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Nacionales

El FMI sugiere a Ecuador profundizar reformas económicas

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó este lunes 4 de diciembre de 2023 que Ecuador debe profundizar sus reformas económicas para garantizar su sostenibilidad fiscal y mejorar su acceso a los mercados de deuda, en un momento en el que el país andino prevé cerrar 2023 con un déficit del 5 % y una prima de riesgo que ronda los 2.000 puntos.

En un comunicado tras hacer la evaluación a posteriori del programa crediticio de 6.500 millones de dólares implementado con Ecuador entre septiembre de 2020 y diciembre de 2022, el FMI consideró que esta financiación permitió al país restaurar la estabilidad macroeconómica tras la recesión producto del covid-19.

También permitió “satisfacer las crecientes necesidades de financiamiento, especialmente el gasto en salud y protección social” en medio de la emergencia sanitaria, reestructurar la deuda, “fortalecer la capacidad en áreas críticas, especialmente la contabilidad fiscal”, y reforzar las reservas fiscales, gracias a los mayores precios del petróleo y la restricción del gasto que imponía el programa.

“Sin embargo, el acceso a los mercados (de deuda) no se ha restablecido debido a la incertidumbre política y a las grandes vulnerabilidades fiscales que persisten, incluida la fuerte dependencia de los ingresos públicos de los precios volátiles del petróleo”, señaló el FMI en su reporte.

“Será necesario revitalizar los esfuerzos de reforma para garantizar la sostenibilidad fiscal y restablecer el acceso a los mercados”, apostilló.

Crítica a subsidios a combustibles y rediseño de reforma tributaria

Para el FMI, entre las causas de que persistan estas vulnerabilidades está la suspensión de la progresiva disminución de los subsidios a los combustibles, congelados en junio de 2022 después de que esta fuera una de las causas de unas fuertes protestas lideradas por el movimiento indígena que dejaron siete muertos, entre ellos un militar.

Otro de los motivos que según el FMI impidieron un mejor resultado del programa crediticio fue el rediseño de la reforma tributaria.

Este programa, que se inició bajo el mandato presidencial de Lenín Moreno (2017-2021) y que culminó la administración del presidente Guillermo Lasso (2021-2023), fue el primero que Ecuador pudo completar en más de veinte años.

La institución financiera internacional valoró que “la mayor parte de las condicionalidades del programa finalmente se implementaron, a pesar de algunos retrasos en las reformas fiscales y estructurales”, si bien hay algunos requisitos todavía pendientes como las auditorías a la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador.

“El programa catalizó el financiamiento de otras instituciones financieras internacionales y una reestructuración exitosa de la deuda, lo cual fue fundamental para su éxito”, señaló el FMI.

Mensaje para nuevo Gobierno

Durante los 27 meses que duró el programa crediticio, “las reformas estructurales fiscales renovaron integralmente el marco fiscal de Ecuador, aunque su implementación exitosa dependerá de la creación y retención de capacidad institucional”, apuntó el FMI como mensaje al nuevo Gobierno que entró en funciones en diciembre, liderado por el presidente Daniel Noboa.

Asimismo, el organismo internacional destacó las “enmiendas al código monetario y financiero que ayudaron a fortalecer la independencia del Banco Central y el régimen de dolarización”.

La junta directiva reconoció que “el programa se implementó en un entorno político fragmentado” y que eso, en parte hizo que “la evaluación de algunos criterios, particularmente con respecto al acceso al mercado y la capacidad de implementación, se volvió cada vez más difícil a medida que avanzaba el programa”.

Ministro habla de “grave situación”

La pasada semana, el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, , se refirió a la “grave situación económica”, con un déficit fiscal proyectado para el cierre 2023 superior a los 5.000 millones de dólares (unos 4.562 millones de euros), es decir, el 5 % del PIB (producto interior bruto) de Ecuador.

Asimismo, señaló que el total de la deuda estatal es de 63.000 millones de dólares, entre la deuda interna y la externa, lo que equivale al 54,7 % del PIB.

Noboa señaló el pasado 5 de noviembre que, si su Gobierno no tiene la capacidad económica para implementar reformas, el país puede entrar en ‘default’ (suspensión de pagos) en 2026 o 2027.

