Nacionales
El lío judicial contra dos mineras que operan sin licencia ambiental en La Maná será observado por la Corte Constitucional
Un enredo administrativo que ha permitido operar a dos mineras sin licencia en La Maná y con un posible impacto a la naturaleza, se convirtió un lío judicial que ha escalado hasta la Corte Constitucional. Esta instancia deberá determinar si el fallo de tres jueces de la Corte Superior a favor de reanudar las actividades mineras se dio en apego a la norma o cometieron una falta por error inexcusable, lo que les podría costar sus cargos.
Mientras tanto, las empresas siguen extrayendo oro. La defensa de Comiagne y La Mana Rome Gold asegura que las denuncias son una campaña premeditada en su contra, ya que cumplen con todas las reparaciones ambientales. Reconocen que operan sin licencia ambiental, pero culpan al Ministerio de Ambiente de no entregársela.
En la misma zona donde operan las mineras Comiagne y La Mana Rome Gold, también está asentada la embotelladora de agua Splendor, de la empresa Acquad’or que, ante lo que considera daños ambientales producidos por la actividad minera, presentó una acción de protección. Para ello argumentó los mismos informes de las entidades estatales que han determinado: “se hace de manera artesanal sin medidas de prevención y cuidado del recurso hídrico”; “existe una piscina presuntamente de sedimentación, sin ningún manejo ambiental”; “los parámetros de aluminio, sólidos suspendidos y hierro se encuentran sobre norma, por lo que se deberá solicitar a la DZ3 inicio de proceso administrativo”; “una vez realizada las inspecciones técnicas a las concesiones Ximena 1 se pudo verificar que los incumplimientos continúan y a pesar de que las mismas se encuentran suspendidas siguen realizando actividades mineras”.
En una primera instancia, en julio pasado, un tribunal anticorrupción, conformado por los jueces Carlos Serrano, Gabriela Lara y Christian Fierro, aceptó la acción de protección y ordenó el cese de actividades mineras, dispuso a los entes de control hacer una inspección y determinar la afectación ambiental. Además, pidió que se informe si hay investigaciones previas en Fiscalía por delitos ambientales, entre otras medidas. “En el caso que nos ocupa ha quedado probado el daño ambiental, la falta de licencia ambiental y la omisión de las entidades demandadas”, sentenció el tribunal.
Esto llevó a Acquad’or a interponer una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional y una queja en el Consejo de la Judicatura contra los tres jueces de segunda instancia, para que se inicie un proceso disciplinario por posible error inexcusable. El motivo: Acquad’or denuncia que los jueces no dieron cuenta de la omisión cometida por los entes de control al no evidenciar los daños ambientales ya que se estaría contaminando el agua de los ríos y sin licencia ambiental. Además, argumenta que llama la atención que el tribunal avocó conocimiento de la causa el jueves 26 de septiembre y, el martes 1 de octubre, tras haber revisado más de 700 páginas del expediente, emitieron su decisión en favor de las mineras. En decir, “en dos días laborables”, cuando en estos casos los jueces suelen tardar semanas o meses en llegar a una resolución.
JUECES PODRÍAN IR A CONTROL DISCIPLINARIO
El pasado 10 de noviembre, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha ofició al presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, la solicitud de declaratoria jurisdiccional en este caso. Eso quiere decir que un juez constitucional deberá analizar la causa: si no encuentra inconsistencias, archivará el caso, pero si las encuentra, emitirá un informe que se denomina “declaratoria jurisdiccional previa”. Esa es la manera en la que se controlan las acciones puntuales de los jueces.
Luego, ese informe deberá llegar al Consejo de la Judicatura para iniciar un sumario administrativo y emitir la sanción correspondiente. Un juez incurre en error inexcusable si (en una sentencia) hace una interpretación jurídica grave, mañosa o grosera, que no admite disculpa. Por lo tanto, la sanción es la destitución, explica la vocal de la Judicatura Solanda Goyes. Sin embargo, si la Judicatura resuelve que la falla no es tan grave, puede aplicar una sanción de suspensión por un mes sin sueldo. Pero, si en el análisis identifican que la decisión causó daños irreparables a las partes involucradas, a terceros o daños a la credibilidad del sistema de justicia, la única salida es la destitución.
