Nacionales
CPCCS abre la puerta a posibles reformas para el concurso del nuevo Fiscal General
El CPCCS dio luz verde a una resolución presentada por el gremio de abogados que contempla ajustes al reglamento del proceso para elegir al nuevo Fiscal General. Entre los posibles cambios se analiza la inclusión de veedurías ciudadanas para garantizar mayor transparencia en la selección.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) adoptó tres decisiones que podrían influir en el reglamento del concurso para designar al nuevo fiscal General del Estado.
Este miércoles, el pleno del Cpccs acogió observaciones presentadas por gremios de abogados, entre ellas, la inclusión de representantes de la academia dentro del proceso de selección.
La propuesta del gremio de abogados
Una de las principales propuestas del Colegio de Abogados de Pichincha es garantizar una veeduría independiente, integrada por miembros de universidades, instituciones de educación superior y del gremio legal, con el fin de asegurar imparcialidad en las decisiones que se tomen al interior del Consejo.
En ese marco, el Cpccs resolvió implementar mesas de trabajo permanentes con todas las universidades del país durante el concurso. Además, aprobó la incorporación de una veeduría técnica al proceso y pidió a la Secretaría Técnica de Participación Ciudadana que elabore un informe de factibilidad para permitir la participación de nuevos ciudadanos en el concurso público.
Un proceso con retrasos
El concurso para fiscal General ha enfrentado varios retrasos. Hasta el momento, solo se ha aprobado el reglamento y se ha calificado a los veedores, lo que ha provocado la prórroga de funciones de la exfiscal Diana Salazar (ahora embajadora de Ecuador en Argentina) y del actual fiscal encargado, Wilson Toainga.
El presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, señaló que el objetivo es avanzar en el proceso de selección en un plazo estimado de seis meses. Esta entidad ha atravesado una crisis institucional marcada por la destitución de tres de sus integrantes pertenecientes a la llamada Liga Azul, quienes actualmente enfrentan investigaciones penales. Fuente: El Telégrafo
La Policía Nacional confirmó la aprehensión de Darío Javier Peñafiel Nieto, conocido como alias “Topo”, la tarde de este sábado 13 de septiembre de 2025, tras un allanamiento ejecutado en la ciudad de Tena, provincia de Napo.
El ministro del Interior, John Reimberg, informó de la captura a través de la red social X y anticipó que el detenido podría ser extraditado:
Alias “Topo” es considerado un objetivo de alto valor por el Bloque de Seguridad y señalado como lugarteniente de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, excabecilla de Los Choneros, actualmente extraditado y en un proceso de juicio en Estados Unidos.
Las autoridades lo vinculan con múltiples delitos, entre ellos sicariato, intimidación, tráfico ilícito de armas, minería ilegal y tenencia de armamento. También fue identificado como partícipe en el asesinato del agente policial Byron Morejón, ocurrido en junio de 2024.
Nacionales
El presidente Daniel Noboa traslada temporalmente la sede de la Función Ejecutiva a Latacunga
El presidente de la República, Daniel Noboa, trasladó el 13 de septiembre, temporalmente, la sede de la Función Ejecutiva a la ciudad de Latacunga provincia de Cotopaxi. Esto lo decreta un día después de que dispuso el fin del subsidio al diésel y del anuncio de medidas compensatorias.
Noboa también dispuso a la vicepresidenta María José Pinto que ejerza temporalmente las actividades de ejecución de las funciones asignadas desde Otavalo.
Según el decreto 127, la decisión busca garantizar autoridad, la gobernabilidad y mantener un diálogo directo con la ciudadanía.
https://twitter.com/Presidencia_Ec/status/1966940755223867694
La Brigada de Fuerzas Especiales N.° 9 “Patria» tiene su sede en Latacunga, capital de Cotopaxi.
Esto llega al día siguiente de que el presidente Noboa decretó la eliminación del subsidio al diésel, una medida que según las previsiones del Gobierno supondría un ahorro en el gasto estatal de 1.100 millones de dólares. Esos recursos serán destinados a medidas de protección social y subvenciones para incentivar la producción nacional.
Aunque los sectores productivos han respaldado la medida, los gremios han reaccionado de manera negativa. El sector del transporte público de Pichincha anuncia una paralización para el lunes 15 de septiembre.
Noboa dio el paso de eliminar el subsidio al diésel tras haberlo hecho ya el año pasado con las gasolinas Extra y Eco País, las de mayor consumo en el país, que actualmente registran precios al consumidor similares a los valores internacionales, tras haberlos igualado progresivamente luego de su descongelamiento.
La eliminación de los subsidios a los combustibles son una de las decisiones políticas más sensibles en Ecuador que ya intentaron tomar sin éxito los expresidentes Lenin Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), quienes tuvieron que recular ante las dos olas de protestas más grandes acontecidas en el país, liderdas en ambas ocasiones por el movimiento indígena.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, calificó de un «nuevo paquetazo» de Noboa la eliminación del subsidio al diésel y advirtió que «el Gobierno está llevando al límite la paciencia popular».
La Conaie, que en 2019 y 2022 lideró los estallidos sociales contra Moreno y Lasso, apuntó que «Noboa repite la fracasada receta que provocó paros y trasladó la crisis al pueblo». Fuente: Primicias
La Federación de Transporte Terrestre de Pichincha informó este sábado 13 de septiembre que el servicio de transporte público en Quito y la provincia quedará suspendido desde las 00h00 del lunes 15 de septiembre.
La medida responde a la decisión del Gobierno Nacional de eliminar el subsidio al diésel, lo que elevó su precio de USD 1,80 a USD 2,80 por galón.
El presidente de la Federación, Carlos Brunis, señaló que la paralización será indefinida hasta que el Ejecutivo convoque a un diálogo formal. Aseguró que la medida afecta no solo a los transportistas como operadores, sino también a sus familias y a la ciudadanía que depende de una movilidad asequible. Fuente: Vistazo
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