Nacionales
El controversial abogado de alias ‘Negro Willy’ y su estrategia para frenar su extradición

Alias ‘Negro Willy’ o ‘Comandante Willy’, acusado del asalto terrorista en el canal TC Televisión y pedido en extradición por Ecuador, es defendido en España por Gonzalo Boye Tuset, un polémico abogado que ha representado desde narcotraficantes hasta políticos. Incluso formó parte del equipo jurídico del exagente de la CIA, Edward Snowden. Pero este jurista no solo ha sido defensor, sino también procesado: fue sentenciado por secuestro y, actualmente, es señalado por el presunto delito de lavado de dinero.
Willian Joffre Alcívar Bautista, el nombre original del líder de la banda delictiva ‘Los Tiguerones’, fue capturado en octubre del 2024 en una zona portuaria de Cataluña, al noreste de España. Con él cayó su hermano Álex Alcívar Bautista, alias ‘Ronco’, segundo al mando de la organización criminal.
Los dos habitaban un lujoso apartamento de la localidad de Tarragona con documentación falsa. Una fuente le dijo a la agencia EFE que “llevaban un ritmo de vida muy elevado” y disponían de autos de alta gama, joyas y ropa de marca.
El abogado del líder criminal, Gonzalo Boye, quien incluso ha llegado a la pantalla con dos películas sobre su vida, solicitó en enero del 2025 la suspensión de la extradición porque argumentaba que no había la suficiente información sobre la identificación del procesado y el traslado del caso de Guayaquil a Quito.
De hecho, pidió al Tribunal español que requiera a la Fiscalía y Defensoría Pública de Ecuador una larga lista de datos. Sin embargo, la Sala determinó que la documentación remitida era suficiente para adoptar una decisión, según se lee en un informe judicial al que accedió Vistazo.
Mientras que en abril se conoció que ‘Negro Willy’ rechazó la extradición y declaró que su vida correría “mucho peligro” pues el Gobierno de su país “no es justo”.

ALEGATOS DEL ABOGADO BOYE
Por su parte, el defensor de ‘Negro Willy’, Gonzalo Boye, quien fue parte de un movimiento izquierdista de España, presentó varios alegatos basados en la violencia que atraviesa el Ecuador, pero sobre todo hizo hincapié en la falta de control de las cárceles con base a un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por ello, el letrado propuso que, en caso de que se pretenda continuar con la entrega, se solicite a las autoridades reclamantes garantías para que la vida de su defendido no corrierra peligro y que estas sean avaladas por la CIDH.
Es así que, a inicios de mayo, el Tribunal condicionó la entrega de ‘Negro Willy’ a que en un plazo de tres meses, las autoridades ecuatorianas presenten garantías de que se han adoptado medidas para proteger la integridad de los reclusos, siguiendo las recomendaciones de la CIDH, y de que la situación en los centros penitenciarios se ha normalizado.
Los jueces manifestaron que no se encontraban “ante alegaciones de meros riesgos genéricos de violación de los derechos humanos del reclamado, sino ante un peligro concreto” que requiere su evitación.
El plazo corre desde la notificación de la resolución, que ya fue enviada a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia de España y al Servicio de Interpol, para su comunicación a las autoridades de Ecuador. Sin embargo, hasta el pasado lunes, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) no había recibido ningún documento.
Mientras tanto, la defensa de ‘Negro Willy’ interpuso un recurso de súplica (apelación) ante el Pleno de la Sala Penal, según informó la Audiencia Nacional de España a Vistazo.
Agregó que Álex Alcívar Bautista, alias ‘Ronco’, “también está reclamado en extradición por Ecuador y próximamente se celebrará una vista (audiencia) para estudiar las alegaciones de las partes antes de decidir sobre su entrega”.

