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Consejo Electoral prepara las directrices con las que se organizarán las seccionales del 2023

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Desarrollar el plan piloto para el voto telemático y un cambio en los padrones electorales que se entregan a las Juntas Receptoras del Voto son las novedades que podrían aplicarse para las elecciones seccionales y de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) del 2023.

Este martes, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) prevé debatir y plantear sus consideraciones a las directrices que se aplicarán para los comicios que se realizarán en febrero del 2023.

En los próximos días, el CNE en conjunto con el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) deberá aprobar el calendario electoral para organizar el proceso, que arrancará con la declaratoria del periodo electoral, el mismo que se estima para este 26 de febrero.

Como parte de esas actividades, está la de avanzar en el desarrollo del voto telemático, en especial, para los ecuatorianos residentes en el exterior.

Es la disposición transitoria novena del Código de la Democracia la que establece que el organismo debe implementar “proyectos piloto de voto electrónico, telemático y por correspondencia, para que sean aplicados en el exterior en el proceso electoral subsiguiente a las elecciones generales posteriores a la vigencia de la ley”. Es decir, en el sufragio de febrero del 2023.

La propuesta que está en ciernes es implementar el voto telemático en unas 50 zonas electorales, ubicadas en las Circunscripciones Especiales del Exterior de Europa, Asia y Oceanía; de Estados Unidos y Canadá; y de América Latina, el Caribe y África.

Para ello, se analiza aplicar una fase previa de empadronamiento.

En tanto, en el territorio nacional se podría ejecutar un Plan Piloto de Voto Electrónico, que dependerá del presupuesto con el que cuente el Consejo.

Para esto, se elaboraría un registro electoral (padrón) biométrico, y se tomarían como muestra unas 4.000 juntas receptoras del voto. Este plan deberá evaluar la tecnología con la que cuente el Consejo y el presupuesto que asigne el Gobierno nacional.

Otra propuesta que se presentó es añadir un casillero en el padrón electoral que se entrega a los miembros de las JRV, en el que se escribirá si el elector votó o no votó. En el pleno se explicará en qué contribuirá esta medida.

Actualmente, estos documentos contienen la foto del ciudadano, el nombre y apellido y el espacio para la firma.

Por otra parte, las áreas técnicas de la institución plantean que se mantenga el número de 350 electores por cada Junta Receptora del Voto (JRV) debido a que, en comparación con las últimas elecciones nacionales del 2021, se redujo el tiempo de votación, que tomaba hasta 30 segundos.

Enrique Pita: Renovación de equipos informáticos tiene que darse y considerarse en el nuevo presupuesto

En tanto, en las JRV del exterior serían 800 electores por el porcentaje de participación de procesos anteriores.

Para el día de la votación se propone que haya dos urnas: una para que se depositen los votos de alcaldes y prefectos; y otra, para las papeletas de concejales, miembros de juntas parroquiales y las de los candidatos a ser consejeros del CPCCS.

El escrutinio (conteo de votos) se iniciaría con las papeletas de prefectos, alcaldes, concejales, juntas parroquiales; luego de las candidatas mujeres al CPCCS, de los hombres, y finalmente de los postulantes de los pueblos y nacionalidades.

Se planteará que los biombos sean de materiales como plástico, acrílico, policarbonato o similares para aplicar procesos de desinfección, por efecto de la pandemia del coronavirus.

Para el escogimiento de los miembros de las juntas, se excluirá a aquellos cuya edad fluctúe entre los 16 y 17 años; y a los mayores de 60 años, personas con discapacidad y enfermedades catastróficas.

El CNE trabajará en que las notificaciones se hagan principalmente de manera electrónica por la crisis sanitaria y se buscará coordinar compensaciones no económicas para quienes sean escogidos y acudan a integrar las mesas.

También por la pandemia, se elaborará un catastro nacional de las instituciones educativas para incrementar los recintos electorales que permitan ejecutar las recomendaciones sanitarias, como mantener el distanciamiento social entre los miembros de las Juntas y los votantes. (I)

Corporación Participación Ciudadana entrega al CNE su propuesta de reformas electorales

La Corporación Participación Ciudadana (PC) entregó al Consejo Nacional Electoral (CNE) su propuesta de reformas al Código de la Democracia, enfocada en mejorar el sistema de partidos y movimientos políticos.

