Zamora Chinchipe es una provincia históricamente minera. La minería artesanal y la pequeña minería no son fenómenos recientes, sino actividades que han formado parte de la dinámica económica y social del territorio, generando empleo, dinamizando el comercio local y sosteniendo a cientos de familias. En ese sentido, los pequeños mineros y mineros artesanales tienen derechos constitucionales al trabajo, a la seguridad jurídica y a la regularización de sus actividades dentro del marco legal.
Sin embargo, también debemos recordar que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, y entre esos derechos se encuentran los derechos de la naturaleza, reconocidos expresamente en nuestra Constitución. La explotación de recursos no puede realizarse sin garantizar el respeto a los ecosistemas, al agua, a la biodiversidad y a las decisiones informadas de las comunidades.
El debate actual genera legítima preocupación cuando se plantea la posibilidad de flexibilizar el licenciamiento ambiental, sustituyéndolo por mecanismos menos rigurosos. El licenciamiento ambiental no es un trámite burocrático; es una herramienta técnica que garantiza evaluación, mitigación y control de impactos. Reducirlo podría debilitar la protección ambiental y los derechos colectivos de pueblos y comunidades.
Al mismo tiempo, es necesario señalar que mantener cerrado el catastro minero también afecta a la pequeña minería. La falta de apertura impide la formalización, empuja a muchos trabajadores a la informalidad y termina beneficiando indirectamente a actores de mayor escala que sí cuentan con capacidad de gestión y lobby. Abrir el catastro minero, bajo reglas claras y con estrictos controles ambientales, permitiría ordenar el territorio, formalizar a quienes trabajan históricamente en la actividad y fortalecer la seguridad jurídica.
El desafío no es elegir entre minería o naturaleza. El verdadero desafío es construir un modelo que armonice el derecho al trabajo, el desarrollo económico local y la protección ambiental. Ni el gran extractivismo sin controles, ni la informalidad sin regulación representan soluciones sostenibles.
Por ello, el llamado a la unidad y al debate público es legítimo. La participación ciudadana es un derecho y una responsabilidad. Levantar la voz no significa confrontar, sino exigir que cualquier reforma garantice equilibrio, transparencia y respeto a los derechos constitucionales: de las personas, de las comunidades y de la naturaleza.
Zamora Chinchipe merece decisiones técnicas, participativas y responsables. La historia minera de la provincia debe ser reconocida, pero también debe proyectarse hacia un futuro donde desarrollo y sostenibilidad caminen de la mano.
