Nacionales
José Serrano señala a exministra María Paula Romo como responsable en renegociación de bonos con recursos del Isspol
La exministra de Gobierno María Paula Romo tendría responsabilidad directa en el desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), porque en julio 2020 autorizó la renegociación de bonos cuando el Ecuador cayó en default (suspensión de pagos de deuda externa) y había necesidad de recursos, lo cual generó un perjuicio grave a los fondos de la entidad y podría configurarse un peculado.
Lo afirmó el exministro de Gobierno y exlegislador José Serrano, quien pidió ser recibido en la Comisión de Fiscalización dentro del proceso de juicio político en contra del superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, por incumplimiento de funciones en el control de las operaciones de inversión de los recursos del Isspol, provocando una afectación que superaría los $ 900 millones.
Serrano dijo que fueron “medias verdades” las señaladas por la exministra Romo, cuando compareció la semana pasada a la mesa de Fiscalización. Según él, a más de ese desfalco que está siendo investigado no solo en el Ecuador, sino también en Estados Unidos, se ha cometido un segundo delito que se ha pretendido ocultar, y es el peculado cuando se autorizó la recompra de bonos 2030, 2035, 2040 y se los canjeó con los 2024, 2026, 2028 y 2029, dijo.
Aclaró que no es verdad lo que señaló Romo respecto a que el Isspol es solamente administrado por policías y que su directorio exclusivamente representa al servicio pasivo y servicio activo de los policías; la verdad es que el Consejo Directivo del Isspol, desde el 21 de octubre de 2016, lo preside el o la ministra de Gobierno.
Serrano entregó a la mesa de fiscalización un documento que tiene fecha 14 de agosto de 2020, que según el exfuncionario fue ocultado deliberadamente para esconder las verdaderas responsabilidades de quienes realizaron las operaciones de inversión desde el año 2014, siendo las de mayor cuantía las inversiones que se efectuaron entre septiembre de 2018 y enero 2020, por cerca de $ 155 millones. Que en ese documento está el “pacto de compra de bonos”, afirmó.
Manifestó que en ese documento se incluyen además las operaciones, los montos de inversión y los nombres de los responsables que aprobaron operaciones por cerca de $ 83 millones, sin contratos.
El exministro Serrano también entregó a la mesa el acta de la sesión del Consejo Directivo del Isspol del 27 de julio de 2020. Esta es la prueba fundamental para determinar el delito oculto, pues aquí se pretende que únicamente se investigue el delito contra Decevale y Jorge Chérrez, y otras personas, para que con ese desfalco al Isspol se oculte el otro perjuicio.
El documento está suscrito por la exministra Romo en calidad de presidenta del Consejo Directivo del Isspol, el comandante general de la Policía, el director de Personal de la Policía, el subsecretario de Policía, el director nacional de Bienestar Social, el representante por los oficiales en servicio pasivo, el representante de clases y policías, y el secretario del Consejo Directivo.
Afirmó que en la presidencia del Consejo Directivo del Isspol, que en ese entonces ocupaba Romo, se aprobó la renegociación de los bonos 2024, 2026, 2028, 2029 y se los canjeó con los bonos 2030, 2035 y 2040, ocasionando cuatro perjuicios graves adicionales a la Policía Nacional. Primero, una disminución aproximada del 48 % del valor nominal de los papeles que tenían los bonos 2024, 2026, 2028 y 2029.
Luego, una disminución de la tasa del cupón del 9 % al 5 %; además, se autorizaron dos años de gracia para comenzar a pagar el capital y los intereses, donde se determina que el capital solo puede ser amortizado a partir del año 2034.
Dijo que la responsabilidad sobre la renegociación de los bonos recae en la exministra Romo, porque justamente a partir de un requerimiento del Estado pues Ecuador cayó en default (suspensión de pagos), de deuda externa, había una necesidad de recursos y “esos recursos fueron arrebatados de la seguridad social de la Policía Nacional. Entonces, quien presentó esa propuesta de renegociación fue la exministra María Paula Romo”, insistió.
Pidió que se investiguen los 25 días que él permaneció al frente del Consejo Directivo del Isspol, pero que también se investigue la responsabilidad de los directores que no han hecho absolutamente nada con el canje de bonos fraudulento que lleva a un peculado y que ocasiona doble perjuicio a la Policía Nacional.
Sin embargo, las negociaciones con Jorge Cherrez y la Isspol comenzaron en el 2014, y desde entonces esa institución de seguridad social le entregó $600 millones.
