Nacionales
¿Continuará Diana Salazar? El período de la Fiscal General termina en medio de definiciones en casos clave
En poco más de una semana, el 8 de abril de 2025, la fiscal general Diana Salazar cumplirá seis años en funciones. La funcionaria tiene que dejar el influyente cargo, pero todavía no hay luces sobre quién la reemplazará.
Salazar acaba de reintegrarse al Ministerio Público, pues a finales de 2024, la funcionaria dio a luz a su segunda hija e hizo uso del tiempo legal de licencia por maternidad. Ahora, en su regreso, tiene que evaluar y decidir sobre su prórroga.
Según el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), el período del Fiscal General del Estado es de seis años. Es decir, el 8 de abril de 2025 Salazar debería dejar la entidad. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no ha avanzado en nombrar a su reemplazo.
El propio COFJ, en el artículo 283, estipula que Salazar puede prorrogarse hasta la designación de su reemplazo, por lo que ella podrá decidir si quedarse hasta que se dé esa designación o retirarse una vez cumplido su período legal.
En una reciente entrevista con revista Vistazo, la funcionaria no respondió directamente si se quedará o no el cargo luego del 8 de abril. Sin embargo, aseguró que su objetivo es asegurar la estabilidad y la continuidad del trabajo de la Fiscalía y de que la transición se lleve a cabo de manera ordenada.
Si la fiscal Salazar decide no continuar en el cargo, debería asumir Wilson Toainga, quien ha sido el fiscal subrogante durante los seis años. Sin embargo, el COFJ también indica que esa subrogación solo puede ser por ausencia temporal.
El rol del CPCCS
Ante estos escenarios, toma relevancia en el futuro de la Fiscalía General el rol del CPCCS, ya que es la entidad que nombra este cargo.
Incluso, hay un antecedente. En 2018, Carlos Baca Mancheno, exfiscal General, fue cesado por la Asamblea Nacional y Thania Moreno, quien era la subrogante, fue suspendida por la Judicatura.
Ante este vacío de autoridad, el CPCCS -en esa época transitorio y presidido por Julio César Trujillo- nombró a Paúl Pérez Reina como fiscal General encargado, hasta que finalizó el nombramiento de Diana Salazar.
Sin embargo, el CPCCS actual lidia con sus propios problemas. En enero de 2025, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) destituyó a Eduardo Franco, Augusto Verduga y Yadira Saltos, exvocales correístas del CPCCS.
Dos de esos lugares fueron asumidos por Piedad Cuarán y Gonzalo Albán. Sin embargo, la séptima vocalía todavía está en disputa entre David Rosero y Oscar Ayerve. La Asamblea Nacional debe definir quién se posesiona y para esto elevó una consulta a la Procuraduría.
Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, explicó a PRIMICIAS que mientras no se solucione ese problema, el concurso para seleccionar Fiscal no avanzará, ya que al tener un Consejo incompleto se podría configurar algún tipo de nulidad posterior.
Los casos emblemáticos de Salazar
1.-
Caso Sobornos
Proceso por cohecho
Hechos: En este caso, la Fiscalía de Diana Salazar comprobó la existencia de una estructura de corrupción que operó de manera paralela a la Presidencia de la República de Rafael Correa (foto). Esta estructura cobro sobornos a empresarios a cambio de la adjudicación de obras públicas y usó ese dinero para el financiamiento de actividades político electorales. 20 personas, incluyendo a Correa, Jorge Glas y otros exfuncionarios correístas de alto perfil, fueron sentenciados a ocho años de prisión.
Caso Las Torres
Proceso por delincuencia organizada
Hechos: Dentro de este proceso, el Ministerio Público evidenció que en la Contraloría General del Estado y en Petroecuador funcionaba una red de corrupción que cobraba coimas a cambio del desvanecimiento de glosas y agilizar pagos a proveedores petroleros. Pablo Celi (foto), excontralor General; y Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, fueron sentenciados a 13 años de cárcel. También fueron condenados otros nueve exfuncionarios y empresarios.
