Noticias Zamora
El deterioro del transporte público; un problema que empieza en lo simple
Hablar del transporte público en nuestro país se ha vuelto algo tan común. Todos coinciden en que está en crisis; unidades en mal estado, inseguridad, informalidad y falta de control. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a mirar un elemento igual de importante, aunque más sutil, la calidad del servicio humano.
Hoy quiero partir de algo simple, pero que vale la pena analizarlo.
Subirse a un taxi o a un bus urbano debería ser una experiencia básica de convivencia social. Un saludo, por ejemplo, no cuesta nada. Es un acto mínimo de cortesía que demuestre respeto hacia el usuario. Sin embargo, lo que encontramos con frecuencia es todo lo contrario, conductores que no saludan, que no establecen ningún tipo de interacción, que parecen haber normalizado la indiferencia.
Pero el problema no termina ahí. Es cada vez más común observar conductores utilizando el teléfono celular mientras manejan. Una mano en el volante, la otra en el dispositivo. Esto no solo evidencia una falta de profesionalismo, sino que pone en riesgo directo la vida de los pasajeros y de terceros. Lo alarmante es que esta conducta ya no sorprende; se ha vuelto parte del paisaje cotidiano.
En los buses urbanos, la situación no es muy distinta. Conducción agresiva, desatención, falta de trato adecuado al usuario. Parecería que el transporte público ha dejado de entender que presta un servicio esencial, que trabaja con personas, no con objetos.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿dónde está la verdadera deficiencia?
Más allá de las políticas públicas, de la renovación de flotas o de las regulaciones, el problema también radica en la pérdida de estándares básicos de conducta. En la ausencia de una cultura de servicio. En la falta de conciencia de que conducir transporte público no es solo manejar un vehículo, sino asumir una responsabilidad social.
No se trata únicamente de grandes reformas estructurales. A veces, el cambio empieza por lo más sencillo; un saludo, el respeto a las normas de tránsito, la atención al usuario, la responsabilidad al volante.
Porque cuando lo básico falla, todo lo demás también se deteriora.
Noticias Zamora
Habilitan la vía en el sector La Florida en la vía Zumbi-Paquisha, tras varios días de trabajo
Un trabajo coordinado entre operadores de maquinaria, trabajadores e instituciones públicas y privadas permitió avanzar en la limpieza y retiro de material en el sector La Florida, logrando restablecer la movilidad en esta zona.
Desde las 17:00 de este martes 21 de julio, el paso vehicular fue habilitado de manera controlada, permitiendo recuperar la conectividad para los usuarios de esta vía.
Las autoridades exhortan a conducir con precaución debido a las lluvias constantes y posibles riesgos en la carretera. Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante condiciones climáticas adversas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.
Noticias Zamora
CNE conforma Junta Electoral de Zamora Chinchipe para comicios 2027
CNE designa integrantes de la Junta Provincial Electoral de Zamora Chinchipe para las Elecciones Seccionales y del CPCCS 2027
El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante resolución adoptada por unanimidad, designó a las y los integrantes de las Juntas Provinciales Electorales que estarán a cargo de la organización, administración y vigilancia de las actividades correspondientes a las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.
Estas instancias electorales cumplen un rol fundamental dentro del sistema democrático ecuatoriano, al ser responsables de garantizar el adecuado desarrollo de los procesos electorales en cada jurisdicción provincial, bajo principios de transparencia, imparcialidad, legalidad y participación ciudadana.
Para la provincia de Zamora Chinchipe, el CNE designó como integrantes de la Junta Provincial Electoral a:
- Diego Israel Aldean Jaramillo
- Ligia Zoraida Punina Chela
- Efrén Joselito Ruiz Valdivieso
- Mariana del Rocío Seminario Ramón
- Galo Patricio Mena Pérez
Los nuevos integrantes tendrán la responsabilidad de acompañar las diferentes fases del proceso electoral, entre ellas la planificación, coordinación y cumplimiento de las disposiciones establecidas por el organismo electoral nacional, garantizando que las próximas elecciones se desarrollen con apego a la normativa vigente.
La conformación de las Juntas Provinciales Electorales constituye un paso previo dentro de la preparación institucional hacia los comicios de 2027, en los que la ciudadanía ecuatoriana elegirá autoridades seccionales y participará en la renovación de representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Nacionales
Fiscalía investiga un caso con indicios de responsabilidad penal en un GAD de Zamora Chinchipe
Fiscalía reporta 60 informes con indicios de responsabilidad penal en GAD; Asamblea pide transparentar las investigaciones.
La Fiscalía General del Estado informó ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que actualmente investiga 60 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) relacionados con diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, en procesos que incluyen presuntos delitos contra la administración pública y el patrimonio estatal.
Durante su comparecencia, el coordinador general de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General del Estado, Alberto Carrión, detalló la distribución provincial de los informes. Según explicó, Guayas concentra el mayor número con 19 casos, seguido de Santo Domingo de los Tsáchilas con 8, Tungurahua con 6, Cotopaxi y Morona Santiago con 4 cada una, Pastaza con 3, Azuay, Chimborazo y Pichincha con 2 casos cada una; mientras que Cañar, Imbabura, Loja, Manabí, Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe registran un informe cada una.
Carrión precisó que los principales delitos investigados corresponden a peculado, que representa la mayor parte de los casos, además de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, falsificación de firmas y falsificación de instrumentos públicos.
El funcionario señaló que estos informes llegan a la Fiscalía para el desarrollo de las investigaciones penales correspondientes y aclaró que la institución maneja la información oficial relacionada con los IRP que han sido remitidos por los organismos competentes. Asimismo, indicó que desconoce las cifras que actualmente maneja la Contraloría General del Estado respecto a estos procesos, por lo que insistió en que la información proporcionada por la Fiscalía corresponde exclusivamente a los expedientes que constan en esa institución.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, manifestó que durante una comparecencia anterior la Contraloría General del Estado presentó una cifra superior de indicios de responsabilidad penal, situación que, a su criterio, evidencia la necesidad de contrastar la información entre ambas instituciones.
La legisladora señaló que los indicios de responsabilidad penal son un asunto de alta relevancia porque reflejan la posible existencia de perjuicios económicos para el Estado y, por tanto, requieren ser investigados por las autoridades competentes. No obstante, aclaró que la existencia de un IRP no implica automáticamente una sentencia condenatoria, sino el inicio de un proceso de investigación que deberá desarrollarse conforme al debido proceso y a la legislación vigente.
Farinango enfatizó que el objetivo de la fiscalización legislativa no está dirigido contra personas o instituciones específicas, sino a garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la gestión estatal. En ese contexto, sostuvo que corresponde a la Asamblea Nacional verificar que las investigaciones avancen de manera oportuna y que la ciudadanía tenga acceso a información clara sobre el seguimiento de estos casos.
La comparecencia se desarrolló en el marco del trabajo de fiscalización que realiza la Comisión de Régimen Económico, con el propósito de conocer el estado de las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la administración de recursos públicos por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país.
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