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Desarrollo urbano sostenible aún depende de cumplimiento de planes municipales que no están actualizados y que poco se aplican en la práctica

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La expansión de las ciudades ecuatorianas está marcada por los asentamientos irregulares en los que las personas viven en condiciones deplorables hasta que el Municipio correspondiente consolida estas áreas como parte de la zona urbana.

Tras décadas después llega la regularización de los predios, los servicios formales de luz eléctrica, agua potable por red, los sistemas alcantarillado sanitario y pluvial, para finalmente planificar las veredas, bordillos y la pavimentación de las calles.

Hay un desarrollo inverso alimentado por la migración del campo a la ciudad, el abuso de los invasores de tierras que cobran una especie de alquiler a los recién llegados y la especulación en el precio del suelo al alza, sobre todo de los predios más cercanos a las vías principales o la obra pública que se diseña y construye.

Es una situación sujeta a planes de ordenamiento territorial que poco se aplican en la práctica. En la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desarrollo urbano sostenible Hábitat III, realizada en Quito en el 2016, se creó una agenda que Ecuador y el resto de países deben cumplir para frenar esa realidad.

Xavier Cobeña, coordinador de proyectos en el país del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU Hábitat), afirma que uno de los propósitos del organismo es la promoción de esta nueva Agenda Urbana, que incluye objetivos como la densificación de las ciudades para frenar un crecimiento horizontal.

“Después de Hábitat III ayudamos al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) en la elaboración de las guías para la planificación física de las ciudades y colaboramos en el proceso de construcción de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUS aprobada en junio del 2016) y posteriormente su reglamento (publicado en abril del 2019). Esto está en proceso de implementación”, dice.

El plazo que dio este marco jurídico para que los Gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos creen sus planes de uso y gestión del suelo feneció el 13 de septiembre de 2021.

La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT) creada por la LOOTUS, con sede en Cuenca, es la entidad que hace seguimiento al cumplimiento de este plazo.

“El objetivo es que este sea un instrumento que permita a las ciudades pequeñas e intermedias que tienen un cierto margen de maniobra lograr un desarrollo sostenible porque el crecimiento espontáneo de las ciudades se da por el descuido de las administraciones, pero también por una gran presión económica de las familias que migran del campo a la ciudad, entonces no hay vivienda social y el único mecanismo que encuentran es a través del tráfico de tierras”, sostiene Cobeña.

Una de las opciones amparada en la LOOTUS es que la administración municipal tenga la potestad de hacer declaraciones de reservas de suelo en las zonas hacia donde crece la ciudad, que permitan que el precio de la tierra permanezca estable.

“En las ciudades más grandes como Quito y Guayaquil, donde hay un mercado inmobiliario más dinámico, da la posibilidad de que la administración municipal pueda hacer lo que en otros países se conoce como venta de altura, en nuestra legislación sería la concesión onerosa de derechos que es permitir edificaciones más altas siempre y cuando ese proyecto inmobiliario pueda pagar a la ciudad para poder reinvertir en el equipamiento, la infraestructura”, añade el especialista.

La SOT tiene capacidad sancionadora y su misión es vigilar y controlar los procesos de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo, hábitat, asentamientos humanos y desarrollo urbano, competencia que recae en los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

“No sé los datos exactos porque aún no han sido publicados, pero sé que muchos de los 221 municipios del país no han cumplido con este plazo. Los más grandes e intermedios sí han cumplido como Quito, Manta y Portoviejo”, dice Cobeña.

Hay casos positivos de aplicación de la LOOTUS en Portoviejo y Cuenca

Instalar infraestructura con viviendas sociales y que luego lleguen las personas es uno de los objetivos del desarrollo urbano sostenible, es decir, invertir lo que ha ocurrido históricamente con la invasión y el tráfico de tierras.

Hay experiencias positivas en Portoviejo y Cuenca. La Municipalidad de la capital manabita no redefinió sus límites urbanos para frenar un crecimiento de la ciudad sobre las zonas agrícolas.

Al igual que se invierte en proyectos en las áreas de la subcentralidad (en las parroquias) para evitar la expansión de la periferia de Portoviejo sobre zonas agrícolas y de bosques.

“La idea es que la gente del campo llegue a estas parroquias, como Calderón, Riochico o Picoazá, que están a 10, 20 minutos o hasta media hora de Portoviejo, para que puedan trabajar allí sin necesidad de asentarse en la periferia”, dice Cobeña.

