La exministra de Gobierno María Paula Romo tendría responsabilidad directa en el desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), porque en julio 2020 autorizó la renegociación de bonos cuando el Ecuador cayó en default (suspensión de pagos de deuda externa) y había necesidad de recursos, lo cual generó un perjuicio grave a los fondos de la entidad y podría configurarse un peculado.

Lo afirmó el exministro de Gobierno y exlegislador José Serrano, quien pidió ser recibido en la Comisión de Fiscalización dentro del proceso de juicio político en contra del superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, por incumplimiento de funciones en el control de las operaciones de inversión de los recursos del Isspol, provocando una afectación que superaría los $ 900 millones.

Serrano dijo que fueron “medias verdades” las señaladas por la exministra Romo, cuando compareció la semana pasada a la mesa de Fiscalización. Según él, a más de ese desfalco que está siendo investigado no solo en el Ecuador, sino también en Estados Unidos, se ha cometido un segundo delito que se ha pretendido ocultar, y es el peculado cuando se autorizó la recompra de bonos 2030, 2035, 2040 y se los canjeó con los 2024, 2026, 2028 y 2029, dijo.

Aclaró que no es verdad lo que señaló Romo respecto a que el Isspol es solamente administrado por policías y que su directorio exclusivamente representa al servicio pasivo y servicio activo de los policías; la verdad es que el Consejo Directivo del Isspol, desde el 21 de octubre de 2016, lo preside el o la ministra de Gobierno.

Serrano entregó a la mesa de fiscalización un documento que tiene fecha 14 de agosto de 2020, que según el exfuncionario fue ocultado deliberadamente para esconder las verdaderas responsabilidades de quienes realizaron las operaciones de inversión desde el año 2014, siendo las de mayor cuantía las inversiones que se efectuaron entre septiembre de 2018 y enero 2020, por cerca de $ 155 millones. Que en ese documento está el “pacto de compra de bonos”, afirmó.

Manifestó que en ese documento se incluyen además las operaciones, los montos de inversión y los nombres de los responsables que aprobaron operaciones por cerca de $ 83 millones, sin contratos.

El exministro Serrano también entregó a la mesa el acta de la sesión del Consejo Directivo del Isspol del 27 de julio de 2020. Esta es la prueba fundamental para determinar el delito oculto, pues aquí se pretende que únicamente se investigue el delito contra Decevale y Jorge Chérrez, y otras personas, para que con ese desfalco al Isspol se oculte el otro perjuicio.

El documento está suscrito por la exministra Romo en calidad de presidenta del Consejo Directivo del Isspol, el comandante general de la Policía, el director de Personal de la Policía, el subsecretario de Policía, el director nacional de Bienestar Social, el representante por los oficiales en servicio pasivo, el representante de clases y policías, y el secretario del Consejo Directivo.

Afirmó que en la presidencia del Consejo Directivo del Isspol, que en ese entonces ocupaba Romo, se aprobó la renegociación de los bonos 2024, 2026, 2028, 2029 y se los canjeó con los bonos 2030, 2035 y 2040, ocasionando cuatro perjuicios graves adicionales a la Policía Nacional. Primero, una disminución aproximada del 48 % del valor nominal de los papeles que tenían los bonos 2024, 2026, 2028 y 2029.

Luego, una disminución de la tasa del cupón del 9 % al 5 %; además, se autorizaron dos años de gracia para comenzar a pagar el capital y los intereses, donde se determina que el capital solo puede ser amortizado a partir del año 2034.

Dijo que la responsabilidad sobre la renegociación de los bonos recae en la exministra Romo, porque justamente a partir de un requerimiento del Estado pues Ecuador cayó en default (suspensión de pagos), de deuda externa, había una necesidad de recursos y “esos recursos fueron arrebatados de la seguridad social de la Policía Nacional. Entonces, quien presentó esa propuesta de renegociación fue la exministra María Paula Romo”, insistió.

Pidió que se investiguen los 25 días que él permaneció al frente del Consejo Directivo del Isspol, pero que también se investigue la responsabilidad de los directores que no han hecho absolutamente nada con el canje de bonos fraudulento que lleva a un peculado y que ocasiona doble perjuicio a la Policía Nacional.

Sin embargo, las negociaciones con Jorge Cherrez y la Isspol comenzaron en el 2014, y desde entonces esa institución de seguridad social le entregó $600 millones.

Ante la comisión dijo que actualmente vive en Estados Unidos y realiza trabajos de asesoría sobre seguridad ciudadana a países de Centroamérica, pero aclaró que no tiene ningún convenio de colaboración eficaz con los Estados Unidos sobre el caso Isspol.

Fernando Villavicencio (Concertación), presidente de la Comisión de Fiscalización, afirmó que la información entregada por Serrano hasta ahora no se conocía así como el acta del Isspol, documentos ocultos, donde se determinan las inversiones realizadas con los recursos del seguro social de la Policía.

Cheque

Durante la comparecencia del exministro Serrano, el legislador Fernando Villavicencio le preguntó cuál es su relación con Jorge Chérrez, exgerente de operaciones de Decevale, y también le mostró un cheque emitido por Chérrez, por $ 230.000, a María Paula Christiansen, en enero de 2018.

El exlegislador dijo que su relación con Chérrez fue casual a propósito del terremoto de Pedernales en Manabí en el año 2016, nunca antes había escuchado de él. Que Chérrez entregó vituallas y alimentos a los damnificados.

Que jamás habló sobre operaciones que realizaba Chérrez con los recursos del Isspol, que recién se enteró de que tenía una relación como intermediario financiero e inversionista del pauña, cuando era presidente de la Asamblea Nacional. Respecto al cheque dijo que conocía de su existencia, pero no profundizó en más información.

Manifestó que cuando lo necesiten regresará al país, pues al momento vive en Estados Unidos y trabaja en consultorías en Centroamérica, sobre seguridad ciudadana.

Dijo que trata de recuperar la tranquilidad para su familia después de estar permanentemente amenazado por policías corruptos y bandas criminales que pretendieron destruir al país y que en este momento están mandando desde las cárceles por falta de control a esos delincuentes.

Fernando Villavicencio al término de la comparecencia manifestó que María Cristiansen fue una alta funcionaria del Ministerio del Interior en la administración de José Serrano y aseguró que hay una relación mucho más profunda, pues ambos viven en Estados Unidos, donde también permanece Chérrez. (I) Fuente: El Universo