Fue el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, quien recibió la propuesta presentada por PC, representada por su directora, Ruth Hidalgo y catedráticos y actores de la sociedad civil como Medardo Oleas, Simón Pachano, Arturo Moscoso, entre otros. El evento se dio mediante una reunión virtual, realizada este lunes.

Los temas que se plantean son el porcentaje de firmas que deben entregar quienes aspiran a inscribir un partido o movimiento político, su alcance territorial, que cuenten con un registro de los afiliados actualizados a nivel nacional, la alternabilidad de sus directivas; y entre otras, que se eliminen los distritos para “consolidar” la representación en la Asamblea Nacional.

La expectativa de la sociedad civil es que este paquete de reformas se debata en la Legislatura y sea aprobado antes de las elecciones presidenciales que se realizarán en el 2025. (I) Fuente: El Universo

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La penalista María Ruiz alerta sobre riesgos de responsabilidad objetiva en Ecuador

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En el marco de la segunda temporada del programa académico La Tertulia Jurídica, se desarrolló una destacada exposición de la jurista y abogada penalista María Ruiz, quien abordó el tema “La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prohibición de la responsabilidad objetiva en Derecho Penal”, generando un amplio análisis comparativo entre las legislaciones de Ecuador y España.

María Ruiz, profesional que ejerce la abogacía penal tanto en España como en Francia y que actualmente desarrolla estudios doctorales (PhD) en Ecuador, explicó que la responsabilidad penal corporativa constituye uno de los debates más complejos y relevantes dentro del derecho penal contemporáneo, especialmente en países latinoamericanos donde la regulación aún se encuentra en proceso de consolidación.
Durante su intervención, la especialista sostuvo que el principio de culpabilidad representa uno de los pilares fundamentales del Derecho Penal moderno, destacando que dentro de este se incluyen subprincipios esenciales como la personalidad de las penas, la responsabilidad por el hecho, la imputación personal y la prohibición de la responsabilidad objetiva.

“La gran problemática jurídica radica en determinar si el principio de culpabilidad puede aplicarse plenamente a las personas jurídicas, considerando que estas carecen de voluntad propia y constituyen una ficción legal”, señaló la jurista.

En su exposición, Ruiz explicó que existen dos grandes corrientes doctrinarias respecto a este debate. Por una parte, sectores académicos consideran que el principio de culpabilidad no puede trasladarse íntegramente a las empresas, debido a la estrecha relación que este mantiene con la dignidad humana. Por otra, una corriente mayoritaria sostiene que, al imponerse sanciones penales a las personas jurídicas, necesariamente deben aplicarse también las garantías fundamentales del Derecho Penal.

La jurista analizó además la regulación vigente en España, particularmente el artículo 31 bis del Código Penal Español, así como el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, enfatizando que ambos sistemas jurídicos buscan establecer mecanismos de atribución de responsabilidad penal para empresas y organizaciones.

En este contexto, María Ruiz advirtió sobre los riesgos de incurrir en modelos de responsabilidad objetiva, especialmente cuando no se exige de forma clara la demostración de dolo, culpa o incumplimiento de deberes de control dentro de las organizaciones empresariales.

“La responsabilidad penal de las personas jurídicas no puede sustentarse únicamente en la transferencia automática del delito cometido por una persona física hacia la empresa; debe existir siempre prueba del incumplimiento de deberes de supervisión, vigilancia y control”, explicó.

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue el análisis del denominado “defecto de organización”, entendido como la ausencia de mecanismos adecuados de prevención y control dentro de las empresas, aspecto que —según la especialista— constituye el núcleo esencial para atribuir responsabilidad penal corporativa.

Asimismo, Ruiz abordó las diferencias existentes entre los sistemas de imputación penal en España y Ecuador, señalando que la normativa ecuatoriana aún presenta vacíos interpretativos que podrían generar riesgos de vulneración al principio de culpabilidad y a la prohibición de responsabilidad objetiva.

La académica también analizó figuras jurídicas como el enriquecimiento ilícito y el enriquecimiento privado no justificado contemplados en el COIP ecuatoriano, indicando que ciertas interpretaciones podrían trasladar indebidamente la carga de la prueba hacia el acusado, afectando garantías fundamentales del debido proceso.

Durante el programa, la jurista destacó la importancia de fortalecer los sistemas corporativos y de implementar adecuados modelos de supervisión interna dentro de las empresas, con el objetivo de prevenir conductas delictivas y garantizar el respeto a los principios constitucionales del Derecho Penal.

