Connect with us

Nacionales

El lío judicial contra dos mineras que operan sin licencia ambiental en La Maná será observado por la Corte Constitucional

Publicado

on

Un enredo administrativo que ha permitido operar a dos mineras sin licencia en La Maná y con un posible impacto a la naturaleza, se convirtió un lío judicial que ha escalado hasta la Corte Constitucional. Esta instancia deberá determinar si el fallo de tres jueces de la Corte Superior a favor de reanudar las actividades mineras se dio en apego a la norma o cometieron una falta por error inexcusable, lo que les podría costar sus cargos.

Mientras tanto, las empresas siguen extrayendo oro. La defensa de Comiagne y La Mana Rome Gold asegura que las denuncias son una campaña premeditada en su contra, ya que cumplen con todas las reparaciones ambientales. Reconocen que operan sin licencia ambiental, pero culpan al Ministerio de Ambiente de no entregársela.

En la misma zona donde operan las mineras Comiagne y La Mana Rome Gold, también está asentada la embotelladora de agua Splendor, de la empresa Acquad’or que, ante lo que considera daños ambientales producidos por la actividad minera, presentó una acción de protección. Para ello argumentó los mismos informes de las entidades estatales que han determinado: “se hace de manera artesanal sin medidas de prevención y cuidado del recurso hídrico”; “existe una piscina presuntamente de sedimentación, sin ningún manejo ambiental”; “los parámetros de aluminio, sólidos suspendidos y hierro se encuentran sobre norma, por lo que se deberá solicitar a la DZ3 inicio de proceso administrativo”; “una vez realizada las inspecciones técnicas a las concesiones Ximena 1 se pudo verificar que los incumplimientos continúan y a pesar de que las mismas se encuentran suspendidas siguen realizando actividades mineras”.

En una primera instancia, en julio pasado, un tribunal anticorrupción, conformado por los jueces Carlos Serrano, Gabriela Lara y Christian Fierro, aceptó la acción de protección y ordenó el cese de actividades mineras, dispuso a los entes de control hacer una inspección y determinar la afectación ambiental. Además, pidió que se informe si hay investigaciones previas en Fiscalía por delitos ambientales, entre otras medidas. “En el caso que nos ocupa ha quedado probado el daño ambiental, la falta de licencia ambiental y la omisión de las entidades demandadas”, sentenció el tribunal.

El Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía y Minería, y la Agencia de Regulación Arcom, defendieron que han realizado un control efectivo y que, prueba de ello, haydocenas de informes y sanciones. La defensa de las mineras, por su parte, argumentó que acató todas las observaciones de pasivos ambientales, que no hay ningún daño al medio ambiente y opera legalmente. Tanto entidades estatales como mineras apelaron la sentencia. Y el caso fue a parar a un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha, conformado por Lady Ávila, Diana Fernández y Leonardo Barriga, quienes resolvieron el caso en un tiempo récord. Le dieron la razón a las entidades de control a las mineras y ordenaron la reapertura de las actividades extractivas en esta zona de La Maná.
$!En el sector Estero Hondo se observan las piscinas con aguas posiblemente contaminadas con químicos como desechos de la explotación minera. No obstante, las empresas mineras dicen que se han resuelto todos los pasivos ambientales.

Esto llevó a Acquad’or a interponer una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional y una queja en el Consejo de la Judicatura contra los tres jueces de segunda instancia, para que se inicie un proceso disciplinario por posible error inexcusable. El motivo: Acquad’or denuncia que los jueces no dieron cuenta de la omisión cometida por los entes de control al no evidenciar los daños ambientales ya que se estaría contaminando el agua de los ríos y sin licencia ambiental. Además, argumenta que llama la atención que el tribunal avocó conocimiento de la causa el jueves 26 de septiembre y, el martes 1 de octubre, tras haber revisado más de 700 páginas del expediente, emitieron su decisión en favor de las mineras. En decir, “en dos días laborables”, cuando en estos casos los jueces suelen tardar semanas o meses en llegar a una resolución.

JUECES PODRÍAN IR A CONTROL DISCIPLINARIO

El pasado 10 de noviembre, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha ofició al presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, la solicitud de declaratoria jurisdiccional en este caso. Eso quiere decir que un juez constitucional deberá analizar la causa: si no encuentra inconsistencias, archivará el caso, pero si las encuentra, emitirá un informe que se denomina “declaratoria jurisdiccional previa”. Esa es la manera en la que se controlan las acciones puntuales de los jueces.

