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¿Continuará Diana Salazar? El período de la Fiscal General termina en medio de definiciones en casos clave

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En poco más de una semana, el 8 de abril de 2025, la fiscal general Diana Salazar cumplirá seis años en funciones. La funcionaria tiene que dejar el influyente cargo, pero todavía no hay luces sobre quién la reemplazará.

Salazar acaba de reintegrarse al Ministerio Público, pues a finales de 2024, la funcionaria dio a luz a su segunda hija e hizo uso del tiempo legal de licencia por maternidad. Ahora, en su regreso, tiene que evaluar y decidir sobre su prórroga.

Según el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), el período del Fiscal General del Estado es de seis años. Es decir, el 8 de abril de 2025 Salazar debería dejar la entidad. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no ha avanzado en nombrar a su reemplazo.

El propio COFJ, en el artículo 283, estipula que Salazar puede prorrogarse hasta la designación de su reemplazo, por lo que ella podrá decidir si quedarse hasta que se dé esa designación o retirarse una vez cumplido su período legal.

En una reciente entrevista con revista Vistazo, la funcionaria no respondió directamente si se quedará o no el cargo luego del 8 de abril. Sin embargo, aseguró que su objetivo es asegurar la estabilidad y la continuidad del trabajo de la Fiscalía y de que la transición se lleve a cabo de manera ordenada.

Si la fiscal Salazar decide no continuar en el cargo, debería asumir Wilson Toainga, quien ha sido el fiscal subrogante durante los seis años. Sin embargo, el COFJ también indica que esa subrogación solo puede ser por ausencia temporal.

El rol del CPCCS
Ante estos escenarios, toma relevancia en el futuro de la Fiscalía General el rol del CPCCS, ya que es la entidad que nombra este cargo.

Incluso, hay un antecedente. En 2018, Carlos Baca Mancheno, exfiscal General, fue cesado por la Asamblea Nacional y Thania Moreno, quien era la subrogante, fue suspendida por la Judicatura.

Ante este vacío de autoridad, el CPCCS -en esa época transitorio y presidido por Julio César Trujillo- nombró a Paúl Pérez Reina como fiscal General encargado, hasta que finalizó el nombramiento de Diana Salazar.

Sin embargo, el CPCCS actual lidia con sus propios problemas. En enero de 2025, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) destituyó a Eduardo Franco, Augusto Verduga y Yadira Saltos, exvocales correístas del CPCCS.

Dos de esos lugares fueron asumidos por Piedad Cuarán y Gonzalo Albán. Sin embargo, la séptima vocalía todavía está en disputa entre David Rosero y Oscar Ayerve. La Asamblea Nacional debe definir quién se posesiona y para esto elevó una consulta a la Procuraduría.

Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, explicó a PRIMICIAS que mientras no se solucione ese problema, el concurso para seleccionar Fiscal no avanzará, ya que al tener un Consejo incompleto se podría configurar algún tipo de nulidad posterior.

Los casos emblemáticos de Salazar

1.-

Caso Sobornos

Proceso por cohecho

Hechos: En este caso, la Fiscalía de Diana Salazar comprobó la existencia de una estructura de corrupción que operó de manera paralela a la Presidencia de la República de Rafael Correa (foto). Esta estructura cobro sobornos a empresarios a cambio de la adjudicación de obras públicas y usó ese dinero para el financiamiento de actividades político electorales. 20 personas, incluyendo a Correa, Jorge Glas y otros exfuncionarios correístas de alto perfil, fueron sentenciados a ocho años de prisión.

Caso Las Torres

Proceso por delincuencia organizada

Hechos: Dentro de este proceso, el Ministerio Público evidenció que en la Contraloría General del Estado y en Petroecuador funcionaba una red de corrupción que cobraba coimas a cambio del desvanecimiento de glosas y agilizar pagos a proveedores petroleros. Pablo Celi (foto), excontralor General; y Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, fueron sentenciados a 13 años de cárcel. También fueron condenados otros nueve exfuncionarios y empresarios.

Casos Diezmos

Procesos por concusión

Hechos: Durante la gestión de Diana Salazar, la Fiscalía ha iniciado varios casos denominados Diezmos. Se trata de procesos contra autoridades de elección popular -sobre todo asambleístas- que exigieron pagos ilegales a sus colaboradores a cambio de puestos de trabajo y estabilidad laboral. Por estos procesos han sido sentenciadas María Alejandra Vicuña (foto), Noma Vallejo y Karina Arteaga, tres exlegisladoras de Alianza PAIS, así como la exasambleísta lojana Nivea Vélez. También está siendo procesada Bella Jiménez, exasambleísta por la Izquierda Democrática.

