Más de 170 familias de Loja y Zamora Chinchipe se benefician de un proyecto de investigación que impulsa el cuidado de la tierra y el uso eficiente del agua en sus cultivos.

 Conociendo el potencial cafetalero en el sur del Ecuador, la Universidad Nacional de Loja (UNL) con el objetivo de promover prácticas innovadoras para el manejo y conservación del suelo y el agua, impulsa una iniciativa científica con un enfoque participativo que cuenta con el apoyo del Fondo de Investigación para la Agrodiversidad, Semillas y Agricultura Sustentable (FIASA) para beneficiar a actores de la economía popular y solidaria.

Esta labor la impulsa el Centro de Investigaciones Tropicales del Ambiente y Biodiversidad (CITIAB) de la UNL y fue seleccionada en la Segunda Convocatoria Abierta 2024 del FIASA, gracias a su alto nivel técnico y pertinencia social. El financiamiento del estudio asciende a $ 602.495, de los cuales $ 445.000 son aportados por FIASA, consolidándose como uno de los principales respaldos a la investigación aplicada en el sector agroproductivo.

El programa incluye a más de 100 hogares de la Asociación de Apicultores de San Pedro de Vilcabamba -Loja-, y más de 70 familias de la Asociación de Producción Agropecuaria ‘La Chacra’ -en Palanda y Valladolid, Zamora Chinchipe-; territorios donde el café es su principal sustento económico. A través de este trabajo, la academia interviene para contrarrestar la degradación del suelo, el manejo inadecuado del recurso hídrico y la limitada asistencia técnica, aportando soluciones con evidencia científica y conocimiento local.

Max Encalada, director de Investigación de la UNL, explicó que como parte de la ejecución del proyecto se implementan procesos de investigación aplicada que incluyen: levantamiento de información biofísica, monitoreo de suelos, uso de tecnología -drones-, y capacitación a productores en prácticas sostenibles. Estas acciones permiten mejorar la productividad y avanzar hacia sistemas cafetaleros resilientes y sostenibles, integrando un enfoque de agroturismo ecológico como alternativa de desarrollo territorial.

El proyecto se ejecuta bajo un modelo de articulación interinstitucional que integra a la Empresa Pública “Ímpetu” de la UNL, Agrocalidad y gobiernos autónomos descentralizados locales, consolidando una red de cooperación que fortalece el impacto de la investigación científica en la sociedad. Este esfuerzo demuestra cómo la academia, cuando se vincula con el territorio, se convierte en motor de transformación social, económica y ambiental.

En sus tres años de ejecución (2025–2028), el proyecto generará información clave sobre la conservación del suelo y agua en las cuencas de los ríos Catamayo y Mayo; mientras impulsa herramientas como un geoportal temático, procesos de formación y circuitos de agroturismo. Además, fortalecerá la participación de estudiantes e investigadores y la transferencia de conocimiento hacia las comunidades, consolidando el papel de la academia como un actor estratégico en la construcción de territorios sostenibles.

DATO IMPORTANTE

Innovación cafetalera UNL

• Más de 170 familias beneficiadas.
• $602.495 de financiamiento.
• 3 años de ejecución (2025-2028).

La operación y mantenimiento de la hidroeléctrica más grande del país, Coca Codo Sinclair (CCS), estaría, durante 25 años, en manos de PowerChina, según confirmaron a PRIMICIAS altas fuentes del Gobierno.

PowerChina es la casa matriz de la empresa china Sinohydro, que es, de hecho, la misma que construyó esta polémica obra.

El Gobierno de Daniel Noboa se habría comprometido a firmar un contrato que prevé pagos de USD 60 millones anuales a PowerChina por esos servicios durante 25 años.  Es decir, en total, Ecuador terminaría pagando unos USD 1.500 millones a la empresa china; lo que equivale al 54% de lo que costó la obra.

La inversión que el Estado hizo en esta central fue de unos USD 2.763 millones. Con una capacidad máxima de 1.500 megavatios, Coca Codo Sinclair es la hidroeléctrica más grande de Ecuador. Por sí sola cubre entre el 20 y 25% de la demanda nacional del sistema eléctrico nacional interconectado.

El contrato para la operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica se deberá firmar en un plazo máximo de un mes luego de que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) reciba definitivamente la obra.