Por ello envío a la Asamblea Nacional (Parlamento) con clasificación de urgencia un proyecto de reforma tributaria que busca dar incentivos fiscales a la creación de empleo, entre otras medidas, con el objetivo de dar alicientes al crecimiento económico. EFE (I)

El Mercurio

Nacionales

Destituyen a conjuez David Jacho de la Corte Nacional por presunto acoso sexual; su caso va a Fiscalía

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El conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), David Jacho, fue destituido de su cargo este viernes 7 de noviembre, tras ser señalado por presunto acoso sexual en contra de una empleada que laboraba en la entidad.

La decisión fue adoptada de manera unánime por el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), luego de conocer un informe del caso. Además, el organismo anunció que el hecho será remitido a la Fiscalía General del Estado para las acciones penales correspondientes.

Jacho integraba la Sala de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la CNJ. También formó parte del tribunal que ratificó la sentencia por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, que condenó al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas a ocho años de prisión.

Denuncia de acoso sexual contra David Jacho

El caso de acoso sexual salió a la luz el pasado 2 de julio, cuando una funcionaria presentó su renuncia al cargo de asistente administrativa en la Corte Nacional de Justicia. En el documento de dimisión, la mujer denunció haber sido víctima de acoso por parte de su jefe inmediato, es decir, el magistrado sancionado.

Tras conocer estos hechos se inició una investigación y el 21 de julio pasado, el juzgador fue suspendido en sus funciones, durante tres meses y sin sueldo. Posteriormente, el 11 de septiembre se inició un sumario disciplinario en su contra.

«Cabe señalar que el 16 de octubre de 2025, en aplicación de la Resolución N.° 112-2023, que regula el «Procedimiento de cesación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia”, se conformó una veeduría técnico-jurídica integrada por profesionales del Derecho de reconocida probidad, ética y trayectoria», detalló la Judicatura.

La veeduría elaboró un informe y concluyó que, en el procedimiento administrativo instaurado en contra del magistrado, se respetó el debido proceso y que no existieron vicios en el procedimiento administrativo. Según la Judicatura, el conjuez tuvo la posibilidad de ejercer su defensa.

Adicionalmente, en el documento se indicó que el conjuez ejerció su derecho a conocer los datos del expediente, los hechos que se le imputaban, la infracción que pudo haber cometido y la sanción que se le podía imponer. Esto, con el objetivo de que pueda defenderse y formular las impugnaciones y alegatos que crea necesarios.

Las investigaciones determinaron que el funcionario mantenía una relación laboral de jerarquía con la víctima y compartían espacios comunes.

De las versiones recogidas en el informe, se determinó que la afectada informó sobre la situación de violencia sexual de la que era objeto, intercambiando incluso mensajes de auxilio con su compañero de trabajo.

Tras notificar la destitución del conjuez, el CJ enfatizó que esta decisión «ratifica su compromiso de garantizar un entorno laboral libre de acoso sexual y de promover un ambiente institucional sano, ético y respetuoso para todas y todos los servidores judiciales». Fuente: Vistazo

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Ecuacorriente s.a. alerta sobre falsas ofertas laborales

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EcuaCorriente S.A.,(ECSA), operadora de la mina Mirador, informa a la ciudadanía que personas inescrupulosas, cuya identidad se desconoce, están realizando ofertas de empleo falsas utilizando de manera indebida el nombre de la compañía. Estas acciones se han difundido a través de correos electrónicos fraudulentos (como seleccion@ecucorriente.com), llamadas telefónicas y una página de Facebook no oficial como: https://www.facebook.com/profile.php?id=61583054526078

El propósito de estos actos es engañar y estafar a personas en búsqueda de oportunidades laborales.  Recordamos a la ciudadanía que EcuaCorriente S.A. no solicita pagos, depósitos ni información personal. Todos los procesos de selección se realizan únicamente a través de medios institucionales y confiables, como:

 

 

EcuaCorriente S.A. rechaza enérgicamente este tipo de acciones ilícitas y exhorta a la ciudadanía a reportar la página de Facebook mencionada, así como cualquier comunicación que no provenga de los canales oficiales de la empresa.