De todos modos, Goyes dice que en el proceso de sumario administrativo los jueces observados tienen derecho a contradecir y argumentar sus descargos. Esta alianza pidió una entrevista con los jueces Lady Ávila, Diana Fernández y Leonardo Barriga, que fallaron a favor de las mineras, para conocer su posición en el caso. Pero, a través del departamento de Comunicación de la Corte de Pichincha, respondieron que “no pueden pronunciarse sobre las resoluciones”.
LA DEFENSA DE LAS MINERAS
¿Cómo han podido operar Comiagne y La Mana Rome Gold por más de una década sin licencia ambiental en una zona de recarga hídrica? Tomás Alvear, abogado defensor de las empresas mineras, dice que todo esto es una campaña de desprestigio patrocinada por la empresa Acquad’or que solo responde a intereses económicos y no a una preocupación por el medio ambiente.
Alvear explica que en el proceso judicial se demostró que las empresas cumplieron con cada una de las sanciones emitidas por las diferentes entidades de control, dando cumplimiento a las reparaciones ambientales solicitadas. “Como todo proceso humano, la minería genera pasivos ambientales, que se han subsanado, sino no podríamos operar. No hay estudios que determinen la contaminación del agua”, dice Alvear.
Sobre la licencia ambiental que debe emitir el Ministerio de Ambiente afirma que cada dos años hacen la solicitud al Ministerio de Ambiente, pero que no han recibido respuesta al trámite en los seis meses que prevé la ley, lo que da cuenta de un “silencio administrativo”, que se interpreta como un visto bueno ya que no hay objeciones para la operación minera. “No es una omisión del titular minero, sino del Ministerio de Ambiente que no da trámite”, afirma el jurista, y añade que esto acarrea la destitución de los funcionarios que lo deben realizar.
Este medio también pidió una entrevista con un vocero de Ambiente, para conocer los motivos por los cuales no se ha emitido la licencia ambiental por más de una década, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
Santiago Yépez, expresidente de la Cámara de Minería, dice que sí hay la figura de silencio administrativo si el trámite no se resuelve en seis meses, pero eso simplemente aprobaría un estudio de impacto ambiental que es un requisito, pero no emitirá la licencia que es un proceso posterior. “Todos estamos conscientes de las demoras e ineficacias del Estado, pero la licencia ambiental es el permiso más importante. Hay empresas que esperan hasta 18 meses porque quieren hacer un trabajo legítimo”.
¿Y LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA?
La Corte Constitucional deberá resolver este caso por dos vías. El primero será dar trámite a una acción de protección extraordinaria que presentó Acquad’or para revisar la sentencia del tribunal de Corte Provincial de Pichincha y la segunda será el informe de error inexcusable contra los mismos jueces.
Según Miguel Molina, abogado constitucionalista y director de la Escuela de Derecho de Universidad Internacional (UIDE), el principal problema de la sentencia, más allá de que llama la atención que solo tomó dos días laborables en emitir su decisión, es que los jueces no tomaron en cuenta los derechos de la naturaleza, y consideraron suficientes los argumentos de los entes de control, cuando ha quedado demostrado que, pese a los informes y sanciones, el daño ambiental y los incumpliendo se siguen prolongando. Lo que considera una inobservancia a los derechos constitucionales.
“Es obligación del Estado velar por los derechos de la naturaleza y no puede lavarse las manos. Las instituciones del Estado deben ser las primeras interesadas en sancionar y no lo ha hecho. Sentimos que es trabajo de la academia involucrarse en esto”, dice Molina, quien el 9 de diciembre presentó un Amicus Curie dentro de esta causa. Este término que se traduce como amigo de la corte, para aportar datos e ideas que puedan ayudar a tomar la decisión a los jueces constitucionales.
Con este criterio coincide Ramiro Ávila, expresidente de Corte Constitucional: “La Corte ha emitido amplia jurisprudencia respecto a los derechos de la naturaleza: está el caso de Los Cedros, que habla del principio de precaución frente los posibles daños que podría afectar una actividad minera, por ejemplo, y el caso Río Monjas que trata sobre el cuidado de los ríos”. Efectivamente, estos argumentos no fueron considerados por los jueces, aunque el caso Los Cedros sí fue considerado por el tribunal anticorrupción que falló a favor de cesar las actividades de Comiagne y La Mana Rome Gold en primera instancia.
Según los constitucionalistas, las sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento, y se podría considerar una vulneración si los jueces no aplicaron esta jurisprudencia, por desconocimiento u otra razón.