Con esto se busca frenar un crecimiento horizontal y desordenado. “Si la tendencia de crecimiento de la mancha urbana se mantiene, en diez años se duplicaría el espacio que ocupa Portoviejo. Esa realidad es mundial y en unos sitios es más intenso que en otros. El fin es que en la misma área vivan más personas, esto ayuda a que las finanzas de los municipios mejoren ya que no construyen muchísimos metros lineales a la redonda de redes de agua y alcantarillado”.

Félix Jaime, subdirector cantonal de planificación urbanística de Portoviejo, afirma que la planificación en la capital manabita empezó en 2014 cuando la administración municipal se enfocó en la investigación y generación de estudios. En ese entonces se culminó el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT).

“Ninguna decisión en el Municipio se tomaba sin sustento. El PDOT fue el primero que incluyó normativa referente a la gestión de riesgos. Luego vino el terremoto (el 15 de abril del 2016), en ese momento se hacía el plan maestro urbano por lo que se cambió todo el enfoque. Hay que planificar de otra forma y se acogió el concepto de ciudad a escala humana, que es diseñar en función del ciudadano, como el que realiza las actividades cotidianas a pie. Priorizar al peatón, al ciclista, al transporte público, los de carga y finalmente a los autos privados. Invertir la pirámide de movilidad”, dice Jaime.

De ahí vino la aprobación de la LOOTUS a nivel nacional. “Entonces vimos una oportunidad de establecer políticas a largo plazo con una vigencia de 12 años. En base a esa ley, todos los PDOT de los Municipios tienen que modificarse e incluir el plan de uso y gestión del suelo (PUGS). Pudimos cumplir y lo terminamos porque ya lo habíamos empezado, nos ayudó la Universidad de Nueva York y la Cátedra Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) de ciudades intermedias sostenibles”, agrega el funcionario.

El PUGS incorpora un nuevo modelo de ciudad que prioriza la sostenibilidad y la resiliencia. “Proteger el ecosistema, garantizar la seguridad alimentaria y la dotación de servicios de infraestructura pública con un crecimiento planificado y ordenado, se priorizan las áreas verdes”, asegura Jaime.

La investigación científica ha sido una de las claves. El estudio de la Universidad de Nueva York sobre la huella urbana revela en base a proyecciones y modelaciones que para el 2050 se perderá casi todo el suelo. “Menos personas consumirán mucho más suelo y la ciudad va a crecer cinco veces del tamaño actual. Con la planificación queremos romper esa tendencia en Portoviejo”, dice Jaime.

Desde ONU Hábitat se habla de ciudades de quince minutos, tiempo máximo que llevaría el traslado desde la vivienda hasta los servicios más importantes, como salud, educación, empleo. Al igual que el crecimiento en altura y el uso de suelos mixtos residencial y comercial, lo que ayuda en la densificación de las ciudades y que las zonas permanezcan activas durante todo el día.

Cuenca ya implementa su plan de uso y gestión del suelo desde antes del plazo fijado en septiembre último por el reglamento de la LOOTUS. Con ello se han ordenado ciertas áreas a través de planes especiales que iban a ser impactadas por proyectos de movilidad, como el tranvía.

“Lo que pasa normalmente es que cuando se anuncia un plan de inversión pública, todas las personas que están alrededor empiezan a especular y no construyen para engordar el precio de los terrenos. Como saben que se ejecutará el proyecto de aquí a seis años entonces especulan. Con los planes especiales se congelan esos valores y se permite que en los lugares por donde pasará el tranvía se entre en un ordenamiento para evitar que haya uso incompatible con lo que se está planteando”, asegura Cobeña.

También tiene avanzado el proceso para conseguir financiamiento externo del proyecto que busca que el centro histórico de Cuenca sea libre de emisiones de gases de efecto invernadero al ambiente, lo que provoca el calentamiento global y deriva en el cambio climático.

Acceso a financiamiento es una limitante

El desarrollo urbano cuesta, más aún cuando se piensa desde un ámbito sostenible. “No es solo hacer nueva ciudad que es lo que se suele creer, como hacer ciudadelas, sino también es reformar, arreglar o redesarrollar lo ya construido y eso necesita recursos”, afirma José Morales, coordinador del Componente Agenda Urbana Nacional del Programa Ciudades Intermedias Sostenibles de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ, según sus siglas en alemán).

