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Desarrollo urbano sostenible aún depende de cumplimiento de planes municipales que no están actualizados y que poco se aplican en la práctica

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5 años ago

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La expansión de las ciudades ecuatorianas está marcada por los asentamientos irregulares en los que las personas viven en condiciones deplorables hasta que el Municipio correspondiente consolida estas áreas como parte de la zona urbana.

Tras décadas después llega la regularización de los predios, los servicios formales de luz eléctrica, agua potable por red, los sistemas alcantarillado sanitario y pluvial, para finalmente planificar las veredas, bordillos y la pavimentación de las calles.

Hay un desarrollo inverso alimentado por la migración del campo a la ciudad, el abuso de los invasores de tierras que cobran una especie de alquiler a los recién llegados y la especulación en el precio del suelo al alza, sobre todo de los predios más cercanos a las vías principales o la obra pública que se diseña y construye.

Es una situación sujeta a planes de ordenamiento territorial que poco se aplican en la práctica. En la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desarrollo urbano sostenible Hábitat III, realizada en Quito en el 2016, se creó una agenda que Ecuador y el resto de países deben cumplir para frenar esa realidad.

Xavier Cobeña, coordinador de proyectos en el país del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU Hábitat), afirma que uno de los propósitos del organismo es la promoción de esta nueva Agenda Urbana, que incluye objetivos como la densificación de las ciudades para frenar un crecimiento horizontal.

“Después de Hábitat III ayudamos al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) en la elaboración de las guías para la planificación física de las ciudades y colaboramos en el proceso de construcción de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUS aprobada en junio del 2016) y posteriormente su reglamento (publicado en abril del 2019). Esto está en proceso de implementación”, dice.

El plazo que dio este marco jurídico para que los Gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos creen sus planes de uso y gestión del suelo feneció el 13 de septiembre de 2021.

La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT) creada por la LOOTUS, con sede en Cuenca, es la entidad que hace seguimiento al cumplimiento de este plazo.

“El objetivo es que este sea un instrumento que permita a las ciudades pequeñas e intermedias que tienen un cierto margen de maniobra lograr un desarrollo sostenible porque el crecimiento espontáneo de las ciudades se da por el descuido de las administraciones, pero también por una gran presión económica de las familias que migran del campo a la ciudad, entonces no hay vivienda social y el único mecanismo que encuentran es a través del tráfico de tierras”, sostiene Cobeña.

Una de las opciones amparada en la LOOTUS es que la administración municipal tenga la potestad de hacer declaraciones de reservas de suelo en las zonas hacia donde crece la ciudad, que permitan que el precio de la tierra permanezca estable.

“En las ciudades más grandes como Quito y Guayaquil, donde hay un mercado inmobiliario más dinámico, da la posibilidad de que la administración municipal pueda hacer lo que en otros países se conoce como venta de altura, en nuestra legislación sería la concesión onerosa de derechos que es permitir edificaciones más altas siempre y cuando ese proyecto inmobiliario pueda pagar a la ciudad para poder reinvertir en el equipamiento, la infraestructura”, añade el especialista.

La SOT tiene capacidad sancionadora y su misión es vigilar y controlar los procesos de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo, hábitat, asentamientos humanos y desarrollo urbano, competencia que recae en los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

“No sé los datos exactos porque aún no han sido publicados, pero sé que muchos de los 221 municipios del país no han cumplido con este plazo. Los más grandes e intermedios sí han cumplido como Quito, Manta y Portoviejo”, dice Cobeña.

Hay casos positivos de aplicación de la LOOTUS en Portoviejo y Cuenca

Instalar infraestructura con viviendas sociales y que luego lleguen las personas es uno de los objetivos del desarrollo urbano sostenible, es decir, invertir lo que ha ocurrido históricamente con la invasión y el tráfico de tierras.

Hay experiencias positivas en Portoviejo y Cuenca. La Municipalidad de la capital manabita no redefinió sus límites urbanos para frenar un crecimiento de la ciudad sobre las zonas agrícolas.

