Nacionales
Corte Nacional sentencia a Freddy Carrión a tres años de cárcel por el delito de abuso sexual; la defensa del exfuncionario público anuncia que apelará
Luego de cinco meses y seis días de estar detenido en la Cárcel 4, en el norte de Quito, Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo, fue declarado culpable en calidad de autor directo del delito de abuso sexual cometido contra la pareja de un exministro de Salud, Mauro Falconí, entre la noche del 15 y madrugada del 16 de mayo pasado. La decisión fue adoptada de forma unánime por tres jueces nacionales.
La resolución oral fue dada a conocer la tarde de este miércoles por el presidente del Tribunal de Juzgamiento, Marco Rodríguez, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Los jueces Daniella Camacho y Walter Macías completaron la sala de juicio que se instaló en audiencia el pasado jueves 14 de octubre.
Pese a que la fiscal general, Diana Salazar, solicitó al Tribunal que sentenciara a Carrión con la pena máxima más agravantes, es decir, cerca de siete años de privación de libertad, Rodríguez, Camacho y Macías decidieron condenar al exdefensor del Pueblo a tres años de prisión. Los 156 días que ha pasado Carrión en la denominada Cárcel 4 deberán ser descontados del tiempo final que se disponga.
Esta es una sentencia de primera instancia que se anunció será apelada por la defensa de Freddy Carrión, exfuncionario público que fue censurado y destituido del cargo el 15 de septiembre último, por 75 votos afirmativos del pleno de la Asamblea Nacional.
Belén Bernal, una de las abogadas que representó a Carrión en la audiencia de juicio, dijo estar indignada como mujer con la justicia ecuatoriana, pues se ha evidenciado que esta es una persecución política. “Nos estaremos viendo ante un juez superior, porque estos actos deben develarse en la inocencia de Freddy Carrión y más, no simplemente ser perseguido y ayudándose de la malicia de Fiscalía General del Estado”.
Jesús López, otro de los 55 abogados que defendieron a Carrión en esta etapa de juzgamiento, dijo que la decisión del Tribunal todos ya la conocían. Según él, la Fiscalía armó toda una teoría de culpabilidad ayudada de un perito con denuncias serias por fraude procesal.
“No existe justicia en este país”. Esa fue la reacción de Patricia Esquetini, esposa de Carrión, luego de conocer la sentencia de tres años impuesta por el Tribunal de la Corte Nacional.
“Este es un tema político y no descansaré hasta sacarle a mi esposo de la cárcel. Seguiré luchando y diciendo la verdad; vamos a demostrar con pruebas y argumentos lo que sucedió el día de hoy con los jueces, esta justicia politizada, parcializada que de antemano ya estuvo hecha la resolución”, afirmó Esquetini.
Carrión permanecerá en la Cárcel 4, pues dentro de la resolución no se ha hablado de que se lo cambie de centro de privación de la libertad. La fiscal Diana Salazar participó de la lectura de la resolución vía telemática, al igual que otros de los abogados que hacen parte de la defensa de Carrión.
Como importante calificó al fallo emitido contra Carrión por la Corte Nacional, Marcelo Icaza, abogado de la víctima, pues, desde su perspectiva, la resolución genera seguridad jurídica frente a los procesos judiciales. “Consideramos que los jueces han actuado con objetividad, la prueba practicada por la Fiscalía y por parte de la víctima generaba un convencimiento y una certeza de que existió un abuso sexual y una responsabilidad. Por ello creemos que la condena es esta valoración adecuada de al prueba que se presentó”.
El Tribunal habría señalado de forma oral que en lo referente a la reparación integral de la víctima lo resolverá en la sentencia por escrito. Esa parte de la sanción, explicó Icaza, le interesa a esa defensa, ya que es parte de la sanción que debe contener el fallo.
La defensa de la víctima solicitó al Tribunal de Juicio una reparación integral de $ 21.500 y una disculpa de Freddy Carrión a la víctima. Icaza apuntó que primero analizará la sentencia por escrito que se emita y luego definirá si es factible apelar o no la sentencia de primer nivel.