Casos Diezmos
Procesos por concusión
Hechos: Durante la gestión de Diana Salazar, la Fiscalía ha iniciado varios casos denominados Diezmos. Se trata de procesos contra autoridades de elección popular -sobre todo asambleístas- que exigieron pagos ilegales a sus colaboradores a cambio de puestos de trabajo y estabilidad laboral. Por estos procesos han sido sentenciadas María Alejandra Vicuña (foto), Noma Vallejo y Karina Arteaga, tres exlegisladoras de Alianza PAIS, así como la exasambleísta lojana Nivea Vélez. También está siendo procesada Bella Jiménez, exasambleísta por la Izquierda Democrática.
Caso Hospítal de Pedernales
Proceso por delincuencia organizada
Hechos: Durante la pandemia por el Covid-19, la Fiscalía impulsó este caso por un desfalco al Estado por parte de un consorcio privado que recibió USD 8 millones de anticipo para construir el Hospital de Pedernales, pero que, en ligar de edificar la obra, desvío ese dinero. El exasambleísta de Alianza PAIS, Daniel Mendoza (foto), fue sentenciado, al igual que Edmundo Tamayo, exdirector del Secob. Mientras que el exlegislador Eliseo Azuero se mantiene prófugo. hasta la actualidad y no ha sido juzgado.
Caso Metástasis
Proceso por delincuencia organizada
Hechos: Tras el asesinato del narcotraficante Leandro Norero, a finales de 2023, la Fiscalía destapó el caso Metástasis. Con base en los chats encontrados en los equipos de Norero, Salazar desenredó una estructura de corrupción judicial en la que trabajaban abogados, empresarios, policías y políticos con el objetivo de lograr impunidad para Norero. 32 personas fueron sentenciadas, incluyendo a Wilman Terán (exjuez Nacional y expresidente de la Judicatura) y Pablo Ramírez, exdirector del SNAI.
Caso Purga
Proceso por delincuencia organizada
Hechos: Una de las sentenciadas en el caso Metástasis fue Mayra Salazar, supuesta operadora de Norero y relacionista pública de la Corte del Guayas. Tras su captura, la mujer colaboró con la Fiscalía y permitió desmantelar una estructura de corrupción que comandaba Pablo Muentes (foto), exasambleísta por el Partido Social Cristiano, y que manejaba la justicia en esa provincia. En total 10 personas fueron sentenciadas por delincuencia organizada.
Caso Independencia Judicial
Proceso por obstrucción a la justicia
Hechos: En este caso, la Fiscalía procesó a 11 exfuncionarios de la Judicatura quienes suspendieron y destituyeron, de manera ilegal, a Walter Macías, exjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). El objetivo, según la acusación, era separar a Macías del conocimiento del caso Vocales, una causa por tráfico de influencias en la que era procesada Ruth Barreno (foto), exvocal de la Judicatura y también vinculada a Independencia Judicial. Wilman Terán, Barreno y nueve más fueron condenados.
Durante los seis años en el cargo, la fiscal Diana Salazar ha enfocado sus esfuerzos en casos de corrupción y de la infiltración del narcotráfico en la política y en la justicia. Estos son los procesos más destacados:
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Al momento, y ante los escenarios de la continuidad o no de Salazar, están en juego varios casos clave en etapas definitorias.
Por ejemplo, está pendiente el juicio del caso Plaga, que también se desprendió del caso Metástasis. Además, los llamados a juicio del caso Reconstrucción de Manabí, que involucra a Jorge Glas, y del caso Sinohydro, que incluye al expresidente Lenín Moreno. Fuente: Primicias
Nacionales
Fuerzas Armadas destruyen ‘guaridas del terror’ en Durán durante la primera noche del toque de queda
El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, supervisó durante la madrugada de este lunes operaciones ejecutadas por las Fuerzas Armadas en el cantón Durán, provincia del Guayas, en el marco de la primera noche del toque de queda decretado por el Gobierno.
Según informó la cartera de Estado a través de un boletín oficial, las intervenciones permitieron desarticular infraestructuras utilizadas por estructuras criminales para controlar territorios y cometer delitos como secuestro y extorsión.