Luego, ese informe deberá llegar al Consejo de la Judicatura para iniciar un sumario administrativo y emitir la sanción correspondiente. Un juez incurre en error inexcusable si (en una sentencia) hace una interpretación jurídica grave, mañosa o grosera, que no admite disculpa. Por lo tanto, la sanción es la destitución, explica la vocal de la Judicatura Solanda Goyes. Sin embargo, si la Judicatura resuelve que la falla no es tan grave, puede aplicar una sanción de suspensión por un mes sin sueldo. Pero, si en el análisis identifican que la decisión causó daños irreparables a las partes involucradas, a terceros o daños a la credibilidad del sistema de justicia, la única salida es la destitución.

De todos modos, Goyes dice que en el proceso de sumario administrativo los jueces observados tienen derecho a contradecir y argumentar sus descargos. Esta alianza pidió una entrevista con los jueces Lady Ávila, Diana Fernández y Leonardo Barriga, que fallaron a favor de las mineras, para conocer su posición en el caso. Pero, a través del departamento de Comunicación de la Corte de Pichincha, respondieron que “no pueden pronunciarse sobre las resoluciones”.

LA DEFENSA DE LAS MINERAS

¿Cómo han podido operar Comiagne y La Mana Rome Gold por más de una década sin licencia ambiental en una zona de recarga hídrica? Tomás Alvear, abogado defensor de las empresas mineras, dice que todo esto es una campaña de desprestigio patrocinada por la empresa Acquad’or que solo responde a intereses económicos y no a una preocupación por el medio ambiente.

Alvear explica que en el proceso judicial se demostró que las empresas cumplieron con cada una de las sanciones emitidas por las diferentes entidades de control, dando cumplimiento a las reparaciones ambientales solicitadas. “Como todo proceso humano, la minería genera pasivos ambientales, que se han subsanado, sino no podríamos operar. No hay estudios que determinen la contaminación del agua”, dice Alvear.

Sobre la licencia ambiental que debe emitir el Ministerio de Ambiente afirma que cada dos años hacen la solicitud al Ministerio de Ambiente, pero que no han recibido respuesta al trámite en los seis meses que prevé la ley, lo que da cuenta de un “silencio administrativo”, que se interpreta como un visto bueno ya que no hay objeciones para la operación minera. “No es una omisión del titular minero, sino del Ministerio de Ambiente que no da trámite”, afirma el jurista, y añade que esto acarrea la destitución de los funcionarios que lo deben realizar.

$!Tomás Alvear es abogado de Comiagne y La Mana Rome Gold. Dice que no hay ninguna ilegalidad en la operación de las mineras y que las denuncias son una campaña de desprestigio.

Este medio también pidió una entrevista con un vocero de Ambiente, para conocer los motivos por los cuales no se ha emitido la licencia ambiental por más de una década, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Santiago Yépez, expresidente de la Cámara de Minería, dice que sí hay la figura de silencio administrativo si el trámite no se resuelve en seis meses, pero eso simplemente aprobaría un estudio de impacto ambiental que es un requisito, pero no emitirá la licencia que es un proceso posterior. “Todos estamos conscientes de las demoras e ineficacias del Estado, pero la licencia ambiental es el permiso más importante. Hay empresas que esperan hasta 18 meses porque quieren hacer un trabajo legítimo”.

¿Y LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA?

La Corte Constitucional deberá resolver este caso por dos vías. El primero será dar trámite a una acción de protección extraordinaria que presentó Acquad’or para revisar la sentencia del tribunal de Corte Provincial de Pichincha y la segunda será el informe de error inexcusable contra los mismos jueces.

Según Miguel Molina, abogado constitucionalista y director de la Escuela de Derecho de Universidad Internacional (UIDE), el principal problema de la sentencia, más allá de que llama la atención que solo tomó dos días laborables en emitir su decisión, es que los jueces no tomaron en cuenta los derechos de la naturaleza, y consideraron suficientes los argumentos de los entes de control, cuando ha quedado demostrado que, pese a los informes y sanciones, el daño ambiental y los incumpliendo se siguen prolongando. Lo que considera una inobservancia a los derechos constitucionales.