Caso Hospítal de Pedernales

Proceso por delincuencia organizada

Hechos: Durante la pandemia por el Covid-19, la Fiscalía impulsó este caso por un desfalco al Estado por parte de un consorcio privado que recibió USD 8 millones de anticipo para construir el Hospital de Pedernales, pero que, en ligar de edificar la obra, desvío ese dinero. El exasambleísta de Alianza PAIS, Daniel Mendoza (foto), fue sentenciado, al igual que Edmundo Tamayo, exdirector del Secob. Mientras que el exlegislador Eliseo Azuero se mantiene prófugo. hasta la actualidad y no ha sido juzgado.

Caso Metástasis

Proceso por delincuencia organizada

Hechos: Tras el asesinato del narcotraficante Leandro Norero, a finales de 2023, la Fiscalía destapó el caso Metástasis. Con base en los chats encontrados en los equipos de Norero, Salazar desenredó una estructura de corrupción judicial en la que trabajaban abogados, empresarios, policías y políticos con el objetivo de lograr impunidad para Norero. 32 personas fueron sentenciadas, incluyendo a Wilman Terán (exjuez Nacional y expresidente de la Judicatura) y Pablo Ramírez, exdirector del SNAI.

Caso Purga

Proceso por delincuencia organizada

Hechos: Una de las sentenciadas en el caso Metástasis fue Mayra Salazar, supuesta operadora de Norero y relacionista pública de la Corte del Guayas. Tras su captura, la mujer colaboró con la Fiscalía y permitió desmantelar una estructura de corrupción que comandaba Pablo Muentes (foto), exasambleísta por el Partido Social Cristiano, y que manejaba la justicia en esa provincia. En total 10 personas fueron sentenciadas por delincuencia organizada.

Caso Independencia Judicial

Proceso por obstrucción a la justicia

Hechos: En este caso, la Fiscalía procesó a 11 exfuncionarios de la Judicatura quienes suspendieron y destituyeron, de manera ilegal, a Walter Macías, exjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). El objetivo, según la acusación, era separar a Macías del conocimiento del caso Vocales, una causa por tráfico de influencias en la que era procesada Ruth Barreno (foto), exvocal de la Judicatura y también vinculada a Independencia Judicial. Wilman Terán, Barreno y nueve más fueron condenados.

Durante los seis años en el cargo, la fiscal Diana Salazar ha enfocado sus esfuerzos en casos de corrupción y de la infiltración del narcotráfico en la política y en la justicia. Estos son los procesos más destacados:

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Al momento, y ante los escenarios de la continuidad o no de Salazar, están en juego varios casos clave en etapas definitorias.

Por ejemplo, está pendiente el juicio del caso Plaga, que también se desprendió del caso Metástasis. Además, los llamados a juicio del caso Reconstrucción de Manabí, que involucra a Jorge Glas, y del caso Sinohydro, que incluye al expresidente Lenín Moreno. Fuente: Primicias

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Paquisha conmemoró 45 años de la Gesta Heroica y fue sede del IX Encuentro Binacional de Veteranos de Guerra Ecuador–Perú

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El cantón Paquisha fue el escenario del acto solemne por la conmemoración de los 45 años de la Gesta Heroica de Paquisha (1981) y el 31 aniversario de la Gesta del Alto Cenepa (1995), evento que se desarrolló mediante una Ceremonia Civil y el Noveno Encuentro Binacional de Veteranos de Guerra Ecuador–Perú, como símbolo de memoria histórica, reconocimiento y compromiso con la paz.

La ceremonia contó con la presencia de la alcaldesa encargada del cantón Paquisha, María Velásquez, autoridades civiles y militares, representantes de la Gobernación de Zamora Chinchipe, delegados del Batallón de Selva N.º 62 Zamora, miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, delegaciones de veteranos de guerra de Ecuador y del Perú, instituciones educativas, organizaciones de paz y ciudadanía en general.

En sus palabras de bienvenida, la alcaldesa encargada María Velásquez, en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha, destacó que la fecha “no es un día cualquiera”, sino un momento en el que la historia exige memoria, respeto y gratitud. Subrayó que Paquisha no solo representa un punto geográfico, sino un símbolo de dignidad, soberanía y amor profundo por la patria, reafirmando el compromiso institucional de preservar la memoria histórica y promover valores de unidad, justicia social y paz duradera.