Ante la comisión dijo que actualmente vive en Estados Unidos y realiza trabajos de asesoría sobre seguridad ciudadana a países de Centroamérica, pero aclaró que no tiene ningún convenio de colaboración eficaz con los Estados Unidos sobre el caso Isspol.
Fernando Villavicencio (Concertación), presidente de la Comisión de Fiscalización, afirmó que la información entregada por Serrano hasta ahora no se conocía así como el acta del Isspol, documentos ocultos, donde se determinan las inversiones realizadas con los recursos del seguro social de la Policía.
Cheque
Durante la comparecencia del exministro Serrano, el legislador Fernando Villavicencio le preguntó cuál es su relación con Jorge Chérrez, exgerente de operaciones de Decevale, y también le mostró un cheque emitido por Chérrez, por $ 230.000, a María Paula Christiansen, en enero de 2018.
El exlegislador dijo que su relación con Chérrez fue casual a propósito del terremoto de Pedernales en Manabí en el año 2016, nunca antes había escuchado de él. Que Chérrez entregó vituallas y alimentos a los damnificados.
Que jamás habló sobre operaciones que realizaba Chérrez con los recursos del Isspol, que recién se enteró de que tenía una relación como intermediario financiero e inversionista del pauña, cuando era presidente de la Asamblea Nacional. Respecto al cheque dijo que conocía de su existencia, pero no profundizó en más información.
Manifestó que cuando lo necesiten regresará al país, pues al momento vive en Estados Unidos y trabaja en consultorías en Centroamérica, sobre seguridad ciudadana.
Dijo que trata de recuperar la tranquilidad para su familia después de estar permanentemente amenazado por policías corruptos y bandas criminales que pretendieron destruir al país y que en este momento están mandando desde las cárceles por falta de control a esos delincuentes.
Fernando Villavicencio al término de la comparecencia manifestó que María Cristiansen fue una alta funcionaria del Ministerio del Interior en la administración de José Serrano y aseguró que hay una relación mucho más profunda, pues ambos viven en Estados Unidos, donde también permanece Chérrez. (I) Fuente: El Universo
Nacionales
Antes de una reforma de pensiones, se deben vender USD 2.000 millones en activos para dar liquidez al IESS, dice Presidente Noboa
El Presidente Daniel Noboa dijo este 28 de agosto de 2026, que antes de ir a una reforma del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en cuanto a aportes y pensiones, es necesario que primero la entidad consiga liquidez vendiendo sus activos, entre ellos, bienes raíces como terrenos, lotes, edificios, entre otros, que estarían valorados en USD 2.000 millones.
Noboa dijo esto al ser consultado en una entrevista en Radio Centro Digital sobre qué pasó con la propuesta de reforma al sistema de pensiones de la que había hablado el entonces presidente del Consejo Directivo del IESS, Eduardo Peña, en 2025.
De ahí que Noboa enfatizó que una reforma que implique, por ejemplo, un aumento en los aportes, podría afectar en la generación de empleo en Ecuador.
«Antes de cualquier reforma al IESS debemos generar USD 2.000 millones en liquidez. Así aguantas el bache y sostienes este proceso de mayor generación de empleo. Si tenemos que vender activos para generar caja y sostener el proceso, hay que hacerlo», dijo.
Y añadió que ha pedido a Bernardo Cordovez, el delegado de la Función Ejecutiva y presidente del Consejo Directivo del IESS, que los venda.
» He dado la orden a Bernardo, le he dicho: ‘hermanito, vende todos los activos, ¿qué haces con tantos edificios, terrenos, macro lotes, cuando necesitas atender salud y pensiones?’ …Ya se comenzaron a vender, pero hay mafias que no quieren que se venda nada», explicó.
El catastro de bienes del IESS, con fecha del 19 de marzo de 2026, está compuesto por 1.387 predios distribuidos en las 24 provincias del país y clasificados de acuerdo con los diferentes seguros especializados, entre ellos el campesino y el de pensiones, los que tienen a su nombre la mayor cantidad de propiedades.
El seguro campesino cuenta con 676 inmuebles, el 48,7% del total de los predios, mientras que el de pensiones tiene 389 bienes, el 28,05%. Le siguen en la cartera inmobiliaria los seguros de salud (9,37%) y de la Dirección General del IESS (13,7%).
Ahí constan oficinas administrativas, edificaciones, terrenos. Entre ellos, dispensarios del Seguro Campesino como Barabón, de 912 metros en Azuay, hasta hospitales de tercer nivel como el Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, de una extensión de 82.150 metros cuadrados.