“Es obligación del Estado velar por los derechos de la naturaleza y no puede lavarse las manos. Las instituciones del Estado deben ser las primeras interesadas en sancionar y no lo ha hecho. Sentimos que es trabajo de la academia involucrarse en esto”, dice Molina, quien el 9 de diciembre presentó un Amicus Curie dentro de esta causa. Este término que se traduce como amigo de la corte, para aportar datos e ideas que puedan ayudar a tomar la decisión a los jueces constitucionales.

$!El constitucinalista y director de la Escuela de Derecho de la UIDE, Miguel Molina, presentó un Amicus Curie en el proceso que se lleva en la Corte Constitucional. Afirma que los jueces de segunda instancia no observaron los derechos de la naturaleza, entre otras incostitucionalidades.

Con este criterio coincide Ramiro Ávila, expresidente de Corte Constitucional: “La Corte ha emitido amplia jurisprudencia respecto a los derechos de la naturaleza: está el caso de Los Cedros, que habla del principio de precaución frente los posibles daños que podría afectar una actividad minera, por ejemplo, y el caso Río Monjas que trata sobre el cuidado de los ríos”. Efectivamente, estos argumentos no fueron considerados por los jueces, aunque el caso Los Cedros sí fue considerado por el tribunal anticorrupción que falló a favor de cesar las actividades de Comiagne y La Mana Rome Gold en primera instancia.

Según los constitucionalistas, las sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento, y se podría considerar una vulneración si los jueces no aplicaron esta jurisprudencia, por desconocimiento u otra razón.

No obstante, para el abogado de las mineras los tres jueces consideraron todos los derechos, incluidos los de naturaleza. Hace énfasis en que la justicia constitucional no debe resolver cuestiones que ya resolvieron los entes de control como el Ministerio de Ambiente, aunque todavía no emita la licencia ambiental. Además, dice que no hay nada raro en el tiempo que el tribunal dictaminó la ressolución, pues lo que se busca es la celeridad.

¿En qué terminará? La acción de protección la deberá resolver Karla Andrade, magistrada de la Corte Constitucional. Y lo más seguro, dice Miguel Molina, es que ella misma tendrá que pronunciarse sobre el error inexcusable, ya que se trata del mismo tema. El caso se resolverá en los próximos meses.

¿CONTROL DE POLÉMICAS SENTENCIAS?

Hay dos niveles en la evaluación del sistema judicial que no tiene un mecanismo para examinar la calidad de las sentencias de una manera sistemática. Por el momento puede actuar de oficio en casos puntuales porque un juez se demora mucho en emitir una sentencia, por ejemplo. Pero cuando hay casos para revisar la actuación sobre las decisiones de un juez hace falta una demanda o queja para proceder con el proceso disciplinario de error inexcusable u otras causales que, previamente debe ser declarado por los tribunales superiores.

La vocal de la Judicatura, Solanda Goyes, explica que el control disciplinario es un nivel. Y el otro nivel es la evaluación de jueces, que tiene que hacerse por ley cada tres años, pero que no se ha hecho y hacen falta reformas para una evaluación oportuna. En ese contexto, Goyes ha propuesto la evaluación de tres pilares. Primero, la productividad para analizar cuántas sentencias emite en determinado periodo. Segundo la calidad de las decisiones, para lo cual debe tomarse una muestra, pues los jueces dictan entre 300 y 500 sentencias cada año, y no se pueden analizar todas. Y tercero la probidad, que implica que la Contraloría y otras instituciones del Estado proporcionen información sobre el patrimonio y otras consideraciones de los servidores judiciales.

Pero para esto también hace falta la aprobación de una reforma que está en manos de la Asamblea. “Entonces nadie mide la calidad de los fallos ni si están sustentados, hasta que la Asamblea apruebe la reforma. Esto hace que evita la rendición de cuentas sobre los pronunciamientos o sentencias”, comenta un juez que prefiere que no aparezca su nombre. Esto impide tener una radiografía del sistema judicial y separar a los jueces que tengan un desempeño deficiente.

