puntuales porque un juez se demora mucho en emitir una sentencia, por ejemplo. Pero cuando hay casos para revisar la actuación sobre las decisiones de un juez hace falta una demanda o queja para proceder con el proceso disciplinario de error inexcusable u otras causales que, previamente debe ser declarado por los tribunales superiores.
La vocal de la Judicatura, Solanda Goyes, explica que el control disciplinario es un nivel. Y el otro nivel es la evaluación de jueces, que tiene que hacerse por ley cada tres años, pero que no se ha hecho y hacen falta reformas para una evaluación oportuna. En ese contexto, Goyes ha propuesto la evaluación de tres pilares. Primero, la productividad para analizar cuántas sentencias emite en determinado periodo. Segundo la calidad de las decisiones, para lo cual debe tomarse una muestra, pues los jueces dictan entre 300 y 500 sentencias cada año, y no se pueden analizar todas. Y tercero la probidad, que implica que la Contraloría y otras instituciones del Estado proporcionen información sobre el patrimonio y otras consideraciones de los servidores judiciales.
Pero para esto también hace falta la aprobación de una reforma que está en manos de la Asamblea. “Entonces nadie mide la calidad de los fallos ni si están sustentados, hasta que la Asamblea apruebe la reforma. Esto hace que evita la rendición de cuentas sobre los pronunciamientos o sentencias”, comenta un juez que prefiere que no aparezca su nombre. Esto impide tener una radiografía del sistema judicial y separar a los jueces que tengan un desempeño deficiente.
Más préstamos, más movimiento económico. El 2025 cerró con números al alza para la banca pública ecuatoriana, que incrementó la entrega de créditos y fortaleció su desempeño financiero, con impacto directo en pequeños y medianos productores, emprendedores y sectores productivos.
Diciembre marcó el pico del crédito público
Durante 2025, las entidades financieras del Estado registraron operaciones crediticias por USD 3.120 millones. El mayor impulso llegó en diciembre, cuando se colocaron USD 653,1 millones, frente a los USD 476,5 millones de diciembre de 2024.
El incremento del 37 % interanual convirtió a ese mes en el de mayor dinamismo crediticio del año, reflejando una mayor demanda de financiamiento y una política de colocación más activa.
Más crédito para producción y consumo
El aumento de los préstamos permitió inyectar liquidez a la economía, favoreciendo actividades productivas, consumo interno y generación de empleo. El crédito público se concentró, principalmente, en sectores estratégicos y en actores que históricamente enfrentan mayores barreras de acceso al sistema financiero.
BanEcuador mejora su desempeño
Los resultados a diciembre de 2025 también evidencian una gestión más eficiente y responsable en la banca pública. Destaca la recuperación financiera de BanEcuador B.P., entidad que enfoca su cartera en pequeños y medianos productores, agricultores y emprendedores.
Este mejor desempeño se reflejó en el incremento de utilidades frente a años anteriores, consolidando a BanEcuador como uno de los pilares del crédito productivo estatal.
Banca pública con números en verde
Los balances del cierre de 2025 muestran entidades más sólidas, con mejor manejo de cartera y mayor capacidad para seguir financiando proyectos productivos, en un contexto de reactivación económica y mayor demanda de crédito.
Un ambiente de incertidumbre se vive en la comunidad de ecuatorianos migrantes, en Estados Unidos, por las redadas que realiza, de forma permanente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE por sus siglas en inglés). Desde 2019 hasta el 26 de enero del presente año, 57 616 connacionales han sido deportados desde ese país -según datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo (DPEE)- que sigue de cerca cómo vienen desarrollándose los trámites (ver tabla de abajo).
Los años que registraron la mayor cantidad de deportados fueron 2023 y 2024 con 18 449 y 13 681 casos, respectivamente. El caso que generó mayor conmoción fue la detención de Adrián Alexander Conejo Arias y su hijo, Liam, de cinco años. Los internaron en el centro de detención de inmigrantes de Dilley, en Texas, mientras se resolvía el procedimiento de inmigración abierto.
