Nacionales
CIDH llama al Gobierno de Daniel Noboa a dialogar para evitar violaciones de derechos en el paro
Otavalo se convirtió en un campo de guerra desde la mañana de este martes 14 de octubre cuando se cumplen 23 días del paro nacional, convocado por la Conaie en contra del Gobierno de Daniel Noboa. Los enfrentamientos han dejado decenas de detenidos y heridos.
La intervención de la fuerza pública en la provincia de Imbabura inició el pasado lunes con la llegada de un convoy humanitario a la ciudad de Ibarra. Sin embargo, el movimiento indígena denunció que se trató de una “operación militar disfrazada”.
Y es que este martes, miles de militares y policías llegaron a Otavalo para abrir las vías, pero se produjeron fuertes enfrentamientos con los protestantes.
La Conaie denunció una “brutal represión”, ya que las fuerzas del orden habrían lanzado granadas de impacto múltiple y explosivos a corta distancia contra la población movilizada. La organización calcula más de 40 heridos.
Por su parte, el Gobierno espera que el paro en Imbabura termine hoy o máximo en los próximos días.
El ministro del Interior, John Reimberg, dijo que la intervención seguirá hasta que la provincia “tenga paz”. Además, el funcionario detalló que hay más de 43 detenidos y al menos seis uniformados heridos.
DETALLES MINUTO A MINUTO
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunció que el denominado ‘Convoy Militar Humanitario’, del Gobierno para llevar insumos a la provincia de Imbabura, sirvió para “reprimir al pueblo indígena que ejerce su legítimo derecho a la protesta”.
“Rechazamos categóricamente esta acción militarista que violenta los principios democráticos y los derechos constitucionales consagrados en la Constitución de la República del Ecuador”, expresó la organización indígena.
Además, cuestionó “profunda indignación y dolor, ¿desde cuándo las armas, los tanques y el personal de guerra están destinados a enfrentarse contra el pueblo? La represión no puede disfrazarse de ‘humanitaria’”.
Por ello, la Conaie exigió al Gobierno “el cese inmediato de la militarización y el respeto irrestricto a los derechos humanos”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo este martes un llamado al Gobierno de Ecuador a que establezca un diálogo con los manifestantes para «prevenir violaciones a derechos humanos».
«La CIDH insta a las autoridades a establecer un diálogo inclusivo, intercultural y genuino con las personas manifestantes, con el fin de atender sus demandas y resolver los conflictos sociales pendientes«, señaló la Comisión en un comunicado emitido junto a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE).
Además, la Comisión y la Relatoría señalaron que permanecen atentas «ante eventuales violaciones de derechos humanos en el marco de la escalada de violencia durante el Paro Nacional en Ecuador» y que recordaban «que la protesta social está protegida por los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, y constituye un componente esencial de la democracia, que exige canales de diálogo efectivos».
En el comunicado, la CIDH hizo un recuento de lo que ha sucedido en el país desde que el presidente Daniel Noboa decidió eliminar el subsidio al diésel, el pasado 12 de septiembre, destacando que tras las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) el Gobierno declaró un estado de excepción que ahora rige sobre doce de las 24 provincias y dispuso la movilización de los militares y policías.
«Durante las movilizaciones, la CIDH tomó nota con preocupación de reportes sobre presuntos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad, así como actos de violencia no protegidos por el derecho a la protesta, atribuidos a ciudadanos que se encontraban presentes en las manifestaciones», detalló.

El periodista Edison Muenala, de APAK TV, recibió un disparo en el hombro mientras cubría manifestaciones en el norte de Otavalo, en la provincia de Imbabura, según denunció este martes la Asociación de Productores Audiovisuales Kichwas.
El incidente ocurrió en el contexto de las manifestaciones por la eliminación del subsidio al diésel, que se intensificaron tras la llegada el lunes a Ibarra de un convoy humanitario que transportaba alimentos, medicinas y gas de uso doméstico.
El comunicador inicialmente fue trasladado al centro de salud de Peguche, pero debido a la gravedad de sus heridas y a un supuesto cerco militar que, según APAK TV, bloqueaba el acceso al Hospital de Otavalo, fue remitido a Cotacachi para recibir atención médica. Fuente: Vistazo
Nacionales
Policías implicados en femicidios en Ecuador: al menos nueve casos entre 2022 y 2026
Dos llamadas realizó el sargento segundo Eduardo Castro Vásquez, de 40 años, antes de suicidarse en la casa de su mamá en Pascuales, norte de Guayaquil. Una fue a su cuñada, para pedirle perdón y que cuide a sus hijos. La otra, a su hija, una joven que compartió en redes sociales fotos con él y los últimos mensajes.
Castro se disparó en la cabeza dos horas después de asesinar a su pareja, Solange Arellano, en el Puente de la Unidad Nacional que conecta Guayaquil con Samborondón y Durán. Ella trabajaba en la Agencia de Tránsito de Durán y él, en el área jurídica de la Policía en el cantón El Carmen, en Manabí.
