Nacionales
¿Cuenta Ecuador con los 979 megavatios adicionales que promete el Gobierno para evitar cortes de luz en 2025?

La vocera de Gobierno de Daniel Noboa, Carolina Jaramillo aseguró este 16 de junio de 2025, que el país no tendrá nuevos cortes de luz en lo que queda de 2025, debido a que se implementarán 979,5 megavatios de «nueva energía en firme»; es decir, de fuentes termoeléctricas, para no depender del clima.
Pero pese a la promesa del Gobierno, especialistas coinciden en que hay alta incertidumbre sobre si esos 979,5 megavatios podrán estar en marcha para los meses de estiaje (sequía), que según el Operador Nacional Cenace, comenzarían en septiembre de 2025.
Implementar nueva generación termoeléctrica; es decir, con combustibles fósiles, es clave, porque tras la severa crisis energética de 2024, el país sigue teniendo un déficit de energía importante en medio de polémicas contrataciones de emergencia que no se han concretado.
Y es que en época de lluvias las principales hidroeléctricas del país cubren hasta el 90% de la demanda, pero en estiaje (en la época más seca) esta cae a la mitad o menos.
¿Cuánta energía necesita Ecuador para el estiaje de 2025?
El especialista en el sector eléctrico, Ricardo Buitrón, explica que para poder entender cuánta energía necesita el país en 2025, se puede tomar como referencia lo que ocurrió en 2024.
En ese año, la demanda media de energía fue de unos 3.600 megavatios, más unos 187 megavatios que se requerían para estabilización del sistema, lo que da alrededor de 3.787 megavatios.
Sin embargo, por la fuerte sequía, el país solo contó en promedio con unos 2.549 megavatios, más 250 megavatios de reservas del complejo Paute-Molino, lo que suma alrededor de 2.800 megavatios. De ahí que el déficit promedio fue de unos 1.000 megavatios en 2024.
¿Qué pasará con los cortes de luz en Ecuador? Gobierno asegura que la generación de energía eléctrica está garantizada hasta 2026
Aunque hubo semanas más críticas en los que el déficit fue mayor, lo que obligó al Gobierno de Noboa a implementar cortes de luz de hasta 14 horas, en octubre de 2024.
Y para este 2025, la demanda de energía en el país será mayor, pues cada año esta va en aumento, explica Buitrón.
El especialista dice que las proyecciones de Cenace apuntan a que la demanda promedio será de unos 4.220 megavatios en 2025.
Entonces, asumiendo que como punto de partida el país cuente al menos con los mismos 2.549 megavatios de 2024, ¿Cuánto más tendrá en 2025?
El Gobierno de Noboa alquiló en 2024 unos 300 megavatios generados por tres barcazas flotantes en Guayas, pero el contrato de una de ellas vence en julio de 2025, por lo que el país contaría solo con 200 megavatios para lo que queda de 2025. Con eso, serían 2.749 megavatios.
A eso se deberían sumar también los 250 adicionales que podría aportar en el estiaje Paute-Molino. Que dan unos 3.000 megavatios.
Y también se deberían sumar los megavatios adicionales por la entrada en operación de la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón, que se concretó en el primer trimestre de 2025.
Pero, aunque cuenta con 204 megavatios de potencia, en la época de estiaje generará menos energía, explica Buitrón.
En un escenario optimista, Buitrón dice que Toachi-Pilatón podría aportar con unos 100 megavatios estiaje.
Entonces, en un escenario hidrológico igual al de 2024, el país tendría unos 3.100 megavatios frente a una demanda promedio de 4.220 megavatios; esto es un déficit de alrededor de 1.120 megavatios, lo que se traduciría en una restricción de 27% de la demanda. Esto equivaldría a unas cinco horas de cortes de luz, explica Buitrón.
Ecuador necesita instalar 921 megavatios hasta septiembre para evitar corte de luz, ¿cómo va el plan?
De ahí que los 979,5 megavatios adicionales que promete el Gobierno de Noboa son cruciales.
