Nacionales
El FMI sugiere a Ecuador profundizar reformas económicas
El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó este lunes 4 de diciembre de 2023 que Ecuador debe profundizar sus reformas económicas para garantizar su sostenibilidad fiscal y mejorar su acceso a los mercados de deuda, en un momento en el que el país andino prevé cerrar 2023 con un déficit del 5 % y una prima de riesgo que ronda los 2.000 puntos.
En un comunicado tras hacer la evaluación a posteriori del programa crediticio de 6.500 millones de dólares implementado con Ecuador entre septiembre de 2020 y diciembre de 2022, el FMI consideró que esta financiación permitió al país restaurar la estabilidad macroeconómica tras la recesión producto del covid-19.
También permitió “satisfacer las crecientes necesidades de financiamiento, especialmente el gasto en salud y protección social” en medio de la emergencia sanitaria, reestructurar la deuda, “fortalecer la capacidad en áreas críticas, especialmente la contabilidad fiscal”, y reforzar las reservas fiscales, gracias a los mayores precios del petróleo y la restricción del gasto que imponía el programa.
“Sin embargo, el acceso a los mercados (de deuda) no se ha restablecido debido a la incertidumbre política y a las grandes vulnerabilidades fiscales que persisten, incluida la fuerte dependencia de los ingresos públicos de los precios volátiles del petróleo”, señaló el FMI en su reporte.
“Será necesario revitalizar los esfuerzos de reforma para garantizar la sostenibilidad fiscal y restablecer el acceso a los mercados”, apostilló.
Crítica a subsidios a combustibles y rediseño de reforma tributaria
Para el FMI, entre las causas de que persistan estas vulnerabilidades está la suspensión de la progresiva disminución de los subsidios a los combustibles, congelados en junio de 2022 después de que esta fuera una de las causas de unas fuertes protestas lideradas por el movimiento indígena que dejaron siete muertos, entre ellos un militar.
Otro de los motivos que según el FMI impidieron un mejor resultado del programa crediticio fue el rediseño de la reforma tributaria.
Este programa, que se inició bajo el mandato presidencial de Lenín Moreno (2017-2021) y que culminó la administración del presidente Guillermo Lasso (2021-2023), fue el primero que Ecuador pudo completar en más de veinte años.
La institución financiera internacional valoró que “la mayor parte de las condicionalidades del programa finalmente se implementaron, a pesar de algunos retrasos en las reformas fiscales y estructurales”, si bien hay algunos requisitos todavía pendientes como las auditorías a la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador.
“El programa catalizó el financiamiento de otras instituciones financieras internacionales y una reestructuración exitosa de la deuda, lo cual fue fundamental para su éxito”, señaló el FMI.
Mensaje para nuevo Gobierno
Durante los 27 meses que duró el programa crediticio, “las reformas estructurales fiscales renovaron integralmente el marco fiscal de Ecuador, aunque su implementación exitosa dependerá de la creación y retención de capacidad institucional”, apuntó el FMI como mensaje al nuevo Gobierno que entró en funciones en diciembre, liderado por el presidente Daniel Noboa.
Asimismo, el organismo internacional destacó las “enmiendas al código monetario y financiero que ayudaron a fortalecer la independencia del Banco Central y el régimen de dolarización”.
La junta directiva reconoció que “el programa se implementó en un entorno político fragmentado” y que eso, en parte hizo que “la evaluación de algunos criterios, particularmente con respecto al acceso al mercado y la capacidad de implementación, se volvió cada vez más difícil a medida que avanzaba el programa”.
Ministro habla de “grave situación”
La pasada semana, el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, , se refirió a la “grave situación económica”, con un déficit fiscal proyectado para el cierre 2023 superior a los 5.000 millones de dólares (unos 4.562 millones de euros), es decir, el 5 % del PIB (producto interior bruto) de Ecuador.
Asimismo, señaló que el total de la deuda estatal es de 63.000 millones de dólares, entre la deuda interna y la externa, lo que equivale al 54,7 % del PIB.
Noboa señaló el pasado 5 de noviembre que, si su Gobierno no tiene la capacidad económica para implementar reformas, el país puede entrar en ‘default’ (suspensión de pagos) en 2026 o 2027.
Por ello envío a la Asamblea Nacional (Parlamento) con clasificación de urgencia un proyecto de reforma tributaria que busca dar incentivos fiscales a la creación de empleo, entre otras medidas, con el objetivo de dar alicientes al crecimiento económico. EFE (I)
El Mercurio
Nacionales
Fiscalía pide prisión preventiva para el alcalde de Machala, Darío Macas, y otras medidas cautelares
La Fiscalía General del Estado pidió que se imponga prisión preventiva contra el alcalde de Machala, Darío Macas, y su esposa Carmen Ch. P., por su presunta implicación en el delito de enriquecimiento ilícito.
Con base en los elementos de convicción recabados durante la investigación, la Fiscalía pidió la prisión preventiva para el burgomaestre y su esposa, quienes fueron aprehendidos el lunes durante un operativo ejecutado en la provincia de El Oro.
Presuntos movimientos millonarios del alcalde
Las indagaciones apuntan a que el alcalde y su esposa habrían incrementado de manera injustificada su patrimonio en aproximadamente USD 6 millones entre 2019 y 2025.
Entre los hallazgos, el ministro del Interior, John Reimberg detalló que se detectaron empresas ‘fantasma‘ utilizadas para el movimiento de recursos y mencionó el caso de una compañía creada en 2025, en la que, según dijo, Darío Macas posee el 90 % de las acciones y que habría prestado servicios al Municipio de Machala.