Al igual que se invierte en proyectos en las áreas de la subcentralidad (en las parroquias) para evitar la expansión de la periferia de Portoviejo sobre zonas agrícolas y de bosques.

“La idea es que la gente del campo llegue a estas parroquias, como Calderón, Riochico o Picoazá, que están a 10, 20 minutos o hasta media hora de Portoviejo, para que puedan trabajar allí sin necesidad de asentarse en la periferia”, dice Cobeña.

Con esto se busca frenar un crecimiento horizontal y desordenado. “Si la tendencia de crecimiento de la mancha urbana se mantiene, en diez años se duplicaría el espacio que ocupa Portoviejo. Esa realidad es mundial y en unos sitios es más intenso que en otros. El fin es que en la misma área vivan más personas, esto ayuda a que las finanzas de los municipios mejoren ya que no construyen muchísimos metros lineales a la redonda de redes de agua y alcantarillado”.

Félix Jaime, subdirector cantonal de planificación urbanística de Portoviejo, afirma que la planificación en la capital manabita empezó en 2014 cuando la administración municipal se enfocó en la investigación y generación de estudios. En ese entonces se culminó el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT).

“Ninguna decisión en el Municipio se tomaba sin sustento. El PDOT fue el primero que incluyó normativa referente a la gestión de riesgos. Luego vino el terremoto (el 15 de abril del 2016), en ese momento se hacía el plan maestro urbano por lo que se cambió todo el enfoque. Hay que planificar de otra forma y se acogió el concepto de ciudad a escala humana, que es diseñar en función del ciudadano, como el que realiza las actividades cotidianas a pie. Priorizar al peatón, al ciclista, al transporte público, los de carga y finalmente a los autos privados. Invertir la pirámide de movilidad”, dice Jaime.

De ahí vino la aprobación de la LOOTUS a nivel nacional. “Entonces vimos una oportunidad de establecer políticas a largo plazo con una vigencia de 12 años. En base a esa ley, todos los PDOT de los Municipios tienen que modificarse e incluir el plan de uso y gestión del suelo (PUGS). Pudimos cumplir y lo terminamos porque ya lo habíamos empezado, nos ayudó la Universidad de Nueva York y la Cátedra Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) de ciudades intermedias sostenibles”, agrega el funcionario.

El PUGS incorpora un nuevo modelo de ciudad que prioriza la sostenibilidad y la resiliencia. “Proteger el ecosistema, garantizar la seguridad alimentaria y la dotación de servicios de infraestructura pública con un crecimiento planificado y ordenado, se priorizan las áreas verdes”, asegura Jaime.

La investigación científica ha sido una de las claves. El estudio de la Universidad de Nueva York sobre la huella urbana revela en base a proyecciones y modelaciones que para el 2050 se perderá casi todo el suelo. “Menos personas consumirán mucho más suelo y la ciudad va a crecer cinco veces del tamaño actual. Con la planificación queremos romper esa tendencia en Portoviejo”, dice Jaime.

Desde ONU Hábitat se habla de ciudades de quince minutos, tiempo máximo que llevaría el traslado desde la vivienda hasta los servicios más importantes, como salud, educación, empleo. Al igual que el crecimiento en altura y el uso de suelos mixtos residencial y comercial, lo que ayuda en la densificación de las ciudades y que las zonas permanezcan activas durante todo el día.

Cuenca ya implementa su plan de uso y gestión del suelo desde antes del plazo fijado en septiembre último por el reglamento de la LOOTUS. Con ello se han ordenado ciertas áreas a través de planes especiales que iban a ser impactadas por proyectos de movilidad, como el tranvía.

