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El controversial abogado de alias ‘Negro Willy’ y su estrategia para frenar su extradición

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Alias ‘Negro Willy’ o ‘Comandante Willy’, acusado del asalto terrorista en el canal TC Televisión y pedido en extradición por Ecuador, es defendido en España por Gonzalo Boye Tuset, un polémico abogado que ha representado desde narcotraficantes hasta políticos. Incluso formó parte del equipo jurídico del exagente de la CIA, Edward Snowden. Pero este jurista no solo ha sido defensor, sino también procesado: fue sentenciado por secuestro y, actualmente, es señalado por el presunto delito de lavado de dinero.

Willian Joffre Alcívar Bautista, el nombre original del líder de la banda delictiva ‘Los Tiguerones’, fue capturado en octubre del 2024 en una zona portuaria de Cataluña, al noreste de España. Con él cayó su hermano Álex Alcívar Bautista, alias ‘Ronco’, segundo al mando de la organización criminal.

Los dos habitaban un lujoso apartamento de la localidad de Tarragona con documentación falsa. Una fuente le dijo a la agencia EFE que “llevaban un ritmo de vida muy elevado” y disponían de autos de alta gama, joyas y ropa de marca.

El abogado del líder criminal, Gonzalo Boye, quien incluso ha llegado a la pantalla con dos películas sobre su vida, solicitó en enero del 2025 la suspensión de la extradición porque argumentaba que no había la suficiente información sobre la identificación del procesado y el traslado del caso de Guayaquil a Quito.

De hecho, pidió al Tribunal español que requiera a la Fiscalía y Defensoría Pública de Ecuador una larga lista de datos. Sin embargo, la Sala determinó que la documentación remitida era suficiente para adoptar una decisión, según se lee en un informe judicial al que accedió Vistazo.

Mientras que en abril se conoció que ‘Negro Willy’ rechazó la extradición y declaró que su vida correría “mucho peligro” pues el Gobierno de su país “no es justo”.

$!Los hermanos Alcívar Bautista vivían en España con todos los lujos.

ALEGATOS DEL ABOGADO BOYE

Por su parte, el defensor de ‘Negro Willy’, Gonzalo Boye, quien fue parte de un movimiento izquierdista de España, presentó varios alegatos basados en la violencia que atraviesa el Ecuador, pero sobre todo hizo hincapié en la falta de control de las cárceles con base a un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El reclamado sería objeto de un tratamiento penitenciario degradante bajo una lógica de culpabilidad anticipada, fuera del marco de la legalidad y sin posibilidad real de reclamar sus derechos”, apuntó Gonzalo Boye, según cita la resolución final del Tribunal.

Por ello, el letrado propuso que, en caso de que se pretenda continuar con la entrega, se solicite a las autoridades reclamantes garantías para que la vida de su defendido no corrierra peligro y que estas sean avaladas por la CIDH.

Es así que, a inicios de mayo, el Tribunal condicionó la entrega de ‘Negro Willy’ a que en un plazo de tres meses, las autoridades ecuatorianas presenten garantías de que se han adoptado medidas para proteger la integridad de los reclusos, siguiendo las recomendaciones de la CIDH, y de que la situación en los centros penitenciarios se ha normalizado.

Los jueces manifestaron que no se encontraban “ante alegaciones de meros riesgos genéricos de violación de los derechos humanos del reclamado, sino ante un peligro concreto” que requiere su evitación.

El plazo corre desde la notificación de la resolución, que ya fue enviada a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia de España y al Servicio de Interpol, para su comunicación a las autoridades de Ecuador. Sin embargo, hasta el pasado lunes, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) no había recibido ningún documento.

Mientras tanto, la defensa de ‘Negro Willy’ interpuso un recurso de súplica (apelación) ante el Pleno de la Sala Penal, según informó la Audiencia Nacional de España a Vistazo.

Agregó que Álex Alcívar Bautista, alias ‘Ronco’, “también está reclamado en extradición por Ecuador y próximamente se celebrará una vista (audiencia) para estudiar las alegaciones de las partes antes de decidir sobre su entrega”.

$!Resolución final del tribunal que conoce el caso de alias 'Negro Willy'.

¿QUIÉN ES GONZALO BOYE?

Alias ‘Negro Willy’ es representado por Gonzalo Boye, un abogado, empresario, profesor y editor de origen chileno, que usualmente acapara titulares en España por la amplia gama de casos que tiene a su cargo.