“Estamos completamente satisfechos, pues es un logro de la víctima, es un log4o de la sociedad y es un pronunciamiento judicial que va a generar un precedente”, concluyó. (I) Fuente: El Universo
Nacionales
Cómo gastan el dinero los municipios y las prefecturas y qué cambiaría con la reforma que plantea Noboa
Una nueva reforma legal pone la lupa sobre lo que están haciendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) con los recursos que reciben del Presupuesto General del Estado.
Según el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) los municipios, prefecturas y juntas parroquiales deben recibir:
21% de los ingresos permanentes del Presupuesto General del Estado, que son los generados por recaudación de impuestos y tasas.
Y un 10% de los ingresos no permanentes del Estado, es decir, aquellos por venta de petróleo o venta de bienes del Estado o concesiones.
Pero esto podría cambiar con el Proyecto de Ley Reformatoria al Cootad para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD, presentado el 28 de enero de 2026, con carácter económico urgente.
El proyecto plantea que los GAD destinen el 70% de sus presupuestos anuales a inversión y obra pública. Y da plazo para conseguir este objetivo: hasta 2029 para los municipios y prefecturas y hasta 2030 para las juntas parroquiales rurales.
El proyecto advierte que, si no cumplen ese porcentaje de inversión, las asignaciones bajarían a los mínimos que dispone la Constitución:
15% por ingresos permanentes.
5% de asignaciones no permanentes.
Según el Gobierno, las actas de la Asamblea Constituyente muestran que las asignaciones a los GAD buscaban evitar el gasto en actividades vitrina y priorizar servicios públicos urgentes.
De ahí que el Ejecutivo cuestione que buena parte del dinero que manejan los gobiernos seccionales se destina al pago de sueldos y salarios. Y, aún peor, para eventos artísticos, culturales, recreativos o de entretenimiento.
«Estos gastos no promueven la dinamización de la economía en contextos donde persisten brechas significativas en la provisión de servicios básicos e infraestructura esencial». Proyecto de ley para reformar el Cootad.
¿En qué gastan los gobiernos seccionales en Ecuador?
Resulta complejo conocer a detalle en qué gastan todos los GAD, pues en el país hay 221 municipios, 24 prefecturas y 797 juntas parroquiales. La mayoría no publica el detalle de sus presupuestos y su ejecución de forma actualizada y transparente.
El Banco Central de Ecuador (BCE) consolida información financiera de todos los GAD. Según esos datos, de los USD 5.497 millones que manejaron en 2024, el 24% se destinó a inversión, que incluye formación bruta de capital fijo, obra pública y la adquisición de bienes de larga duración. En 2025, el porcentaje para inversión fue similar, del 25%.
Por ejemplo, en GAD como el Municipio de Guayaquil, de un presupuesto total de USD 1.608 millones en 2025, USD 439 millones o el 27% fue para inversión y obra pública, según los rubros que el Gobierno central plantea que se pueden considerar como tal.
En Quito, de un presupuesto de USD 1.744 millones, unos USD 398 millones, o el 23%, se dirigieron a ese mismo fin. Mientras que en la Prefectura de Pichincha, el 47% de su presupuesto de USD 275 millones se destinó a inversión y obra pública.
¿Cuánto reciben los GAD del Estado?
En el proyecto de ley, el Gobierno de Noboa menciona que la reforma es necesaria por el problema de desequilibrio fiscal del país; es decir, porque los ingresos son insuficientes para cubrir los gastos del Estado y, como resultado, Ecuador tiene que endeudarse cada vez más.
Y añade que las asignaciones que hace el Estado para los GAD son muy rígidas; es decir, es muy difícil hacer ajustes cuando los ingresos no alcanzan.
Si bien los municipios, las alcaldías y las juntas parroquiales tienen ingresos propios de las tasas y de los impuestos que cobran, una buena parte de su presupuesto se cubre con las asignaciones del Estado.