“Guaridas del terror fueron destruidas en Durán, en la primera noche del toque de queda”, señaló el Ministerio de Defensa en un mensaje difundido en redes sociales.
Las intervenciones forman parte de los operativos desplegados durante el estado de excepción y el toque de queda que rige entre las 23:00 y las 05:00 desde el 15 hasta el 30 de marzo en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Antes de la entrada en vigor de la medida, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció el despliegue de 35.000 efectivos de la Policía Nacional del Ecuador para ejecutar operativos en estas jurisdicciones.
A su vez, el Ministerio de Defensa informó que más de 30.000 militares se encuentran desplegados en estas provincias para ejecutar acciones contra la minería ilegal, el narcotráfico y los grupos de delincuencia organizada.
Una de las operaciones se ejecutó en una vivienda ubicada en el sector El Arbolito, que era utilizada como punto estratégico de vigilancia por integrantes del Grupo de Delincuencia Organizada CK.
El inmueble pertenece a un sujeto conocido con el alias “Bob Marley”, señalado como cabecilla de la facción CK BM y quien actualmente se encuentra recluido en la Cárcel del Encuentro, el centro carcelario de máxima seguridad del Estado, ubicado en la provincia de Santa Elena.
En el lugar, las fuerzas militares encontraron infraestructura tecnológica destinada a monitorear accesos y movimientos en el sector, considerado un área hiperfocalizada de violencia dentro del cantón.
Entre los elementos incautados se identificaron cámaras de videovigilancia tipo bala y domo, equipos de comunicación, módems de internet, un repetidor de señal, router, DVR, cableado coaxial y reflectores.
También se encontraron armas blancas, municiones de distintos calibres, una gramera, una pipa artesanal y varias dosis de sustancias sujetas a fiscalización.
Según las autoridades, este sistema era utilizado por la organización criminal para vigilar los accesos estratégicos del sector y mantener control territorial.
Sitio clandestino para secuestros
En un operativo paralelo, en el sector Fincas Delia, también en Durán, militares localizaron un área utilizada por el mismo grupo delictivo para retener a víctimas de secuestro y extorsión.
En el lugar se identificó una estructura improvisada construida con caña y madera que funcionaba como sitio clandestino de cautiverio.
Posteriormente, personal especializado en demoliciones de las Fuerzas Armadas procedió a destruir e inhabilitar completamente la infraestructura, con el objetivo de impedir que vuelva a ser utilizada por la organización criminal.
Crisis de seguridad
El toque de queda se aplica en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador. Desde enero de 2024 rige en el país la declaratoria de conflicto armado interno en Ecuador, con la que el Gobierno busca combatir a organizaciones criminales vinculadas principalmente al narcotráfico y la minería ilegal.
Pese a estas medidas, 2025 cerró como el año más violento registrado en el país, con 9.235 homicidios, según cifras del Ministerio del Interior de Ecuador. Fuente: Vistazo
Nacionales
‘Yo no quería irme, tenía mi vida en Ecuador’: las extorsiones generan que ecuatorianos huyan a los Estados Unidos
NUEVA YORK. En Machala, Ana había empezado a construir algo que para ella significaba mucho más que un trabajo. Tenía poco más de veinte años, dos hijos pequeños y un puesto en una tienda de electrodomésticos donde había aprendido a detalle sobre televisores, refrigeradoras, o cualquier otro aparato. Primero fue secretaria, luego pasó a atender clientes en el almacén y finalmente pidió una oportunidad en ventas. Nadie esperaba demasiado de una vendedora sin experiencia, pero las cifras comenzaron a hablar por ella. Vendía más que muchos de sus compañeros y, al cabo de dos años, ya supervisaba a un pequeño equipo. En su vida empezaban a aparecer señales de estabilidad que antes no había conocido.