Nacionales
«Que le entreguen a Rubén el cariñito» | Los chats del director de la ANT, detenido en el caso Jaque
Las escuchas telefónicas a los integrantes de una red de corrupción que cobraba hasta USD 250 por licencias de conducir permitieron la desarticulación de la organización que operaba en las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el viernes 30 de enero de 2026, según el expediente judicial al que PRIMICIAS tuvo acceso.
Un operativo simultáneo y 23 allanamientos en Quito, Imbabura y Santo Domingo dejaron 10 procesados, nueve de ellos detenidos, incluido el director de la ANT, Pedro Abril Alegría, jefes de oficinas de atención al usuario, asistentes de recaudaciones y técnicos del área de Licencias.
Las oficinas de la ANT a escala nacional también fueron cerradas para la atención de usuarios, mientras se investiga el alcance que tuvo la red de corrupción que fue denunciada el 2 de julio de 2025 a la línea 1-800-Delito y cuyo reporte policial señalaba, textualmente, lo siguiente:
Ingresa una llamada de información por actos de corrupción presuntamente de funcionarios y personas civiles tramitadores de la agencia de tránsito en Cayambe. La fuente, quien no se identifica, indica que tiene números de teléfonos y los alias, que son conocidas todas las personas, quienes cobran USD 250, para ayudarles a matricular vehículos y sacar licencias, sin turnos, mientras que los ciudadanos de bien no pueden obtener un turno para realizar estos trámites.
La fuente indica que el guardia conoce a los tramitadores, que pasan a vista y paciencia del mismo, mientras que las demás personas no pueden ingresar ni a preguntar de un trámite, los alias y los números de teléfono de los involucrados son alias Charly 0988XXXXXX, alias Quique 0996XXXXXX, alias Alejo 0992XXXXXX, alias Dama 0959XXXXXX, quien seria funcionaria cabecilla de la Agencia Nacional de Tránsito de la provincia de Pichincha, alias Profesor 0963XXXXXX, alias Mica 0983XXXXXX, alias Cholo 0984XXXXXX.
Vigilancias e interceptación telefónica
Con autorizaciones judiciales, la Fiscalía inició vigilancias e interceptaciones telefónicas a varios sospechosos guiados por la denuncia del informante. Así descubrieron que la red estaba conformada por 10 personas y a la cabeza de la organización se encontraría, según la Fiscalía, el director de la ANT, Pedro Abril; además de Emma A., directora provincial de la ANT en Pichincha; y Ximena C., jefe de Oficina de Atención al Usuario.
“Los hechos que hoy se mencionan públicamente ya fueron denunciados por mi persona el 20 de enero de 2026, directamente ante la Fiscalía General del Estado”, señaló Pedro Abril en un comunicado en sus redes sociales la misma noche de su detención.
No obstante, las escuchas telefónicas realizadas por los agentes investigadores a 10 conversaciones, en el periodo 28 de noviembre y 31 de diciembre, determinaron que en tres de ellas queda en evidencia su participación en la red de corrupción, diálogos que fueron sostenidos con subalternos los días 15, 19 y 31 de diciembre de 2025.
El 15 de diciembre, por ejemplo, según los informes de las interceptaciones, el director de la ANT se mensajea con una persona que se identifica como César J., quien le señala que “se le habría pasado el desarrollo de una audiencia” y le solicita conversar, a lo que el director le responde que “le señalaría una posible fecha para conversar”.
Otra comunicación se dio el 19 de diciembre. “Se señala el tiempo para salir con esa vuelta, se hace alusión a la determinación de una consulta de placas, hace alusión en este caso a que se le iría a entregar un cariñito que él señala que se lo entregue a Rubén en su cuenta”, revelaron los informes con las extracciones telefónicas de Pedro Abril.
Un tercer chateo judicializado, y que consta en el expediente del caso Jaque, se dio el 31 de diciembre entre el director Pedro Abril y una persona que le señala que alguien “está preguntando si es que le puede ayudar”. Ante esto, el director responde: “Que se acerque y pregunte por Tatiana A., que sí lo va a ayudar”.