“Lo que pasa normalmente es que cuando se anuncia un plan de inversión pública, todas las personas que están alrededor empiezan a especular y no construyen para engordar el precio de los terrenos. Como saben que se ejecutará el proyecto de aquí a seis años entonces especulan. Con los planes especiales se congelan esos valores y se permite que en los lugares por donde pasará el tranvía se entre en un ordenamiento para evitar que haya uso incompatible con lo que se está planteando”, asegura Cobeña.

También tiene avanzado el proceso para conseguir financiamiento externo del proyecto que busca que el centro histórico de Cuenca sea libre de emisiones de gases de efecto invernadero al ambiente, lo que provoca el calentamiento global y deriva en el cambio climático.

Acceso a financiamiento es una limitante

El desarrollo urbano cuesta, más aún cuando se piensa desde un ámbito sostenible. “No es solo hacer nueva ciudad que es lo que se suele creer, como hacer ciudadelas, sino también es reformar, arreglar o redesarrollar lo ya construido y eso necesita recursos”, afirma José Morales, coordinador del Componente Agenda Urbana Nacional del Programa Ciudades Intermedias Sostenibles de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ, según sus siglas en alemán).

Una de las falencias de la mayoría de los GAD es su poca capacidad de generar recursos propios y las limitaciones de las asignaciones del Gobierno central. Esto deja sin financiamiento los proyectos que garanticen un desarrollo urbano ordenado y una expansión de la malla de la ciudad con un menor impacto social y ambiental.

“Ninguna ciudad tiene esos recursos. Babahoyo o Nueva York, a ambas les falta plata, se necesita movilizar recursos. Las fuentes normalmente son la recaudación de sus propios impuestos, sin embargo, no es fácil ya que esto depende mucho de la economía, del número de habitantes. Pueden ser urbes con pocos pobladores, pero se necesitan muchos recursos para temas de agua potable, saneamiento, manejo de basura o mitigación de riesgos climáticos”, afirma Morales.

Una de las alternativas es el financiamiento externo al que acceden principalmente a través de créditos los municipios más grandes como Guayaquil, Quito o Cuenca. “La realidad de la gran mayoría de los 221 cantones del país es que no tienen esas posibilidades ni las capacidades de hacerlo”, agrega.

Lo que les queda es buscar financiamiento en el Banco del Estado. Pero una opción es el uso de los fondos climáticos.

El Acuerdo de París por el Clima del 2015 prevé la movilización de recursos de financiamiento climático desde los países desarrollados que más emiten carbono al ambiente hacia las naciones en desarrollo, para que hagan adaptación y mitigación al cambio climático.

“Se han creado varios fondos globales, el más conocido es el Verde del Clima. El problema es que hay dificultades para que los municipios medianos y pequeños del Ecuador accedan”, asevera Morales.

Uno de los factores es la capacidad instalada para aterrizar estos recursos, lo que depende de la estructura institucional local y nacional. “Estos fondos establecen algunas condiciones técnicas específicas. La más básica de todas y una de las más difíciles de comprender es que tienen que ser acciones que tengan un impacto climático”.

Por ejemplo, se tiene que calcular la cantidad de emisiones que se dejará de emitir a la atmósfera con la ejecución del proyecto que se quiere financiar. “Esta capacidad de medir emisiones es algo que muchas veces los municipios no tienen instalada”.

Y los planes tienen que estar vinculados y alineados a la Contribución Nacional Determinada del país, que es el compromiso del Ecuador ante el mundo para reducir sus emisiones y ejecutar acciones de mitigación y adaptación ante el cambio climático.

Colombia, México y Costa Rica están entre los países de la región que más acceden a estos fondos climáticos.

Ecuador ha conseguido financiamiento para conservación de bosques o reforestación, con lo que se compensa determinada cantidad de emisiones de carbono, pero no logra acceder a los fondos que financian el desarrollo urbano sostenible que requiere planes más complejos.

“Los proyectos de infraestructura pueden ser más resilientes al cambio climático, por ejemplo, con el cálculo del tamaño de las tuberías que se necesitan para el alcantarillado pluvial adaptado a los futuros escenarios de mayor cantidad de lluvias, o como son resilientes a sequías”, dice Morales.