Nacionales

Fausto Jarrín: de cuna comunista a asesor a la sombra de Daniel Noboa

Publicado

on

¿Cómo un correísta convencido se pasó a la vereda contraria para ser asesor personal de un Presidente afín a la nueva derecha sudamericana? Fausto Jarrín proviene de una estirpe de terratenientes de la Sierra, aunque su padre fue comunista y alcalde de Cayambe. No tiene oficina, puesto oficial ni sueldo del Estado, pero está en la mesa chica de Daniel Noboa. Así se tejieron los hilos que lo llevaron a ese cargo en la sombra del que nadie quiere hablar.

Mientras el abuelo de Daniel Noboa levantaba su imperio bananero en la segunda mitad del siglo pasado, el abuelo de Fausto Jarrín veía cómo el sistema de haciendas en la Sierra ecuatoriana, del que era parte su familia, empezaba a caer. Los padres de ambos incursionaron en política desde los años 90, pero con diferente sello ideológico. No obstante, en 2024 algo cambió para estos dos jóvenes que estaban en las antípodas y ahora trabajan juntos, pese a que sea difícil de creer.

Fausto Alejandro Jarrín Terán, el primero de cinco hermanos, nació un 29 de enero de 1977, en Cayambe, y creció en el seno de una familia que apostaba por el comunismo. En su casa, donde se discutía el materialismo dialéctico, no faltaban los libros de Lenín y los cuadros del Che Guevara. Su padre, Fausto Ramiro Jarrín Zambrano, a pesar de descender de una familia de terratenientes, fue compañero de lucha de Tránsito Amaguaña. ¿Cómo pasó eso?

Luego Jarrín padre conoció a Tránsito Amaguaña con quien trabó fraterna amistad e iba a las reuniones indígenas. Alguna vez, le impidieron la entrada porque lo tacharon de “misho”. Y Tránsito les dijo a sus compañeros: “El problema es entre ricos y pobres, no entre mestizos e indígenas”. Así lo recordó el propio Jarrín Zambrano en una entrevista en 2023, cuando aspiraba a la Alcaldía de Cayambe con la bandera de la Revolución Ciudadana, aunque no ganó. Ya antes ocupó ese cargo y también fue concejal por dos ocasiones. Durante el gobierno de Febres-Cordero, por su apellido y su ideología, fue confundido como familiar de Arturo Jarrín, de Alfaro Vive Carajo, aunque no tenía nada que ver ni lo uno ni lo otro. Lo empezaron a perseguir y se refugió en Rusia, donde lo protegió el Partido Comunista.

En aquella entrevista Jarrín padre estaba orgulloso de haber transmitido todo eso a sus hijos. En ese entonces Fausto hijo todavía era un militante del correísmo, principal abogado de Jorge Glas y Rafael Correa. De hecho, una de sus fotos más icónicas es la que aparece junto a Glas, cuando logró sacarlo de la cárcel en 2022, mediante un habeas corpus. Ahora Glas está refundido en la Cárcel del Encuentro, tras el operativo que ordenó su actual jefe, Daniel Noboa, para sacarlo de la Embajada de México en Quito, en abril de 2024.

$!Fausto Jarrín padre, con la bandera del correísmo, fue candidato para alcalde de Cayambe en 2023.

Luego Jarrín padre conoció a Tránsito Amaguaña con quien trabó fraterna amistad e iba a las reuniones indígenas. Alguna vez, le impidieron la entrada porque lo tacharon de “misho”. Y Tránsito les dijo a sus compañeros: “El problema es entre ricos y pobres, no entre mestizos e indígenas”.

Así lo recordó el propio Jarrín Zambrano en una entrevista en 2023, cuando aspiraba a la Alcaldía de Cayambe con la bandera de la Revolución Ciudadana, aunque no ganó. Ya antes ocupó ese cargo y también fue concejal por dos ocasiones. Durante el gobierno de Febres-Cordero, por su apellido y su ideología, fue confundido como familiar de Arturo Jarrín, de Alfaro Vive Carajo, aunque no tenía nada que ver ni lo uno ni lo otro. Lo empezaron a perseguir y se refugió en Rusia, donde lo protegió el Partido Comunista.

