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El FMI sugiere a Ecuador profundizar reformas económicas

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó este lunes 4 de diciembre de 2023 que Ecuador debe profundizar sus reformas económicas para garantizar su sostenibilidad fiscal y mejorar su acceso a los mercados de deuda, en un momento en el que el país andino prevé cerrar 2023 con un déficit del 5 % y una prima de riesgo que ronda los 2.000 puntos.

En un comunicado tras hacer la evaluación a posteriori del programa crediticio de 6.500 millones de dólares implementado con Ecuador entre septiembre de 2020 y diciembre de 2022, el FMI consideró que esta financiación permitió al país restaurar la estabilidad macroeconómica tras la recesión producto del covid-19.

También permitió “satisfacer las crecientes necesidades de financiamiento, especialmente el gasto en salud y protección social” en medio de la emergencia sanitaria, reestructurar la deuda, “fortalecer la capacidad en áreas críticas, especialmente la contabilidad fiscal”, y reforzar las reservas fiscales, gracias a los mayores precios del petróleo y la restricción del gasto que imponía el programa.

“Sin embargo, el acceso a los mercados (de deuda) no se ha restablecido debido a la incertidumbre política y a las grandes vulnerabilidades fiscales que persisten, incluida la fuerte dependencia de los ingresos públicos de los precios volátiles del petróleo”, señaló el FMI en su reporte.

“Será necesario revitalizar los esfuerzos de reforma para garantizar la sostenibilidad fiscal y restablecer el acceso a los mercados”, apostilló.

Crítica a subsidios a combustibles y rediseño de reforma tributaria

Para el FMI, entre las causas de que persistan estas vulnerabilidades está la suspensión de la progresiva disminución de los subsidios a los combustibles, congelados en junio de 2022 después de que esta fuera una de las causas de unas fuertes protestas lideradas por el movimiento indígena que dejaron siete muertos, entre ellos un militar.

Otro de los motivos que según el FMI impidieron un mejor resultado del programa crediticio fue el rediseño de la reforma tributaria.

Este programa, que se inició bajo el mandato presidencial de Lenín Moreno (2017-2021) y que culminó la administración del presidente Guillermo Lasso (2021-2023), fue el primero que Ecuador pudo completar en más de veinte años.

La institución financiera internacional valoró que “la mayor parte de las condicionalidades del programa finalmente se implementaron, a pesar de algunos retrasos en las reformas fiscales y estructurales”, si bien hay algunos requisitos todavía pendientes como las auditorías a la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador.

“El programa catalizó el financiamiento de otras instituciones financieras internacionales y una reestructuración exitosa de la deuda, lo cual fue fundamental para su éxito”, señaló el FMI.

Mensaje para nuevo Gobierno

Durante los 27 meses que duró el programa crediticio, “las reformas estructurales fiscales renovaron integralmente el marco fiscal de Ecuador, aunque su implementación exitosa dependerá de la creación y retención de capacidad institucional”, apuntó el FMI como mensaje al nuevo Gobierno que entró en funciones en diciembre, liderado por el presidente Daniel Noboa.

Asimismo, el organismo internacional destacó las “enmiendas al código monetario y financiero que ayudaron a fortalecer la independencia del Banco Central y el régimen de dolarización”.

La junta directiva reconoció que “el programa se implementó en un entorno político fragmentado” y que eso, en parte hizo que “la evaluación de algunos criterios, particularmente con respecto al acceso al mercado y la capacidad de implementación, se volvió cada vez más difícil a medida que avanzaba el programa”.

Ministro habla de “grave situación”

La pasada semana, el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, , se refirió a la “grave situación económica”, con un déficit fiscal proyectado para el cierre 2023 superior a los 5.000 millones de dólares (unos 4.562 millones de euros), es decir, el 5 % del PIB (producto interior bruto) de Ecuador.

Asimismo, señaló que el total de la deuda estatal es de 63.000 millones de dólares, entre la deuda interna y la externa, lo que equivale al 54,7 % del PIB.

Noboa señaló el pasado 5 de noviembre que, si su Gobierno no tiene la capacidad económica para implementar reformas, el país puede entrar en ‘default’ (suspensión de pagos) en 2026 o 2027.