El Ministerio del Ambiente es el encargado de aprobar los planes nacionales, como paso previo a conseguir el financiamiento de los fondos globales.

Parte de los estudios realizados en Portoviejo tienen financiamiento externo tradicional, es decir, no de los fondos climáticos.

ONU interviene con proyectos de planificación en Quito y Manta

ONU Hábitat ejecuta dos proyectos en Manabí. El primero es generar desde la Prefectura una planificación provincial junto a los municipios para la ejecución de proyectos que vayan más allá de los límites administrativos.

El otro plan, denominado ‘Ciudades Incluyentes’, se aplica en Manta y Quito con el fin de integrar a la población venezolana a estas urbes destino.

“Se mejora el perímetro urbano y se tiene prevista la construcción de centros de integración en la parroquia San Mateo de Manta y en la zona de Cotocollao en Quito, para que los migrantes conozcan a qué escuela pueden enviar a sus hijos o acceder a un trabajo formal. Es como un lugar que los acoja y les dé ciertas nociones para que se integren”, explica Cobeña.

La meta es terminar los dos centros de aquí al 2023. (I) Fuente: El Universo

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Partidos y movimientos calculan sus alianzas e inscripción de candidaturas para esquivar el riesgo de otra suspensión

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32 minutos ago

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24/07/2026

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La sorpresiva suspensión del movimiento Amigo, que había decidido acoger a múltiples candidatos de la también suspendida Revolución Ciudadana, sacudió el tablero electoral. Y ahora las organizaciones políticas temen que haya nuevas acciones contra los partidos y movimientos o sus futuros candidatos.

Ese fue el principal tema que atravesó el extenso primer consejo consultivo, organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, este 23 de julio de 2026. En la cita participaron representantes de Unidad Popular (UP), Sociedad Patriótica (PSP), Pueblo Igualdad y Democracia (PID), Partido Social Cristiano (PSC), Avanza, Izquierda Democrática (ID) Partido Socialista (PSE), Pachakutik (PK), Futuro y Creo.

El gran ausente fue Acción Democrática Nacional (ADN), dirigido por la ministra de Trabajo, Cynthia Gellibert. Pero tampoco acudieron SUMA, Renovación Total (RETO), ni Centro Democrático. Mientras que RC y Amigo no fueron invitados, ya que después de la intervención de la Fiscalía General no pueden participar en las elecciones seccionales 2027, adelantadas para el 29 de septiembre de 2026.

El tema oficial de análisis iba a ser la inscripción de candidaturas y alianzas, a través del sistema del CNE. Sin embargo, la tónica la marcó el temor de las organizaciones políticas a que se repita la suspensión de un participante activo en el periodo electoral.

Eso se evidenció cuando Juan Fernando Flores, representante de Creo, se abstuvo de nombrar posibles aliados, candidatos y hasta jurisdicciones en sus ejemplos, porque «no voy a mencionar ninguna aquí, porque cuidado terminamos todos fuera».

El exasambleísta por la lista 21 advirtió, además, que el sistema del CNE impone un orden y continuidad en la inscripción de sus candidatos. Y explicó que esto es «sumamente delicado» porque eso implica que las delegaciones provinciales del Consejo y «otros interesados» conozcan de antemano a los postulantes y esto abra la puerta a que «los empiecen a bajar».

El punto de Flores fue que el movimiento Creo prefiere «jugar a carta tapada», para no exponer a sus candidatos. Rechazó que el sistema del CNE les impida a las organizaciones políticas mantener una estrategia de mantener en secreto los perfiles de sus candidatos definitivos. Y afirmó que esas listas deberían conocerse solo a partir del 17 de agosto, cuando termina el plazo de inscripción.

Este temor de quedar fuera de las seccionales a última hora, sea como organizaciones políticas o candidatos, también tuvo eco en los cuestionamientos y dudas de Pachakutik, Sociedad Patriótica, Futuro, Unidad Popular y el Partido Socialista.