Boye, de 60 años, estudió Ciencias Políticas y Economía en la Universidad alemana de Heidelberg, pero no culminó la carrera y se trasladó a España para formar parte del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En 1992 fue detenido como sospechoso de participar en el secuestro de un empresario, delito en el que estuvo implicado el grupo terrorista ETA.

El entonces economista fue sentenciado a 14 años de prisión. En su tiempo como recluso, estudió Derecho y en el 2000, seis años después de ingresar a la cárcel, fue puesto en libertad.

Desde entonces, ha defendido narcotraficantes, contrabandistas, políticos, periodistas, un rapero y hasta al exagente de la CIA, Edward Snowden y las revelaciones sobre la red de vigilancia mundial.

Entre los casos más recientes de los que forma parte destaca el de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalidad de Cataluña y principal impulsor independentista de esa región española, quien huyó a Bélgica tras un referéndum ilegal por el que lo acusaron de rebelión, sedición y malversación.

Boye también ha sido noticia en estos días en Colombia porque es abogado de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, el zar del contrabando desde hace décadas y escondido en Portugal. Actualmente, es pedido en extradición al igual que el ecuatoriano ‘Negro Willy’.

Según W Radio de Colombia, el jurista consiguió que ‘Papá Pitufo’ saliera en libertad condicional tras ser detenido en Valencia (España) mientras la justicia analizaba el pedido de extradición. Sin embargo, al poco tiempo huyó a Portugal y lo recapturaron en diciembre pasado.

Su regreso a Colombia aún es incierto. De hecho, el propio presidente Gustavo Petro ha hecho gestiones con el mandatario español Pedro Sánchez y con el primer ministro de Portugal Luís Montenegro, pero nada ha funcionado, según indica el portal El Colombiano.

$!Gonzalo Boye acapara titulares en España.

PRESUNTO LAVADO Y PELÍCULAS

El abogado Boye también fue llamado a juicio por presunto blanqueo de dinero (lavado) para José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñaco, un legendario narcotraficante español que seguiría operando desde la cárcel.

La Fiscalía pide casi 10 años de cárcel para el jurista por el delito de blanqueo y otro por falsificación de documentos. El País narra que Boye habría asesorado a la organización del narco para “confeccionar unos contratos de compraventa de unas letras de cambio” con la idea de recuperar 890.000 euros (más de medio millón de dólares), confiscados por la Policía en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas.

El letrado, por su parte, argumenta que todo se trata de una persecución por haber defendido líderes independentistas y que las acusaciones en su contra están basadas en hipótesis especulativas del fiscal.

De hecho, el polémico abogado se autocalifica como víctima de ‘lawfare’. En una columna de opinión para El Nacional escribió que este fenómeno “no se limita a los líderes políticos, sino que también ataca a quienes los defienden”.

“La estrategia de criminalización en mi contra busca no solo dañarme y destruirme, sino enviar un mensaje a cualquier abogado que se atreva a enfrentarse al Estado: defender el independentismo tiene un precio”, apuntó Boye.

Y es que este abogado también ha trabajado para varios medios como El Diario de España. Además, fue cofundador de la revista satírica ‘Mongolia’, también denunciada por portadas ofensivas contra grupos religiosos.

En fin, Gonzalo Boye, el defensor de ‘Negro Willy’, es todo un personaje e incluso tiene dos películas sobre su vida. El tráiler del largometraje denominado ‘Boye’ culmina diciendo: “Este hombre es querido y odiado por algunas de estas razones, pero esto es solo el principio”. Fuente: Vistazo

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El cacao ecuatoriano arrancó 2026 con sus peores cifras de exportaciones en 22 meses

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El cacao ecuatoriano cerró enero de 2026 con la cifra de exportaciones más baja en 22 meses, debido a la caída que ha tenido el precio de la fruta en el mercado internacional.

Según el Banco Central, el valor de las exportaciones de cacao y elaborados fue de USD 223,5 millones, lo que representa una caída de 57% frente a igual mes de 2025. En volumen, también hubo una caída de 32%.

Ese comportamiento está relacionado con el desplome que ha tenido el precio en el mercado internacional en el último año. Este 13 de marzo de 2026, el precio de la tonelada de cacao, para contratos futuros, cerró en USD 3.336 en el mercado bursátil, según el portal financiero Investing.com.

Si se compara con un año atrás, el precio ha caído en 59%. Y sigue con tendencia a la baja, tomando en cuenta que en los últimos siete días ha disminuido 9%.

