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El FMI sugiere a Ecuador profundizar reformas económicas

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó este lunes 4 de diciembre de 2023 que Ecuador debe profundizar sus reformas económicas para garantizar su sostenibilidad fiscal y mejorar su acceso a los mercados de deuda, en un momento en el que el país andino prevé cerrar 2023 con un déficit del 5 % y una prima de riesgo que ronda los 2.000 puntos.

En un comunicado tras hacer la evaluación a posteriori del programa crediticio de 6.500 millones de dólares implementado con Ecuador entre septiembre de 2020 y diciembre de 2022, el FMI consideró que esta financiación permitió al país restaurar la estabilidad macroeconómica tras la recesión producto del covid-19.

También permitió “satisfacer las crecientes necesidades de financiamiento, especialmente el gasto en salud y protección social” en medio de la emergencia sanitaria, reestructurar la deuda, “fortalecer la capacidad en áreas críticas, especialmente la contabilidad fiscal”, y reforzar las reservas fiscales, gracias a los mayores precios del petróleo y la restricción del gasto que imponía el programa.

“Sin embargo, el acceso a los mercados (de deuda) no se ha restablecido debido a la incertidumbre política y a las grandes vulnerabilidades fiscales que persisten, incluida la fuerte dependencia de los ingresos públicos de los precios volátiles del petróleo”, señaló el FMI en su reporte.

“Será necesario revitalizar los esfuerzos de reforma para garantizar la sostenibilidad fiscal y restablecer el acceso a los mercados”, apostilló.

Crítica a subsidios a combustibles y rediseño de reforma tributaria

Para el FMI, entre las causas de que persistan estas vulnerabilidades está la suspensión de la progresiva disminución de los subsidios a los combustibles, congelados en junio de 2022 después de que esta fuera una de las causas de unas fuertes protestas lideradas por el movimiento indígena que dejaron siete muertos, entre ellos un militar.

Otro de los motivos que según el FMI impidieron un mejor resultado del programa crediticio fue el rediseño de la reforma tributaria.

Este programa, que se inició bajo el mandato presidencial de Lenín Moreno (2017-2021) y que culminó la administración del presidente Guillermo Lasso (2021-2023), fue el primero que Ecuador pudo completar en más de veinte años.

La institución financiera internacional valoró que “la mayor parte de las condicionalidades del programa finalmente se implementaron, a pesar de algunos retrasos en las reformas fiscales y estructurales”, si bien hay algunos requisitos todavía pendientes como las auditorías a la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador.

“El programa catalizó el financiamiento de otras instituciones financieras internacionales y una reestructuración exitosa de la deuda, lo cual fue fundamental para su éxito”, señaló el FMI.

Mensaje para nuevo Gobierno

Durante los 27 meses que duró el programa crediticio, “las reformas estructurales fiscales renovaron integralmente el marco fiscal de Ecuador, aunque su implementación exitosa dependerá de la creación y retención de capacidad institucional”, apuntó el FMI como mensaje al nuevo Gobierno que entró en funciones en diciembre, liderado por el presidente Daniel Noboa.

Asimismo, el organismo internacional destacó las “enmiendas al código monetario y financiero que ayudaron a fortalecer la independencia del Banco Central y el régimen de dolarización”.

La junta directiva reconoció que “el programa se implementó en un entorno político fragmentado” y que eso, en parte hizo que “la evaluación de algunos criterios, particularmente con respecto al acceso al mercado y la capacidad de implementación, se volvió cada vez más difícil a medida que avanzaba el programa”.

Ministro habla de “grave situación”

La pasada semana, el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, , se refirió a la “grave situación económica”, con un déficit fiscal proyectado para el cierre 2023 superior a los 5.000 millones de dólares (unos 4.562 millones de euros), es decir, el 5 % del PIB (producto interior bruto) de Ecuador.

Asimismo, señaló que el total de la deuda estatal es de 63.000 millones de dólares, entre la deuda interna y la externa, lo que equivale al 54,7 % del PIB.

Noboa señaló el pasado 5 de noviembre que, si su Gobierno no tiene la capacidad económica para implementar reformas, el país puede entrar en ‘default’ (suspensión de pagos) en 2026 o 2027.