En aquella entrevista Jarrín padre estaba orgulloso de haber transmitido todo eso a sus hijos. En ese entonces Fausto hijo todavía era un militante del correísmo, principal abogado de Jorge Glas y Rafael Correa. De hecho, una de sus fotos más icónicas es la que aparece junto a Glas, cuando logró sacarlo de la cárcel en 2022, mediante un habeas corpus. Ahora Glas está refundido en la Cárcel del Encuentro, tras el operativo que ordenó, su actual jefe, Daniel Noboa, para sacarlo de la Embajada de México en Quito, en abril de 2024.

$!Fausto Jarrín junto a su esposa y el expresidente Rafael Correa. Y junto al exvicepresidente Jorge Glas, cuando lo sacó de la cárcel en 2022.

Noboa y Jarrín: amigos en la Asamblea

Hasta hace un par de años, Fausto Jarrín repetía en entrevistas el privilegio de crecer en un hogar con convicciones comunistas y elogiaba a Rafael Correa. Pero ha desaparecido del radar.

De joven viajaba todos los días en bus de Cayambe hasta Quito al Colegio Mejía. Le decían “avión”: era decidido, buen puñete, rockero, pelotero, y no tenía miedo de nada, según relata alguien que lo conoció en su juventud. Se graduó de abogado en la Universidad Internacional SEK. Su primera aparición fue en 2011, cuando tenía 34 años y floreció como dueño de la Casa Coloma, un bien patrimonial de Quito que había comprado en más de USD 800 mil y que estaba en el ojo del huracán porque la pretendían derrocar. Años más tarde dijo que él no compró esa casa porque no pudo hacer un préstamo hipotecario y que el dueño era otra persona.

A partir de 2018, tras el divorcio político de Lenín Moreno con el correísmo, Jarrín apareció como abogado de los líderes de la revolución. En 2021 llegó al Legislativo e impulsó la destitución de Guadalupe Llori del cargo de presidenta. En esa Asamblea se conoció con Daniel Noboa y se hicieron amigos. En ese entonces, Noboa no era el furibundo anticorreísta que es ahora, y trataba de tejer puentes hasta con los de Pachakutik. No rechazaba invitaciones; quería conocer la política de la Sierra. Ser asambleísta era solo el comienzo.

En 2022 quedó para la posteridad su foto con asambleístas correístas en Moscú, en un viaje del recién Grupo Interparlamentario de Amistad entre la República de Ecuador y la Federación de Rusia, creado por Daniel Noboa. Al viaje asistieron Marcela Holguín, Pamela Aguirre y Johanna Ortiz (de la bancada de la Revolución Ciudadana), Vanessa Freire (BAN), Johanna Moreira (ID) y Jorge Abedrabbo (PSC). Holguín también cambió de bando tiempo después y fue nombrada por Noboa como gerente general de la Empresa Pública de Comunicación. ​​​​​​

$!Daniel Noboa, cuando era asambleísta, invitó a legisladoras correístas a un viaje a Rusia.

Entre los amigos que hizo Noboa en la Asamblea también está Esteban Torres, en ese entonces del PSC, y uno de los impulsores del juicio político contra Guillermo Lasso. Por eso, Torres luego llegó como viceministro de Gobierno en su primer período. Quienes lo conocen, dicen que el heredero del imperio Noboa Pontón sabe escoger bien a sus amigos y enemigos. Pero, ¿cuándo la amistad de Noboa con Jarrín se convirtió en colaboración? Hay quienes dicen que desde que Noboa llegó al poder, en noviembre de 2023, ya sus ideas estaban cambiando.

De hecho, en una entrevista en marzo de 2024, en un programa afín al correísmo, cuando a Jarrín le preguntaron sobre el estilo autoritario de gobernar de Noboa, él respondió: “Yo fui compañero de Daniel en la Asamblea. En lo personal, le tengo aprecio. No coincido con sus ideas en la política. La tendencia de él, sin decir que sea una derecha radical, tiene una línea de defensa del capitalismo, del libre mercado, de los acuerdos con el FMI, todas estas cosas con las que yo no estoy de acuerdo. (Pero) creo que no se ha involucrado en los esquemas de persecución (al correísmo, como lo hicieron Lasso y Moreno). Creo que está tratando de sacar adelante una situación muy compleja que recibió”.