Una de las falencias de la mayoría de los GAD es su poca capacidad de generar recursos propios y las limitaciones de las asignaciones del Gobierno central. Esto deja sin financiamiento los proyectos que garanticen un desarrollo urbano ordenado y una expansión de la malla de la ciudad con un menor impacto social y ambiental.

“Ninguna ciudad tiene esos recursos. Babahoyo o Nueva York, a ambas les falta plata, se necesita movilizar recursos. Las fuentes normalmente son la recaudación de sus propios impuestos, sin embargo, no es fácil ya que esto depende mucho de la economía, del número de habitantes. Pueden ser urbes con pocos pobladores, pero se necesitan muchos recursos para temas de agua potable, saneamiento, manejo de basura o mitigación de riesgos climáticos”, afirma Morales.

Una de las alternativas es el financiamiento externo al que acceden principalmente a través de créditos los municipios más grandes como Guayaquil, Quito o Cuenca. “La realidad de la gran mayoría de los 221 cantones del país es que no tienen esas posibilidades ni las capacidades de hacerlo”, agrega.

Lo que les queda es buscar financiamiento en el Banco del Estado. Pero una opción es el uso de los fondos climáticos.

El Acuerdo de París por el Clima del 2015 prevé la movilización de recursos de financiamiento climático desde los países desarrollados que más emiten carbono al ambiente hacia las naciones en desarrollo, para que hagan adaptación y mitigación al cambio climático.

“Se han creado varios fondos globales, el más conocido es el Verde del Clima. El problema es que hay dificultades para que los municipios medianos y pequeños del Ecuador accedan”, asevera Morales.

Uno de los factores es la capacidad instalada para aterrizar estos recursos, lo que depende de la estructura institucional local y nacional. “Estos fondos establecen algunas condiciones técnicas específicas. La más básica de todas y una de las más difíciles de comprender es que tienen que ser acciones que tengan un impacto climático”.

Por ejemplo, se tiene que calcular la cantidad de emisiones que se dejará de emitir a la atmósfera con la ejecución del proyecto que se quiere financiar. “Esta capacidad de medir emisiones es algo que muchas veces los municipios no tienen instalada”.

los planes tienen que estar vinculados y alineados a la Contribución Nacional Determinada del país, que es el compromiso del Ecuador ante el mundo para reducir sus emisiones y ejecutar acciones de mitigación y adaptación ante el cambio climático.

Colombia, México y Costa Rica están entre los países de la región que más acceden a estos fondos climáticos.

Ecuador ha conseguido financiamiento para conservación de bosques o reforestación, con lo que se compensa determinada cantidad de emisiones de carbono, pero no logra acceder a los fondos que financian el desarrollo urbano sostenible que requiere planes más complejos.

“Los proyectos de infraestructura pueden ser más resilientes al cambio climático, por ejemplo, con el cálculo del tamaño de las tuberías que se necesitan para el alcantarillado pluvial adaptado a los futuros escenarios de mayor cantidad de lluvias, o como son resilientes a sequías”, dice Morales.

El Ministerio del Ambiente es el encargado de aprobar los planes nacionales, como paso previo a conseguir el financiamiento de los fondos globales.

Parte de los estudios realizados en Portoviejo tienen financiamiento externo tradicional, es decir, no de los fondos climáticos.

ONU interviene con proyectos de planificación en Quito y Manta

ONU Hábitat ejecuta dos proyectos en Manabí. El primero es generar desde la Prefectura una planificación provincial junto a los municipios para la ejecución de proyectos que vayan más allá de los límites administrativos.

El otro plan, denominado ‘Ciudades Incluyentes’, se aplica en Manta y Quito con el fin de integrar a la población venezolana a estas urbes destino.

“Se mejora el perímetro urbano y se tiene prevista la construcción de centros de integración en la parroquia San Mateo de Manta y en la zona de Cotocollao en Quito, para que los migrantes conozcan a qué escuela pueden enviar a sus hijos o acceder a un trabajo formal. Es como un lugar que los acoja y les dé ciertas nociones para que se integren”, explica Cobeña.

La meta es terminar los dos centros de aquí al 2023. (I) Fuente: El Universo

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USD 300 millones cuesta el seguro para proteger a Ecuador de las caídas de precios del petróleo

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Han pasado un poco más de tres meses desde que en abril de 2026, el Gobierno de Ecuador anunció que contrató un seguro petrolero, también conocido como hedging.