«No puede utilizarse la Fiscalía ni la Función Electoral para eliminar adversarios políticos, eso no es democracia». Giovanni Atarihuana, presidente de Unidad Popular

Este último debido a sus negociaciones con el correísmo para ser el nuevo auspiciante de sus candidatos y a los comentarios del presidente Daniel Noboa de que la RC «se lancen con el partido que quieran, que haya cumplido con la legalidad», pero bajo la advertencia de que otros movimientos no habrían cumplido con sus primarias, presentación de cuentas y reportes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Al final todos los presentes concordaron en la petición de que el CNE elimine los limitantes para la libre inscripción de candidatos, sin obligaciones de continuidad, género, edad, lista, ni fechas. Así como la garantía de que el sistema de inscripción no colapsará el último día del plazo, ya que eso pondría en riesgo el derecho de participación de aquellos que guardarán la confidencialidad de sus listas hasta último momento.

¿Qué dice el CNE?
Dentro del CNE, las visiones son divididas. Los técnicos se encargaron de recordar a las organizaciones los artículos del Código de la Democracia que validaron la suspensión de la Revolución Ciudadana y, posteriormente, de Amigo. Reiteraron que se trata de decisiones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y afirmaron que, «de momento», el Consejo «no está realizando ningún examen relacionado con las causales de cancelación» de agrupaciones.

La consejera Elena Nájera cuestionó el papel del TCE y comentó la posibilidad de que el pleno del Consejo debata «si tenemos que cumplir a rajatabla las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral», porque violentan el principio universal de la presunción de inocencia. Y lamentó que no haya habido una votación dentro del CNE para decidir el futuro de la suspensión de Amigo.

Mientras tanto, el consejero Enrique Pita compartió su inquietud por la «ligereza» de quienes afirman que el CNE podría estar por encima del TCE y no hacer caso a sus decisiones, menos aún con una simple votación del pleno del Consejo. «No es posible», afirmó. Fuente: Primicias

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A un año de su extradición, Estados Unidos desclasifica el expediente completo contra alias ‘Fito’ y su cúpula

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35 minutos ago

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24/07/2026

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El expediente penal en contra de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, perdió el estatus de secreto. El magistrado Clay Kaminsky firmó una orden para desclasificar la acusación en su totalidad el 22 de julio de 2026, en Nueva York.

La resolución de este tribunal se da justo en el momento en que se cumple un año desde que el criminal aterrizó extraditado en suelo estadounidense. Hasta la fecha, se conocía solo una versión reducida sobre los cargos en su contra.

Los nuevos documentos exponen datos que inicialmente fueron omitidos por seguridad sobre las operaciones. Por ejemplo, la acusación completa detalla las cifras exactas de droga traficada hacia Norteamérica y revela las rutas usadas para enviar arsenales bélicos hacia territorio ecuatoriano.

Además, este proceso toma un giro por la conformación de una defensa conjunta. Macías Villamar unió la estrategia con sus dos lugartenientes capturados: alias ‘Topo’ y ‘Churrón’ (quien fue detenido pero todavía no extraditado) para encarar una audiencia prevista para el 16 de septiembre de 2026 ante el juez Frederic Block.

La acusación estadounidense contra ‘Fito’, ‘Topo’ y ‘Churrón’ documenta el envío comprobado de tres despachos de droga hacia los puertos de ese país de forma continua.

El primero de los envíos alcanzó los 1.100 kilogramos y ocurrió en noviembre de 2024. Esta operación demostró que la coordinación de las actividades ilícitas de Macías y Los Choneros continuaba ejecutándose a pesar de que la cabeza del grupo se encontraba prófuga, tras su fuga de la Cárcel Regional del Guayas a inicios de ese año.

