Nacionales
El controversial abogado de alias ‘Negro Willy’ y su estrategia para frenar su extradición
Alias ‘Negro Willy’ o ‘Comandante Willy’, acusado del asalto terrorista en el canal TC Televisión y pedido en extradición por Ecuador, es defendido en España por Gonzalo Boye Tuset, un polémico abogado que ha representado desde narcotraficantes hasta políticos. Incluso formó parte del equipo jurídico del exagente de la CIA, Edward Snowden. Pero este jurista no solo ha sido defensor, sino también procesado: fue sentenciado por secuestro y, actualmente, es señalado por el presunto delito de lavado de dinero.
Willian Joffre Alcívar Bautista, el nombre original del líder de la banda delictiva ‘Los Tiguerones’, fue capturado en octubre del 2024 en una zona portuaria de Cataluña, al noreste de España. Con él cayó su hermano Álex Alcívar Bautista, alias ‘Ronco’, segundo al mando de la organización criminal.
Los dos habitaban un lujoso apartamento de la localidad de Tarragona con documentación falsa. Una fuente le dijo a la agencia EFE que “llevaban un ritmo de vida muy elevado” y disponían de autos de alta gama, joyas y ropa de marca.
El abogado del líder criminal, Gonzalo Boye, quien incluso ha llegado a la pantalla con dos películas sobre su vida, solicitó en enero del 2025 la suspensión de la extradición porque argumentaba que no había la suficiente información sobre la identificación del procesado y el traslado del caso de Guayaquil a Quito.
De hecho, pidió al Tribunal español que requiera a la Fiscalía y Defensoría Pública de Ecuador una larga lista de datos. Sin embargo, la Sala determinó que la documentación remitida era suficiente para adoptar una decisión, según se lee en un informe judicial al que accedió Vistazo.
Mientras que en abril se conoció que ‘Negro Willy’ rechazó la extradición y declaró que su vida correría “mucho peligro” pues el Gobierno de su país “no es justo”.

ALEGATOS DEL ABOGADO BOYE
Por su parte, el defensor de ‘Negro Willy’, Gonzalo Boye, quien fue parte de un movimiento izquierdista de España, presentó varios alegatos basados en la violencia que atraviesa el Ecuador, pero sobre todo hizo hincapié en la falta de control de las cárceles con base a un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por ello, el letrado propuso que, en caso de que se pretenda continuar con la entrega, se solicite a las autoridades reclamantes garantías para que la vida de su defendido no corrierra peligro y que estas sean avaladas por la CIDH.
Es así que, a inicios de mayo, el Tribunal condicionó la entrega de ‘Negro Willy’ a que en un plazo de tres meses, las autoridades ecuatorianas presenten garantías de que se han adoptado medidas para proteger la integridad de los reclusos, siguiendo las recomendaciones de la CIDH, y de que la situación en los centros penitenciarios se ha normalizado.
Los jueces manifestaron que no se encontraban “ante alegaciones de meros riesgos genéricos de violación de los derechos humanos del reclamado, sino ante un peligro concreto” que requiere su evitación.
El plazo corre desde la notificación de la resolución, que ya fue enviada a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia de España y al Servicio de Interpol, para su comunicación a las autoridades de Ecuador. Sin embargo, hasta el pasado lunes, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) no había recibido ningún documento.
Mientras tanto, la defensa de ‘Negro Willy’ interpuso un recurso de súplica (apelación) ante el Pleno de la Sala Penal, según informó la Audiencia Nacional de España a Vistazo.
Agregó que Álex Alcívar Bautista, alias ‘Ronco’, “también está reclamado en extradición por Ecuador y próximamente se celebrará una vista (audiencia) para estudiar las alegaciones de las partes antes de decidir sobre su entrega”.

¿QUIÉN ES GONZALO BOYE?
Alias ‘Negro Willy’ es representado por Gonzalo Boye, un abogado, empresario, profesor y editor de origen chileno, que usualmente acapara titulares en España por la amplia gama de casos que tiene a su cargo.
Boye, de 60 años, estudió Ciencias Políticas y Economía en la Universidad alemana de Heidelberg, pero no culminó la carrera y se trasladó a España para formar parte del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En 1992 fue detenido como sospechoso de participar en el secuestro de un empresario, delito en el que estuvo implicado el grupo terrorista ETA.
El entonces economista fue sentenciado a 14 años de prisión. En su tiempo como recluso, estudió Derecho y en el 2000, seis años después de ingresar a la cárcel, fue puesto en libertad.
Desde entonces, ha defendido narcotraficantes, contrabandistas, políticos, periodistas, un rapero y hasta al exagente de la CIA, Edward Snowden y las revelaciones sobre la red de vigilancia mundial.
Entre los casos más recientes de los que forma parte destaca el de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalidad de Cataluña y principal impulsor independentista de esa región española, quien huyó a Bélgica tras un referéndum ilegal por el que lo acusaron de rebelión, sedición y malversación.
Boye también ha sido noticia en estos días en Colombia porque es abogado de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, el zar del contrabando desde hace décadas y escondido en Portugal. Actualmente, es pedido en extradición al igual que el ecuatoriano ‘Negro Willy’.
Según W Radio de Colombia, el jurista consiguió que ‘Papá Pitufo’ saliera en libertad condicional tras ser detenido en Valencia (España) mientras la justicia analizaba el pedido de extradición. Sin embargo, al poco tiempo huyó a Portugal y lo recapturaron en diciembre pasado.
Su regreso a Colombia aún es incierto. De hecho, el propio presidente Gustavo Petro ha hecho gestiones con el mandatario español Pedro Sánchez y con el primer ministro de Portugal Luís Montenegro, pero nada ha funcionado, según indica el portal El Colombiano.