En esencia, Petroecuador pagó una prima de seguro, hasta diciembre de 2026, para proteger a las finanzas públicas en caso de que el precio del petróleo caiga por debajo de un precio establecido.

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Esto, debido a que luego de la recaudación de impuestos, las exportaciones de petróleo son el segundo ingreso más importante del Presupuesto del Estado.

Petroecuador destinó USD 300 millones a esa prima de seguro, confirmó el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Racines, en entrevista con PRIMICIAS el pasado 10 de junio de 2026.

La cifra también apareció en el reporte de la petrolera estatal bajo el rubro de gastos por soporte administrativo en abril de 2026.

¿Era prioritario contratar un seguro petrolero?
La exgerente del Petroecuador, Marcela Reinoso, dice que el seguro busca proteger al país de riesgos por caída de precios, «pero los ingresos del país corren riesgos mayores por otros factores como los problemas de generación eléctrica en el sector petrolero».

«Un seguro para los precios no era una prioridad», dice Reinoso.

El gasto de USD 300 millones en ese seguro es un monto similar a todo lo que Petroecuador ha destinado en inversión en exploración y producción petrolera en el primer semestre de 2026, que fueron USD 327 millones.

Esto, en un momento en el que la producción de Petroecuador tuvo una caída de 2,42% en el primer semestre de 2026 frente a igual período de 2025.

Y añade que los recursos también se pudieron usar para atender la erosión regresiva del río Coca.

Construir una variante definitiva para el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), la principal arteria petrolera del país, pudo cubrirse con ese dinero, ya que se estima que la obra costaría unos USD 200 millones, dice.

Lea: La erosión se acerca a la captación de Coca Codo Sinclair, reubicar esta toma de agua es costoso y tomará tiempo
Esta obra es crucial para proteger este oleoducto del fenómeno de la erosión regresiva que amenaza la continuidad del transporte de petróleo.

Por roturas y suspensiones, el Sote no pudo transportar unos 23,5 millones de barriles de petróleo y se dejaron de percibir unos USD 1.124 millones entre 2020 y 2025.

¿Un seguro o un fondo de ahorro petrolero?
El exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, reconoce que el seguro petrolero es una herramienta útil para mitigar el impacto que podría tener en el Presupuesto del Estado el desplome de los precios del barril, que es una materia prima muy volátil.

Sin embargo, considera que para Ecuador, una herramienta más apropiada y menos costosa que un seguro es un fondo de ahorro petrolero. «Ecuador ya lo tuvo, cuando fui ministro lo hicimos crecer, pero en el gobierno de Rafael Correa se lo gastaron», recuerda.

Se refiere a dos fondos de ahorro, uno llamado Fondo de Estabilización Petrolera (FEP), que se conformaba con el 55% de los excedentes petroleros y otro denominado Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva, y Reducción del Endeudamiento Público (Feirep).

Pozo dice que un fondo de ahorro «es más sostenible y sano para las finanzas del país», porque el dinero se invierte para que siga creciendo, siempre que exista la política de mantener orden fiscal. «Si el gasto crece mucho y el Estado está obeso es difícil implementar el fondo», dice.

La exgerenta de Petroecuador, Marcela Reinoso, dice que debido a que el precio del petróleo ha vivido un período de altísima incertidumbre, no se puede saber todavía si el hedging contratado va a ser efectivo y dar beneficios al país.

Y añade que sería clave conocer el precio al que se aseguró el barril.

Petroecuador solo ha informado que el seguro cubre un aproximado de 30 millones de barriles, que representan entre el 40% y 50% de los volúmenes que Petroecuador vendería hasta diciembre de 2026.

El viceministro de Petróleo, Eduardo Racines, explicó a PRIMICIAS que se definió un volumen de crudo a exportar a un precio mínimo asegurado por barril, pero no confirmó el valor.

 «Independientemente de lo que pase en el mercado externo, el precio de venta es el que está asegurado. A mayor precio del seguro, menor posibilidad de cobertura de volumen».

Eduardo Racines, viceministro de Hidrocarburos.
Esto significa que, mientras más alto sea el valor asegurado por barril, el dinero pagado alcanza para cubrir menos barriles.