No obstante, para el abogado de las mineras los tres jueces consideraron todos los derechos, incluidos los de naturaleza. Hace énfasis en que la justicia constitucional no debe resolver cuestiones que ya resolvieron los entes de control como el Ministerio de Ambiente, aunque todavía no emita la licencia ambiental. Además, dice que no hay nada raro en el tiempo que el tribunal dictaminó la ressolución, pues lo que se busca es la celeridad.
¿En qué terminará? La acción de protección la deberá resolver Karla Andrade, magistrada de la Corte Constitucional. Y lo más seguro, dice Miguel Molina, es que ella misma tendrá que pronunciarse sobre el error inexcusable, ya que se trata del mismo tema. El caso se resolverá en los próximos meses.
¿CONTROL DE POLÉMICAS SENTENCIAS?
Hay dos niveles en la evaluación del sistema judicial que no tiene un mecanismo para examinar la calidad de las sentencias de una manera sistemática. Por el momento puede actuar de oficio en casos puntuales porque un juez se demora mucho en emitir una sentencia, por ejemplo. Pero cuando hay casos para revisar la actuación sobre las decisiones de un juez hace falta una demanda o queja para proceder con el proceso disciplinario de error inexcusable u otras causales que, previamente debe ser declarado por los tribunales superiores.
La vocal de la Judicatura, Solanda Goyes, explica que el control disciplinario es un nivel. Y el otro nivel es la evaluación de jueces, que tiene que hacerse por ley cada tres años, pero que no se ha hecho y hacen falta reformas para una evaluación oportuna. En ese contexto, Goyes ha propuesto la evaluación de tres pilares. Primero, la productividad para analizar cuántas sentencias emite en determinado periodo. Segundo la calidad de las decisiones, para lo cual debe tomarse una muestra, pues los jueces dictan entre 300 y 500 sentencias cada año, y no se pueden analizar todas. Y tercero la probidad, que implica que la Contraloría y otras instituciones del Estado proporcionen información sobre el patrimonio y otras consideraciones de los servidores judiciales.
Pero para esto también hace falta la aprobación de una reforma que está en manos de la Asamblea. “Entonces nadie mide la calidad de los fallos ni si están sustentados, hasta que la Asamblea apruebe la reforma. Esto hace que evita la rendición de cuentas sobre los pronunciamientos o sentencias”, comenta un juez que prefiere que no aparezca su nombre. Esto impide tener una radiografía del sistema judicial y separar a los jueces que tengan un desempeño deficiente.
La reciente deportación desde Estados Unidos e ingreso a prisión del exministro del Interior de Rafael Correa, José Serrano, ha generado un fuerte eco en el escenario político y social de Ecuador. Entre las voces más contundentes tras su reclusión en la cárcel El Encuentro se encuentran las de Amanda Villavicencio y Patricia Ochoa, figuras emblemáticas que han liderado por años la búsqueda de justicia en dos de los casos de magnicidio y ejecución extrajudicial más conmovedores del país.
Amanda Villavicencio: «Una gran victoria para el país»
Amanda Villavicencio, hija del asesinado excandidato presidencial Fernando Villavicencio, calificó la llegada de Serrano como un paso histórico. A través de un pronunciamiento emitido en sus redes sociales, donde recordó las denuncias de su padre contra el correísmo, se mostró firme frente al exfuncionario:
La Fiscalía General del Estado ha vinculado formalmente a Serrano como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, por lo que su retorno judicial al país representa la oportunidad clave para que responda directamente ante los tribunales por este crimen.
Patricia Ochoa: «Que pague por el daño que ocasionó»
Por su parte, Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela —excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana asesinado en 2010—, reaccionó de forma tajante ante el traslado del exministro:
«Que pague por el daño que ocasionó a muchos con su maldad», aseveró Ochoa, en una clara alusión a la gestión de Serrano y el manejo institucional que se le dio al caso de su esposo durante los años del correísmo.
Ochoa ha sostenido una batalla legal de más de una década para esclarecer el asesinato de su cónyuge, un crimen estrechamente ligado a las denuncias de corrupción sobre la adquisición de los helicópteros Dhruv.