Reimberg también afirmó que se identificaron depósitos de USD 400.000 y USD 500.000 en distintas cuentas bancarias.
La Fiscalía General del Estado informó que durante los allanamientos se levantaron diversos indicios, entre ellos teléfonos celulares, documentación, registros financieros y dinero en efectivo, para incorporar a la investigación. Fuente: Vistazo
En el marco de la segunda temporada del programa académico La Tertulia Jurídica, se desarrolló una destacada exposición de la jurista y abogada penalista María Ruiz, quien abordó el tema “La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prohibición de la responsabilidad objetiva en Derecho Penal”, generando un amplio análisis comparativo entre las legislaciones de Ecuador y España.
María Ruiz, profesional que ejerce la abogacía penal tanto en España como en Francia y que actualmente desarrolla estudios doctorales (PhD) en Ecuador, explicó que la responsabilidad penal corporativa constituye uno de los debates más complejos y relevantes dentro del derecho penal contemporáneo, especialmente en países latinoamericanos donde la regulación aún se encuentra en proceso de consolidación.
Durante su intervención, la especialista sostuvo que el principio de culpabilidad representa uno de los pilares fundamentales del Derecho Penal moderno, destacando que dentro de este se incluyen subprincipios esenciales como la personalidad de las penas, la responsabilidad por el hecho, la imputación personal y la prohibición de la responsabilidad objetiva.
“La gran problemática jurídica radica en determinar si el principio de culpabilidad puede aplicarse plenamente a las personas jurídicas, considerando que estas carecen de voluntad propia y constituyen una ficción legal”, señaló la jurista.
En su exposición, Ruiz explicó que existen dos grandes corrientes doctrinarias respecto a este debate. Por una parte, sectores académicos consideran que el principio de culpabilidad no puede trasladarse íntegramente a las empresas, debido a la estrecha relación que este mantiene con la dignidad humana. Por otra, una corriente mayoritaria sostiene que, al imponerse sanciones penales a las personas jurídicas, necesariamente deben aplicarse también las garantías fundamentales del Derecho Penal.
La jurista analizó además la regulación vigente en España, particularmente el artículo 31 bis del Código Penal Español, así como el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, enfatizando que ambos sistemas jurídicos buscan establecer mecanismos de atribución de responsabilidad penal para empresas y organizaciones.
En este contexto, María Ruiz advirtió sobre los riesgos de incurrir en modelos de responsabilidad objetiva, especialmente cuando no se exige de forma clara la demostración de dolo, culpa o incumplimiento de deberes de control dentro de las organizaciones empresariales.
“La responsabilidad penal de las personas jurídicas no puede sustentarse únicamente en la transferencia automática del delito cometido por una persona física hacia la empresa; debe existir siempre prueba del incumplimiento de deberes de supervisión, vigilancia y control”, explicó.
Uno de los puntos centrales de la conferencia fue el análisis del denominado “defecto de organización”, entendido como la ausencia de mecanismos adecuados de prevención y control dentro de las empresas, aspecto que —según la especialista— constituye el núcleo esencial para atribuir responsabilidad penal corporativa.
Asimismo, Ruiz abordó las diferencias existentes entre los sistemas de imputación penal en España y Ecuador, señalando que la normativa ecuatoriana aún presenta vacíos interpretativos que podrían generar riesgos de vulneración al principio de culpabilidad y a la prohibición de responsabilidad objetiva.
La académica también analizó figuras jurídicas como el enriquecimiento ilícito y el enriquecimiento privado no justificado contemplados en el COIP ecuatoriano, indicando que ciertas interpretaciones podrían trasladar indebidamente la carga de la prueba hacia el acusado, afectando garantías fundamentales del debido proceso.
Durante el programa, la jurista destacó la importancia de fortalecer los sistemas corporativos y de implementar adecuados modelos de supervisión interna dentro de las empresas, con el objetivo de prevenir conductas delictivas y garantizar el respeto a los principios constitucionales del Derecho Penal.
El espacio académico permitió además abrir el debate sobre la necesidad de desarrollar una doctrina más sólida en Ecuador respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tomando como referencia la experiencia europea y la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo Español.
La participación de María Ruiz en La Tertulia Jurídica fue valorada como un importante aporte académico para estudiantes, profesionales del Derecho, jueces y ciudadanía interesada en la evolución del Derecho Penal corporativo en Ecuador y Latinoamérica.
La Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado sentenció a siete años de prisión a Cergio Ayuy, exalcalde del cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, al encontrarlo culpable del delito de enriquecimiento ilícito en calidad de autor directo. La decisión fue notificada la tarde de este viernes 3 de julio de 2026.
Asimismo, deberá pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados, fijada en USD 6.800, de acuerdo con el salario básico vigente en 2014.
Fiscalía sostuvo que existió un incremento patrimonial injustificado
De acuerdo con la acusación, el entonces alcalde presentó al inicio de su administración, el 14 de mayo de 2014, una declaración patrimonial juramentada en la que reportó bienes por USD 18.900.
Sin embargo, durante el ejercicio de sus funciones no presentó las declaraciones patrimoniales periódicas exigidas por la normativa, ni tampoco las correspondientes al cierre de sus administraciones en 2016 y 2019.
Tras el análisis financiero, el Ministerio Público concluyó que el incremento patrimonial sin justificación ascendió a USD 312.958.
Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó testimonios de auditores de la Contraloría General del Estado, funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), personal de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y peritos que participaron en la pericia contable y en el reconocimiento del lugar de los hechos.
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