Boom de precios: Los ingresos de Ecuador por venta de petróleo en lo que va de 2026 casi igualan a lo recibido en todo 2025
El instrumento fue contratado por Ecuador en un año en el que el precio del petróleo en el mundo ha experimentado alzas, por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Reinoso, explica que lo adecuado es contratar este tipo de seguros cuando el precio del petróleo está alto, pues es una forma de blindarse por anticipado ante las probabilidades de que se desplome luego de un período de crecimiento.

«Cuando el precio está bajo no es muy lógico contratar un seguro, porque ¿contra qué te estás protegiendo si ya está bajo el precio?»

Marcela Reinoso, exgerenta de Petroecuador.
Antes de la guerra, en enero y febrero de 2026, el precio promedio del WTI, que es el de referencia para Ecuador, fue de USD 62 por barril.

Pero entre marzo y mayo de 2026, el WTI se disparó y alcanzó un precio promedio de USD 95,4 por barril. Entre  junio y lo que va de julio el precio promedió los USD 80 por barril.

El petróleo ecuatoriano se ha vendido también a un precio más alto del que el Ministerio de Finanzas fijó como precio promedio esperado para 2026: USD 53,5.

En el primer semestre de 2026, el barril de Ecuador se vendió en USD 70,78 en promedio.

Así fue el proceso de contratación del seguro
El Gobierno empezó a allanar el camino para contratar el hedging desde enero de 2026.

En enero de 2026 un decreto ejecutivo reformó el reglamento del Código de Finanzas Públicas para viabilizar estas operaciones.

El nuevo decreto reconoce ese pago del seguro como un costo legítimo de gestión de riesgo y otorga seguridad jurídica a las instituciones que ejecuten esas operaciones. De manera que el pago de primas por coberturas no constituye daño al Estado, blindando a los funcionarios responsables de realizar estas operaciones.

¿Cómo funciona el seguro petrolero?
Pablo Noboa, exgerente de comercio internacional de Petroecuador dice que no existe una cobertura perfecta, y que se trata de una decisión de enorme responsabilidad que requiere un equipo altamente técnico.

«Existe una línea muy delgada entre una decisión estratégica orientada a proteger los ingresos del Estado y una apuesta sobre la dirección futura del mercado.” Pablo Noboa, exgerente de comercio internacional de Petroecuador.

Noboa explica que estas son  las opciones que hay en el mercado:

1Opción de venta, conocido como Put
La opción Put funciona como un seguro. El país paga una prima para asegurarse un precio mínimo de venta. Si el petróleo cae por debajo de ese nivel, la cobertura compensa la diferencia. Pero si el precio sube, el país puede vender al valor de mercado y aprovechar esa subida.

En este caso se habla de un costo de USD 300 millones, lo que hace pensar en una estructura con opciones, porque ahí sí existe el pago de una prima.

2Collar con precio piso y  un techo
El Collar combina una protección hacia abajo con un límite hacia arriba. Se compra una opción Put para establecer un precio mínimo y, al mismo tiempo, se vende una opción Call para fijar un techo.

Eso permite reducir u en algunos casos eliminar el costo de la prima. La desventaja es que, si el petróleo sube mucho, el país ya no aprovecha completamente esa subida. Por ejemplo, si se fija un piso de USD 60 y un techo de USD 80, el país queda protegido si en el mercado cae por debajo de USD 60. Pero si el precio sube a USD 100, el beneficio queda limitado por el techo que se acordó.

3Swaps o Forwards
En un Swap o un Forward se fija desde el inicio un precio para un volumen determinado de petróleo y para una fecha o período futuro.

Normalmente aquí no se paga una prima como en una opción Put. Por eso, si realmente hubo un pago de USD 300 millones, no parecería que se trató de un Swap o un Forward simple. El efecto sería el siguiente: si se fija un precio de USD 70 y luego el mercado cae a USD 55, el país mantiene los USD 70. Pero si el mercado sube a USD 90, igual recibe los USD 70 y deja de aprovechar esa subida. Fuente: Primicias

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Tribunal decide el futuro de Aquiles Alvarez: Fiscalía pide condena y defensa cuestiona toda la acusación del caso ‘Triple A’

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El futuro judicial del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quedó en manos del Tribunal que conoce el caso Triple A, luego de que concluyeran los alegatos de clausura de todas las partes procesales.

Con ello, los jueces ingresaron a la fase de deliberación para emitir una sentencia sobre la presunta comercialización y distribución ilegal de combustibles subsidiados.