El espacio académico permitió además abrir el debate sobre la necesidad de desarrollar una doctrina más sólida en Ecuador respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tomando como referencia la experiencia europea y la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo Español.

La participación de María Ruiz en La Tertulia Jurídica fue valorada como un importante aporte académico para estudiantes, profesionales del Derecho, jueces y ciudadanía interesada en la evolución del Derecho Penal corporativo en Ecuador y Latinoamérica.

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Condenan a siete años de prisión para exalcalde de Taisha por enriquecimiento ilícito

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La Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado sentenció a siete años de prisión a Cergio Ayuy, exalcalde del cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, al encontrarlo culpable del delito de enriquecimiento ilícito en calidad de autor directo. La decisión fue notificada la tarde de este viernes 3 de julio de 2026.

Además de la pena privativa de libertad, el fallo impuso la pérdida de los derechos políticos del exfuncionario, lo cual significa que no podrá postularse a cargos de elección popular, ejercer funciones públicas ni contratar con el Estado.

Asimismo, deberá pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados, fijada en USD 6.800, de acuerdo con el salario básico vigente en 2014.

Fiscalía sostuvo que existió un incremento patrimonial injustificado

De acuerdo con la acusación, el entonces alcalde presentó al inicio de su administración, el 14 de mayo de 2014, una declaración patrimonial juramentada en la que reportó bienes por USD 18.900.

Sin embargo, durante el ejercicio de sus funciones no presentó las declaraciones patrimoniales periódicas exigidas por la normativa, ni tampoco las correspondientes al cierre de sus administraciones en 2016 y 2019.

La Fiscalía expuso que, mientras ejercía el cargo, el exalcalde recibió depósitos que excedían los ingresos correspondientes a su remuneración, adquirió un vehículo y un inmueble, además de cancelar diversas obligaciones económicas.

Tras el análisis financiero, el Ministerio Público concluyó que el incremento patrimonial sin justificación ascendió a USD 312.958.

Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó testimonios de auditores de la Contraloría General del Estado, funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), personal de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y peritos que participaron en la pericia contable y en el reconocimiento del lugar de los hechos.

Asimismo, incorporó 28 pruebas documentales, entre ellas el informe con indicios de responsabilidad penal elaborado por la Contraloría, pericias contables y financieras, reportes de la UAFE, roles de pago, declaraciones patrimoniales y certificaciones relacionadas con la propiedad de bienes muebles e inmuebles.
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Gobierno anuncia proyecto habitacional para afectados por el aluvión en Zamora

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El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, quien es presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), informó que el Gobierno planea ejecutar un proyecto habitacional para las familias afectadas por el aluvión en la parroquia Guadalupe, del cantón Zamora.

La zona amazónica resultó gravemente afectada tras el desbordamiento de un río, que se llevó todo lo había a su paso: casas, autos, plantaciones y personas.

Según el último reporte de la Secretaría de Riesgos, hay al menos cinco fallecidos y 10 desaparecidos, entre ellos la gobernadora de Zamora Chinchipe, Ivonne Panchi.

Por ello, anunció que el Gobierno planea hacer un proyecto habitacional, pero aclaró que primero se levantará información del número exacto de víctimas y luego se buscará un terreno.

Luque también comunicó que la vía Loja-Zamora ya está habilitada y personal del Ministerio de Transporte seguirá ejecutando labores de limpieza.

A nivel sanitario, el ministro aseguró que se van a trasladar ciertos insumos médicos que estaban haciendo falta en Zamora y Loja, donde funciona un hospital regional.

Mientras tanto, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, mencionó que los afectados también recibirán bonos y otros estímulos, una vez que tengan la data total de afectados.

$!Gobierno evalúa acciones frente al aluvión en Zamora.

Militares ayudan en rescate de víctimas

Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, informó que desde ayer se han desplazado varios equipos especializados de militares para ayudar en la búsqueda y rescate de víctimas.

Además, en la zona hay tres helicópteros para el traslado de kits y medicinas.

Las Fuerzas Armadas siempre son los primeros en llegar y los últimos en irse cuando hay un desastre”, recordó el funcionario.

Por su parte, la Secretaría de Riesgos detalló que hay 300 familias afectadas, las cuales recibirán ayuda humanitaria. ​​​​Fuente: Vistazo

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