Y esto está próximo a suceder, pues el 6 de abril de 2026 PowerChina ya envió a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) la solicitud para la recepción definitiva del proyecto.

«El Acta de Recepción Definitiva deberá firmarse a más tardar el 17 de abril de 2026», indica el oficio firmado por Sheng Mingzhong, gerente encargado del proyecto, de Sinohydro.

¿Por qué recién se está planeando la recepción oficial de la obra? Pese a que esta hidroeléctrica se inauguró en noviembre de 2016, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, la central nunca se recibió formalmente por los graves problemas detectados en la infraestructura.

Según un informe de la Contraloría General del Estado de 2018, había más de 7.600 fisuras en los distribuidores de Coca Codo, que tiene unos 1.500 megavatios de potencia. Las fisuras han ocasionado paralizaciones de la central que han ocasionado una reducción de la generación eléctrica.

Y advirtió que esos defectos en los distribuidores comprometen la seguridad de la casa de máquinas, valorada en USD 1.011 millones.

Esa es una cifra cercana a lo que el Gobierno prevé destinar este 2026 a bonos y subvenciones sociales como el Bono de Desarrollo Humano y el Bono 1.000 Días para prevenir la desnutrición infantil.

Y de hecho, por las miles de fisuras y los graves riesgos para la operación de la hidroeléctrica, la Contraloría ordenó no aceptar la obra a menos que la constructora reemplace esos equipos claves de la central que reportan miles de fisuras.

Por todos estos problemas, Celec planteó un arbitraje internacional en contra de Sinohydro en 2021.

En mayo se firmaría el nuevo contrato con la empresa china
PowerChina ya había iniciado en 2022 una serie de conversaciones con el Gobierno de Guillermo Lasso para buscar una salida amistosa a la disputa por Coca Codo Sinclair. Pero, tras la muerte cruzada, el Gobierno de Lasso terminó de forma anticipada y los diálogos no siguieron.

Pero en el viaje a China, el 27 de junio de 2025, el presidente Daniel Noboa tuvo un nuevo acercamiento. entonces, el Gobierno acordó con Petrochina firmar un contrato para la operación y mantenimiento de la central, como ya ha anunciado la ministra de Energía, Inés Manzano.

Está previsto, según pudo conocer PRIMICIAS, que PowerChina y Celec firmarán el contrato de servicios de operación y mantenimiento de Coca Codo Sinclair «dentro de los 30 días posteriores a la emisión del documento de recepción de la hidroeléctrica por parte de Celec a Sinohydro.

Si esto se concreta, esto significaría que en mayo de 2026 ya se debería firmar el contrato para que la empresa china se haga cargo de Coca Codo.

En febrero de 2026, la ministra Manzano ya había anticipado que la empresa china no se haría responsable por daños causados por eventos de fuerza mayor, como la erosión regresiva que afecta al río Coca y que amenaza con destruir la toma de agua, u obras de captación, de la hidroeléctrica.

Sin embargo, todavía no queda claro qué hará PowerChina para solucionar el grave problema de las miles de fisuras.

En el oficio del 6 de abril de 2026 enviado a Celec, Sinohydro solo detalla que los pendientes se transferirán al nuevo contrato con Power China y añade que tendrá que «atender los defectos e ítems pendientes, si los hubiere, incluyendo la elaboración de estudios que la empresa china considere necesarios y sean aprobados por Celec, además de reparación, resolución y/o reemplazo a su costo».

Es decir, queda abierta la posibilidad de que se repare o reemplace los distribuidores con miles de fisuras, pese a la disposición de la Contraloría de que Sinohydro debía cambiar los equipos antes de su entrega.

¿Habrá compensación de PowerChina para Ecuador?
La ministra de Energía, Inés Manzano, también había adelantado en febrero que la empresa compensará a Ecuador con un pago de USD 200 millones en efectivo y el otorgamiento de un crédito para Ecuador por otros USD 200 millones bajo la modalidad de «crédito de proveedor».

Bajo es figura, normalmente, las empresas chinas desarrollan proyectos y aportan el financiamiento, que luego debe ser pagado por el Estado. Fuente: Primicias

El 7 de abril de 2026, la Fiscalía de los Estados Unidos presentó formalmente el cuadro resumen de sentencia en contra del narcotraficante ecuatoriano Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias ‘Gato ‘Farfán’, en el cual recomendó una pena de 324 meses de prisión, el equivalente a 27 años, y cinco años de libertad supervisada.