Y este no es un gasto menor. Por ejemplo, en 2025, el Presupuesto del Estado alcanzó los USD 34.949 millones y, de ese valor, unos USD 3.455 millones fueron transferencias estatales para los GAD; esto es, casi el 10%.
Esto es 17 veces más que lo que se destinó a obra pública en el Presupuesto General del Estado.
Por la fuerte presión, año a año se acumulan millonarios atrasos en las asignaciones a los gobiernos seccionales, como en 2025 cuando sumaron USD 875 millones.
El economista Daniel Lemus, director del centro de políticas públicas de la ESPOL, explica que las asignaciones del Presupuesto del Estado representan entre el 48% y 54% de los ingresos que tienen los GAD, aunque hay algunos que dependen más del Gobierno central.
Por ejemplo, estas transferencias estatales representan menos del 50% de los presupuestos de algunos municipios, mientras que en las prefecturas son del 70%, añade Lemus.
Para Lemus, la reforma es positiva, pero hace falta aclarar detalles sobre cómo se hará el cómputo de ese 70%.
«¿Se computará sobre lo que el GAD haya planificado en el presupuesto o lo que realmente se haya ejecutado? Porque hay obras que se contratan en un año, pero la ejecución ocurre en el siguiente. Y con los anticipos de las obras, ¿qué pasará?», añade.
Para Lemus es importante hacer estas aclaraciones para evitar que solo se asienten cifras en el papel y al final del año, la ejecución real esté lejos de la meta.
¿Qué cambia el proyecto de ley?
Hoy, el Cootad ya pone un candado, pues su artículo 198 dice que las transferencias que se hagan a los GAD podrán financiar hasta el 30% de gastos permanentes (como sueldos de funcionarios), y un mínimo del 70% de gastos de inversión y obra pública.
Además, especifica que las transferencias provenientes principalmente de la venta del petróleo deberán financiar solo inversión y obra pública.
Sin embargo, ahora el Gobierno propone que el 70% de todo el presupuesto de los GAD — no solo de la asignación estatal— sea para inversión y obra pública.
«La reforma es positiva, para mejorar la calidad de gasto y aumentar la inversión, pero tampoco debe servir para ahogar a algunos GAD con porcentajes imposibles de cumplir». Daniel Lemus, economista
Lemus destaca que el proyecto ya define qué rubros son los que se pueden considerar inversión y obra pública, para evitar diferentes interpretaciones. Fuente: Primicias
Nacionales
Cynthia Jacho: sacó una baja calificación, pero ahora es presidenta de la comisión que elegirá al nuevo fiscal
Cynthia Alexandra Jacho Tipán fue designada como presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección, que llevará a cabo el concurso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado. La joven fungió como abogada junior de un bufete quiteño y sacó una de las calificaciones más bajas en la etapa de méritos.
Esta comisión fue creada por el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) en medio de cuestionamientos sobre los requisitos de los postulantes y sus calificaciones.
En total son 10 personas las que tienen la misión de encontrar al nuevo líder del Ministerio Público. Entre los integrantes de la comisión hay representantes de la ciudadanía y de las funciones del Estado (Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y Transparencia y Control Social).
Jacho arrancó en su cargo solicitando al presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, que remita hasta el 29 de enero la terna para elegir al secretario de la comisión. Además, solicitó un equipo técnico.
Tras completar esos requerimientos, los comisionados podrán convocar oficialmente al concurso para escoger al nuevo fiscal.
¿QUIÉN ES CYNTHIA JACHO?
Tiene 26 años, nació en Quito y se graduó como abogada en la Universidad Central del Ecuador en diciembre del 2023, pero su título quedó registrado en la Senescyt en febrero del 2024.
Según la hoja de vida presentada al Cpccs, posee cursos en dignidad humana desde la jurisprudencia constitucional, habeas corpus privación de la libertad legal, arbitraje e ilegítima, teoría del delito y la pena y la prueba en materia laboral.
Todas estas capacitaciones se dieron en julio del 2025, a excepción de la última que tiene como fecha a julio del 2024.