La captura y posterior reclusión de José Serrano marca un hito para las familias de las víctimas del poder político en Ecuador. Activistas y defensores de derechos humanos han respaldado la postura de ambas mujeres, señalando que el proceso judicial que ahora enfrenta el exministro en suelo ecuatoriano determinará si las instituciones del Estado están listas para cerrar de forma transparente capítulos oscuros de la historia nacional reciente. (I)
Nacionales
Familias de niños con autismo viven un calvario para conseguir cupos en escuelas privadas
Mientras la mayoría de los padres y sus hijos se preparan para el inicio del año escolar, previsto para el 1 de septiembre de 2026, en el régimen Sierra-Amazonía, las familias de niños con autismo enfrentan una realidad muy dura. El regreso a clases es un verdadero calvario debido a las dificultades para encontrar un plantel que ofrezca las condiciones, el acompañamiento y las estrategias educativas que sus chicos necesitan.
Así lo vivió la riobambeña Bruna, de 32 años. Su hijo, Matías, fue diagnosticado con autismo grado 1 y enfrentó dificultades. Relata que los docentes de inicial y primero de básica sí fueron empáticos con el pequeño, hoy de siete años. El problema comenzó cuando llegó a segundo y tuvo una nueva profesora.
Durante ese año, Matías tenía dificultades para permanecer sentado durante toda la jornada, se levantaba de su puesto, se acercaba a las ventanas para observar las actividades de los estudiantes mayores y presentaba sensibilidad ante determinados sonidos, principalmente fuertes.
La madre sostiene que la docente no manejó adecuadamente estas situaciones y que, en lugar de aplicar estrategias de refuerzo positivo, recurría a llamados de atención y castigos. Ante eso, Bruna decidió buscar otra institución educativa. Desde abril comenzó a consultar opciones y llegó a cuatro colegios privados, pero ninguno aceptó a Joaquín.
Es muy difícil encontrar un plantel especializado. Muchos dicen que trabajan en inclusión, pero no saben lo que eso significa verdaderamente. Agrega que, durante los procesos de admisión, una de las primeras preguntas que recibe es si el niño tiene alguna condición.
“Automáticamente, cuando usted dice que sí la tiene, comienzan a ponerle todos los peros (en las escuelas)”.
Ecuavisa.com recopiló más de 20 casos en el perfil Padres de Niños con Autismo Ecuador en Facebook, cuyos testimonios coinciden en que conseguir un colegio se convierte en un calvario. “La educación es un derecho de todos los niños, pero cuando se trata de nuestros hijos, a veces siento que ese derecho se va rompiendo poco a poco entre la falta de recursos, preparación, acompañamiento y comprensión”, escribió una de las madres.
Un papá indicó que viven un viacrucis. Existen instituciones educativas en las que, desde que se les menciona TEA o autismo, automáticamente cambian la forma de brindar la información. Al final, terminan diciendo que no es posible porque los cupos están llenos. “Lo más penoso es que en sus estados de redes sociales y en sus propagandas se llenan y mencionan ser instituciones inclusivas”.
Para Vladimir Andocilla, director de la Asociación de Padres y Amigos para el Apoyo y la Defensa de los Derechos de las Personas con Autismo (Apada), las familias de niñas, niños y adolescentes con esa condición enfrentan barreras desde el momento en que buscan un cupo. Aunque la Constitución y la legislación ecuatoriana garantizan una educación inclusiva, todavía hay instituciones que seleccionan a sus estudiantes y excluyen a quienes consideran que van a necesitar más apoyos, adaptaciones curriculares o ajustes razonables.
La negativa casi nunca es directa, porque las autoridades saben que rechazar a un estudiante por su condición es discriminación. Por eso recurren a frases como “no tenemos cupos”, “nuestros docentes no están capacitados”, “el aula tiene demasiados estudiantes”, “aquí no va a poder adaptarse” o “es mejor buscar una institución especializada”. En otros casos, condicionan la matrícula a que la familia contrate y pague, de su bolsillo, un maestro sombra o acompañante.
Como padre de un adolescente autista, conozco de primera mano el dolor y la impotencia que dejan esas respuestas.
El problema no está en los hijos ni en su manera distinta de comunicarse, aprender o relacionarse, indica Andocilla. Está en un sistema que sigue esperando que sea el estudiante quien se adapte a un único modelo educativo, cuando debería ser la escuela la que se transforme para responder a la diversidad humana.