Si no se concreta ese plan del Gobierno, Ecuador vuelve a depender en gran medida de que Colombia venda energía, pese a que ese país también vive sequía en esa época del año, y de que el estiaje no sea tan grave como el de 2024, dice Buitrón.
«Las declaraciones de los voceros del Gobierno respecto a que no habrá apagones no son suficientes y se requiere que se defina un plan de contingencia que considere la posibilidad de la ocurrencia de un estiaje que pueda afectar al suministro de energía eléctrica», dice Buitrón.
¿Contamos con 976 megavatios para el estiaje?
¿Pero de dónde provendrán esos 979,5 megavatios que Jaramillo aseguró estarán operativos «hasta finales de 2025»?
Según Jaramillo, unos 403,5 megavatios provienen de mantenimientos que se han realizado a centrales térmicas, con lo que podrían producir esa energía adicional este año.
Otros 260 megavatios provendrían de un nuevo proceso para arrendar generación térmica, que comenzó el 10 de junio de 2025.
En esta ocasión, no se trata de contratos de emergencia, como los que se adjudicaron a las empresas Progen y Austral, sino de contratos bajo la modalidad de giro específico de negocio.
Con este nuevo proceso, el Gobierno busca contratar generadores que operen con gas o diésel, que serán instalados en las centrales térmicas Enrique García y Pascuales II, ubicadas en el sector Pascuales, en Guayaquil.
Según los portafolios de proyectos, Pascuales II requiere una capacidad de entre 80 y 136 MW, mientras que Enrique García necesita entre 80 y 180 MW.
El arrendamiento de los generadores tendrá una duración de 540 días (18 meses), según la descripción técnica del proceso.
Este 17 de junio de 2025 vence el plazo para que las empresas interesadas presenten sus propuestas.
Sin embargo, la empresa tiene un plazo de seis meses (180 días) para poner en marcha el sistema; es decir, si todo se concreta, la generación recién estaría disponible en enero de 2026.
Y otros 241 megavatios corresponden a los polémicos contratos adjudicados en agosto de 2024 a las empresas Progen y Austral.
Por un lado, Progen debía ya haber puesto en operación 150 megavatios en Salitral y Quevedo, pero eso no ha ocurrido.
Por los retrasos, el pasado 9 de junio de 2025, el Gobierno anunció que la empresa pública Celec terminará de manera unilateral los contratos. Ese día, la vocera, Carolina Jaramillo, dijo que la empresa tiene 10 días para responder a la terminación unilateral de los contratos.
Por su parte, al día siguiente, Progen presentó una solicitud de arbitraje de emergencia para exigir el cumplimiento de los contratos y concluir los dos proyectos, que se encuentran «muy cerca de su finalización», dijo la empresa.
Pero el Gobierno de Noboa insiste en dejar fuera a Progen. Jaramillo dijo este 16 de junio de 2025, que la empresa pública Celec está en capacidad de terminar por su cuenta las obras que dejaría inconclusas Progen si se da por terminado el contrato de manera unilateral.
La situación de Austral, que debía instalar 91 megavatios en Esmeraldas también es complicada.
De un total de 48 turbogeneradores que tiene que instalar la empresa uruguaya Austral, solo 30 llegaron, pero están calibrados para funcionar con una frecuencia de corriente alterna de 50 hercios (Hz), que es incompatible con el sistema eléctrico ecuatoriano que funciona a 60 Hz.
Tras los cuestionamientos, la empresa dijo que «todos los termogeneradores producidos por el fabricante fueron diseñados para 50Hz y 60Hz a fin de que puedan ser colocados de forma modular y funcionar óptimamente en cualquier parte del mundo».
Además, Austral aseguró que: «El proceso para que los de 50hz sean adaptables a 60hz es técnicamente habitual. Es lo que estamos haciendo con nuestros equipos, así aseguramos su funcionamiento a 60 Hz».
No obstante, la empresa ya está retrasada, pues debía poner en operación los 91 megavatios en enero de 2025 y al 16 de junio, eso todavía no ocurre.
