En el marco de la declaratoria de emergencia vial, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, realizó un recorrido por la vía Loja–Zamora, donde se identificaron al menos 20 puntos críticos con inestabilidad que requieren intervención prioritaria.

Con maquinaria del MTOP y equipos facilitados por el sector privado, los trabajos avanzan de manera continua con el objetivo de restablecer la conectividad de la provincia, severamente afectada por deslizamientos y socavones producto de las recientes lluvias. “Zamora Chinchipe no está sola. No nos iremos hasta habilitar completamente la vía”, enfatizó el ministro, subrayando el compromiso del Gobierno Nacional con las comunidades afectadas.

En una muestra de coordinación interinstitucional y esfuerzo solidario, a las 12h00 de este día se logró habilitar parcialmente el paso vehicular hasta la parroquia Sabanilla. La intervención conjunta de la maquinaria de la Cámara de Minería de Zamora, Trans Solórzano, compañía Armijos y familia y el MTOP permitió remover los obstáculos que mantenían incomunicada a la provincia, posibilitando la evacuación de ciudadanos hacia la ciudad de Loja a través de vehículos particulares.

Este avance refleja la importancia de fortalecer políticas públicas orientadas a la prevención y resiliencia frente a fenómenos naturales que recurrentemente afectan a la región. Asimismo, evidencia la necesidad de consolidar una infraestructura vial sostenible y segura, que garantice el derecho a la movilidad de la población rural y urbana, y que permita una respuesta más eficaz ante futuras emergencias.

Las instituciones involucradas reiteraron su compromiso de mantener activos los trabajos hasta restablecer completamente la circulación en la totalidad de la vía Loja–Zamora, respondiendo a las demandas de una ciudadanía que espera soluciones estructurales y sostenibles.

Ante las condiciones climáticas extremas registradas los días 30 de junio y 1 de julio, la única vía de acceso que conecta Chamico con los barrios San Vicente, San Juan, Nambija Bajo, San Carlos de las Minas y lugares turísticos como la Hostería Rancho Las Brisas, ha colapsado debido a un socavón y deslizamiento de tierra. Este evento ha dejado completamente incomunicadas a las comunidades, impidiendo tanto el abastecimiento de alimentos como el traslado humanitario en caso de emergencias.

La situación evidencia una vez más la vulnerabilidad de la infraestructura vial en la provincia y la necesidad urgente de una intervención coordinada entre las instituciones competentes para garantizar el derecho fundamental a la movilidad y la seguridad de las familias afectadas.

Pese a la gravedad de los hechos, la comunidad de Chamico y actores privados han demostrado una firme predisposición para colaborar en soluciones inmediatas. Se ha puesto a disposición un equipo caminero listo para iniciar los trabajos necesarios, a la espera de la autorización y el apoyo técnico de las autoridades.

Por ello, solicitan al GAD Provincial de Zamora Chinchipe, GAD Municipal de Zamora, un equipo técnico especializado para realizar estudios que permitan la apertura de una vía alterna y su conexión con la red vial existente, a fin de restablecer el tránsito y evitar un mayor impacto social y económico en la zona.

Reiteramos nuestra disposición a trabajar de manera conjunta y en beneficio de toda la colectividad, en un esfuerzo que debe ser entendido no solo como una respuesta a una emergencia, sino como un paso hacia la construcción de una infraestructura resiliente y sostenible para Zamora Chinchipe.

Mediante una rueda de prensa convocada el pasado 01 de julio, los concejales Wilmer Espinoza y Fran Regalado, miembros del órgano legislativo del cantón Zamora, informaron a la ciudadanía los detalles del tratamiento y desarrollo del proceso de remoción del alcalde Víctor Manuel González Salinas, abordado en la sesión extraordinaria del 20 de junio de 2025.

Durante su intervención, el concejal Wilmer Espinoza explicó el contexto del proceso, las disposiciones legales aplicadas y el desarrollo institucional que ha seguido el Concejo Cantonal como cuerpo colegiado ante la denuncia presentada por el ciudadano Diómenes Rodas. Señaló que la denuncia se fundamentaba en dos causales: el presunto incumplimiento de una sentencia constitucional sobre el uso de la figura de la «silla vacía», y la suscripción de un acta de colindancia sin autorización del concejo municipal.

El concejal aclaró que, conforme a lo dispuesto en los artículos 335 y 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), la vicealcaldesa fue quien legalmente convocó a la conformación de la Comisión de Mesa, ya que ni el alcalde —al ser el denunciado— ni la vicealcaldesa —por tener un interés directo— podían participar en su integración. En este contexto, se conformó una nueva Comisión de Mesa con los concejales Wilmer Espinoza, Fran Regalado y Jofre Íñiguez, designados por sus pares Santiago Cabrera y Ximena Montaño, conforme a lo estipulado por la ordenanza de funcionamiento del Concejo Municipal.

Espinoza enfatizó que el proceso fue inédito para la administración cantonal, lo que obligó al cuerpo edil a recurrir a asesoría jurídica externa para garantizar el cumplimiento del debido proceso. En una primera instancia, la denuncia fue inadmitida por no cumplir con requisitos formales —como la falta de reconocimiento de firmas ante notario—. Sin embargo, tras la subsanación de estos errores por parte del denunciante, se procedió a la calificación formal y análisis de fondo.

La Comisión de Mesa permitió la participación tanto del denunciante como del denunciado, recabando pruebas y argumentos. No obstante, la Comisión concluyó que las causales presentadas carecían de sustento legal suficiente para justificar la remoción. Por ejemplo, en relación con el caso de la «silla vacía», se presentó como prueba una sentencia de la Corte Constitucional del 17 de enero de 2024, que negó la acción de protección interpuesta por el denunciante, por lo que no existía violación alguna por parte del alcalde.

Asimismo, se indicó que la firma del acta de colindancia alegada por el denunciante carecía de motivación administrativa para configurar una causal de remoción. La Comisión de Mesa, tras cerrar la etapa de descargos, emitió su informe final dirigido a la vicealcaldesa, quien deberá convocar a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal para su conocimiento y resolución, conforme al marco normativo vigente.

Por su parte, el concejal Fran Regalado subrayó la transparencia y rigurosidad del proceso, así como el compromiso de los miembros del órgano legislativo de garantizar los principios de legalidad, imparcialidad y participación ciudadana. Regalado detalló que la conformación de la Comisión se realizó en estricto apego al COOTAD y las ordenanzas internas, y que, más allá de afinidades políticas, primó el análisis técnico-jurídico y la responsabilidad institucional.

Durante su intervención, Regalado también expuso que la Corte Constitucional fue clara al señalar que el derecho a la participación mediante la figura de la silla vacía no puede ser ejercido de forma individual, sino mediante representación colectiva, como asociaciones, gremios o barrios legalmente constituidos. Esta aclaración invalidó una de las principales causales de la denuncia.

Ambos concejales reiteraron que su labor dentro de la Comisión de Mesa fue objetiva y apegada a derecho, y que, en adelante, el tratamiento del informe por parte del pleno del Concejo permitirá a la institución tomar una decisión definitiva y legítima frente a esta demanda ciudadana.

Finalmente, se reafirmó el compromiso del Concejo Cantonal con la legalidad, la ética pública y la transparencia en la gestión administrativa, asegurando que toda actuación se fundamenta en el marco normativo y en el interés superior de la ciudadanía zamorana.