Por ello envío a la Asamblea Nacional (Parlamento) con clasificación de urgencia un proyecto de reforma tributaria que busca dar incentivos fiscales a la creación de empleo, entre otras medidas, con el objetivo de dar alicientes al crecimiento económico. EFE (I)

El Mercurio

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Asamblea aprueba por unanimidad ley para fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes

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La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, este miércoles 22 de abril de 2026, el Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, una normativa que busca garantizar el derecho a la salud mental con un enfoque integral, preventivo, educativo y comunitario. La iniciativa fue respaldada por el Pleno como una respuesta frente al aumento de problemas de salud mental que afectan a esta población en el país.

Durante el debate, el ponente del informe, el asambleísta Alejandro Vanegas, señaló que la ley plantea una respuesta técnica y humana ante una situación urgente, marcada por el incremento de casos de depresión, ansiedad, violencia y abandono escolar entre niñas, niños y adolescentes. Según explicó, la propuesta fortalece la corresponsabilidad entre el sistema educativo, el sistema de salud y los gobiernos locales para atender esta problemática de manera articulada.

La normativa introduce reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Salud Mental, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), con el objetivo de coordinar acciones entre distintas instituciones del Estado. Entre sus disposiciones principales está la incorporación obligatoria de la materia “Psicoeducación” en la malla curricular de las unidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales.

 

De acuerdo con el texto aprobado, esta asignatura estará orientada al fortalecimiento de habilidades psicosociales, la resiliencia emocional, la convivencia pacífica y la detección temprana de señales de alerta en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. La ley también ordena la implementación de programas de promoción y prevención con enfoque intercultural, territorial y de género, adaptados a las realidades de pueblos y nacionalidades.

Además, la norma impulsa la creación de espacios comunitarios de apoyo psicosocial en el primer nivel de atención del sistema de salud y permite la participación de estudiantes de los últimos semestres de Psicología en actividades de promoción y prevención, siempre bajo supervisión profesional. También establece que las aseguradoras y empresas de medicina prepagada deberán incluir coberturas de salud mental y dispone campañas permanentes para denunciar centros ilegales o prácticas no autorizadas.

Con esta aprobación, la Asamblea da paso a una legislación que busca dejar atrás una visión reactiva de la salud mental y avanzar hacia un modelo de prevención, acompañamiento y atención temprana desde las aulas, las comunidades y los servicios de salud.

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Corte Constitucional aprueba que Noboa elimine al CPCCS vía reférendum

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Tras le último fallo de la Corte Constitucional (CC), el presidente Daniel Noboa ya puede emitir el decreto ejecutivo que convoca a un referéndum para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades y que ésta pase a la Asamblea Nacional.

La CC además, declaró que el mandatario puede continuar con el procedimiento de referéndum conforme a la Constitución y la normativa aplicable. De este modo la pregunta que se le consultará a los ecuatorianos es la siguiente:

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?

La CC se pronunció a través de un auto de verificación el pasado 16 de abril, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció y remitió el proyecto de enmienda que envió Noboa al organismo electoral pese a que debía enviarlo a la Corte Constitucional.

Asimismo, la Corte Constitucional recordó al presidente Daniel Noboa y al CNE que sus decisiones deben ser cumplidas en los términos fijados en sus resoluciones, por lo que deberán observar estrictamente las formas y condiciones establecidas en el dictamen.

Según fuentes de Carondelet, se espera que la pregunta de enmienda constitucional pueda ser incluida en una papeleta adicional en las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. (I)

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Ministro del Interior, John Reimberg, anuncia que la nueva cárcel estará lista en 15 o 18 meses

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El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la construcción de una nueva cárcel, con capacidad para 15.120 personas, tardará entre 15 y 18 meses.

La cárcel tendrá más de 100 mil metros cuadrados. Allí habrá pabellones para grupos criminales y zonas para el sistema médico. «Será una cárcel que contará con todo para que no exista la necesidad de que tengan que salir a diversas citas médicas en otros lugares», dijo Reimberg este miércoles 22 de abril de 2026 en Teleamazonas.

Para él, lo más importante es tener el nivel de seguridad necesaria para «incomunicar a estos criminales de sus grupos o estructuras criminales».

«El proyecto carcelario es muy importante. La cárcel del Encuentro ha dado resultados muy positivos. Yo necesito esa cárcel (la nueva) que es para 15 mil personas, que aún así no será suficiente, pero necesito dar ese paso importante»,

Según él, hay que seguir trabajando en el sistema carcelario para romper esa estructura de que alguna cárcel pertenezca a cierto grupo delincuencial.

«La idea es que estén mezclados para debilitar ese poder que anteriores gobiernos les dieron a grupos delincuenciales, al otorgarles cárceles que sean controladas y manejadas», agregó.

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