¿QUIÉN ES GONZALO BOYE?
Alias ‘Negro Willy’ es representado por Gonzalo Boye, un abogado, empresario, profesor y editor de origen chileno, que usualmente acapara titulares en España por la amplia gama de casos que tiene a su cargo.
Boye, de 60 años, estudió Ciencias Políticas y Economía en la Universidad alemana de Heidelberg, pero no culminó la carrera y se trasladó a España para formar parte del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En 1992 fue detenido como sospechoso de participar en el secuestro de un empresario, delito en el que estuvo implicado el grupo terrorista ETA.
El entonces economista fue sentenciado a 14 años de prisión. En su tiempo como recluso, estudió Derecho y en el 2000, seis años después de ingresar a la cárcel, fue puesto en libertad.
Desde entonces, ha defendido narcotraficantes, contrabandistas, políticos, periodistas, un rapero y hasta al exagente de la CIA, Edward Snowden y las revelaciones sobre la red de vigilancia mundial.
Entre los casos más recientes de los que forma parte destaca el de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalidad de Cataluña y principal impulsor independentista de esa región española, quien huyó a Bélgica tras un referéndum ilegal por el que lo acusaron de rebelión, sedición y malversación.
Boye también ha sido noticia en estos días en Colombia porque es abogado de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, el zar del contrabando desde hace décadas y escondido en Portugal. Actualmente, es pedido en extradición al igual que el ecuatoriano ‘Negro Willy’.
Según W Radio de Colombia, el jurista consiguió que ‘Papá Pitufo’ saliera en libertad condicional tras ser detenido en Valencia (España) mientras la justicia analizaba el pedido de extradición. Sin embargo, al poco tiempo huyó a Portugal y lo recapturaron en diciembre pasado.
Su regreso a Colombia aún es incierto. De hecho, el propio presidente Gustavo Petro ha hecho gestiones con el mandatario español Pedro Sánchez y con el primer ministro de Portugal Luís Montenegro, pero nada ha funcionado, según indica el portal El Colombiano.

PRESUNTO LAVADO Y PELÍCULAS
El abogado Boye también fue llamado a juicio por presunto blanqueo de dinero (lavado) para José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñaco, un legendario narcotraficante español que seguiría operando desde la cárcel.
La Fiscalía pide casi 10 años de cárcel para el jurista por el delito de blanqueo y otro por falsificación de documentos. El País narra que Boye habría asesorado a la organización del narco para “confeccionar unos contratos de compraventa de unas letras de cambio” con la idea de recuperar 890.000 euros (más de medio millón de dólares), confiscados por la Policía en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas.
El letrado, por su parte, argumenta que todo se trata de una persecución por haber defendido líderes independentistas y que las acusaciones en su contra están basadas en hipótesis especulativas del fiscal.
De hecho, el polémico abogado se autocalifica como víctima de ‘lawfare’. En una columna de opinión para El Nacional escribió que este fenómeno “no se limita a los líderes políticos, sino que también ataca a quienes los defienden”.
Y es que este abogado también ha trabajado para varios medios como El Diario de España. Además, fue cofundador de la revista satírica ‘Mongolia’, también denunciada por portadas ofensivas contra grupos religiosos.
En fin, Gonzalo Boye, el defensor de ‘Negro Willy’, es todo un personaje e incluso tiene dos películas sobre su vida. El tráiler del largometraje denominado ‘Boye’ culmina diciendo: “Este hombre es querido y odiado por algunas de estas razones, pero esto es solo el principio”. Fuente: Vistazo
Nacionales
Ejército Ecuatoriano ejecuta operación contra la minería ilegal en Gualaquiza