Un mes más tarde, el gobierno sacaba a Glas de la Embajada de México. Y dos meses después, en junio, Jarrín aparecía como asesor del ministro de Gobierno, Michele Sensi-Contugi, ya que el guayaquileño no conocía los tejes y manejes de la política que sí dominaba el cayambeño. La noticia tardó en llegar. En semanas anteriores habían visto a Jarrín reunido en restaurantes de Quito con altos funcionarios del noboísmo, lo que resultaba inexplicable, hasta que el periodista Martín Pallares logró confirmar la noticia y lo publicó en sus redes sociales. Sensi Contugi se caracterizó por no hablar con la prensa, por lo que nadie le pudo preguntar.

Fausto Jarrín, Mario Godoy y la justicia

Durante más de un año, Jarrín fue un enigma. Aunque apareció en fotos en el balcón de Carondelet y en mayo de 2025 asistió a la segunda posesión de Noboa en la Asamblea, nadie se atrevía a hablar públicamente. Incluso Rafael Correa lo excomulgó en un tuit: “Fausto Jarrín fue mi abogado defensor. Hoy por cosas inauditas que suceden, es mano derecha de Noboa”, escribió el 26 de agosto.

Fuentes cercanas al gobierno dicen que Jarrín se forjó una reputación de operador político con Sensi-Contugi y rápidamente pasó a ser asesor personal del Presidente. Los entretelones nadie los cuenta. Lo cierto es que el velo se quitó el 15 de octubre, cuando Jarrín, el cayambeño, aterrizó en Otavalo, para liderar las negociaciones con los indígenas de Imbabura que llevaban más de tres semanas en paro. Para Jarrín era una operación muy difícil porque algunos dirigentes conocían de cerca a su papá y su tendencia de izquierda. Ese diálogo fracasó.

Días después, la entonces ministra de Gobierno, Zaida Rovira, se vio obligada en una entrevista televisiva a confirmar que Jarrín era el asesor personal de Noboa y que, por tanto, su nombre y sueldo no consta en la nómina de ningún ministerio ni entidad.

$!Equipo del estudio jurídico de Fausto Jarrín. A la izquierda su hermano Sandino Jarrín, quien fue a trabajar a la Judicatura, y a la izquierda Christian Troya Macías, quien trabajó con Mario Godoy.

Un exfuncionario de gobierno contó que se tenía prohibido mencionar el nombre de Jarrín con la prensa y que, en la medida en la que han sido reemplazados algunos ministros, él ha obtenido más poder. Sus atribuciones están sobre todo en la justicia, dice otra fuente consultada: que una de sus misiones es sacar del mapa electoral a Aquiles Alvarez, presumible contendor de Noboa en las presidenciales de 2027.

Y la justicia se maneja en parte desde la Judicatura. Para nadie es desconocida la relación de amistad entre Fausto Jarrín y Mario Godoy, las esposas de ambos y los socios que han tenido en los estudios jurídicos que las dos parejas han formado. No queda claro si ya se conocían antes de ser parte del Gobierno de Noboa: Jarrín como asesor y Godoy como procurador de Petroecuador, cargo que ocupó antes de dirigir la Judicatura. Registros fotográficos dan cuenta de que tenían al menos un amigo en común: José Carlos García, quien entró como subprocurador a Petroecuador con Godoy, y era gran amigo de Jarrín y su esposa. Previo a eso, García fue socio de la esposa de Godoy, María Dolores Vintimilla, en el estudio jurídico Invictus Law Group, que defendió en primera instancia al narco serbio Jezdimir Srdan.

Otro vínculo que los une es Christian Troya Macías, quien laboró en la Asamblea con Fausto Jarrín y luego trabajó con Mario Godoy. Por otro lado, uno de los hermanos de Jarrín, Sandino Martín Jarrín Terán, ingresó a la Judicatura el 1 de noviembre de 2024, como analista de la Escuela de Función Judicial, dos meses después ascendió a supervisor, cargo que, según los registros de transparencia, aún ocupa hasta febrero de este año.

Tanto Christian Troya como Sandino Jarrín trabajaban en el estudio jurídico que Fausto Jarrín fundó con su esposa: Kapital Abogados. De hecho, Jarrín, a pesar de ser asesor presidencial todavía estaría en la nómina de Kapital. Además, el cayambeño es gerente general desde febrero de 2024 de la empresa Praees Intelligence, dedicada a la consultoría en la administración pública y de seguridad, así como “actividades de cabildeo (grupos de presión, lobbies). Según registros públicos esta compañía no es proveedora del Estado ni mantiene ningún contrato, pero no se puede saber si tiene algún contrato de carácter reservado con Defensa o Inteligencia.

