La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio tres meses al Estado ecuatoriano para que justifique las causas por las que se declaró la incapacidad mental de Abdalá Bucaram Ortiz en 1997, lo cual motivó su destitución de la Presidencia de la República.

La notificación fue emitida el pasado lunes 11 de agosto del 2025 con el objetivo de que las autoridades ecuatorianas, específicamente la Cancillería, expongan sus alegatos de descargo y justificaciones ante la denuncia interpuesta por el exmandatario en octubre del 2015.

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“Se ha fijado un plazo de tres meses, prorrogables si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses, para que este (el Estado ecuatoriano) presente sus observaciones”, dice el documento de la entidad de derechos humanos.

Por su parte, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz reaccionó a través de la red social X en donde escribió que “nunca es tarde para hacer justicia”.

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En febrero de 1997, Ecuador vivía una crisis política y social con varias manifestaciones en contra del Gobierno de Bucaram Ortiz.

A la par, el diputado Fanklin Verduga Vélez, del Partido Social Cristiano (PSC), presentó una moción para destituir al entonces presidente, alegando discapacidad mental.

La idea fue apoyada por 44 diputados del PSC y de Democracia Popular. Es así que se declaró la incapacidad de Bucaram para gobernar con base en un supuesto informe médico sobre problemas mentales.

Tras la destitución de Bucaram, Fabián Alarcón, entonces presidente del Congreso, asumió como mandatario interino del Ecuador.

Sin embargo, Bucaram alega que su destitución fue ilegal porque no hubo un juicio político que le permitiera defenderse. Además, dice que fue declarado incapaz mental sin un juicio civil que contempla la ley, ni la participación de un cuerpo médico que constate las supuestas afectaciones.

Ahora con la notificación de la CIDH, el Estado ecuatoriano debe decir si fue legal o no la destitución del expresidente, pero además los diputados que votaron a favor de la moción deberán justificar su decisión.

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Mientras tanto, el expresidente junto a su hijo Jacobo Bucaram y dos personas más enfrentan un juicio por delincuencia organizada en el denominado caso ‘Pruebas covid-19 Agentes AMT’.

La Fiscalía intenta probar que estas personas habrían conformado una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos por la comercialización de 21.000 pruebas rápidas para la detección de Covid-19 y otros insumos médicos.

“Para ello, habrían movilizado incluso bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), cuyos agentes se habrían encargado de brindar seguridad a los extranjeros Sheinman O. y Shy D. (asesinado el 8 de agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral) para el traslado de las pruebas hasta Guayaquil”, dice el informe de la institución.

Añade que estos insumos fueron entregados a Jacobo Bucaram, quien habría pagado miles de dólares en efectivo a Sheinman Oren, quien estaba junto a Shy.

Estos dos extranjeros fueron aprehendidos en delito flagrante en la provincia de Santa Elena con 100.000 dólares en efectivo. Además, se hallaron otros 212.510 dólares y 385 euros en el departamento en que se hospedaban.

El llamado a juicio por esta causa se dictó en diciembre del 2021, pero no se logró concretar por dilataciones por parte de los procesados. Durante todo este tiempo, hubo problemas de salud, inasistencia de los abogados y excusas de los jueces. Fuente

En el marco de la inauguración de un área de radioterapia en el Hospital de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, se refirió este martes a la reciente resolución por parte de la Presidencia de de trasladar las comandancias generales de la Policía y las Fuerzas Armadas a la ciudad de Guayaquil.

El titular de la cartera de Estado respaldó la decisión del mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, apuntando que se debe actuar “en territorio” para poder evaluar de mejor manera lo que ocurre y disponer medidas con mayor velocidad y eficacia.

Loffredo agregó que no es la primera vez que las comandancias de ambas fuerzas de seguridad son trasladadas fuera de Quito, pues estas han operado temporalmente desde la ciudad de Manta en la provincia de Manabí ante el vertiginoso aumento de delitos violentos que se registró desde el año pasado.

Solo el pasado martes, por lo menos ocho personas fueron asesinadas en menos de dos horas en distintos puntos del distrito Pascuales, uno de los sectores más conflictivos de la ciudad.

«En Manabí se hizo una macrointervención, la idea asumo es hacerlo de manera idéntica», explicó este lunes el coronel de la Policía Fernando Vaca, en una rueda de prensa en la que se analizaron los índices delictivos que se registran en las otras ciudades de la provincia de Guayas, que, según aseguraron, «están a la baja».

El jefe policial indicó que los principales responsables de las unidades especializadas se reunirán en la ciudad para coordinar, desde una sola mesa de trabajo, acciones y estrategias basadas en el comportamiento actual de delitos como sicariatos. Fuente: Vistazo