El Gobierno también cuenta con otros 75 megavatios a gas que se generarían en Machala (El Oro), sin embargo, la vocera no precisó a qué proyecto se refiere.
En la rueda de prensa que dio Jaramillo el 16 de junio de 2025, mostró una diapositiva que espeficaba que la generación de esos 75 megavatios dependerá de la disponibilidad de gas que tenga Petroecuador.
Por ahora, el único proyecto nuevo a gas del que ha dado detalles el Gobierno es el de la empresa privada Gasvesubio, cuya planta está ubicada en la provincia de El Oro.
La empresa se adjudicó un contrato de alquiler de generación de 14 megavatios de generación termoeléctrica a gas.
Sin embargo, para generar esos 14 megavatios, Gasvesubio requerirá alrededor de 4 millones de pies cúbicos de gas, que Petroecuador le debe proporcionar, pues así lo dispone el contrato.
El problema es que Ecuador no cuenta con suficiente producción de gas, ni con infraestructura para importarlo en el corto plazo.
Por ese déficit de gas, hoy la central termoeléctrica más grande de Ecuador, Termogas Machala (ubicada en la provincia de El Oro), que tiene una potencia instalada de 210 megavatios, solo produce entre 60 y 70 megavatios.
Esto, porque la única fuente de gas natural en Ecuador, el Campo Amistad (Golfo de Guayaquil) solo puede dotarle de unos 17 millones de pies cúbicos, cuando lo que necesita es 60 millones de pies cúbicos de gas.
Consultada sobre de dónde provendrá el gas para esa nueva generación, Jaramillo dijo no conocer los detalles. Fuente: Primicias
Nacionales
“Tertulia Jurídica”: Jóvenes abogados fortalecen la cultura legal en Zamora Chinchipe

El diálogo académico y la formación ciudadana encuentran un espacio en “Tertulia Jurídica”, programa desarrollado por los abogados Franco Tamay Vega y Jamil Ávila, transmitido cada miércoles a través de Diario El Amazónico y medios radiales asociados. La iniciativa busca acercar el conocimiento jurídico a la sociedad mediante un lenguaje claro y accesible, con la participación de destacados juristas nacionales y autoridades del sistema de justicia.
Trayectoria y visión de los protagonistas
Franco Tamay, joven abogado de 24 años, oriundo de Loja y con raíces de Zamora Chinchipe, ecuatoriano, se desempeña en el libre ejercicio de la profesión. Actualmente cursa su tercera maestría en Quito, orientada al derecho penal y los derechos humanos, con el objetivo de contribuir a la formación de profesionales probos en Zamora Chinchipe. Su trayectoria académica refleja el compromiso de una nueva generación de juristas que aspira a ejercer la profesión con ética y responsabilidad social.
Por su parte, Jamil Ávila, originario de la parroquia La Paz del cantón Yacuambi, también egresado de la Universidad Nacional de Loja, comparte esa visión de un ejercicio profesional sustentado en valores y principios. Con 30 años de edad, Ávila combina su labor jurídica con el propósito de generar espacios de orientación ciudadana, convencido de que el derecho debe estar al servicio de la sociedad.
Un espacio de formación ciudadana
“Tertulia Jurídica” no se limita a los profesionales del derecho, sino que está dirigido a la comunidad en general. El programa cuenta con una agenda confirmada hasta diciembre, en la que participarán juristas de renombre, ex jueces de la Corte Nacional de Justicia, miembros de la Corte Constitucional y especialistas en diversas ramas jurídicas. El objetivo es explicar la interpretación y aplicación de las leyes en la vida cotidiana, fomentando la confianza ciudadana en la justicia.
Además, los abogados coinciden con uno de los objetivos que tiene este medio de comunicación y subrayan que la iniciativa no tiene fines de lucro, sino un carácter social y educativo. La propuesta responde a la necesidad de transparentar la práctica del derecho, combatir la desconfianza hacia la profesión y orientar a la ciudadanía sobre sus derechos, procesos legales y servicios gratuitos como los que presta la Defensoría Pública.