El segundo despacho se concretó con 1.800 kilogramos de cocaína el 30 de enero de 2025. Un tercer movimiento se ejecutó el 19 de febrero de 2025, cuando se transportaron otros 800 kilogramos trabajando en sociedad con el Cártel de Sinaloa de México.

Además, la acusación revela que la agrupación enviaba fusiles y municiones operando desde los estados de Nuevo México y de Arizona hacia las costas locales. Las maniobras ocurrieron alrededor de abril de 2024.

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El equipo legal unificado
Por otro lado, los registros públicos del expediente de ‘Fito’, ‘Topo’ y ‘Churrón’ muestran un movimiento reciente en la representación jurídica. El 8 de julio de 2026, el abogado Jeffrey M. Cohn asumió la defensa conjunta de los tres procesados.

Según información pública, el abogado Cohn ha participado en otros casos de narcotráfico. Cohn fue el defensor en Nueva York de Alexander Ardón, exalcalde hondureño y cabecilla de un cartel de cocaína que se entregó a la justicia estadounidense.

Su cliente testificó en los juicios que desmantelaron la estructura de ese país, lo que derivó en las condenas del exdiputado Tony Hernández y del expresidente Juan Orlando Hernández. Cohn fue el representante legal durante las etapas de este proceso.

Además, el historial del jurista registra un proceso penal en su contra ocurrido a finales de los años 90 y principios de los 2000. Mientras representaba al narcotraficante Christian Del Rosario, el gobierno de Estados Unidos emitió una acusación en febrero de 2000 imputando a Cohn y a otras personas por una supuesta conspiración para defraudar al Estado y por obstrucción de la justicia.

La Fiscalía argumentó que el abogado participó en un esquema de compra de información para reducir la sentencia de su cliente. Tras encarar un juicio, un jurado lo absolvió de todos los cargos el 11 de octubre de 2000, lo que le permitió continuar con su carrera.

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De esta manera, Macías Villamar unificó su defensa con Darío Javier Peñafiel Nieto y Francisco Manuel Bermúdez Cagua. Por este último, el país norteamericano llegó a ofrecer USD 5 millones como recompensa antes de que fuera capturado en el territorio ecuatoriano.

La incorporación del abogado coincide con la suspensión de los plazos de un juicio rápido. Al ser designado como un caso complejo, las partes decidieron renunciar a los tiempos habituales para revisar a detalle la extensa evidencia de los fiscales.

¿Hay negociación?
‘Topo’, el lugarteniente de ‘Fito’, llegó a Estados Unidos el 22 de junio de 2026. En su primera diligencia, se declaró no culpable de todos los cargos, como generalmente ocurre en los casos criminales federales en Estados Unidos. Fuente: Primicias

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Boom de precios: Los ingresos de Ecuador por venta de petróleo en lo que va de 2026 casi igualan a lo recibido en todo 2025

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39 minutos ago

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24/07/2026

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El precio del petróleo vuelve a subir en medio de la guerra en Medio Oriente. Con esto, el Presupuesto estatal ecuatoriano podría seguir teniendo un alza de ingresos petroleros que, en lo que va de 2026, ya marcan un récord.

El Gobierno ha recibido USD 1.561 millones en ingresos por exportaciones de su petróleo hasta el 23 de julio de 2026, según el Ministerio de Finanzas. Se trata de una cifra que casi iguala a los USD 1.585 millones que recibió Ecuador por el mismo concepto, pero en todo 2025.

Y es que pese a que desde mediados de junio de 2026 el precio del petróleo comenzó a bajar por las expectativas de una tregua entre Irán y Estados Unidos, en la última semana los temores de que la guerra se alargue vuelven a crecer.

El jueves 23 de julio de 2026, el petróleo WTI, que es de referencia para el de Ecuador, tuvo un incremento de 6% y se cotizó en USD 92 por barril. Esto, después de que milicianos de Yemen respaldados por Irán reivindicaran ataques contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo.