En las comunicaciones, los agentes descubrieron que el director era conocido con el alias de ‘Pedrito’, pues así se referían a él sus interlocutores. La casa de Pedro Abril, de 38 años y funcionario de la ANT desde 2022, fue allanada la madrugada del 30 de enero de 2026.
Durante la inspección en su residencia, en el conjunto La Rinconada, en Tumbaco (Quito), los policías encontraron billetes de USD 100, USD 20 y USD 5, que sumaron la cantidad de USD 19.780, además de un arma de fuego calibre 9 milímetros, con dos alimentadoras y 29 cartuchos 9 milímetros.
En la requisa al domicilio de Pedro Abril la Fiscalía decomisó también las siguientes evidencias:
Una carpeta con documentos anillados que en su portaba señalaba “Fiscalía General del Estado. Instrucción Fiscal 17010XXXXXX. Delito: Asociación Ilícita / Enriquecimiento Privado No Justificado / Tráfico de Influencias /Concusión. Sospechosos: Sergio Patricio G., Eddy Fernando S., Fausto Antonio M., Rubén Darío L., Xavier Augusto V., Segundo José S., y otros.
Una carpeta con 13 hojas impresas y que contenían nombres de personas bajo un título encabezado que señalaba “Cuentas por cobrar aspirantes Terminal Terrestre al 12/05/2022”.
Maleta de cuero marca Calvin Klein con un MacBook Pro de marca Apple.
Tres dispositivos móviles de marca IPhone color azul y dorado.
Un Apple Watch modelo Ultra 49 mm color Titanium.
Una tableta tipo IPad Pro, marca Apple, color plateado
20 dispositivos USB de marcas Kingston, HP, Gemalto, Safenet, Lander, Toshiba y Maxell.
“Un muerto por poner trabas”
Con el alias de ‘Xime’ se identificó en los chateos a la jefa de la Oficina de Atención al Usuario de la ANT, Ximena C. G. Varias comunicaciones dan cuenta de su participación en la organización, una de ellas el 30 de octubre de 2025, en la que coordina el depósito de USD 800 en billetes de USD 100, efectivo que guardaría en el sistema de “ahorro programado”.
Los informes de la Fiscalía, señalan que alias ‘Xime’ decía: “no vale que entre tanto dinero, usar tantas cuentas”. En una comunicación del 6 de noviembre de 2025, menciona que una persona “habría muerto, porque posiblemente habría sabido poner trabas en la emisión de licencias”.
Otra interceptación telefónica permite leer que alias ‘Xime’, de 46 años y funcionaria de la ANT desde 2014, mantenía reuniones en el patio de comidas de un centro comercial y que se quejaba porque “no puede pedir vacaciones, porque no cogería nada”.
“Jorge R. está buscando jefatura pero ha de pagar por el puesto porque ha hecho un pacto con escuela, que reciben USD 5.000, y ya se va Pedro, el que viene con la misma consigna, de seguir robando”, escribió el 23 de enero de 2026.
Procesados por el caso Jaque
Por presunta delincuencia organizada en la ANT. Nueve de 10 recibieron prisión preventiva.
| Abril Alegría Pedro Javier | Director de la ANT |
|---|---|
| Carrera Guerrón Ximena Cecilia | Jefe de Oficina de Atención al Usuario de la ANT |
| Huertas Paredes Oswaldo Rodrigo | Técnico en Emisión de Licencias de la ANT |
| Sanguano Quiroz Edwin Miguel | Asistente de Recaudación Cantonal de la ANT |
| Costta Escobar Gustavo Gabriel | Jefe de Oficina de Atención al Usuario de la ANT |
| Sierra Méndez Dora Flor | Técnico de Servicio al Ciudadano Provincial de la ANT |
| Palacios Aguirre Manuel Alejandro | Asistente de Atención al Usuario de la ANT |
| Ordóñez Oviedo Carlos Alexander | Desconocida |
| Castillo Aveiga Enrique Andrés | Teniente Político Parroquia de Cascol en Manabí |
| Aguayo Escobar Emma Melissa* | Directora Provincial de Pichincha de la ANT |
Otro de los procesados, Oswaldo H., de 34 años y funcionario técnico del área de Emisión de Licencias la ANT desde 2018, era identificado en la red como alias ‘Rojo’. En una comunicación del 29 de octubre del 2025 señala: “Se necesita una orden de pago, no puedo sacar, he perdido dos días de plata, son USD 2.000”, y el mismo día: “Tengo la licencia por imprimir, ya puse documentos a digitadores, nadie va a saber eso”.