Por su parte, el capitán Luis Eras, delegado del Batallón de Selva N.º 62 Zamora y del teniente coronel Héctor Chimborazo Martínez, transmitió un mensaje de reconocimiento a los veteranos de las gestas de Paquisha, Mayaico, Machinaza y Alto Cenepa, resaltando el legado de patriotismo, disciplina y sacrificio que constituye un ejemplo para las nuevas generaciones militares y civiles. En su intervención, enfatizó que la paz alcanzada es fruto del valor y la entrega de quienes defendieron la soberanía nacional.

Durante el acto, el coronel Guillermo Vélez, miembro del Comité Mundial de la Paz, realizó una reflexión histórica y humanista sobre el significado de Paquisha como territorio de patriotismo, progreso y reconciliación binacional. Recordó su participación en los acontecimientos de 1981 y resaltó que el mayor triunfo de los pueblos no es la guerra, sino la construcción de una paz basada en justicia, democracia y libertad. Asimismo, destacó el crecimiento y desarrollo del cantón como evidencia del valor de la paz consolidada.

En el marco del encuentro binacional, Jorge Acuña, obispo y representante de la delegación del Perú, señaló que este noveno encuentro bilateral forma parte de un proceso sostenido de integración iniciado en 2018, orientado a promover la amistad, la convivencia y el desarrollo entre Ecuador y Perú. Recordó que la Unión Binacional de Veteranos de Guerra Ecuador–Perú fue nominada en 2019 al Premio Nobel de la Paz y al Premio Princesa de Asturias, como reconocimiento a su labor por la reconciliación y la paz.

A su vez, Emilio González, en representación de los veteranos de guerra, enfatizó el rol de los excombatientes como constructores de paz y guardianes de la memoria histórica, destacando que la historia de los conflictos de 1941, 1981 y 1995 debe ser comprendida desde una mirada ética y humana, orientada a evitar la repetición de la violencia. Subrayó que la verdadera victoria no se mide en territorios, sino en la capacidad de preservar la vida y fortalecer el diálogo entre los pueblos.

Uno de los momentos más emotivos del evento fue el reconocimiento público al señor Job Sarango, héroe civil de la provincia de Zamora Chinchipe, destacado por su apoyo y guía a las tropas durante la Gesta Heroica de Paquisha, resaltando el papel fundamental de la población civil en la defensa del territorio nacional.

El Noveno Encuentro Binacional de Veteranos de Guerra ratificó el compromiso de Ecuador y Perú con la paz, la integración y la cooperación, dejando como mensaje central que recordar la historia no divide a los pueblos, sino que los fortalece, y que la memoria es una herramienta fundamental para construir un futuro de convivencia, desarrollo y esperanza para las nuevas generaciones.

¡Que viva Paquisha! ¡Que viva Zamora Chinchipe! ¡Que viva el Ecuador y la paz entre los pueblos!

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Minería en disputa: Zamora Chinchipe reivindica autonomía gremial frente al centralismo del sector industrial

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La Cámara de Minería del Ecuador (CME), organismo gremial con 47 años de trayectoria institucional, reafirmó públicamente su rol como entidad técnica y empresarial encargada de agrupar y representar a las empresas del sector minero industrial, promoviendo una actividad minera responsable, legal y en estricto apego al marco normativo vigente.

En su pronunciamiento oficial, la CME precisó que el ciudadano Paul Pineda, de la provincia de Zamora Chinchipe, no integra esta organización, por lo cual la institución no reconoce ni valida ninguna vocería, representación o declaración atribuida al sector minero industrial que provenga de personas u organizaciones ajenas a su estructura formal. En ese contexto, la Cámara Nacional reiteró que no avala manifestaciones realizadas a nombre de la industria minera por actores externos al gremio.

Posición institucional de la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe

Frente a este comunicado, la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe (CAMIZ) emitió una aclaración pública dirigida a la ciudadanía y al sector minero nacional, en la que ratifica su constitución legal, su autonomía gremial y su ámbito legítimo de representación.

La CAMIZ explicó que su presidente, el Sr. Paul Pineda, ejerce su liderazgo exclusivamente en representación de los pequeños mineros y mineros artesanales de la provincia, sin que exista pretensión alguna de representar a la minería industrial o transnacional, competencia propia de la CME. La organización enfatizó que su legitimidad se sustenta en la base productiva local, vinculada directamente al territorio y a la economía provincial.

Regularización minera y derechos constitucionales

En su pronunciamiento, la Cámara provincial advirtió sobre la necesidad de centrar el debate público en los procesos de regularización minera pendientes, señalando que la falta de cumplimiento estatal constituye un factor de inseguridad jurídica para miles de familias que dependen históricamente de esta actividad.