Ecuador esperaba un precio del petróleo de USD 53
Así las cosas, el petróleo se ha vendido por encima del promedio que el Gobierno de Daniel Noboa había previsto para este año, que era de USD 53,5 por barril. Y el alza ha sido sobre todo en mayo de 2026, como muestra la gráfica:

Aunque el precio del petróleo WTI fue de USD 82,5 en promedio entre enero y junio de 2026, el barril de Ecuador se ha vendido en USD 70,78 en promedio en ese período. Y esto ocurre porque se vende con un castigo, por su calidad.

Para el 21 de julio de 2026 se vendió en USD 81,38 por barril, según Petroecuador.

¿Qué efectos ha tenido el aumento de ingresos petroleros?
Con más ingresos petroleros, el Gobierno cuenta con más liquidez este 2026; es decir, con más dólares en el bolsillo para hacer pagos fluidos, por ejemplo, a los proveedores del Estado, y así reducir las cuentas atrasadas, explica el exviceministro de Finanzas, Fabián Carrillo.

Además con más liquidez se puede pagar con más rapidez los anticipos de obras públicas para que comiencen a ejecutarse, añade Carrillo.

De hecho, se han reducido los atrasos en las cuentas del Gobierno Central, como muestra la gráfica:

Carrillo destaca que otro factor positivo es que con más ingresos petroleros los gobiernos locales también tendrán más recursos, puesto que el Modelo de Equidad Territorial del Código de Organización Territorial (Cootad) establece que se les reparta el 10% de los ingresos petroleros.

El desafío es que se pague esos recursos a tiempo a los gobiernos locales, añade. Y es que ha sido normal que en los últimos años se acumulen millonarios atrasos en estos rubros.

Mathias Haas, director de investigaciones de la Consultora Inteligencia Empresarial, añade que este aumento de ingresos es clave en momento en el que Ecuador todavía enfrenta fuertes necesidades de préstamos.

Y añade que la caída que el indicador de riesgo país ha tenido en este 2026 se debe, en parte, al aumento del precio del petróleo. Un riesgo país bajo es clave para que una nación acceda a préstamos con condiciones menos costosas.

El 22 de julio el riesgo país fue de 400 puntos; esto es una cifra baja tomando en cuenta que el 10 de abril de 2025, por ejemplo,  el indicador llegó al récord de 1.908 puntos.

«Un Estado que recibe más dólares por petróleo tiene mayor capacidad para cubrir obligaciones, reduce el riesgo de problemas de liquidez y mejora su percepción de pago ante los acreedores» Mathias Haas, economista.

Pero añade que pese al boom de precios de esta materia prima, el país sigue enfrentando dificultades en sus cuentas, ya que el gasto público sigue estando abultado.

«El riesgo sería asumir que este ingreso es permanente y convertirlo en nuevos compromisos de gasto. La oportunidad está en utilizarlo para pagar atrasos, reducir deuda cara y fortalecer la posición fiscal; de lo contrario, cuando el precio del petróleo se normalice, reaparecerán los mismos desequilibrios», agrega.

Los desafíos de la producción y refinación
Carrillo explica que pese al boom de precios también hay puntos flacos para Ecuador. Uno de ellos es que los precios de gasolinas y diésel también se han incrementado este primer semestre de 2026.

A esto se suma que el país tuvo una menor capacidad para refinar combustibles por el incendio en la refinería Esmeraldas de marzo pasado.

Con esto, la estatal Petroecuador ha tenido que destinar más dólares para importar combustibles.

Y, pese a que existe un sistema de bandas de fluctuación de precios para las gasolinas de bajo octanaje y el diésel, este mecanismo todavía permite un subsidio estatal parcial en los precios.

De hecho, por los altos precios en el mercado internacional, en julio de 2026 el Gobierno cambió la fórmula de cálculo de los precios de las gasolinas y el diésel en Ecuador, y esto también ha significado un mayor sacrificio de recursos públicos. Fuente: Primicias

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