Alias ‘Rojo’ mensajea el 6 de noviembre de 2025 a otro miembro del grupo y le comenta que “Sistemas no quiso hacer licencia, pueden ser Choneros”. En el allanamiento en su vivienda, los agentes hallaron 15 anillos metálicos, cinco anillos, nueve dijes, dos pulseras, ocho cadenas, una cadena platead, cinco relojes, 32 aretes, cuatro dispositivos móviles, relojes marca Fossil, USD 13.091 en billetes de USD 100, USD 50 y USD 20.
“Sí está saliendo dinero para pagar al director”
Miguel S., asistente de Recaudación Cantonal de la ANT, también se delató por sus comunicaciones. Empleado desde 2016, se lo menciona en la red con el alias de ‘Miguelito’.
“Un compañero de Quito ha llamado para retirar licencia, cuánto será? Eso es personal?. Vaya por el tema de licencia con un hd que está en Guayaquil. De haciendo, luego hablan del tema del dinero (…) Suba a firmar, el dinero para hacer la transferencia tiene que tener mucho cuidado”, escribió alias ‘Miguelito’ en un mensaje del 4 de diciembre de 2025.
Gustavo C., alias ‘Cholo’ y empleado del área de Atención al Usuario, escribió un mensaje el 9 de septiembre de 2025 en el que señalaba “ha llegado 50 o 60 trámites, puedo hacer 20, el coordinador es Rodrigo hay que decirle para traer los documentos chuecos Pedrito, dirección no le satisface lo que le están dando, 2.200 es para el jefe y ellos se quedan con la diferencia”.
A Dora Flor S. se la ubica con el alias de ‘Rosa’. En una comunicación presuntamente con la esposa de Abril le dice que “devuelva el dinero, no los tenga engañados”. “Sí está saliendo dinero para pagarle al director y que quede dinero para el grupo, un examen estaría en USD 130 más la emisión de licencia sportman”, escribió el 13 de octubre.
Manuel P., asistente de Atención al Usuario de la ANT era identificado con el alias de ‘Alejo’. En su domicilio se encontraron 22 matrículas vehiculares del cantón Durán y certificados de matriculación vehicular.
Carlos O., con el alias de ‘Charly’. “Fui a dejar los verdes, estaba preguntando para mandar las licencias, debe cobrar primero, han mandado a hacer una renovación. La encomienda de Cayambe ya le ha enviado la licencia, envía guía por Whatsapp”. En el allanamiento a su vivienda se decomisó 18 revisiones vehiculares de la alcaldía de Playas, 10 de Quito, documentos de una escuela de capacitación.
Enrique C., alias ‘Kike’, teniente político de la parroquia Cascol (Manabí). En un chat conversa para salir con alias ‘Rosa’, ingresa a las oficinas de la ANT en Cayambe. En el allanamiento se le decomisó documentos sobre permisos de escuelas de conductores.
-
Entretenimiento4 años agoAdriana Bowen, sobre la cirugía bariátrica: Siento que recuperé mi vida
-
Politica4 años agoEl defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fue llamado a juicio en la investigación por el delito de abuso sexual
-
Internacionales4 años agoMuere Cheslie Kryst, Miss Estados Unidos 2019 y presentadora de televisión
-
Internacionales4 años agoTiroteo en concierto en Paraguay deja dos muertos y cuatro heridos
-
Nacionales4 años ago¿Qué hay detrás del asesinato de Fredi Taish?
-
Fashion9 años ago
Amazon will let customers try on clothes before they buy
-
Politica1 año ago‘No soy contratista del Estado’, asegura Topic con certificado de Sercop en mano
-
Deportes4 años agoFEF solicita al COE Nacional 60% de aforo para partido Ecuador vs. Brasil