PRESUNTO LAVADO Y PELÍCULAS
El abogado Boye también fue llamado a juicio por presunto blanqueo de dinero (lavado) para José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñaco, un legendario narcotraficante español que seguiría operando desde la cárcel.
La Fiscalía pide casi 10 años de cárcel para el jurista por el delito de blanqueo y otro por falsificación de documentos. El País narra que Boye habría asesorado a la organización del narco para “confeccionar unos contratos de compraventa de unas letras de cambio” con la idea de recuperar 890.000 euros (más de medio millón de dólares), confiscados por la Policía en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas.
El letrado, por su parte, argumenta que todo se trata de una persecución por haber defendido líderes independentistas y que las acusaciones en su contra están basadas en hipótesis especulativas del fiscal.
De hecho, el polémico abogado se autocalifica como víctima de ‘lawfare’. En una columna de opinión para El Nacional escribió que este fenómeno “no se limita a los líderes políticos, sino que también ataca a quienes los defienden”.
Y es que este abogado también ha trabajado para varios medios como El Diario de España. Además, fue cofundador de la revista satírica ‘Mongolia’, también denunciada por portadas ofensivas contra grupos religiosos.
En fin, Gonzalo Boye, el defensor de ‘Negro Willy’, es todo un personaje e incluso tiene dos películas sobre su vida. El tráiler del largometraje denominado ‘Boye’ culmina diciendo: “Este hombre es querido y odiado por algunas de estas razones, pero esto es solo el principio”. Fuente: Vistazo
Nacionales
Aquiles Álvarez acude a la CIDH y denuncia prisión con fines políticos
La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que la prisión preventiva en su contra responde a motivaciones políticas.
En el documento se señala que el alcalde permanece en condiciones de aislamiento extremo, con restricciones en visitas, comunicación y acceso a servicios básicos. Según su defensa, esto le impide ejercer el cargo para el que fue elegido, lo que —afirman— configura una “destitución de facto”. Por ello, solicitan la adopción de medidas cautelares internacionales.
Aunque un tribunal revocó la orden de prisión preventiva en ese proceso, al considerar que los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) no eran “suficientes para establecer la existencia del delito” ni la probabilidad de participación de los procesados, el alcalde continúa privado de libertad por otras causas judiciales. Entre ellas, una investigación por la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos, denominada Triple A, y otro proceso relacionado por no usar grillete electrónico antes de su encarcelamiento.
Nacionales
Un cadáver maniatado y en estado de descomposición fue hallado en la vía Loja-Zamora
Alrededor de las 06:15 de este miércoles 29 de abril, un cuerpo en estado de descomposición fue hallado a un costado de la vía Loja-Zamora, en el sector conocido como La Cordillera.
Según los reportes preliminares, el cuerpo fue localizado con signos de haber sido maniatado con cinta de embalaje y tenía la cabeza cubierta con una funda.
Tras el reporte, personal de la Policía y unidades especializadas acudieron al sitio para tomar procedimiento. Actualmente, las autoridades investigan el caso y realizaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo a una morgue, con el objetivo de identificar a la víctima.
Nacionales
Roberto Luque anuncia inicio de compensaciones a transportistas
El Gobierno anunció que las compensaciones al transporte público se mantendrán.
En una entrevista para Ecuavisa, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, señaló que las compensaciones económicas al sector se mantendrán hasta el 15 de mayo, para el transporte intra e interprovincial.
En el caso del transporte urbano, el esquema de subsidios ya concluyó, pero Luque explicó que se han tomado otra acciones como tercera placa, tarifarios en rutas largas y otros.
Sobre posible alza de pasajes
“Yo no lo podría aseverar. Esas decisiones dependen de los gobierno autónomos descentralizados”, dijo Luque.
Esto significa que la definición de tarifas no es una competencia del Ejecutivo, sino de los municipios, por lo que serán ciudades como Quito o Guayaquil las que deberán decidir si se mantienen o modifican los valores actuales.
Las autoridades también señalaron que cualquier ajuste deberá estar vinculado a mejoras en el servicio. Según su criterio, los usuarios podrían aceptar incrementos si estos se traducen en mayor calidad, seguridad y eficiencia en el transporte.
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