Ética y responsabilidad en la práctica profesional
Durante sus intervenciones, tanto Tamay como Ávila coincidieron en que ejercer la abogacía en el contexto actual es un reto complejo debido a la desconfianza generada por casos de corrupción en la administración de justicia. Frente a ello, ambos recalcan la importancia de preservar los valores, la probidad y la preparación constante, para consolidar un ejercicio profesional digno y confiable.
Invitación a la ciudadanía
El programa “Tertulia Jurídica” se transmite cada miércoles de 19h00 a 20h00 a través de Diario El Amazónico y por radios locales en distintas frecuencias. S invitan a la ciudadanía a participar activamente, acceder a información clara y comprender de manera sencilla los alcances del derecho en la vida cotidiana.
Nacionales
Presuntos abusos sexuales en espacios religiosos: Fiscalía confirma 11 casos, entre ellos el del sacerdote de Olón

En la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional se abrió una investigación sobre presuntos casos de violencia sexual en espacios religiosos contra menores de edad. La Fiscalía confirmó este miércoles la existencia de, al menos, once denuncias de abuso sexual clerical.
Representantes de la Defensoría del Pueblo y la Coalición de Lucha contra la Violencia Sexual en Espacios de Fe también participaron en la mesa legislativa presidida por Viviana Veloz, con el objetivo de informar sobre la denuncia contra un sacerdote de la Iglesia católica en Olón, provincia de Santa Elena, que se hizo pública el pasado 15 de agosto.
11 casos de abuso sexual
Alejandro Baño, director de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía General del Estado, informó que, a través del monitoreo de medios y redes sociales, esta institución inició de oficio una investigación previa el 17 de agosto de 2025, a las 14h29. Posteriormente, se presentó la denuncia por parte de la Tenencia Política de Manglaralto y un parte policial en relación con los hechos.
A raíz del inicio de la investigación, indicó que se han dispuesto varias diligencias, entre ellas la valoración psicológica de los adolescentes.
Asimismo, señaló que, hasta la fecha, existen 11 casos en seguimiento de violencia sexual en el ámbito clerical en el país: 1 en etapa procesal y 10 en investigación previa.
Por su parte, Rodrigo Varela, delegado de la Defensoría del Pueblo, informó que se solicitó a la Conferencia Episcopal información sobre los protocolos existentes, aunque aclaró que no cuentan con datos sobre casos de violencia. Explicó, además, que el 19 de agosto de 2025 se emitió la providencia de admisibilidad para iniciar la vigilancia del debido proceso, en el marco de las competencias de la institución dentro de la investigación defensorial.
Por último, en comisión general, Sara Oviedo, representante de la Coalición de Lucha contra la Violencia Sexual en Espacios de Fe, denunció la falta de entrega de información por parte de la Iglesia católica, a la que atribuyó mantener un “código de silencio”, con la orden de no denunciar, lo que constituye una forma extrema de encubrimiento.
En torno a lo ocurrido en Olón, la Diócesis de Santa Elena anunció la separación del sacerdote de su cargo mientras duren las investigaciones.
El caso se hizo público por redes sociales, donde se viralizó un video en el que aparecen varios ciudadanos increpando al sacerdote e incluso refiriéndose a él como «pedófilo» por, presuntamente, estar en ropa interior con los menores. Fuente: Vistazo
Nacionales
Así funciona la compra de medicamentos para la red de salud pública que mantiene el mismo esquema desde 2022

La decisión del Gobierno de modificar el mecanismo de compra de medicamentos, en medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud pública, cambiaría radicalmente la forma en la que estos se están adquiriendo. Desde 2022 y hasta la fecha, las medicinas más usadas son manejadas en el sistema de compra corporativa, que se lanzó en el gobierno de Guillermo Lasso.
En ese entonces, el Servicio de Contratación Pública (Sercop) inició decenas de procesos de compra masivas de medicamentos para abastecer al Ministerio de Salud, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y al de la Policía Nacional (Isspol). Los procesos se desarrollaron con base en una actualización del cuadro básico de medicamentos, que pasó de tener 100 a más de 400 medicinas.