Exportaciones no petroleras 
Pese a la caída del cacao, las exportaciones no petroleras de Ecuador siguen con crecimiento. En enero de 2026, cerraron con un monto de USD 2.491 millones, lo que representa un alza de 8,6%. En volumen, tuvieron un mayor impulso, con un incremento de 14,7%.

El camarón se mantiene como el producto líder de las exportaciones del país, con un valor de USD 728,9 millones, en enero de 2026, lo que representa un alza de 22%.

Sin embargo, la minería tuvo el mejor desempeño en enero, con un crecimiento en valor de 77,6%, para un monto de USD 483,6 millones, impulsado por los buenos precios del oro en el mercado internacional. En volumen, también crecieron en 55%.

En Ecuador, hay dos grandes minas a gran escala, en producción: Fruta del Norte, de oro, y Mirador, de cobre; ambas ubicadas en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe.

Con las cifras alcanzadas en enero, la minería sigue superando al banano y plátano, que en el primer mes del año, cerraron con un valor de exportaciones por USD 419,4 millones. No obstante, los envíos de estas frutas tropicales también tuvieron un crecimiento de 18,7% en valor y de 13,6% en volumen.

Exportaciones totales 
Las exportaciones totales del país cerraron enero con un valor de USD 3.100 millones, para una caída de 2,2%, arrastradas por el bajo desempeño de las exportaciones petroleras del país.

Los envíos de crudo y sus derivados llegaron a un monto de USD 609,8 millones, lo que refleja una disminución de 30%. También tuvieron un caída en volumen de 11%.

Ese comportamiento está atado a una caída de la producción petrolera, que en enero fue de 2% y para febrero, siguió a la baja. De igual manera, en ese mes, el precio del crudo ecuatoriano fue de USD 53,1 por barril, cuando un año antes estaba en USD 67,3.

Sin embargo, el precio del petróleo WTI, que sirve de referencia para Ecuador, ha estado subiendo en el mes de marzo por el impacto de la guerra en Medio Oriente en la oferta de crudo. Fuente: Primicias

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Gobierno amplía modelo de alimentación escolar para fortalecer la nutrición estudiantil en Ecuador

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En el marco del Día Internacional de la Alimentación Escolar, que se conmemora el 12 de marzo, el Gobierno del presidente Daniel Noboa, en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos (WFP), anunció la ampliación del nuevo modelo de alimentación escolar con el objetivo de beneficiar a más de 85.000 estudiantes del Sistema Nacional de Educación del Ecuador, fortaleciendo la nutrición de niñas, niños y adolescentes y promoviendo al mismo tiempo el desarrollo de las economías locales.

Esta iniciativa se desarrolla mediante la articulación entre el Programa Mundial de Alimentos y el Gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Educación del Ecuador y la Vicepresidencia de la República del Ecuador, instituciones que impulsan un modelo de comidas escolares orientado a vincular la producción local con la nutrición y el bienestar de las comunidades educativas.

El modelo implementado en Ecuador plantea un enfoque integral que trasciende la entrega tradicional de raciones alimenticias. Este sistema incorpora acciones en los ámbitos de nutrición, salud, agricultura y educación, con el propósito de fortalecer las capacidades de las comunidades educativas y fomentar hábitos alimenticios saludables desde las primeras etapas de la vida escolar.

Para la ampliación del programa se ha previsto una inversión estimada de 13,5 millones de dólares, lo que permitirá extender la cobertura a más de 85.000 niñas, niños y adolescentes, alcanzando al menos 20 provincias del país priorizadas en función de sus niveles de vulnerabilidad social y nutricional.

Actualmente, el modelo de comidas escolares ya beneficia a 37.800 estudiantes pertenecientes a los ciclos educativos de la Costa y la Sierra, mediante una inversión de 6,2 millones de dólares. Esta intervención ha contribuido a mejorar la nutrición, el rendimiento escolar y el bienestar integral de la población estudiantil participante.

El fortalecimiento de la alimentación escolar forma parte de las políticas públicas que impulsa el Estado ecuatoriano para consolidar la seguridad alimentaria y garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje, reconociendo que una alimentación saludable constituye un pilar fundamental para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

De esta manera, el programa busca no solo mejorar la calidad nutricional de los estudiantes, sino también dinamizar los sistemas productivos locales, promover la agricultura familiar y fortalecer los vínculos entre las comunidades educativas y los territorios donde se desarrollan.