Sus ojos se llenan de emoción cuando habla de esa época. “Yo no vendía electrodomésticos”, dice. “Vendía la ilusión de lo que la gente podía hacer con ellos. Persona que entraba por esa puerta, persona que salía con deuda”, admite sonriendo. A los clientes les hablaba del partido del Mundial que podrían ver en una pantalla nueva o de la novela que seguirían cada noche. Después desarmaba el precio en cuotas pequeñas hasta que la compra parecía alcanzable. El sueldo base era modesto, pero las comisiones cambiaban el ritmo de la vida. Los viernes a veces pedían pizza con sus hijos. De vez en cuando podían ir al cine. En el supermercado ya no tenía que mirar cada centavo. Incluso pensaba comprar un carro. También ayudaba a sus padres cuando podía.
‘Podemos pasar por tus hijos’
Un día, las primeras señales de peligro llegaron como comentarios sueltos dentro del almacén. Un compañero dejó de ir a trabajar. Luego otro. Algunos decían que habían recibido llamadas de extorsión. Otros simplemente desaparecían del turno y nadie volvía a saber de ellos. Un integrante de su equipo le sugirió que tuviera cuidado. Ana siguió trabajando. En ese momento todavía creía que esas historias les ocurrían a otros.
Hasta que empezaron las llamadas. Al principio eran números desconocidos. Luego llegaron mensajes de texto con insultos y amenazas. Uno de ellos mencionaba el lugar donde trabajaba. Otro describía la ropa que llevaba ese día. Los mensajes parecían escritos por alguien que la estaba mirando. Durante un tiempo decidió ignorarlos. No respondió, no cambió su rutina. Intentó convencerse de que todo pasaría si no les prestaba atención.
El día en que el miedo se volvió real, fue cuando recibió una imagen en su teléfono. Era una foto tomada a la salida de la escuela. Sus hijos aparecían en la puerta. El mensaje decía que no tenía que preocuparse por recogerlos. “Nosotros podemos pasar por ellos”. Ana dejó el almacén sin avisar y corrió hasta la escuela. Los encontró allí, sanos y salvos. Pero la advertencia había cruzado una línea imposible de ignorar. “Ese día entendí que esto no era un juego”, recuerda. “Sentí que tenía que escoger entre mi sueño allá o nuestras vidas”.

Huir y dejar su proyecto en Ecuador
Hasta ese momento no había imaginado salir del país. Su plan estaba en Machala. Quería seguir creciendo en la empresa, ahorrar, estudiar administración en la universidad. La decisión de irse significaba abandonar todo eso de un día para otro. También significaba dejar a sus padres sin saber cuándo volvería a verlos. “Yo no quería irme”, dice. “Yo tenía mi vida allá”.
Tenía algo de dinero guardado gracias a las comisiones. Empezó a buscar contactos que pudieran ayudarla a salir. Tomó un vuelo hacia Centroamérica y desde allí comenzó el trayecto hacia el norte. El viaje duró casi 30 días. A veces dormían en hoteles improvisados, otras noches en habitaciones más decentes. En los tramos más duros caminaron por zonas desérticas durante horas. Nunca se separó de sus hijos. En buena parte del recorrido los acompañó un hombre ecuatoriano de la sierra, de unos cuarenta o cincuenta años, que también huía de amenazas. Él la ayudaba a vigilar a los niños cuando el cansancio la superaba.
“¿Qué si me arrepiento de haber migrado?” Hace una pausa larga antes de responder. “Es una pregunta difícil de contestar, porque no tenía otra opción. No podía ayudarme la Policía, ni nadie”.
Cuando finalmente cruzó la frontera decidió entregarse a las autoridades. Les explicó por qué había salido de Ecuador. Después de escuchar su historia le dijeron que podría continuar su proceso dentro del país y que más adelante tendría que presentarse ante un juez de inmigración.
Un tío que vive en Nueva Jersey fue a recogerla. Durante los primeros meses vivió en un apartamento donde convivían cerca de ocho personas entre familiares y conocidos. No pagaba renta. A cambio ayudaba en la cocina, cuidaba a los hijos de los demás o hacía pequeños trabajos dentro del departamento.