La Policía confirmó el femicidio de Solange y el suicidio de Castro. Un caso que no es aislado en Ecuador. Según registros periodísticos, entre 2022 y 2026 se han registrado al menos nueve femicidios perpetrados por miembros de la Policía Nacional. De esos casos, tres terminaron en un suicidio y el resto, con la sentencia de los uniformados implicados.
El año pasado, Andy Sebastián V.S., fue señalado como responsable de la muerte de Nicole de 21 años en Santa Rosa, en Tungurahua. La joven falleció de un disparo con un arma de dotación en una habitación. El principal sospechoso declaró que ocurrió cuando supuestamente estaban jugando. Pero sus declaraciones fueron contradictorias y eso generó las sospechas de los uniformados.
En 2024 hubo dos casos de femicidio que conmocionaron al país y en los que estuvieron implicados policías. Uno fue en junio, en la provincia de Imbabura.
El mayor Carlos Rodríguez mató a Dayana Lamiña, otra uniformada de la institución, al pie de la Unidad Policial de Atuntaqui. Tras sorprenderla y atacarla, Rodríguez se disparó en la cabeza y quedó tendido en el piso.
El oficia fue llevado hasta un hospital en Ibarra, donde falleció al día siguiente. La Fiscalía tomó las versiones de testigos y ordenó otras diligencias entorno al caso. Se conoció que el agresor usó su arma de dotación para asesinar a Dayana, quien era el segundo compromiso del uniformado y además tenía una niña de seis años.
Ese mismo año, pero en diciembre, hubo otro femicidio y suicidio cometido por un policía. Un sargento segundo fue hasta unas oficinas en el sector de Urdesa, norte de Guayaquil, donde trabaja su esposa y le disparó.
Además de atacarla, hirió a su hija, que recibió disparos en el tórax y el brazo. Posteriormente, el uniformado se suicidó.
En 2023 y 2022 ocurrieron los casos más estremecedores. En mayo de 2023, Paola Ortega murió tras recibir 13 puñaladas cuando estaba dentro de su auto en el sector de Sangolquí, en Pichincha. Ocurrió cuando su esposo (Cristian N.) se bajó a comprar comida, en ese momento, unos delincuentes se acercaron y la asesinaron por robarle USD 600 y una cadena de oro.
Cristian N. fue sentenciado a 34 años y ocho meses de prisión. Minutos después del crimen, él se transfirió USD 2 000 desde la cuenta de su esposa. Las grabaciones de cámaras de vigilancia en la zona revelaron también que él dio varias vueltas antes de acercarse al auto donde estaba Paola y tampoco la llevó al hospital que estaba cerca.
Otro caso se reportó en mayo de 2023. Katherine C. conducía su vehículo cuando su esposo le disparó y se chocaron contra un muro en el sector El Inca, en el norte de Quito. El uniformado Jonathan T. fue el principal sospechoso y posterior sentenciado por femicidio.
Pero su versión no pudo ser corroborada. En el juicio, la Fiscalía detalló que Katherine había sido víctima de reiteradas agresiones y el día de su asesinato, Jonathan dejó su oficina en la Comandancia de Policía para irla a buscar. Recibió una condena de 34 años y ocho meses.
En septiembre de 2023, la comunidad de Tena intentó linchar a un policía que apuñaló y mató a su expareja Ledy, de 30 años.
María Belén Bernal, asesinada dentro de la Escuela de Policía
María Belén Bernal llegó a la Escuela Superior de la Policía en el norte de Quito, donde fue vista con vida por última vez. Iba a ver a su esposo, el teniente Germán Cáceres. Fue en septiembre de 2022 y después, desapareció.
11 días después, sus restos fueron hallados en el cerro Casitagua. María Belén Bernal era abogada, tenía 34 años y un hijo de 13 años. En 2017 se había casado con Cáceres, a quien sorprendió la noche de su desaparición con una cadete.
Eso motivó una discusión que terminó en gritos de auxilio. La Fiscalía investigó el caso y recabó una versión en la que un cadete aseguró haber visto a Cáceres subiendo un bulto en el auto esa madrugada. En su habitación, se encontraron manchas de sangre en el colchón y la huella de una mano en la pared.
Cáceres estuvo prófugo algunos meses hasta diciembre de 2022, cuando fue capturado en Colombia. Recibió una sentencia de 34 años y ocho meses, la cual apeló, pero el recurso fue rechazado. El caso generó indignación y motivó multitudinarias manifestaciones en Quito, Guayaquil y Cuenca pidiendo justicia por ese y decenas de femicidios en Ecuador.
Uniformados deben ser valorados psicológicamente de forma constante, advierte especialista
La exposición a niveles de violencia, consumo de alcohol, drogas y hasta horarios laborales extremos de los uniformados, son algunos de los factores que pueden afectar la salud mental de los agentes. Así lo explicó la psiquiatra Julieta Sagnay, que conversó con Ecuavisa.com.