En cumplimiento de su misión constitucional y en coordinación con otras instituciones del Estado, el Ejército Ecuatoriano ejecutó operaciones militares de control y neutralización de actividades ilícitas de extracción de minerales en el sector del Río Cuchipamba, jurisdicción del cantón Gualaquiza.
Como resultado de esta intervención, se logró inhabilitar maquinaria y equipos empleados en actividades de minería ilegal, entre ellos:
- Una excavadora sin número de serie.
- Un motor industrial grande de agua, también sin serie identificable.
- Una clasificadora tipo Z.
- Dos cisternas con combustible diésel.
- Diversos utensilios de minería, tales como mangueras, platos de batea y alfombras utilizadas en los procesos de extracción.
Estas acciones se enmarcan en la estrategia nacional de combate a la minería ilegal, una actividad que atenta contra los recursos naturales, el medio ambiente y el orden público. El Ejército Ecuatoriano reafirma su compromiso de trabajar en beneficio de la seguridad de los ecuatorianos, al tiempo que contribuye activamente a la protección de los ecosistemas y a la preservación de los recursos naturales del país.
La Fuerza Terrestre, en articulación con los organismos competentes, continuará ejecutando patrullajes, operativos de control y acciones disuasivas en aquellas zonas donde se identifiquen amenazas a la soberanía ambiental y a la legalidad del uso del suelo.
Estas operaciones forman parte de la política de Estado que promueve el uso responsable de los recursos naturales y el fortalecimiento de la seguridad nacional frente a las actividades ilícitas que afectan a comunidades enteras y al equilibrio ambiental del Ecuador.
Nacionales
Gobernación ejecuta desalojo de la sede de la FICSH en Sucúa

En cumplimiento del marco legal y en ejercicio de sus competencias constitucionales, la Gobernación de Morona Santiago ejecutó en la madrugada de este lunes un operativo de desalojo en la sede de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), ubicada en el cantón Sucúa, la cual permanecía ocupada de manera irregular desde hace varios meses.
La intervención fue liderada por el Intendente General de Policía, abogado Diego Jaramillo, con el respaldo de unidades de la Policía Nacional bajo la coordinación del Subcomandante provincial, coronel Patricio Vargas. El procedimiento contó con la supervisión de un delegado de la Defensoría del Pueblo, quien garantizó que el operativo se desarrollara con apego a los derechos humanos y en estricto respeto al debido proceso.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Gobernación, el objetivo de esta acción fue recuperar el control administrativo y legal del inmueble, restablecer el orden institucional y garantizar la seguridad ciudadana en la zona.
“La Gobernación de Morona Santiago ratifica su compromiso con la legalidad, la convivencia pacífica y el respeto a los marcos institucionales. Este operativo se realizó conforme a lo que dicta la ley y en resguardo de los principios democráticos del Estado ecuatoriano”, afirmó el Intendente Jaramillo al cierre de la diligencia.
El Gobierno Nacional continúa firme en su labor de fortalecer la institucionalidad y velar por la convivencia armónica entre todos los actores sociales, en un ambiente de paz y respeto mutuo.
Nacionales
Comisión de Desarrollo aprobó informe de primer debate de Ley Contra la Economía Criminal

La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional aprobó la noche del martes 27 de mayo el informe para el primer debate del proyecto de Ley Contra la Economía Criminal
Con mayoría oficialista, la votación por el informe contó con el respaldo mayoritario de los seis legisladores de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN). A ellos se sumaron dos legisladores del correísmo y dos abstenciones.
De los cuatro asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC5) que integran la comisión, dos votaron a favor del informe: Sergio Peña y Jesús Arias; los otros dos, Diego Salas y Mabel Méndez se abstuvieron.
El informe aprobado será llevado al Pleno de la Asamblea este viernes 30 de mayo para su primer debate.
El proyecto fue propuesto por el presidente Daniel Noboa para apoyar la lucha del Bloque de Seguridad contra las mafias, el narcotráfico y el terrorismo.
Entre los aspectos del informe para el primer debate destacan el incremento de incentivos tributarios para empresas que donen equipamiento a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas; el incremento de penas en prisión para miembros de organizaciones criminales; la aplicación de la prisión preventiva y reformas a los indultos presidenciales.
Para la elaboración del texto, la Comisión contó con el apoyo de criterios de los representantes de las cámaras de las industrias, la Policía Nacional y dos abogados penalistas.
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