Los primeros empleos fueron trabajos de limpieza o ayudando en pequeñas tiendas ecuatorianas. Con el tiempo consiguió trabajo en una gran bodega que distribuye paquetería. Sus jornadas pueden durar hasta doce horas. Sale temprano, regresa tarde y a veces siente que el día se le escapa entre cajas y turnos largos. Ya tiene permiso de trabajo y número de seguro social mientras espera la cita en la corte de inmigración. No pudo pagar un abogado y alguien que hace trámites migratorios más baratos la ayudó a presentar el caso de asilo.
Cuando piensa en Ecuador no recuerda solo el miedo. También recuerda la vida que estaba empezando a tomar forma. El almacén donde trabajaba llegó a cerrar temporalmente porque varios empleados dejaron de ir por temor. Muchos de sus antiguos compañeros también se marcharon. “Sueño con volver a Ecuador y abrazar a mi madre. Ver a mis amigos. No sé si lo haría para quedarme allá. Creo que no”.
Aun así, su historia tampoco termina en ese almacén de Nueva Jersey donde pasa buena parte del día. Ana sigue hablando de estudios cuando imagina el futuro. Quiere ahorrar lo suficiente para estudiar una carrera técnica relacionada con negocios o administración. Algo que le permita volver a acercarse a la persona que era antes de que el miedo cambiara el rumbo de su vida. Porque lo que dejó atrás no fue solamente un país. Fue también la versión de sí misma que estaba empezando a construir.
LEA MAÑANA: La historia de Ernesto, el ecuatoriano que dejó su carrera y su vida en Guayaquil después de una llamada de extorsión. Fuente: Primicias
Nacionales
Los primeros resultados del toque de queda en Ecuador | 253 detenidos en cuatro provincias
Ecuador empezó sus 15 días de operaciones contra el narcotráfico con un toque de queda focalizado en cuatro provincias, y en medio de la colaboración militar y de Inteligencia prometida por Estados Unidos.
El primer día de este toque de queda arrancó a las 23:00 del 15 de marzo, tal como se había anticipado por las autoridades ecuatorianas en días anteriores.
Del lado del Ministerio del Interior se ha indicado que las fuerzas militares ecuatorianas lanzarán una «ofensiva muy fuerte» con «asesoramiento» de Estados Unidos, y por ello, han pedido a los ciudadanos que se quedan en casa para evitar víctimas colaterales.
Lo cierto es que no todos obedecieron las normas y en el primer día de la medida ordenada por el gobierno de Daniel Noboa hubo cientos de detenidos, como cinco hombres que instalaron una piscina inflable en Durán durante la madrugada.

Este es el informe preliminar de la Policía mientras duró la emergencia en la noche del domingo y la madrugada del 16 de marzo:
253 detenidos en el toque de queda a nivel de las cuatro provincias, es decir, Guayas, Santo Domingo, Los Ríos y Esmeraldas, según el ministerio del Interior.
- En la Zona 8, que abarca a Guayaquil, Durán y Samborondón, se registraron 112 aprehensiones.
- De este total en la Zona 8, 109 son por violar el toque de queda, dos por posesión de drogas, y uno por porte ilegal de armas, según informó la Policía de forma preliminar
- Hasta ahora, ni el Ministerio del Interior ni la Policía han dado una declaración oficial sobre los resultados totales del toque de queda en estas cuatro provincias, puesto que se informó que el ministro del ramo, John Reimberg, continúa en territorio.
Por otra parte, lo que sí difundió la Cartera del Interior fue un corto video en redes sociales sobre los operativos realizado en la madrugada.
Son 75.000 militares y policías los que participan en las operaciones, acompañados de caravanas de camionetas blindadas, motocicletas y helicópteros.
El gobierno se ha mantenido hermético sobre el detalle de la misión y si desplegará efectivos estadounidenses en su territorio como ha ocurrido durante el mandato de Noboa.
A lo largo de dos semanas los ecuatorianos en las provincias donde se aplica la medida tienen prohibido salir entre las 23H:00 y las 05:00. Fuente: Primicias
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