Menos colocación de crédito hipotecario del Biess
Noboa enfatizó que el IESS requiere liquidez con urgencia y puso como ejemplo que el banco del IESS, (Biess) ha tenido que reducir la colocación de créditos hipotecarios, para atender al sector de salud.
«Ha tenido que reducir sus inversiones en créditos hipotecarios para atender salud; menos créditos de vivienda a 2,99% para arreglar un hospital» Daniel Noboa.
A junio de 2026, la cartera de crédito hipotecario del Biess sumó USD 6.627 millones; esto es una caída de 2,37% frente a junio de 2025. Fuente: Vistazo
El presidente Daniel Noboa aseguró que prefectos, alcaldes y asambleístas son dueños de dializadoras con derivaciones. Además, habló sobre los cambios ejecutados en el sistema de salud para mejorar la atención.
En entrevista con Radio Centro, el mandatario detalló que se han realizado más de 24 auditorías en hospitales, muchas de las cuales terminaron en detenciones, pero hay “estructuras grandes” que siguen obstaculizando el trabajo.
Agregó que incluso hay periodistas que tienen medios digitales e insultan al gobierno, pese a que son proveedores del Estado.
“Cómo puedes salir a criticar si eres proveedor del sistema de salud y al mismo tiempo tu pareja está en todas las mafias eléctricas desde hace 15 años y está involucrado como testaferro de Glas”, arremetió sin especificar nombres.
Noboa comentó que se está trabajando en repotenciar varios hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero eso requiere una alta inversión.
Por ello, indicó que esa institución ha implementado un plan para vender “bienes ociosos” como terrenos, edificios y oficinas desocupadas.
“Antes de hacer una reforma debemos generar USD 2.000 millones en liquidez en venta de activos”, detalló el jefe de Estado.
Tecnología para la atención en salud
La secretaria de Comunicación, Irene Vélez, avanzó que se está implementado telemedicina para descongestionar la demanda de atención física en hospitales.
En cuanto a medicamentos, el presidente Noboa informó que trabajan en fortalecer el sistema de atención primaria para que las personas obtengan más rápido los fármacos sin necesidad de trasladarse a hospitales de especialidades.
Dedalus es una plataforma líder en Europa y referente mundial en servicios de salud digital para historias clínicas electrónicas y diagnóstico médico. Fuente: Vistazo
Nacionales
Contratos a la carta: Así Celec modificó las reglas para pagar USD 104 millones a Progen sin generar un megavatio
En el caso Apagón, la Fiscalía sigue revelando detalles de cómo la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y el Ministerio de Energía habrían operado para desembolsar fondos a la firma estadounidense Progen de forma irregular.
La trama involucró dos contratos de emergencia por USD 149,1 millones para instalar 150 megavatios de potencia en las centrales Salitral (100 megavatios) y Quevedo (50 megavatios).
Según el Ministerio Público, mediante un contrato complementario y cambios de reglas que flexibilizaron los hitos de pago originales, se transfirieron USD 104,4 millones a la contratista de forma injustificada.
Los desembolsos se pagaron pese a que la proveedora entregó motores usados y fabricados en 2009. Al día de hoy, los equipos no han generado un solo megavatio de energía y el país todavía intenta cubrir el déficit de generación eléctrica a puertas de un nuevo estiaje.
Los contratos y el primer ‘retraso’
El 2 de agosto de 2024, Celec y Progen firmaron dos contratos por USD 149,1 millones: Salitral, por USD 99,4 millones y 120 días de plazo, y Quevedo, por USD 49,7 millones y 95 días.
En lugar del anticipo de ley al que Progen renunció, las partes acordaron pagar el 70% del monto total del contrato en el extranjero contra la presentación del listado de empaque, omitiendo requerir garantías
de buen uso de fondos públicos. Ese mecanismo quedó establecido en el Hito 1 de los contratos.
Eso significa que, en lugar de que ese pago estuviera condicionado a que los equipos llegaran, fueran instalados y demostraran que funcionaban, solo se exigió un documento que señala qué equipos se están enviando; la cantidad de unidades; la descripción de cada equipo, peso, número de serie.
Los plazos de 120 y 95 días, respectivamente, de cada contrato debían contarse desde la fecha de la firma del contrato. Sin embargo, un retraso administrativo, que hoy la Fiscalía investiga, alteró los contratos por primera vez, en un evidente beneficio para Progen.