‘Gato Farfán’ es considerado por Ecuador como uno de los narcotraficantes de mayor relevancia. Fue extraditado a Estados Unidos desde Colombia y actualmente es juzgado por su papel como enlace de los carteles mexicanos de la droga.

La condena de quien se considera uno de los mayores capos del mundo estaba prevista para ser leída inicialmente el 14 de abril de 2026 en la Corte del Distrito Sur de California. Sin embargo, un día después de la recomendación de sentencia, tanto la defensa de Sánchez, encabezada por el abogado Matthew J. Lombard, como el fiscal Kyle Martin ingresaron una moción conjunta para aplazar la audiencia.

El argumento principal fue la necesidad de otorgar a la defensa tiempo adicional para preparar los documentos de la sentencia, por lo que solicitaron a la Corte reprogramar la comparecencia judicial para el 18 de mayo de 2026, a las 10:00. La petición se aceptó de inmediato.

Este aplazamiento marca el clímax de un largo proceso judicial contra un hombre cuya pena original, según la Oficina de Libertad Condicional estadounidense, apuntaba irreversiblemente a una cadena perpetua, pero se redujo drásticamente tras una negociación.

El ‘Gato Farfán’
La vinculación de Sánchez Farfán con cabecillas del mundo del narcotráfico tomó fuerza alrededor de 2010. En sus inicios, la Policía lo señaló como el principal responsable de montar cinco laboratorios para la producción de cocaína en Ecuador, los cuales fueron desmantelados y destruidos entre mayo de 2010 y abril de 2012.

Su primer gran tropiezo con la justicia ocurrió el 6 de junio de 2013 durante el denominado operativo Galaxia, cuando fue detenido junto a Telmo Castro, un excapitán del Ejército ecuatoriano -enlace del Cartel de Sinaloa-, mientras intentaban enviar casi media tonelada de cocaína a México desde una pista de aterrizaje clandestina en El Empalme, provincia de Guayas.

Por este delito, Farfán fue condenado a cuatro años de cárcel, a finales de 2014, pero en enero de 2016 recuperó su libertad de manera anticipada gracias a un beneficio de prelibertad concedido por un cuestionado juez.

Desde ese momento, alias ‘Gato Farfán’ se sumergió en la clandestinidad y construyó un imperio, con el despacho de toneladas de cocaína desde el sur de Colombia hacia América Central, México y Estados Unidos, utilizando aviones privados, lanchas y contenedores comerciales.

El 10 de febrero de 2022, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo sancionó, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, bloqueando todos sus bienes y calificándolo abiertamente como uno de los narcotraficantes más importantes del mundo.

Su reinado en las sombras terminó el 9 de febrero de 2023, cuando fue capturado en Pasto, Colombia, gracias al cruce de sus huellas dactilares y la identificación de un tatuaje, al intentar evadir un control policial de rutina presentando una cédula falsa. Casi un año después, el 25 de enero de 2024, fue extraditado a los Estados Unidos para rendir cuentas.

El acuerdo y la incógnita
La premisa central que envuelve este caso radica en que la sentencia de Sánchez Farfán pudo ser mucho más severa -hasta llegar a una cadena perpetua-, pero al haberse declarado culpable y negociado con la justicia de Estados Unidos, ahora la fiscalía busca un fallo más benevolente.

A su llegada a suelo estadounidense a principios de 2024, el capo ecuatoriano se declaró inocente de los cargos de conspiración internacional para distribuir cocaína. No obstante, tras revisar las pruebas, que incluían más de 7.000 páginas de evidencias documentales, descargas de teléfonos celulares y transcripciones de llamadas satelitales interceptadas, su defensa empezó a negociar un acuerdo legal en mayo de 2024.

Finalmente, el 15 de mayo de 2025, Sánchez Farfán cambió su versión y aceptó los cargos ante la jueza magistrada Bárbara Lynn Major.

Gracias a este acuerdo de culpabilidad, el fiscal Kyle Martin aplicó ajustes a la baja en la fórmula de la condena, restando tres niveles por aceptación de responsabilidad y dos niveles adicionales por la disposición del acusado a renunciar a su derecho de apelación.

Este cálculo matemático permitió reducir el rango de la pena de una cadena perpetua segura a un espectro de 324 a 405 meses de prisión.