Por ello envío a la Asamblea Nacional (Parlamento) con clasificación de urgencia un proyecto de reforma tributaria que busca dar incentivos fiscales a la creación de empleo, entre otras medidas, con el objetivo de dar alicientes al crecimiento económico. EFE (I)

El Mercurio

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¿Se borran las deudas después de 2 años? Esto cambia en el buró de crédito

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Los reportes del buró de crédito en Ecuador tendrán un cambio importante. A partir de una nueva regulación, las personas que consulten su historial crediticio encontrarán información correspondiente únicamente a los dos años anteriores a la fecha en que se genere el documento.

La modificación consta en la Resolución JPRFM-2026-033-F, emitida el 20 de agosto de 2026 por la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM).

La reforma establece nuevas reglas para el manejo del Registro de Datos Crediticios y de los burós de información crediticia.

La clave está en diferenciar registro y reporte

Uno de los puntos que puede generar confusión es que dos años no significa que la información desaparecerá del sistema después de ese tiempo.

La normativa establece que los datos de riesgo crediticio podrán mantenerse registrados durante un máximo de cuatro años, contados desde la última fecha de vigencia de la operación.

Pero cuando una persona solicite su reporte crediticio, el documento deberá considerar solamente las operaciones correspondientes a los dos últimos años.

Esto incluye obligaciones vigentes, vencidas o canceladas dentro de ese período.

La disposición se aplica tanto a los reportes elaborados por los burós privados como a los generados a partir del Registro de Datos Crediticios.

¿Una deuda se borra después de dos años?

No necesariamente.

El nuevo límite de dos años establece qué información puede aparecer en el reporte, pero no implica que una obligación pendiente quede eliminada.

Si una persona mantiene una deuda vigente, esta no desaparece por el simple paso de 24 meses. La reforma tampoco establece una condonación de obligaciones.

En cambio, la información podrá permanecer en el Registro de Datos Crediticios durante un máximo de cuatro años. Después de ese plazo podrá ser eliminada de la base de datos en línea, aunque podría conservarse por otros medios cuando corresponda.

Nuevos datos podrán ser considerados

La reforma también abre la puerta a que el análisis crediticio incorpore información proveniente de otras fuentes.

Entre los sectores que aportan información se encuentran las instituciones financieras públicas y privadas, el sector financiero popular y solidario, participantes del mercado de valores, empresas comerciales, aseguradoras y compañías de telecomunicaciones.

Además, podrán utilizarse fuentes complementarias, como información relacionada con el pago de servicios básicos y tributos.

Para que estos datos sean considerados deberán estar vinculados con aspectos crediticios, como el cumplimiento de obligaciones, el comportamiento de pago o la capacidad de endeudamiento.

¿Qué significa para quienes tienen deudas?

El principal cambio para los usuarios será que, al obtener su reporte, no se mostrará información crediticia de más de dos años, aunque determinados registros permanezcan almacenados durante un período mayor.

Por ello, la nueva normativa no borra deudas ni elimina automáticamente un historial negativo. Lo que modifica es el período de información que los reportes pueden mostrar al momento de evaluar el comportamiento financiero de una persona.

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Inutilizan pista clandestina de 1.500 metros en Colimes que habría sido usada para vuelos vinculados al narcotráfico

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La Policía Nacional, con apoyo de personal especializado de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), inutilizó una pista clandestina localizada en el sector El Cacao, en el cantón Colimes (Guayas), que presuntamente podía ser utilizada para operaciones relacionadas con el transporte aéreo de drogas.

La intervención se realizó el 21 de agosto de 2026, luego de un proceso de inteligencia que permitió determinar la ubicación y las dimensiones de la infraestructura.

Según la información proporcionada por las autoridades, la pista tenía aproximadamente 1.500 metros de longitud y 15 metros de ancho, características que permitían el aterrizaje de aeronaves.

El hallazgo fue posible gracias a las labores desarrolladas por el Grupo de Operaciones de Inteligencia Aérea, que identificó la infraestructura y posteriormente confirmó sus características.

Una vez establecida su ubicación, equipos de la Policía y la FAE ejecutaron acciones para impedir que volviera a ser utilizada.

Para ello se realizaron detonaciones controladas y se colocaron montículos de tierra aproximadamente cada 200 metros a lo largo de la pista.

Con estas intervenciones, la superficie quedó interrumpida y perdió las condiciones necesarias para permitir el aterrizaje o despegue de aeronaves.

