Nacionales
Consejo Electoral prepara las directrices con las que se organizarán las seccionales del 2023
Desarrollar el plan piloto para el voto telemático y un cambio en los padrones electorales que se entregan a las Juntas Receptoras del Voto son las novedades que podrían aplicarse para las elecciones seccionales y de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) del 2023.
Este martes, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) prevé debatir y plantear sus consideraciones a las directrices que se aplicarán para los comicios que se realizarán en febrero del 2023.
En los próximos días, el CNE en conjunto con el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) deberá aprobar el calendario electoral para organizar el proceso, que arrancará con la declaratoria del periodo electoral, el mismo que se estima para este 26 de febrero.
Como parte de esas actividades, está la de avanzar en el desarrollo del voto telemático, en especial, para los ecuatorianos residentes en el exterior.
Es la disposición transitoria novena del Código de la Democracia la que establece que el organismo debe implementar “proyectos piloto de voto electrónico, telemático y por correspondencia, para que sean aplicados en el exterior en el proceso electoral subsiguiente a las elecciones generales posteriores a la vigencia de la ley”. Es decir, en el sufragio de febrero del 2023.
La propuesta que está en ciernes es implementar el voto telemático en unas 50 zonas electorales, ubicadas en las Circunscripciones Especiales del Exterior de Europa, Asia y Oceanía; de Estados Unidos y Canadá; y de América Latina, el Caribe y África.
Para ello, se analiza aplicar una fase previa de empadronamiento.
En tanto, en el territorio nacional se podría ejecutar un Plan Piloto de Voto Electrónico, que dependerá del presupuesto con el que cuente el Consejo.
Para esto, se elaboraría un registro electoral (padrón) biométrico, y se tomarían como muestra unas 4.000 juntas receptoras del voto. Este plan deberá evaluar la tecnología con la que cuente el Consejo y el presupuesto que asigne el Gobierno nacional.
Otra propuesta que se presentó es añadir un casillero en el padrón electoral que se entrega a los miembros de las JRV, en el que se escribirá si el elector votó o no votó. En el pleno se explicará en qué contribuirá esta medida.
Actualmente, estos documentos contienen la foto del ciudadano, el nombre y apellido y el espacio para la firma.
Por otra parte, las áreas técnicas de la institución plantean que se mantenga el número de 350 electores por cada Junta Receptora del Voto (JRV) debido a que, en comparación con las últimas elecciones nacionales del 2021, se redujo el tiempo de votación, que tomaba hasta 30 segundos.
En tanto, en las JRV del exterior serían 800 electores por el porcentaje de participación de procesos anteriores.
Para el día de la votación se propone que haya dos urnas: una para que se depositen los votos de alcaldes y prefectos; y otra, para las papeletas de concejales, miembros de juntas parroquiales y las de los candidatos a ser consejeros del CPCCS.
El escrutinio (conteo de votos) se iniciaría con las papeletas de prefectos, alcaldes, concejales, juntas parroquiales; luego de las candidatas mujeres al CPCCS, de los hombres, y finalmente de los postulantes de los pueblos y nacionalidades.
Se planteará que los biombos sean de materiales como plástico, acrílico, policarbonato o similares para aplicar procesos de desinfección, por efecto de la pandemia del coronavirus.
Para el escogimiento de los miembros de las juntas, se excluirá a aquellos cuya edad fluctúe entre los 16 y 17 años; y a los mayores de 60 años, personas con discapacidad y enfermedades catastróficas.
El CNE trabajará en que las notificaciones se hagan principalmente de manera electrónica por la crisis sanitaria y se buscará coordinar compensaciones no económicas para quienes sean escogidos y acudan a integrar las mesas.
También por la pandemia, se elaborará un catastro nacional de las instituciones educativas para incrementar los recintos electorales que permitan ejecutar las recomendaciones sanitarias, como mantener el distanciamiento social entre los miembros de las Juntas y los votantes. (I)
Corporación Participación Ciudadana entrega al CNE su propuesta de reformas electorales
La Corporación Participación Ciudadana (PC) entregó al Consejo Nacional Electoral (CNE) su propuesta de reformas al Código de la Democracia, enfocada en mejorar el sistema de partidos y movimientos políticos.
Fue el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, quien recibió la propuesta presentada por PC, representada por su directora, Ruth Hidalgo y catedráticos y actores de la sociedad civil como Medardo Oleas, Simón Pachano, Arturo Moscoso, entre otros. El evento se dio mediante una reunión virtual, realizada este lunes.
Los temas que se plantean son el porcentaje de firmas que deben entregar quienes aspiran a inscribir un partido o movimiento político, su alcance territorial, que cuenten con un registro de los afiliados actualizados a nivel nacional, la alternabilidad de sus directivas; y entre otras, que se eliminen los distritos para “consolidar” la representación en la Asamblea Nacional.