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Análisis jurídico sobre la formulación de cargos centró el programa “La Tertulia”

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En una nueva emisión del programa “La Tertulia Jurídica”, espacio de análisis y reflexión dirigido a la comunidad jurídica y a estudiantes de Derecho, se desarrolló un conversatorio especializado con la participación de José Charry Dávalos, quien abordó el tema “La formulación de cargos en el proceso penal”, una figura clave dentro del sistema de justicia.

Durante su intervención, el jurista explicó que la formulación de cargos constituye una decisión adoptada por la Fiscalía General del Estado, mediante la cual se inicia formalmente un proceso penal contra una persona determinada. Según indicó, antes de este momento procesal suele existir una etapa previa de investigación, pero es con la formulación de cargos cuando se activa oficialmente la instrucción fiscal dentro del sistema penal.

El especialista señaló que esta decisión implica que la Fiscalía identifique con claridad tres elementos fundamentales: el hecho delictivo ocurrido, la persona presuntamente responsable y los elementos de convicción o evidencias que permitan sostener la hipótesis acusatoria. Asimismo, explicó que es indispensable establecer una calificación jurídica del delito, es decir, determinar el tipo penal aplicable al hecho investigado.

Charry enfatizó que, aunque el marco normativo no establece un momento exacto para formular cargos, sí exige requisitos de fondo que deben cumplirse previamente. En ese sentido, sostuvo que la Fiscalía debe contar con suficientes elementos que permitan justificar la existencia del delito y la participación del presunto responsable antes de iniciar formalmente el proceso penal.

Consecuencias jurídicas de la formulación de cargos
Durante el análisis, el abogado penalista explicó que la formulación de cargos genera varias consecuencias jurídicas relevantes dentro del proceso penal.

La primera es el inicio formal de la instrucción fiscal, etapa en la que se investiga el caso con mayor profundidad y en la que se notifica al procesado sobre la apertura del proceso penal en su contra.

La segunda consecuencia es la posibilidad de restricción de derechos del procesado, ya que en la audiencia respectiva la Fiscalía puede solicitar medidas cautelares que limiten su libertad o su patrimonio, como la prisión preventiva, la presentación periódica ante la autoridad judicial o la prohibición de salida del país.

Finalmente, el jurista destacó una tercera consecuencia que, a su criterio, suele ser poco comprendida dentro del sistema judicial: la formulación de cargos delimita los contornos del proceso penal, es decir, fija los hechos, las personas y los elementos sobre los cuales la Fiscalía podrá acusar posteriormente durante el desarrollo del caso.

Desarrollo de la audiencia de formulación de cargos
En el conversatorio también se explicó cómo se desarrolla una audiencia de formulación de cargos. De acuerdo con Charry, el procedimiento inicia con la intervención del fiscal, quien expone de manera oral los hechos investigados, identifica al presunto responsable, establece la calificación jurídica del delito y presenta los elementos de convicción que sustentan su acusación inicial.

Posteriormente, se fija el tiempo de duración de la instrucción fiscal, que puede variar dependiendo del tipo de delito, y se abre un periodo en el que tanto la Fiscalía como la defensa pueden incorporar evidencias, pericias, testimonios y documentos que permitan sustentar sus respectivas posiciones dentro del proceso.

En esta misma audiencia, la Fiscalía puede solicitar medidas cautelares contra el procesado, las cuales son debatidas por la defensa y finalmente resueltas por el juez competente, quien debe fundamentar su decisión bajo criterios de necesidad y proporcionalidad.

Rol del juez y de la defensa
José explicó que la formulación de cargos es una facultad exclusiva de la Fiscalía, por lo que el juez no puede negar su realización. Sin embargo, el magistrado sí tiene competencia para resolver sobre las medidas restrictivas de derechos solicitadas por el fiscal.

En este contexto, destacó que el papel de la defensa consiste en argumentar jurídicamente por qué las medidas solicitadas no son necesarias o proporcionales, evitando discutir el fondo del caso en una etapa procesal que no corresponde al juicio.

Finalmente, el especialista subrayó que el análisis de medidas cautelares, especialmente la prisión preventiva, exige una evaluación rigurosa de los elementos presentados por la Fiscalía, ya que la restricción de la libertad personal debe responder a criterios jurídicos sólidos y no únicamente a presunciones.

El programa concluyó con un espacio de diálogo abierto con los participantes, quienes pudieron plantear inquietudes y reflexiones sobre la aplicación práctica de esta figura procesal dentro del sistema penal ecuatoriano.

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