En cuanto a experiencia laboral, Jacho trabajó dos años y 11 meses en el bufete Martínez & Martínez como asistente legal y abogada junior.
Además, la joven destacó que posee experiencia específica en derecho institucional, erradicación para la violencia y relaciones comunitarias.
CUESTIONAMIENTOS
Sin embargo, ha sido cuestionada por sacar 17,5 sobre 50 en el concurso de méritos. Esta fue una de las notas más bajas del grupo por varios motivos: su reciente titulación, su escasa experiencia laboral y la falta de publicaciones académicas.
Aunque justificó dos premios, logrados en junio del 2025, por su defensa en derechos de la mujer y causas sociales y comunitarias.
Por su parte, el asambleísta Luis Fernando Molina, de la Revolución Ciudadana (RC), recordó en la red social X que alrededor de la nota de Jacho hubo un curioso incidente.
“El equipo técnico tuvo un ‘lapsus calami’ y la calificó con 37,5/50. Ante ello, el Cpccs pidió rectificar la votación para colocar la nota real. La corrección se hizo entre finales de noviembre e inicios de diciembre. ¿El resultado? Con una de las peores calificaciones, terminó dirigiendo la Comisión que decidirá quién será la o el nuevo Fiscal General del Estado”, apuntó el legislador.
PRÓXIMOS PASOS
Una vez que tengan un secretario y un equipo técnico, los comisionados deben hacer un cronograma de trabajo y convocar a los abogados que deseen participar en el concurso. En total son cinco fases:
- Convocatoria y postulación
- Admisibilidad y reconsideración
- Méritos y recalificación
- Escrutinio público e impugnación
- Oposición y recalificación.
Este proceso debe durar cuatro meses, aunque también hay la posibilidad de una prórroga de dos meses más para concluir el concurso que designe al nuevo fiscal. Fuente: vistazo
Nacionales
Ecuador consolida la cooperación con la CAF para los sectores energético, aéreo y bananero
El Gobierno ecuatoriano informó este jueves de que suscribió un instrumento de cooperación técnica no reembolsable con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), orientado a fortalecer los sectores energético y aéreo.
Además, en el marco del Foro Económico Internacional, en Panamá, la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) firmó una carta de intención con el multilateral para implementar un programa de mejoramiento genético del banano.
El instrumento forma parte de la relación estratégica que mantiene el Ecuador con CAF, organismo que ha acompañado al país mediante mecanismos financieros y asistencia técnica en áreas prioritarias para el desarrollo nacional.
Su objetivo es fortalecer las capacidades de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) para la planificación y ejecución de proyectos estratégicos, así como acelerar la expansión del Sistema Nacional de Transmisión, en favor de la seguridad energética y una transición sostenible.
La cooperación incluye la realización de análisis técnicos y socioambientales, así como la preparación de una cartera de proyectos estratégicos, con estudios de ingeniería y perfiles para financiamiento.
Además, prevé acciones de fortalecimiento institucional orientadas a optimizar procesos, gestión y herramientas tecnológicas, y a destrabar cuellos de botella en la ejecución de proyectos.
En el área aeronáutica, el instrumento, suscrito por el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, contempla la asistencia no reembolsable de dos millones de dólares, destinada a fortalecer integralmente la conectividad aérea y la seguridad operacional.
Para ello, se contemplan estudios de factibilidad, la rehabilitación de infraestructura aeronáutica, la adquisición de equipamiento, alianzas público-privadas y acciones de fortalecimiento institucional, con énfasis en el rol del Estado como planificador y regulador del sistema aéreo nacional.
La carta de intención suscrita entre la CAF y AEBE, apunta a financiar el mejoramiento fitogenético del banano productivo, de tal manera que sea resistente a las plagas que regularmente afectan a este cultivo.
La suscripción de estos instrumentos reafirmó el acceso del Ecuador a asistencia técnica especializada de alto nivel, orientada a fortalecer la planificación y la capacidad del Estado en sectores clave para el desarrollo sostenible. Fuente: Vistazo
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