La expectativa de la sociedad civil es que este paquete de reformas se debata en la Legislatura y sea aprobado antes de las elecciones presidenciales que se realizarán en el 2025. (I) Fuente: El Universo
La República Dominicana y Ecuador subrayaron su interés en profundizar la relación bilateral en los ámbitos político, económico-comercial, de movilidad humana, cooperación, turismo y energía, así como en avanzar en el diálogo para la suscripción de un Acuerdo Comercial de Alcance Parcial.
La información la ofreció -en un comunicado- el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, tras una reunión entre su titular, Roberto Álvarez, y su homóloga ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, quien realizó este lunes una visita oficial al país caribeño.
Los dos diplomáticos acordaron impulsar una agenda de trabajo conjunta entre las autoridades competentes de ambos países, con el propósito de continuar en la implementación efectiva del Memorando de Entendimiento sobre Zonas Francas y fortalecer las oportunidades de inversión y cooperación empresarial entre ambos países, de acuerdo con la información.
Con relación a la situación en Haití, país que atraviesa desde años una profunda crisis, Álvarez y Sommerfeld llamaron a la comunidad internacional «a redoblar sus esfuerzos en favor de una solución integral y sostenible que garantice el pleno respeto de los derechos humanos».
Así mismo, ambos cancilleres reafirmaron su apoyo a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), creada en 2025 por las Naciones Unidas, y que sustituye a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), también creada por la ONU.
Ecuador reiteró la invitación a República Dominicana para que invierta en proyectos energéticos
En materia energética, los ministros destacaron la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en el marco del Memorando de Entendimiento entre EP Petroecuador y la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa).
En ese aspecto, Sommerfeld reiteró la invitación de Ecuador para que la República Dominicana explore oportunidades de inversión en el campo de gas natural ‘Amistad’, considerado uno de los principales proyectos estratégicos del sector energético ecuatoriano.
La reunión de este lunes siguió a otra efectuada en Punta Cana (este dominicano) el 6 de mayo por el presidente dominicano, Luis Abinader, y su par ecuatoriano, Daniel Noboa, quienes decidieron iniciar negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial parcial.
La Presidencia ecuatoriana recordó entonces que República Dominicana es -en la actualidad- para Ecuador un importante socio comercial. Solo en 2025, las exportaciones alcanzaron los 161 millones de dólares, anotó.
En febrero pasado, Noboa y Abinader se reunieron en Dubái, donde abordaron la necesidad de una negociación de un acuerdo comercial. Fuente: Vistazo
Nacionales
Técnicos acusados en caso Progen: “Nos dieron hasta el link para bajar información del estudio”
Los cuatro integrantes de la comisión técnica de estudio de mercado del denominado caso Progen rompieron el silencio. Mediante un comunicado público, los funcionarios procesados dentro del llamado “caso Apagón” cuestionaron la decisión judicial que ordenó prisión preventiva en su contra y aseguraron que sus funciones dentro del proceso contractual eran exclusivamente técnicas y referenciales.
Javier Lasluiza Navarrete, Romel Patricio Llumiquinga Llumiquinga, Marcos Vinicio Poma Jumbo y Marco Antonio Chicaiza Santos sostienen que la Fiscalía construyó una teoría penal que, según ellos, mezcla responsabilidades administrativas, financieras y contractuales que no les correspondían dentro del proceso investigado.
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
En el documento, difundido este fin de semana, los procesados señalan que durante la audiencia de formulación de cargos no se demostró cómo su actuación encajaría en el delito de peculado ni cómo podrían ser considerados autores directos. También afirman que la acusación se sustentó en “afirmaciones generales y expansivas” que desconocen el funcionamiento de una comisión de estudio de mercado en los procesos de contratación pública.
En una parte del comunicado se lee: “Una comisión de estudio de mercado tiene una función estrictamente técnica y referencial: recopilar información de mercado, levantar referencias económicas y determinar valores estimados para una eventual contratación. No adjudica contratos. No autoriza pagos. No administra recursos públicos. No aprueba desembolsos. No maneja anticipos. No ejecuta contratos. No fiscaliza pagos. No recibe bienes”.
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«No se siguieron los parámetros normales»
Pero, los integrantes de esa comisión denunciaron algo aún más importante: “En el caso que nos ocupa es importante denotar que se nos dispuso desde el tiempo hasta el link de donde debíamos bajarnos la información para el estudio, es decir no se siguieron los parámetros normales para una contratación pública; sin embargo, nada de esto fue tomado en consideración por el juzgador”.