Vistazo pidió una entrevista al correo personal de Fausto Jarrín y un requerimiento sobre sus labores a Presidencia, pero hasta el cierre de esta edición nadie respondió. Quienes lo conocen dicen que siempre le gustó hablar con la prensa, pero el último tiempo ha estado en la sombra, hasta para los mismos colaboradores del Gobierno. Fuente: Vistazo

Continuar Leyendo

Nacionales

Desde leche deslactosada hasta fideos instantáneos, SRI aclara que unos 60 alimentos deben pagar 15% de IVA y esta es la lista completa

Publicado

on

El Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió una nueva circular para aclarar qué alimentos no deberían venderse con 0% de Impuesto al Valor Agregado (IVA), sino con una tarifa de 15%.

Se trata de una circular emitida el 26 de marzo de 2026, a la que PRIMICIAS tuvo acceso. Contiene un listado de, al menos, 60 alimentos que deben venderse con 15% de IVA en Ecuador.

Entre los alimentos que deben tener IVA 15% están las leches importadas y las leches de producción nacional que sean deslactosadas, descremadas, semidescremadas e incluso fortificadas con vitaminas, minerales u otros.

El SRI también menciona que deben tener 15% de IVA las sopas de fideos instantáneos, los fideos precocidos o cocidos y los productos alimenticios preparados con fideos. También menciona los edulcorantes, las rosquitas, las empanadas, muffins, entre otros productos de panadería. Incluye carnes de origen animal sometidas a procesos de cocción, precocción, aderezado, adobado, marinado, desmechado u otros.

¿Por qué el SRI emitió esta aclaración?
Javier Bustos, abogado tributario, explica que esta resolución no está cambiando lo que dice actualmente el artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que es en donde se detalla qué alimentos tienen 0% de IVA, sino que está haciendo una aclaración.

«Seguramente la autoridad identificó que había alimentos que se estaban vendiendo todo este tiempo con 0% de IVA, cuando en realidad debían tener 15%, con lo que la caja fiscal estaba recibiendo menos recursos de los que debería», añade Bustos.

PRIMICIAS revisó dos facturas de supermercados e identificó que en una sí se cobraba 15% de IVA para la leche descremada y en otra no.

El artículo 55 de la Ley establece tres grupos de alimentos que son beneficiados con el 0% de IVA, como muestra la tabla:

Pero en la nueva circular, el SRI aclara cuáles son los productos que no deberían incluirse en estos tres grupos de 0% de IVA. Hay, por lo menos, 60 alimentos. Esta es la lista completa:

La abogada tributaria Yael Fierro aclara que el espíritu de la norma es no encarecer aquellos alimentos básicos, que son de primera necesidad para los hogares ecuatorianos. De ahí que el artículo establece las características de los alimentos que tienen el beneficio de 0%, de manera general.

De hecho, de los 359 productos que conforman la canasta de bienes y servicios que utiliza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para calcular la inflación en Ecuador, 154 tienen 0% de IVA.

Sin embargo, con el tiempo la industria alimenticia va innovando y se han ido produciendo alimentos con valor agregado y con procesos nuevos, con lo que hay productos que no podrían entrar en el segmento de 0% de IVA, dice Fierro.

Un ejemplo es lo que ha ocurrido con la leche en estado natural y pasteurizada, que son productos de primera necesidad en Ecuador, y a las que se les estableció 0% de IVA como estrategia para luchar contra la desnutrición infantil, dice Fierro.

Pero la industria de lácteos ha ido innovando y ahora hay leche descremada, deslactosada, de sabores, con vitaminas, entre otras, que ya no pueden entrar en la categoría de leche en estado natural.

Otro de los productos alimenticios importantes en la dieta de los ecuatorianos, con 0% de IVA, son los de origen agropecuario en estado natural, como las frutas, verduras y las carnes.

Fierro añade que, además, se los incluyó en el grupo de 0% de IVA porque el beneficio está pensado «para proteger al agricultor y al productor local, para que lo que vende no se encarezca con el IVA y sea más competitivo».

