Opinión
El Estado que pudo ser

En el convulso escenario político del Ecuador de los años treinta del siglo pasado, la historia de la administración pública —que he abordado en distintos momentos en esta columna— vivió un episodio tan breve como significativo bajo el liderazgo de Alberto Enríquez Gallo. Tras la caída de la dictadura de Federico Páez en 1937, Enríquez emprendió una serie de reformas que, lejos de responder a los intereses de las élites tradicionales, buscaron delinear un Estado moderno, incluyente y con una autonomía relativa frente a las fracciones dominantes y al capital extranjero.
Su proyecto gubernamental rompió con la lógica oligárquica predominante, apostando por una administración pública orientada a los intereses nacionales. Las reformas impulsadas, como el Código del Trabajo, la Ley de Educación y el Estatuto Jurídico de las Comunidades Indígenas, entre otras, fueron expresión de una nueva racionalidad estatal que buscaba articular derechos sociales, democratización institucional y soberanía económica.
Desde una mirada histórica, la breve administración de Enríquez Gallo representó un intento concreto por construir un Estado benefactor y garante de derechos, con una administración pública orientada a la redistribución y a la modernización institucional. Frente a la corrupción legalizada mediante contratos lesivos con compañías extranjeras —defendidos incluso por influyentes abogados y políticos de la época— emergió una visión de Estado capaz de regular la economía, ordenar lo público y canalizar las demandas sociales.
Este ciclo de reformas se inscribe en la accidentada trayectoria de la administración pública latinoamericana: avances truncos, modernizaciones precarias y contradicciones persistentes entre una visión nacional del desarrollo y una lógica de subordinación a intereses globales. La historia de Enríquez revela una tensión estructural: la dificultad para consolidar un proyecto estatal sostenible ante el choque entre los ideales de equidad y los intereses dominantes.
Casi un siglo después, en medio de nuevas crisis, mirar este episodio no constituye un ejercicio de nostalgia, sino de memoria activa. Pensar el futuro de nuestras administraciones públicas exige aprender de aquellos momentos en que el Estado intentó ser algo más que un aparato al servicio del poder: una herramienta para el bienestar colectivo y la justicia social. Esa experiencia histórica ofrece lecciones valiosas a las que nuestros gobernantes deben remitirse con responsabilidad y visión de país. Fuente: El Telégrafo
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Un buen padre deja huellas, no cicatrices

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La nueva regulación del consumo de drogas y su impacto en la sociedad ecuatoriana

El 7 de junio de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una reforma integral que busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Esta ley introduce cambios significativos en la regulación del consumo de drogas, reemplazando la anterior «Tabla de Drogas» por un sistema más técnico y contextualizado.
La Tabla de Umbrales de Consumo, también conocida como «Tabla de Drogas» establecida en 2013 por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), fijaba cantidades máximas de diversas sustancias que una persona podía portar para que se considerara consumo personal y no tráfico ilícito. Sin embargo, en noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa derogó esta tabla mediante el Decreto Ejecutivo N.º 28, argumentando que facilitaba el microtráfico al permitir que se encubriera como consumo personal el tráfico de pequeñas cantidades. Esta eliminación dejó un vacío legal que fue parcialmente cubierto por una resolución de la Corte Nacional de Justicia número 14-2023, instruyendo a jueces y fiscales a evaluar caso por caso, basándose en análisis meticuloso del caso en concreto.
La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, aprobada el 7 de junio del 2025, reforma el artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para establecer que los parámetros para determinar el consumo personal de drogas serán fijados y actualizados mediante una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. Lo que busca evitar la criminalización de los consumidores y garantizar que no se confundan con traficantes por la sola posesión de una cantidad determinada.
La nueva normativa establece que no se presumirá el consumo de drogas en ningún caso. Por lo tanto, será requisito obligatorio la realización de pericias toxicológicas o psicológicas antes de emitir cualquier decisión o informe legal correspondiente. Lo cual permite una evaluación más justa y precisa de cada situación, diferenciando claramente entre consumo personal y microtráfico.
Aunque la reforma ha sido vista como un avance hacia un trato más justo para los consumidores, algunos expertos en derecho penal han cuestionado la participación de entidades judiciales en la definición de parámetros técnicos sobre adicciones, argumentando que se trata de un tema de salud pública que requiere la intervención de especialistas. Además, la implementación efectiva de estos nuevos criterios dependerá de la capacitación y coordinación entre las instituciones involucradas.
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Aprobación de la ley de solidaridad nacional

Artículo de opinión
Por Lic. Alonzo Cueva |
La ley aprobada el sábado 07 de junio de 2025 por la Asamblea Nacional, es un nuevo intento del gobierno con respaldo mayoritario del legislativo de enfrentar la crisis de inseguridad en Ecuador. Utilizo estos términos, porque en su momento se convocó a consulta popular en la que el SÍ triunfó de manera contundente en preguntas relacionadas con esta problemática. En esta misma línea, la Asamblea Nacional, durante el periodo reciente, con la votación del oficialismo y las habituales abstenciones estratégicas de la supuesta oposición que como ahora, hizo cálculos para facilitar su aprobación, dio luz verde al incremento del IVA del 12% al 15%.
La campaña presidencial del candidato a la reelección, optó por las mismas promesas para asegurar el respaldo ciudadano. Sin embargo, la criminalidad no disminuye; al contrario, crece vertiginosamente. Es imprescindible ajustar ciertas normas, pues, resulta incoherente por ejemplo, que se exponga públicamente al policía que detiene a un individuo en flagrancia, y se proteja celosamente la identidad del detenido, que las pruebas presentadas ante un juez por la parte acusadora, a pesar de la flagrancia del hecho, este las considere insuficientes, limitándose a dictar «medidas sustitutivas» o incluso disponiendo la libertad del acusado, convirtiendo así los tribunales en una especie de puerta giratoria para beneplácito de los infractores, con la inminente revictimización de quienes han sido afectados que muchas veces terminan pagando con su vida la búsqueda de justicia. Está bien fortalecer los marcos legales; pero el problema debe abordárselo desde una perspectiva integral.
Las circunstancias demandan leyes punitivas, pero estas deben ir acompañadas de una purga rigurosa de las instituciones infiltradas por redes criminales. Esta depuración incluye organismos clave como Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía General del Estado, entidad responsable de realizar investigaciones sólidas, todo el sistema carcelario, y por supuesto, la función judicial, para garantizar juicios justos y el estricto cumplimiento de las condenas. En definitiva, debe erradicarse la impunidad.
Es fundamental que el Estado, reconozca la deuda social que a ningún gobierno le importa. Las raíces profundas de la violencia, la inseguridad y el desorden en Ecuador tienen su origen en la falta de tal reconocimiento y atención. Es de ilusos creer que puede lograse la seguridad sin garantizar primero condiciones mínimas de digndad para la población: empleo, educación, salud, apoyo al sector agropecuario, espacios recreativos, acceso a la cultura, servicios básicos, etc. La inseguridad es una consecuencia directa de la pobreza estructural y del abandono estatal hacia los sectores más vulnerables. Esta realidad concreta e innegable, la clase política del país debe abordarla con urgencia.
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