Durante su intervención final, la Fiscalía General del Estado (FGE) sostuvo que logró demostrar la existencia de una presunta estructura dedicada al desvío y comercialización ilegal de hidrocarburos entre 2020 y 2024, lo que habría ocasionado un perjuicio al Estado estimado en USD 61,5 millones.

Fiscalía pidió la pena máxima y la disolución de seis empresas

En su alegato de clausura, la Fiscalía afirmó haber sustentado su acusación con 21 testimonios, cuatro pericias y 110 pruebas documentales.

Según la teoría del caso, 15 personas naturales y seis personas jurídicas habrían participado en la presunta red de comercialización ilegal de combustibles.

La FGE solicitó al Tribunal:

Declarar la culpabilidad de todos los procesados.

Imponer la pena máxima contemplada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Aplicar las circunstancias agravantes correspondientes.

Reconocer una atenuante únicamente para el procesado señalado como cómplice, por su colaboración.

Respecto al grado de participación, la Fiscalía señaló que existen siete autores directos, siete coautores y un cómplice, mientras que las seis empresas procesadas habrían actuado como autoras directas.

Además, pidió la disolución y clausura definitiva de las compañías Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Fuelcorp, Indudiesel y Harsajudi, así como el pago de la reparación integral al Estado, la imposición de multas y la ratificación de las medidas cautelares sobre los bienes involucrados en el proceso.

La defensa de Aquiles Alvarez cuestiona la base jurídica de la acusación

Tras la intervención de la Fiscalía, la defensa del alcalde de Guayaquil aseguró que existe un problema jurídico de fondo en la acusación.

El abogado Julio Cueva sostuvo que la FGE habría construido su caso sobre un texto del artículo 265 del COIP que, según afirmó, no estaba vigente durante el período en que ocurrieron los hechos investigados.

«Si eso es correcto, no estamos frente a un simple error: estamos ante un problema jurídico de enorme gravedad. El principio de legalidad exige aplicar la norma vigente al momento de los hechos, no una posterior», manifestó el jurista.

El abogado acotó que aquello sería «desconocer el principio más básico del Derecho Penal. No hay pena sin ley previa».

Una vez concluidos los alegatos de clausura, el Tribunal suspendió la audiencia e ingresó en la fase de deliberación.

Los jueces deberán analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía y los argumentos expuestos por las defensas antes de emitir su fallo. La legislación no establece un plazo fijo para que el Tribunal anuncie su decisión, por lo que la sentencia podría conocerse en los próximos días. Fuente: Vistazo

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Ministro de Producción dice que solicitará a Estados Unidos la revisión de la tasa del 10% para camarón, atún y brócoli

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En entrevista con PRIMICIAS, el ministro de Producción y Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo, informó sobre los avances de los acuerdos comerciales que negocia Ecuador o están en proceso de ratificación con otros países.

Sobre la reciente sobretasa que aplicó Estados Unidos a Ecuador y otros países, Jaramillo señaló que el país solicitará a la Administración de Donald Trump que se incorporen otros productos a la exoneración de la sobretasa. Sin embargo, no es optimista sobre este tema.

En cuanto al acuerdo comercial firmado recientemente con Canadá, el titular de Producción reiteró que el principal interés de Canadá son las inversiones en minería.

¿Cuándo entrará en vigencia el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos?
El acuerdo se presentó a la Corte Constitucional meses atrás, pero no ha habido avances al respecto. Tampoco hemos insistido porque estábamos a la espera del cambio que los Estados Unidos implementó la semana pasada, con el que se ratificó la sobretasa de 10% que ya estaba vigente.

Sobre esta nueva investigación relacionada con trabajo forzoso, en el caso de Ecuador, la Administración de Donald Trump ya había indicado que el país cumplía parcialmente con los controles a las importaciones de productos elaborados con trabajo forzoso, y por eso aplicaba una tasa de 10% y para el resto de países, 12,5%.

Considero que más allá de esta investigación, se trata de una medida que llegó para quedarse, esto va a sustituir al 10% que teníamos antes. Es una ventaja para Ecuador tener 2,5 puntos porcentuales menos que el resto de países, pero más allá de eso, creo que Estados Unidos va a mantener la medida.