Entre los alimentos con 0% de IVA están sobre todo los de fabricación local, aunque también hay algunos importados.

Y es que hay productos elaborados que son de alta demanda y de alta producción en Ecuador, por lo que el beneficio solo incluye a aquellos que son hechos localmente. «Por eso la circular está aclarando que el pan se puede vender con 0% de IVA solo si es elaborado localmente. Si se trae de afuera debe tener 15% de IVA», dice Fierro.

Fierro detalla que la circular incluso cierra la puerta para que se cometan ciertas suspicacias, por ejemplo, en productos de panadería.

Y añade que la Ley solo menciona al pan en el beneficio de 0%, sin embargo, es posible que hayan existido empresas que incluían en esa categoría otros productos de panadería, por eso ahora la circular menciona que productos como pastelillos, barquillos, bizcochos, cakes, cupcakes, sí tienen 15% de IVA.

¿Qué pasará con los precios finales de estos alimentos?
Bustos explica que las empresas que han estado vendiendo los productos del listado con 0% de IVA deberán modificar los precios de venta al público.

«Tanto los grandes distribuidores, como supermercados, y las tiendas de barrio tendrán que vender los productos con nuevos precios en los casos en los que no hayan estado incluyendo el IVA de 15%», dice Bustos.

En la circular, el SRI no menciona si hará controles al IVA que declararon las empresas por estos productos en el pasado.

El documento dice: «Dentro del ámbito de sus competencias, la Administración Tributaria adoptará los mecanismos necesarios, en el ejercicio de sus facultades, para el adecuado cumplimiento de lo establecido en la presente circular». Fuente: Primicias

Continuar Leyendo

Nacionales

¿Tannya Varela se queda sola? Coronel fue declarado testigo protegido y dará su testimonio anticipado

Publicado

on

El coronel José Luis Erazo fue declarado testigo protegido y el miércoles, primero de abril, rendirá su testimonio anticipado dentro de la investigación por presunta filtración de información reservada, causa en la que también es procesada la excomandante Tannya Varela.

Hace unos días, la Fiscalía informó a la Corte Provincial de Pichincha que Erazo forma parte del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos. Por lo cual, solicitó que se fijara el día y hora para conocer su testimonio anticipado.

La Corte dispuso que la diligencia se lleve a cabo el miércoles, primero de abril del 2026, a las 15:30, a través de la cámara de Gesell.

Además, se dispuso que un psicólogo de turno esté presente y se autorizó la grabación de la pericia, conforme a los protocolos establecidos en la ley.

Esta audiencia llega luego de que el pasado 19 de marzo terminó la instrucción fiscal dentro de la causa, que investiga un presunto delito de difusión de información de circulación restringida.

Aparte del coronel Erazo, son procesados el exteniente Rodney Rengel y la excomandante de la Policía, Tannya Varela. Los tres cuentan con medidas alternativas como presentaciones periódicas ante la autoridad competente y prohibición de salida del país.

Rengel también es testigo protegido y el pasado martes, 24 de marzo, dio su testimonio anticipado.

$!Día y hora para el testimonio anticipado de Erazo.

¿DE QUÉ TRATA EL CASO?

Según la Fiscalía, los tres sospechosos habrían filtrado un informe reservado de una investigación previa por un caso de narcotráfico denominado ‘León de Troya’.

La difusión de los datos habría sucedido en tres momentos entre 2021 y 2023:

  • El 7 de julio de 2021: cuando altos mandos policiales habrían entregado información reservada al entonces presidente de la República, Guillermo Lasso. Esos datos tenían que ver con su cuñado, Danilo Carrera, sentenciado en el caso Encuentro.
  • El 12 de febrero de 2023: mediante la presunta remisión de contenidos técnicos reservados por parte de un agente investigador a un tercero.
  • El 13 de febrero de 2023: cuando dicha información fue divulgada públicamente a través del medio digital La Posta ampliando su exposición y alcance.

Durante la audiencia de formulación de cargos, se explicó que Varela y los otros dos sujetos habrían puesto en riesgo al equipo que investigó los nexos de la mafia albanesa con Ecuador. Fuente: Vistazo

Continuar Leyendo

Trending

Derechos reservados El Amazonico