El pronunciamiento aparece luego de que el juez Vinicio Rodríguez acogiera el pedido de Fiscalía y dictara prisión preventiva contra 19 de los 21 procesados en la investigación relacionada con la contratación de generación eléctrica en medio de la crisis energética.
Entre los vinculados figuran técnicos y mandos medios de Celec, así como el exministro de Energía Antonio Gonçalves y el exgerente de Celec Fabián Calero. Fuente: Expreso
Antonio Gonçalves fue ministro de Energía en el primer periodo del presidente Daniel Noboa.
En el comunicado, los cuatro funcionarios también cuestionan el uso de la prisión preventiva. Argumentan que durante toda la investigación comparecieron ante las autoridades y mantuvieron arraigo laboral, familiar y domiciliario verificable. Añaden que el derecho penal ecuatoriano exige responsabilidades individualizadas y no permite establecer responsabilidades automáticas por pertenecer a una comisión técnica.
Los procesados aseguran además que llevan cerca de veinte años trabajando en Celec EP y que nunca antes estuvieron involucrados en investigaciones penales. En esa línea, remarcan el impacto personal y familiar que implica la medida cautelar dictada en su contra.
El documento concluye con una defensa de sus actuaciones dentro del proceso contractual y con la expectativa de que, durante la instrucción fiscal, se analice de manera individual la participación de cada funcionario involucrado en el caso.
La Unión Nacional de Educadores (UNE) difundió un comunicado en el que cuestionó la administración del presidente Daniel Noboa y anunció el inicio de un proceso de revocatoria del mandato. El documento, presentado en Quito el 24 de mayo de 2026, expone cifras sobre seguridad, educación, salud, empleo y economía en Ecuador. La organización sostuvo que el Gobierno “oculta” la situación real del país y alertó sobre el incremento de la violencia y la precarización social.
El gremio docente aseguró que Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de seguridad. Según el pronunciamiento, el país se ubica entre los más peligrosos de América Latina y 2026 podría convertirse en el segundo año más violento de su historia. Además, la UNE cuestionó los toques de queda y afirmó que las medidas adoptadas por el Ejecutivo no han frenado el avance de grupos delictivos organizados.
“En Ecuador si sales a caminar te roban, si instalas un negocio te extorsionan y si te expones hasta la vida te quitan”.
La organización también señaló que existe una crisis educativa vinculada a la falta de inversión pública y al deterioro de la infraestructura escolar. Citó datos del Plan Anual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas para indicar que, pese a existir más de $53 millones codificados para proyectos educativos, apenas una pequeña parte había sido ejecutada hasta abril de 2026. El comunicado añadió que miles de planteles continúan en malas condiciones.
Crisis educativa y deserción estudiantil en Ecuador
La UNE denunció además retrasos en procesos de escalafón y equiparación salarial para docentes con más de 25 años de servicio. El gremio aseguró que más de 11 mil maestros siguen sin recibir recursos económicos correspondientes a estos procesos. También afirmó que más de 200 docentes fueron desvinculados en lo que va del año.
Otro de los puntos expuestos fue la deserción estudiantil. La organización comparó cifras del Ministerio de Educación con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y concluyó que alrededor de 450 mil niños, niñas y adolescentes no estarían estudiando actualmente. En educación superior, la UNE sostuvo que la deserción supera el 20 %, lo que representaría al menos 150 mil jóvenes que abandonan sus estudios cada año.
El comunicado también abordó la situación sanitaria del país. La UNE afirmó que hasta finales de 2025 el Ministerio de Salud solo había utilizado el 45 % del presupuesto asignado. Según el gremio, esto habría afectado el abastecimiento de medicamentos y la atención en hospitales públicos de varias provincias.
Salud, desempleo y pobreza bajo cuestionamiento
La organización aseguró que en hospitales públicos el abastecimiento de medicamentos apenas alcanzaba el 54 %. Como ejemplo, mencionó al Hospital Monte Sinaí, en Guayas, donde el stock habría llegado solo al 19 %. El documento también se refirió a la emergencia sanitaria en Taisha y afirmó que comunidades afectadas por enfermedades deben caminar durante horas para acceder a atención médica.
En materia laboral, la UNE sostuvo que más de 186 mil plazas de empleo adecuado se perdieron en el último año. El comunicado citó cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), indicando que el denominado “Otro Empleo No Pleno” superó al empleo adecuado en Ecuador. Según la organización, esta situación refleja un deterioro de las condiciones laborales en el país.
El pronunciamiento también cuestionó medidas económicas impulsadas por el Gobierno. La UNE afirmó que mientras una parte importante de la población enfrenta pobreza multidimensional, los principales bancos del país registraron millonarias ganancias hasta abril de 2026. Además, criticó el incremento del IVA al 15 % y el alza en el precio de los combustibles. Fuente: Expreso
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