Sagnay explicó que el perfil de los agresores incluye rasgos de personalidad narcisista, con necesidad de dominio y superioridad. La especialista indicó que también siguen patrones relacionados con lo que viven en la formación y su trabajo, el ser subordinados o humillados, y eso traspasa al entorno familiar.
Por eso, Sagnay agregó que se deberían realizar valoraciones psicológicas a los uniformados para detectar índices o patrones, de forma preventiva, y así reducir el riesgo de este tipo de casos. Comentó también que los uniformados tienen un riesgo mayor, que es la facilidad para acceder a armas de fuego. Debido a eso, se debe considerar la atención especializada.
Nacionales
Gobierno recibirá un nuevo desembolso de USD 394 millones del FMI
Ecuador recibirá un nuevo desembolso de USD 394 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Es el primero que recibirá en este 2026.
La aprobación se realizó este miércoles, 22 de abril, por parte del directorio del FMI. Es la quinta revisión de metas dentro del programa de crédito que alcanza un monto de USD 5.000 millones.
Representantes del FMI mantuvieron conversaciones con autoridades ecuatorianas entre el 26 de febrero y 6 de marzo en Quito. Posteriormente, estuvieron en Washington, entre el 16 y 27 de marzo.
Programa de crédito del FMI
Con el nombre de Servicio Ampliado del FMI, el programa de crédito es de 48 meses. Comenzó en mayo de 2024 y terminará en 2028.
Hasta el momento se han recibido USD 3.330 millones del FMI.
Medidas tomadas por Ecuador
El FMI ha destacado que la economía ecuatoriana sigue superando las expectativas iniciales. Entre los hitos positivos están el fortalecimiento de las reservas internacionales, lo que llevó a que Ecuador retorne a los mercados internacionales de capital en enero de este año.
El equipo del FMI, encabezado por Patricia Tumbarello, sostuvo que el Gobierno ha cumplido con sus objetivos como la lucha contra el lavado de activos y el régimen fiscal minero; la racionalización de los gastos tributarios, la eficiencia del gasto y las reformas mineras.
“Las autoridades ecuatorianas siguen demostrando un firme compromiso con su programa económico”, señaló Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI.
Nacionales
Quién es alias ‘Topo’, la mano derecha de Fito que enfrentará la justicia de EE.UU.
La reciente decisión de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador de conceder la extradición de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias “Topo”, vuelve a poner en el foco a uno de los nombres clave dentro de la estructura criminal de Los Choneros.
Peñafiel Nieto inició su actividad delictiva en 2016, cuando tenía 26 años. De profesión topógrafo —origen de su alias— fue vinculado al secuestro de un ciudadano austriaco en Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos.
Ese mismo año fue capturado y, en 2017, sentenciado a 11 años de prisión por secuestro y a 3 años adicionales por asociación ilícita. Fue recluido en la Cárcel Regional del Guayas.
Con el tiempo, se convirtió en una persona de confianza dentro de la estructura y asumió el liderazgo de “Los Fatales”, una facción vinculada a actividades de sicariato, a la par que «Fito» se consolidaba como líder de «Los Choneros» tras el asesinato de Zambrano González en una cafetería del centro comercial Mall del Pacífico, en Manta, el 28 de diciembre de 2020.
En 2022, «Topo» inició el trámite para acceder a beneficios penitenciarios y el 3 de junio de 2023 obtuvo el régimen semiabierto, tras cumplir la totalidad de la pena por asociación ilícita y el 60% de la condena por secuestro. Ese proceso derivó en su liberación.
Ya en libertad, su rol dentro de la organización se fortaleció en un contexto marcado por la disputa entre Los Choneros y otras bandas como Los Lobos.
En ese escenario, “Topo” participó en la expansión hacia economías ilegales como la minería ilegal, especialmente en la provincia amazónica de Sucumbíos, donde «Los Choneros» protagonizaron enfrentamientos enfrentamientos con los «Comandos de la Frontera», una disidencia de las FARC.
En septiembre de 2025 fue nuevamente detenido en la provincia de Napo por presunto tráfico de armas. Para entonces, también tenía vigente una orden de captura por el asesinato de un policía en 2024, además de antecedentes por asociación ilícita, secuestro extorsivo y otros delitos. En algunos procesos fue liberado con medidas sustitutivas.
Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad conocida como “La Cárcel del Encuentro”, situada en la provincia costera de Santa Elena.
“Este angelito le hará compañía a Fito»
Alias “Topo” es requerido por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York por presunto tráfico de drogas a gran escala y uso de armas de fuego.
El 22 de abril de 2026, tras una audiencia de extradición pasiva, la Corte Nacional autorizó su entrega a Estados Unidos, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y recibir las garantías diplomáticas correspondientes.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el objetivo del Gobierno es que la extradición se concrete “muy pronto”, para que el procesado enfrente a la justicia estadounidense, donde ya se encuentra José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros, extraditado en 2025.
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