Esta drástica rebaja abre una interrogante sobre los nombres y la información que el narcotraficante entregó a las autoridades para acceder a este beneficio.

En el sistema judicial de los Estados Unidos, los acuerdos de culpabilidad y las posibles reducciones de condena exigen ineludiblemente que el acusado admita todos los hechos y, como condición, delate a sus cómplices para desmantelar las operaciones transnacionales.

Sin embargo, según la normativa estadounidense, la parte de cooperación del acuerdo de culpabilidad pocas veces se hace pública, ya que sirve para otras investigaciones y para precautelar la seguridad del cooperante.

La red de vínculos del ‘Gato Farfán’
Para responder la incógnita sobre los secretos que podría guardar el capo para salvarse de la prisión de por vida, los expedientes judiciales y reportes de inteligencia revelan una extensa red de socios que el narcotraficante tuvo.

En Ecuador, Sánchez Farfán cimentó su seguridad y logística en una sociedad con Los Choneros, cuyo líder histórico, el asesinado Jorge Luis Zambrano, alias ‘Rasquiña’, fue su principal escudo. Tras la caída de este aliado, alias ‘Gato Farfán’ formó el denominado Cartel Nueva Generación Ecuador, articulando a bandas sanguinarias como Los Lobos y Los Tiguerones.

A nivel financiero interno, construyó un entramado empresarial que lavó cerca de USD 17 millones a través de constructoras y camaroneras como Sanfarmar y Crealto, esquema en el cual utilizó a sus hermanos Lenín y Deice, a su esposa Mónica Chávez, y a colaboradoras como Diana Montiel y Gladis Solarte.

En el extranjero, su alcance era igualmente amplio. En Colombia, coordinaba la obtención de drogas en laboratorios fronterizos con el Frente Oliver Sinisterra -disidencia de las FARC- y operaba con figuras en proceso de extradición como Norberto Enrique Muriel Castrillón y D.M.A., quien el Gobierno ecuatoriano lo ubicó como uno de sus objetivos militares.

Sus conexiones en México eran de primer nivel, nutriendo de cocaína directamente al Cartel de Sinaloa y al Cartel Jalisco Nueva Generación mediante emisarios como Miguel Ángel Valdez Ruiz, su enlace comprobado con Ismael Zambada, alias ‘El Mayo’, detenido en julio de 2024 y también extraditado a Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses también rastrean los fondos de Sánchez en Culiacán a través de Agrícola Sabael, una sociedad anónima misteriosamente ligada a Pedro Valenzuela Meza, alias ‘Pedrón Ántrax’, un sicario del Cartel de Sinaloa que fue asesinado por militares en 2011.

Como si fuera poco, el capo ecuatoriano tendió rutas directas hacia Europa aliándose con el Clan Devesa en puertos españoles y tejiendo lazos con la mafia albanesa, estructura representada por el ciudadano Artur Rrapaj, quien fue capturado en Samborondón en febrero de 2023 con teléfonos satelitales y cuantiosas sumas de dinero en efectivo.

¿Qué se viene?
Tras concretarse la declaración de culpabilidad, la Corte Sur de California ordenó la preparación de un informe presentencial, un documento técnico elaborado por la Oficina de Libertad Condicional que reúne el historial del reo, la gravedad del delito y plantea la sentencia recomendada para el magistrado.

La etapa culminante de todo este aparato de justicia es la audiencia de imposición de la condena, en la que el juez evalúa exhaustivamente los hechos probados, revisa las pautas de sentencia y calibra los acuerdos pactados con la Fiscalía para dictar el fallo final e inapelable.

Durante esta diligencia, reprogramada para el 18 de mayo de 2026, la defensa y la parte acusadora presentarán sus argumentos concluyentes.

Más allá del inminente encierro carcelario, las leyes federales establecen que se debe dictar una sanción económica de restitución y ejecutar el decomiso penal de las propiedades derivadas del narcotráfico.

El Gobierno de los Estados Unidos ya ha notificado formalmente su intención de confiscar USD 899.980 en efectivo incautados y más de USD 616.058 vinculados a las cuentas de Agrícola Sabael.

Una vez que el juez decida, y dado que Sánchez Farfán renunció expresamente a su derecho constitucional de apelar la decisión, el dictamen quedará en firme y el narcotraficante será trasladado a una prisión federal de alta seguridad. Fuente: Primicias