Cristian Dahik, hoy uno de los vinculados al caso Apagón, entonces subgerente de Termopichincha, habría retrasado la protocolización de ambos contratos por 33 días en la Notaría 47 de Quito.
Con base en esta demora, se postergó el inicio del plazo de Quevedo al 3 de septiembre de 2024, otorgándole a la contratista un beneficio de 32 días de gracia en el cronograma.
La adenda y la flexibilidad
Tras esta demora, el plazo original del contrato de Quevedo venció el 10 de diciembre de 2024.
Sin embargo, pese a que el vínculo principal ya estaba extinto, el 11 de enero de 2025 Gonzalo Guerrón y Marcos Guerrero suscribieron el contrato complementario TPI-CON-0001-25. Este instrumento, que contó con el informe favorable de Daniela Gordillo, fraccionó el pago del 70% en cinco cuotas semanales de USD 6,9 millones. Todos están siendo procesados por peculado.
Además, el contrato complementario de Quevedo concedió 62 días adicionales de plazo, impidiendo la aplicación de multas por mora.
Y las nuevas reglas se cumplieron. De forma sucesiva, entre enero y marzo de 2025, se procesaron las cinco órdenes de pago numeradas de la 340943 a la 344891 a favor de la cuenta de Progen en el Regions Bank de Alabama, acumulando una transferencia neta por un valor de USD 34,79 millones.
En Salitral, en cambio, el exadministrador Marlon Casilla negó una prórroga de 55 días por falta de justificativos. Sin embargo, tras la salida de Casilla, el nuevo administrador Rommel Calderón solicitó un nuevo criterio a Daniela Gordillo. Con este informe favorable, el gerente Gonzalo Guerrón aprobó dos prórrogas por 57 días (Resoluciones TPI-RES-0014-25 y TPI-RES-0020-25).
Estas ampliaciones de plazo en Salitral viabilizaron que la contratista Progen cobrara el Hito 1 por USD 69,9 millones o 70% del contrato, dinero transferido el 1 de octubre de 2024.
Al vencerse el cronograma de ese contrato, el 27 de febrero de 2025, se certificó que los 29 grupos electrógenos jamás llegaron a la central, quedando el proyecto con un 0% de puesta en marcha. Y sin que retorne el dinero.
LA RUTA DE LOS USD 104,4 MILLONES
Celec pagó a Progen más de USD 104 millones sin que la empresa haya generado un megavatio.
Central Salitral (100 MW)
Central Quevedo (50 MW)
Ficha técnica inicial (TPI-CON-0062-24)
Objeto del contrato: Adquisición de 29 grupos electrógenos, obras civiles y puesta en marcha.
Monto original: USD 99.400.000
Plazo original: 120 días calendario.
Fecha de firma: 2 de agosto de 2024.
Fecha real de inicio: 3 de septiembre de 2024 (tras 33 días de retraso en protocolización notarial).
Hito de pago: El desembolso del 70%
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Fuente: Satje/Fiscalía/Sercop
Esta visualización fue creada con Gemini, inteligencia artificial de Google.
Gráfico: PRIMICIAS
¿Un modus operandi?
La investigación judicial del caso Apagón evidencia, además, que la trama de Progen era similar al patrón operativo empleado con el caso ATM.
En este proceso, Ecuador firmó con la firma uruguaya Austral Technical Management para la central Esmeraldas III.
Ambos proveedores desistieron de recibir el anticipo legal. Según la Fiscalía, esto podría haber buscado evadir la entrega de garantías bancarias de fiel cumplimiento y de buen uso de recursos públicos
En ambos casos, además, las adendas permitieron a las empresas cobrar millones de dólares en el extranjero mediante simples embarques, sin que los desembolsos dependieran de la instalación física o de la generación eléctrica.
Mientras Austral cobró USD 71,4 millones con motores viejos e incompatibles con el sistema nacional, Progen recibió USD 104,4 millones sin generar un megavatio.
Los peritajes técnicos demuestran que las dos firmas entregaron motogeneradores usados del año 2009 en lugar de equipos nuevos de última tecnología. Varias de estas unidades presentaban placas limadas y números de serie alterados.
El país pagó USD 175,8 millones en total a ambas firmas, pero continúa apagado y sufriendo cortes de energía por la falta de generación. Pero en el caso de ATM, el holding estatal Celec ni siquiera había terminado unilateralmente el contrato hasta el 29 de julio de 2026. Fuente: Primicias
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