Dominic, un niño con autismo, no conseguía cupo en Napo
A Rocío se le hizo complicado conseguir escuela para su hijo, Dominic, de siete años, en Tena, la capital de la provincia del Napo. En una entrevista con Ecuavisa.com, contó que tenía la esperanza de encontrar una escuela particular, pero en la Amazonía no hay opciones para elegir. Buscó en tres planteles particulares y no obtuvo respuesta. “En la fiscal, por el simple hecho de que es parte principal de la educación, parte del Estado, creo que a regañadientes nos pudieron aceptar. Generalmente, no nos reciben”.
En un plantel particular le dijeron que era imposible aceptar a Dominic porque el cupo de niños ya estaba lleno y que solo trabajaban con un número específico de estudiantes, y que tener a otro infante iba a ser muy difícil.
En el otro, cuando hicimos la entrevista, nos dijeron que no podían aceptar porque los padres consideran que el autismo es una enfermedad contagiosa (…) Dentro de la particularidad se maneja una enseñanza como más personalizada y, aun así, no cumplió las expectativas para ellos, según nuestro hijo.
Ahora que Dominic está en una escuela pública, sigue las instrucciones y está al pendiente de las directrices del Ministerio de Educación.En ese contexto, en Ecuador, una nueva normativa de esa Cartera de Estado regula el ingreso del personal de apoyo externo a las instituciones educativas y reemplaza la figura conocida como profesor sombra por la de docente de apoyo externo. Con esto, los padres de niños con autismo no podrán ser los maestros sombra de sus hijos.
Educación aclaró que ningún padre de familia está obligado a contratar o pagar un acompañante y que ninguna institución educativa puede imponer un proveedor. Sin embargo, si una familia considera que su hijo necesita este apoyo individual, el costo del acompañante deberá ser asumido por esta.
En una publicación del noticiero de Televistazo, los colectivos de padres de niños con autismo cuestionaron esta situación y sostuvieron que, en el sistema fiscal, el Estado debe garantizar este tipo de acompañamiento. El Ministerio respondió que en las instituciones fiscales ya existen las Unidades Distritales de Apoyo.
No obstante, los progenitores aseguraron que estos servicios no sustituyen al profesor sombra, que acompaña de manera individual y permanente a un estudiante dentro del aula.
¿Qué deben hacer las familias cuando hay trabas?
Andocilla explica que primero hay que tener claro que la matrícula, los ajustes razonables y los apoyos educativos no son favores que una institución concede, sino derechos exigibles. Es fundamental presentar las solicitudes por escrito, exigir una respuesta motivada y conservar correos, mensajes, documentos y cualquier otro elemento que permita probar la negativa, el condicionamiento o la falta de atención.
Número de estudiantes con discapacidad por sexo y según tipo de discapacidad. Año lectivo 2025-2026
| Tipo de discapacidad | Masculino | Femenino | Total |
| Auditiva | 1.006 | 22.004 | 2.163 |
| Autismo | 1.257 | 4.824 | 6.081 |
| Intelectual | 6.092 | 8.994 | 15.086 |
| Motriz | 2.369 | 3.123 | 5.492 |
| Otras | 412 | 863 | 1.275 |
| Por síndromes | 193 | 312 | 505 |
| Retos múltiples-multidiscapacidades | 549 | 830 | 1.379 |
| Síndrome de Down | 982 | 971 | 1.953 |
| Sordo-ceguera | 7 | 9 | 16 |
| Visual | 711 | 921 | 1.632 |
Fuente: Ministerio de Educación.
Si la institución insiste en mantener las barreras, corresponde presentar una denuncia ante el Distrito de Educación y pedir tanto la asignación del cupo como la adopción inmediata de los apoyos que el estudiante necesita. Y si aun así no hay una respuesta efectiva, la familia puede acudir a las autoridades zonales y nacionales del Ministerio de Educación, a la Defensoría del Pueblo y, cuando la vulneración sea grave o urgente, plantear una acción de protección.
Pero también es importante que las familias no enfrenten esto solas. El acompañamiento de organizaciones como Apada del Ecuador ayuda a entender la normativa, a documentar la vulneración y a sostener, emocionalmente, una lucha que suele ser agotadora. Defender los derechos de los hijos también significa organizarse, acompañar y convertir lo que vive cada familia por su lado en una causa colectiva.
El sistema educativo para niños con autismo
Desde la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural de 2021 han existido avances normativos importantes para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes autistas, entre ellos el Instructivo de Atención Educativa a Estudiantes dentro del Espectro Autista y el establecimiento obligatorio del Plan de Ambientación para la Inclusión. “Son instrumentos que reconocen algo que las familias sabemos desde hace tiempo: que hay que preparar progresivamente al estudiante, a la familia, a los docentes, a los compañeros y al entorno educativo para que la inclusión funcione de verdad”, precisa Andocilla.
