El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tomó tres decisiones clave en torno al caso del asambleísta Santiago Díaz Asque, procesado penalmente por el presunto delito de violación a una menor de edad.

El parlamentario, quien permanece en prisión preventiva desde el 22 de julio, perderá sus funciones legislativas y su salario mientras dure la investigación judicial.

En la sesión del CAL se resolvió:

1. Suspender los derechos parlamentarios de Santiago Díaz, debido a la medida cautelar de prisión preventiva que enfrenta.
2. Principalizar temporalmente a su alterna, la legisladora Annie Christina Muñoz Aroca, quien ocupará su curul mientras Díaz permanezca en prisión.
3. Suspender el pago de su salario y otros beneficios económicos, ordenando la medida a la Administración General y a la Coordinación Financiera de la Asamblea Nacional.

Estas decisiones se amparan en el Reglamento de Multas por Ausencias y Atrasos de los legisladores, y fueron tomadas tras conocerse formalmente la orden judicial contra Díaz.

25 elementos presentó Fiscalía en su contra

La Fiscalía General del Estado presentó 25 pruebas durante la audiencia en la que se dictó la prisión preventiva, el pasado 22 de julio. Entre las más relevantes se incluyen:

• Testimonio anticipado de la niña víctima
• Versiones de su madre, padre y hermana
• Pericia ginecológica
• Partes policiales y evidencias levantadas en allanamientos, como teléfonos, credenciales y una memoria flash hallada en casa del procesado

Díaz cumple su detención en la Cárcel 4 de Quito y también enfrenta la prohibición de enajenar bienes como parte de las medidas dictadas.

Aunque el proceso sigue en etapa de instrucción fiscal y no existe aún una sentencia ejecutoriada, el caso ha generado gran repercusión política, especialmente por la militancia del legislador en el movimiento correísta. En redes sociales y medios se ha recordado que no es la primera vez que el correísmo se ve involucrado en casos relacionados con abuso sexual a menores.

Además, la Fiscalía justificó la necesidad de la prisión preventiva alegando riesgo de fuga, ya que el legislador evadió la justicia durante varios días antes de ser localizado.

El caso sigue en investigación.

Luego de casi 30 días de suspensión por daños causados por la erosión regresiva del río Coca, EP Petroecuador anunció la reanudación oficial de las exportaciones de crudo Oriente y Napo, a partir del viernes 1 de agosto de 2025. La estatal levantó la declaratoria de fuerza mayor emitida el 3 de julio, lo que marca el regreso a la normalidad en sus operaciones logísticas y comerciales.

El reinicio del bombeo en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) se dio el pasado 25 de julio, gracias a la construcción urgente de un bypass de mil metros de tubería, empalmado por técnicos de Petroecuador y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Esta variante fue instalada en la zona crítica del kilómetro 102, en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, cantón El Chaco (Napo), donde la erosión destruyó parte de la infraestructura.

Aunque es una solución provisional, ha permitido restablecer el transporte de crudo tras una emergencia que le costó al país más de USD 500 millones en pérdidas por la caída de la producción y venta de petróleo.

Impacto directo en la economía

Durante la suspensión, Ecuador dejó de percibir hasta USD 900 millones, considerando no solo la paralización del bombeo sino también la interrupción de exportaciones. Con la reactivación de operaciones, se busca ahora estabilizar los ingresos petroleros y dar continuidad a los envíos al mercado internacional.

A pesar de la solución temporal, la erosión del río Coca sigue siendo una amenaza. Un tramo del nuevo bypass está a menos de tres metros del área erosionada, lo que mantiene en alerta a las autoridades, sobre todo si el invierno se intensifica y acelera el proceso geológico.

Dato clave: La última paralización por erosión del río Coca duró un mes y dejó pérdidas que ya superan los USD 500 millones para Ecuador.

El exministro de Gobierno, José De la Gasca, dejó abierta la posibilidad de participar en el concurso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado, cargo que actualmente ocupa Diana Salazar y cuyo proceso de renovación se espera en los próximos meses.

“Si el concurso sale, en el tiempo que tenga que salir, en ese momento tomaré la decisión y anunciaré. No le tengo miedo al desafío”, declaró este martes 29 de julio de 2025 en una entrevista radial, donde abordó directamente los rumores sobre sus aspiraciones.

Sin embargo, reconoció que la posibilidad de participar en el concurso para Fiscal ya existía incluso antes de que fuera nombrado ministro de Gobierno, en noviembre de 2024. “Hay otras instituciones y otras instancias donde creo que puedo servir; ciertamente, la Fiscalía es una de esas”, apuntó.

El exfuncionario recalcó que su compromiso con el país va más allá de un cargo público. “Sacar al Ecuador adelante es una batalla personal, y la voy a seguir dando, esté donde esté”, dijo, y señaló que ahora dedicará tiempo a prepararse para lo que venga.

“Jamás iba a dejar el cargo con el barco en llamas”, puntualizó, dejando claro que su renuncia fue planificada y no una respuesta a momentos críticos del Gobierno.

Aunque no confirmó su candidatura, sus declaraciones lo colocan como uno de los nombres fuertes que podrían sonar en el proceso para reemplazar a Diana Salazar. El inicio del concurso aún no tiene fecha, pero su mención anticipada alimenta el ambiente político en torno a una de las instituciones clave del sistema judicial.

Por ahora, el exministro asegura estar en una etapa de transición y preparación, mientras deja entrever que su futuro político aún está lejos de terminar.