La CAMIZ recordó que la Constitución del Ecuador garantiza el derecho al trabajo, así como la seguridad jurídica para quienes, por tradición productiva, han ocupado y trabajado el territorio. En este sentido, reiteró su oposición a cualquier iniciativa que implique desplazamiento o despojo territorial en favor de intereses económicos externos a la provincia.

Autonomía gremial y ética institucional

Desde una perspectiva jurídica, la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe subrayó que el derecho de asociación, reconocido por el ordenamiento legal ecuatoriano, garantiza la independencia organizativa de los gremios, por lo que no existe relación de subordinación entre la CAMIZ y la Cámara Nacional.

Asimismo, la organización hizo un llamado a la ética institucional, instando a que el debate minero se conduzca con responsabilidad, evitando prácticas de desinformación o confrontación política que afecten la credibilidad del sector y la convivencia social en los territorios.

Compromiso con una minería justa y soberana

La Cámara de Minería de Zamora Chinchipe reiteró su compromiso con una minería justa, soberana y socialmente responsable, orientada al desarrollo local, al respeto de la historia productiva de la provincia y a la defensa de los derechos de los pequeños productores.

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Estudiantes de derecho de la UTPL presentan el primer boletín jurídico del sur del país

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En una entrevista concedida al programa informativo de Diario El Amazónico, Gabriela Durán, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), dio a conocer los alcances, objetivos y proyección académica del Primer Boletín Jurídico del sur del Ecuador, una iniciativa inédita impulsada desde la comunidad estudiantil universitaria.

Durante su intervención, Durán explicó que este proyecto surge como resultado del interés de los estudiantes de Derecho por materializar ideas académicas generadas en espacios de reflexión, diálogo con docentes y trabajo colaborativo entre compañeros. El boletín tiene un doble propósito: constituirse en un aporte tangible a la sociedad y, a su vez, funcionar como una escuela de formación académica para futuros abogados y abogadas del país.

La entrevistada señaló que el boletín busca cubrir vacíos de información jurídica en la región sur, ofreciendo perspectivas estudiantiles sobre derecho, política y sociedad. Al tratarse de un proyecto “de estudiantes para estudiantes”, su enfoque se centra en brindar información actualizada, verídica, accesible y de alta calidad, dirigida no solo a jueces, fiscales y profesionales del Derecho, sino también a la ciudadanía en general.

Desde el ámbito formativo, Gabriela Durán destacó que el valor del boletín trasciende lo material, pues constituye un referente simbólico y académico, al ser una de las primeras iniciativas de este tipo en la región. Asimismo, subrayó que el proyecto demuestra que los estudiantes no deben esperar al ejercicio profesional para liderar propuestas de impacto, sino que pueden hacerlo desde su etapa universitaria, con el respaldo institucional correspondiente.

En cuanto al proceso editorial, Durán informó que para esta primera edición se recibieron alrededor de 150 artículos a nivel nacional, provenientes de estudiantes de Derecho de la UTPL en modalidad presencial y a distancia. Los criterios de selección se centraron en aspectos técnicos, estructura, argumentación jurídica y redacción, brindando además un acompañamiento personalizado a cada autor, lo que fortaleció el carácter formativo del proyecto.

Los contenidos del boletín abarcan diversas ramas del Derecho, entre ellas Derecho Constitucional, Penal, Ambiental y Derecho Comparado, así como análisis de coyuntura social y política internacional. Entre los artículos destacados constan trabajos sobre los derechos de la naturaleza, temática en la que Ecuador es referente mundial, y estudios comparativos sobre figuras jurídicas como el infanticidio y la cadena perpetua en Ecuador y Perú.

Gabriela Durán resaltó que los estudiantes cumplen un rol central como investigadores y protagonistas del boletín, lo que contribuye a fortalecer el pensamiento crítico, la capacidad analítica y el compromiso social desde la academia. En este sentido, enfatizó la importancia de democratizar el conocimiento jurídico, promoviendo el acceso ciudadano a información que permita comprender y ejercer los derechos establecidos en la normativa vigente.

Finalmente, la estudiante agradeció el apoyo brindado por las autoridades y docentes de la UTPL, quienes respaldaron el proyecto tanto en el ámbito técnico como logístico y presupuestario, posibilitando la publicación del boletín en formato físico y digital, disponible en las plataformas oficiales de la universidad, en la sección de novedades.

Al cierre de la entrevista, Gabriela Durán invitó a la comunidad académica, jurídica y a la ciudadanía en general a leer el boletín, señalando que este no está dirigido exclusivamente a especialistas, sino a toda persona interesada en la justicia y en la construcción de un país más informado. “Aquí el derecho deja de ser herencia para convertirse en porvenir”, concluyó.

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