El problema es que todavía hay una distancia enorme entre lo que dice la norma y lo que ocurre en las aulas de clase, acota el activista.
En la educación particular, una de las principales barreras sigue siendo el acceso: negativas de matrícula, supuesta inexistencia de cupos o exigencias económicas adicionales.
En la educación fiscal y municipal, en cambio, el problema se concentra en la permanencia, por la sobrecarga de estudiantes en las aulas, la insuficiente capacitación docente, la falta de equipos de apoyo y la ausencia de infraestructura que garantice accesibilidad física, comunicacional y sensorial. “Lo he visto de cerca, tanto en mi propia familia como acompañando a otras. Esa distancia entre la norma y la práctica se termina midiendo en años escolares perdidos”.
Educación debe controlar que sus propias normas se cumplan, particularmente en las instituciones privadas, y aplicar las medidas administrativas correspondientes cuando se niegue o se condicione el derecho a la educación. No basta con expedir instructivos y acuerdos ministeriales. Se necesita presupuesto, formación docente permanente, equipos multidisciplinarios suficientes, menos estudiantes por aula y entornos sensorialmente accesibles. La inclusión será real cuando el sistema deje de exigirle al estudiante autista que se adapte solo a la escuela, y sea el establecimiento educativo el que se transforme para garantizar su acceso, permanencia, aprendizaje, participación y desarrollo integral.
En ese contexto, las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión (UDAI) son equipos especializados del Ministerio de Educación que ofrecen acompañamiento psicopedagógico y pedagógico gratuito para facilitar la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales, como el autismo. Asimismo, los profesores de Apoyo a la Inclusión (DAI) del sistema educativo se encargan de hacer acompañamiento psicopedagógico y pedagógico a estudiantes con necesidades educativas especiales.
Nacionales
SENAE alerta sobre nueva estafa con documentos falsos que exigen pagos a nombre de la Aduana
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) alertó sobre una nueva modalidad de estafa que utiliza documentos falsificados, logotipos y elementos de su imagen institucional para aparentar comunicaciones oficiales y solicitar pagos indebidos.
La advertencia fue emitida el sábado 29 de agosto de 2026, ante la circulación de notificaciones fraudulentas que podrían llegar a personas relacionadas o no con trámites aduaneros, encomiendas o compras de productos del exterior.
Según el Senae, los documentos fraudulentos utilizan el nombre y la imagen de la institución para generar confianza en las víctimas. De esta manera, los ciudadanos podrían creer que se trata de un cobro legítimo y realizar depósitos o transferencias.
La entidad aclaró que la utilización de logotipos o elementos gráficos de la Aduana no garantiza que una notificación sea auténtica. Por ello, recomendó desconfiar de mensajes que soliciten pagos mediante correos electrónicos, números telefónicos u otros medios que no correspondan a sus canales oficiales.
El riesgo puede alcanzar a quienes esperan paquetes, adquieren productos provenientes del extranjero o realizan trámites relacionados con mercancías ingresadas al país.
Esta no es la primera vez que la institución alerta sobre casos de suplantación. El pasado 9 de julio, el Senae informó sobre personas que utilizaban WhatsApp para hacerse pasar por funcionarios y ofrecer vehículos u otras mercancías mediante supuestas compras, subastas o remates.
En aquella modalidad, los estafadores solicitaban depósitos a cuentas particulares y también buscaban obtener documentos personales, información bancaria y otros datos de las víctimas.
El Senae recomienda comprobar directamente cualquier notificación antes de efectuar un pago. Para ello, los ciudadanos deben utilizar los canales oficiales de la institución y no los enlaces, números telefónicos o datos incluidos únicamente en el mensaje recibido.
La entidad ha señalado que los pagos correspondientes a liquidaciones o multas se realizan mediante instituciones del sistema financiero y utilizando el número de liquidación emitido por la autoridad aduanera. Los valores deben dirigirse a cuentas institucionales y no a cuentas personales.
Ante cualquier solicitud de dinero o información personal, especialmente si se exige actuar con rapidez, la recomendación es verificar primero su autenticidad y reportar los intentos de estafa a las autoridades correspondientes.
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