Entonces, ¿usted no cree que aún haya la posibilidad de renegociar esta sobretasa en el marco del acuerdo firmado?
Nosotros hemos hecho la defensa. Hubo una reunión en Washington hace tres semanas, en la que expusimos lo que nosotros estamos haciendo al respecto. De hecho, en el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) consta que Ecuador va a implementar controles al respecto y que los Estados Unidos inclusive ayudará con inteligencia al respecto.

Entonces, nos sorprendió que, a pesar de que el acuerdo indica esto, hayan señalado que se cumple parcialmente. Pero, como decía, más allá de cumplir o no, creo que se trata de una medida que llegó para quedarse y no la van a mover. Además, pienso que van a venir más investigaciones de Estados Unidos en la que podríamos estar incluidos.

Más allá de cumplir o no, creo que la sobretasa a Ecuador y el resto de países es una medida que llegó para quedarse y no la van a mover.

El presidente Daniel Noboa había dicho que el acuerdo con Estados Unidos se renegociaría en agosto. ¿Esto ya comenzó? 
Al respecto, tenemos que llevar a cabo una sesión del Consejo de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador (TIC, por su siglas en inglés). Estaba programado para junio, en Ecuador, pero ha habido postergaciones por parte del USTR (Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos); esperemos que la reunión se concrete para agosto o septiembre.

El TIC es el vehículo por el que Ecuador puede exponer su posición y solicitar que se incorporen más productos sin sobretasa, como el caso del camarón, el atún en «pouch» y en lata o el brócoli.

Sobre el TLC con Canadá, usted ha resaltado el interés de ese país en las inversiones mineras. ¿Qué empresas mineras canadienses estarían interesadas en invertir en Ecuador o incrementar sus inversiones?
El acuerdo fue un ganar-ganar. Nosotros ganamos en la posibilidad de incrementar nuestro volumen de exportación a Canadá y también porque van a venir inversiones canadienses, no solo en minería, si no en diferentes sectores. El interés principal de Canadá son las inversiones y que esas inversiones se queden en propiedad canadienses.

También, recordemos que Canadá es una potencia minera y aquí en Ecuador hay proyectos de oro, en el caso canadiense, pero también tienen interés en cobre y en otros minerales. Algunos proyectos están en curso y otros están en análisis. Entonces, sí, el principal interés en Canadá está en invertir en minería.

¿Qué faltaría para la entrada en vigencia del acuerdo comercial con Corea del Sur? 
Falta aún la aprobación del Parlamento coreano, esperemos que sea muy pronto, dentro de los próximos 30 o 60 días.

Una vez que el acuerdo entre en vigencia, el siguiente paso sería renegociar los plazos de desgravación arancelaria de algunos productos. Eso ya lo acordamos con el Ministerio de Comercio de Corea del Sur.

Vamos a renegociar con Canadá los plazos de desgravación arancelaria de algunos productos, como banano y atún.

Por ejemplo, el atún ecuatoriano tiene un plazo de desgravación de 15 años y la idea es reducirlo a máximo cinco años. El banano, que tiene un arancel de 30%, tiene un plazo de cinco años y queremos bajarlo a dos, porque tiene una desventaja competitiva frente a Filipinas.

Además, vamos a iniciar las negociaciones de un Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Corea del Sur, pero una vez que quede ratificado el acuerdo comercial en ambos países.

También, hay otros temas que tratar con Corea, ellos realizan pruebas para controlar la mancha blanca en el camarón, que es un tema endémico y que no afecta al ser humano. Entonces, quedamos en que se llevaría a cabo una investigación científica para demostrar que la mancha blanca no afecta al ser humano.

¿Cuántas rondas tendrá el acuerdo con República Dominicana y para cuándo se prevé firmar?
Hubo una primera ronda de negociaciones y la segunda se llevará a cabo desde el lunes 3 de agosto, en República Dominicana. No deberían pasar de cuatro rondas. Este será un acuerdo parcial acotado, se ha hablado de negociar una lista de 10 productos, pero podrían ser hasta 20. Podría firmarse en unos 60 días.

¿Qué avances se han logrado para comenzar las negociaciones de un acuerdo comercial con Marruecos?
La primera ronda de las negociaciones se llevará a cabo en agosto. Este acuerdo se negociará en poco tiempo, son solo cuatro productos de lado y lado. Nosotros tenemos interés en productos como camarón, flores, banano, tableros de madera, enlatados de atún. Marruecos es un importante exportador de fertilizantes de potasio. Fuente: Primicias

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