Asimismo, invitamos a quienes hayan sido víctimas de estas estafas a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.

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Internacionales

Redes familiares, empresas y policías investigados por el oro ilegal en San Ignacio – Perú

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San Ignacio, Cajamarca — 7 de noviembre de 2025.

El silencio de las montañas de San Ignacio fue roto por el ruido metálico de las retroexcavadoras y el murmullo constante del río Chinchipe. En esta frontera donde Perú se encuentra con Ecuador, un reciente reportaje del portal de investigación Ojo Público ha destapado una compleja red dedicada a la minería ilegal de oro. Detrás de este circuito —que abarca desde la extracción hasta la comercialización del mineral— se entretejen vínculos familiares, empresariales y policiales, según el informe firmado por el periodista Aaron Wörz.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de San Ignacio investiga actualmente a 22 personas por los presuntos delitos de minería ilegal y lavado de activos. Entre los implicados figuran los suboficiales de la Policía Nacional del Perú Edinson V. E. y José G. V. señalados por brindar protección a mineros ilegales en los distritos de Namballe, Chirinos y Tabaconas, una zona de difícil acceso donde el oro fluye con más libertad que la justicia.

El informe también apunta hacia el clan Sánchez Chanta, liderado por Segundo S. Ch. acusado de instalar campamentos auríferos y plantas de procesamiento en el caserío El Tambo (Namballe). Desde los días más duros de la pandemia, esta familia habría levantado un emporio clandestino a costa de los ríos, los bosques y la tranquilidad de las comunidades.

Empresas fachada y lavado de oro

La ruta del oro no termina en las montañas. Según la investigación, la empresa Amazónica Pelé & Venus E.I.R.L., con sede en Trujillo y dirigida por Grettel Pelé León, figura como pieza clave en la comercialización del oro sin trazabilidad ni respaldo legal, lo que para la Fiscalía constituye un mecanismo de blanqueo de capitales provenientes de la minería ilegal.

Los registros oficiales son contundentes: el 80% de las concesiones mineras en San Ignacio se superponen al cauce del río Chinchipe, y de las 139 concesiones existentes, apenas 14 han sido formalizadas. El resto opera en la sombra, bajo la mirada cómplice o indiferente de quienes deberían controlar.

La expansión de esta actividad ilícita ha desplazado a cientos de trabajadores del sector cafetalero, motor económico de la provincia. Muchos agricultores, tentados por el dinero rápido, abandonaron sus cultivos para ganar hasta S/150 diarios, el doble de lo que ofrece el café. Así, el aroma del oro ha sustituido al del grano tostado, y el verde de las montañas empieza a teñirse de barro y combustible.

Una frontera sin control

El reportaje también advierte la presencia de ciudadanos ecuatorianos que cruzan la frontera para operar maquinaria pesada o adquirir oro. Las débiles medidas de control estatal y la presunta complicidad de ciertos agentes del orden permiten que la minería ilegal avance impunemente, corroyendo tanto los ecosistemas como las instituciones.

“El oro ilegal en San Ignacio se sostiene por la protección policial, las redes familiares y las empresas que lavan el mineral”, concluye el informe de Ojo Público (02/11/2025).

Fuente: Noticias del Diario Ahora Jaén

Preocupación en Zamora Chinchipe

Mientras en el lado peruano la Fiscalía y la Policía Ambiental intensifican los operativos, en el margen ecuatoriano —especialmente en los cantones Chinchipe, Palanda, Zamora y Yantzaza— crece la inquietud ciudadana. Los habitantes se preguntan por qué en Perú se actúa con firmeza contra la minería ilegal, mientras en Zamora Chinchipe las máquinas vuelven a aparecer en las noches, a la vista de todos, sin que las autoridades intervengan.

El oro, que alguna vez simbolizó riqueza y esperanza, hoy refleja la corrupción, el silencio y la indiferencia de un sistema que mira hacia otro lado. En la frontera del Chinchipe, el brillo del metal sigue ganando terreno sobre el verde del bosque, y la pregunta persiste: ¿hasta cuándo?

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