Esos mismos procesos de compra corporativa lanzados y adjudicados entre 2022 y 2023, antes de la posesión de Daniel Noboa, son los que se venían ejecutando hasta, al menos, julio de 2025, según información del mismo Sercop.
La idea de estos procesos era tener una manera más rápida de proveer las medicinas a los hospitales públicos, pero también de generar un ahorro al hacer compras grandes. Esto también evitaba las diferencias de precios entre medicamentos comprados por una y otra institución, al centralizarlos en el Sercop.
Ahora, con el Decreto Ejecutivo No. 108, el Ministerio de Salud asumirá la tarea de comprar los medicamentos que necesitan sus más de 100 hospitales y centros de salud. De hecho, este 21 de agosto el nuevo Comité Nacional de Salud, creado por Noboa, tendrá su primera reunión para, entre otras cosas, analizar la compra de medicamentos.
Cómo funciona la compra corporativa
En marzo de 2022, el Sercop comenzó a publicar decenas de procesos de adquisición masiva de medicamentos bajo el método de compra corporativa. Se lanzó un proceso por cada medicamento del cuadro básico, en su presentación, concentración y forma comercial específica; por ejemplo: Losartán sólido oral, 100 mg, caja por blíster.
Para cada medicamento se creó una ficha técnica, que establecía la cantidad de unidades proyectadas para toda la red pública de salud. Después, se realizaron los procesos de puja, en los que una empresa era seleccionada y se firmaban convenios. Más de 400 convenios se firmaron entre 2022 y 2023.
Una vez firmado el convenio, cada uno de los cerca de 3.000 establecimientos de salud de la red pública podía requerir a la empresa el número de unidades que necesitara a través de órdenes de compra, ingresadas también en el Sercop. En la normativa de la compra corporativa se estableció que cada establecimiento de salud (hospitales, dispensarios y otros) debía hacer dos órdenes anuales con entregas parciales mensuales, para evitar el desabastecimiento.
Lo que se ha comprado
Según información del Sercop, entre marzo de 2022 y el 10 de junio de 2025, se registraron 64.756 órdenes de compra, la mayoría correspondientes a instituciones del IESS y el Ministerio de Salud. Estas órdenes suman 2.914 millones de unidades de medicamentos, y USD 296 millones.
Las compras corporativas de medicamentos para la red pública
IESS | 33 815 | 1 509 840 678 | 152 238 179 |
---|---|---|---|
MSP | 26 717 | 1 346 004 698 | 135 620 237 |
Policía Nacional | 847 | 32 582 245 | 4 169 933 |
Fuerzas Armadas | 3 377 | 25 897 883 | 4 511 386 |
TOTAL | 64 756 | 2 914 325 504 | 296 539 735 |
Hasta julio de 2025, 338 convenios de compra corporativa seguían vigentes, es decir que los establecimientos y hospitales podían seguir emitiendo órdenes de compra. Sin embargo, el Sercop no tiene información actualizada sobre los últimos dos meses en su tablero de la compra corporativa. Fuente: Primicias
-
Entretenimiento4 años ago
Adriana Bowen, sobre la cirugía bariátrica: Siento que recuperé mi vida
-
Internacionales4 años ago
Muere Cheslie Kryst, Miss Estados Unidos 2019 y presentadora de televisión
-
Internacionales4 años ago
Tiroteo en concierto en Paraguay deja dos muertos y cuatro heridos
-
Fashion8 años ago
These ’90s fashion trends are making a comeback in 2017
-
Politica4 años ago
El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fue llamado a juicio en la investigación por el delito de abuso sexual
-
Fashion8 años ago
Amazon will let customers try on clothes before they buy
-
Nacionales4 años ago
¿Qué hay detrás del asesinato de Fredi Taish?
-
Deportes4 años ago
FEF solicita al COE Nacional 60% de aforo para partido Ecuador vs. Brasil