Auge del narcotráfico en Ecuador

Las autoridades presumen que la infraestructura podía estar relacionada con actividades de organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

La Policía señaló que este tipo de intervenciones forman parte de las operaciones permanentes destinadas a detectar y neutralizar infraestructura que pueda ser aprovechada por estructuras criminales.

Ecuador se ha convertido en los últimos años en uno de los principales puntos de tránsito internacional de droga, afectado por su ubicación entre Colombia y Perú, la actividad de sus puertos y la economía dolarizada.

Desde 2021, el país registra decomisos anuales cercanos a las 200 toneladas de droga y en 2024 alcanzó cifras cercanas a las 300 toneladas incautadas. Fuente: Vistazo
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Caso «La Reina»: Fiscalía pone bajo la lupa movimientos financieros de funcionaria de Aquiles Alvarez

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La Fiscalía General del Estado investiga un presunto entramado familiar de lavado de activos en el denominado Caso ‘La Reina’, una causa que involucra a los hermanos David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B., quienes permanecen en prisión preventiva.

La investigación se inició a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). El análisis comprende movimientos registrados entre 2020 y marzo de 2026 y también incluye a Navila D. B., hermana de los dos procesados.

Según la información expuesta por Fiscalía, durante ese periodo se identificó el ingreso de USD 1.293.016,29 al Sistema Financiero Nacional, además de USD 683.894,42 correspondientes a movimientos entre cuentas.

El Ministerio Público busca determinar el origen y destino de esos recursos y establecer si fueron incorporados al sistema financiero mediante operaciones destinadas a ocultar su procedencia.

Una brecha entre lo declarado y lo registrado en cuentas

Uno de los elementos que analiza la investigación es la diferencia entre los ingresos reportados ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) y los valores registrados en cuentas del Sistema Financiero Nacional.

Los datos analizados muestran que la brecha comenzó a ampliarse especialmente desde 2022. Ese año, los ingresos declarados ante el SRI sumaron USD 33.039, mientras que los movimientos registrados como ingresos en el sistema financiero alcanzaron USD 376.525.

En 2023 se registró la diferencia más significativa de la serie analizada: frente a USD 40.488 declarados al SRI, las cuentas registraron ingresos por USD 440.781.

Aunque los valores disminuyeron posteriormente, la diferencia se mantuvo. En 2024 fueron USD 51.922 declarados frente a USD 182.267 registrados en el sistema financiero; mientras que en 2025 la relación fue de USD 30.071 frente a USD 224.853.

Fiscalía analiza estas diferencias como parte de los elementos destinados a determinar si existieron recursos cuyo origen no habría sido justificado adecuadamente.

El vínculo con el Municipio de Guayaquil

La investigación también pone atención en la actividad de Navila D. B., quien ingresó al Municipio de Guayaquil en 2023, luego de la creación de la Dirección de Eventos Especiales, dependencia en la que habría trabajado.

A partir de ese periodo, según el análisis financiero incorporado a la causa, se observa un incremento en los movimientos económicos relacionados con los tres hermanos.

Fiscalía investiga además un presunto flujo de recursos que habría llegado a Navila D. B. a través de Ternape Petroleum S. A., empresa que estaría relacionada con Aquiles A. H., de acuerdo con los elementos expuestos en la investigación.

Los hermanos David y Farid D. B., por su parte, son señalados como personas que habrían movilizado e inyectado recursos cuya procedencia es actualmente objeto de investigación.

Además del presunto lavado de activos, el Ministerio Público analiza posibles elementos relacionados con defraudación tributaria enriquecimiento ilícito.

Órdenes de prisión

El caso tomó un nuevo impulso el 5 de agosto de 2026, cuando Fiscalía ejecutó órdenes de detención con fines de formulación de cargos, además de varios allanamientos, incautaciones y retenciones de vehículos.

Durante ese operativo, Navila D. B. no fue localizada.

En cambio, David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B. fueron detenidos y posteriormente llevados ante la justicia. En la audiencia correspondiente, un juez dictó prisión preventiva para ambos mientras avanza la investigación.

La Fiscalía deberá continuar determinando el origen de los más de USD 1,2 millones identificados en el sistema financiero, así como la posible relación entre los movimientos económicos, las actividades empresariales y los vínculos investigados alrededor del Municipio de Guayaquil. Fuente: Vistazo
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