Nacionales
Consejo Electoral prepara las directrices con las que se organizarán las seccionales del 2023
Desarrollar el plan piloto para el voto telemático y un cambio en los padrones electorales que se entregan a las Juntas Receptoras del Voto son las novedades que podrían aplicarse para las elecciones seccionales y de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) del 2023.
Este martes, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) prevé debatir y plantear sus consideraciones a las directrices que se aplicarán para los comicios que se realizarán en febrero del 2023.
En los próximos días, el CNE en conjunto con el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) deberá aprobar el calendario electoral para organizar el proceso, que arrancará con la declaratoria del periodo electoral, el mismo que se estima para este 26 de febrero.
Como parte de esas actividades, está la de avanzar en el desarrollo del voto telemático, en especial, para los ecuatorianos residentes en el exterior.
Es la disposición transitoria novena del Código de la Democracia la que establece que el organismo debe implementar “proyectos piloto de voto electrónico, telemático y por correspondencia, para que sean aplicados en el exterior en el proceso electoral subsiguiente a las elecciones generales posteriores a la vigencia de la ley”. Es decir, en el sufragio de febrero del 2023.
La propuesta que está en ciernes es implementar el voto telemático en unas 50 zonas electorales, ubicadas en las Circunscripciones Especiales del Exterior de Europa, Asia y Oceanía; de Estados Unidos y Canadá; y de América Latina, el Caribe y África.
Para ello, se analiza aplicar una fase previa de empadronamiento.
En tanto, en el territorio nacional se podría ejecutar un Plan Piloto de Voto Electrónico, que dependerá del presupuesto con el que cuente el Consejo.
Para esto, se elaboraría un registro electoral (padrón) biométrico, y se tomarían como muestra unas 4.000 juntas receptoras del voto. Este plan deberá evaluar la tecnología con la que cuente el Consejo y el presupuesto que asigne el Gobierno nacional.
Otra propuesta que se presentó es añadir un casillero en el padrón electoral que se entrega a los miembros de las JRV, en el que se escribirá si el elector votó o no votó. En el pleno se explicará en qué contribuirá esta medida.
Actualmente, estos documentos contienen la foto del ciudadano, el nombre y apellido y el espacio para la firma.
Por otra parte, las áreas técnicas de la institución plantean que se mantenga el número de 350 electores por cada Junta Receptora del Voto (JRV) debido a que, en comparación con las últimas elecciones nacionales del 2021, se redujo el tiempo de votación, que tomaba hasta 30 segundos.
En tanto, en las JRV del exterior serían 800 electores por el porcentaje de participación de procesos anteriores.
Para el día de la votación se propone que haya dos urnas: una para que se depositen los votos de alcaldes y prefectos; y otra, para las papeletas de concejales, miembros de juntas parroquiales y las de los candidatos a ser consejeros del CPCCS.
El escrutinio (conteo de votos) se iniciaría con las papeletas de prefectos, alcaldes, concejales, juntas parroquiales; luego de las candidatas mujeres al CPCCS, de los hombres, y finalmente de los postulantes de los pueblos y nacionalidades.
Se planteará que los biombos sean de materiales como plástico, acrílico, policarbonato o similares para aplicar procesos de desinfección, por efecto de la pandemia del coronavirus.
Para el escogimiento de los miembros de las juntas, se excluirá a aquellos cuya edad fluctúe entre los 16 y 17 años; y a los mayores de 60 años, personas con discapacidad y enfermedades catastróficas.
El CNE trabajará en que las notificaciones se hagan principalmente de manera electrónica por la crisis sanitaria y se buscará coordinar compensaciones no económicas para quienes sean escogidos y acudan a integrar las mesas.
También por la pandemia, se elaborará un catastro nacional de las instituciones educativas para incrementar los recintos electorales que permitan ejecutar las recomendaciones sanitarias, como mantener el distanciamiento social entre los miembros de las Juntas y los votantes. (I)
Corporación Participación Ciudadana entrega al CNE su propuesta de reformas electorales
La Corporación Participación Ciudadana (PC) entregó al Consejo Nacional Electoral (CNE) su propuesta de reformas al Código de la Democracia, enfocada en mejorar el sistema de partidos y movimientos políticos.
Fue el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, quien recibió la propuesta presentada por PC, representada por su directora, Ruth Hidalgo y catedráticos y actores de la sociedad civil como Medardo Oleas, Simón Pachano, Arturo Moscoso, entre otros. El evento se dio mediante una reunión virtual, realizada este lunes.
Los temas que se plantean son el porcentaje de firmas que deben entregar quienes aspiran a inscribir un partido o movimiento político, su alcance territorial, que cuenten con un registro de los afiliados actualizados a nivel nacional, la alternabilidad de sus directivas; y entre otras, que se eliminen los distritos para “consolidar” la representación en la Asamblea Nacional.
La expectativa de la sociedad civil es que este paquete de reformas se debata en la Legislatura y sea aprobado antes de las elecciones presidenciales que se realizarán en el 2025. (I) Fuente: El Universo
Nacionales
¿Con la minería en Cerro Azul se inicia la reapertura del catastro minero en Ecuador tras ocho años?
Una normativa que permitiría la explotación minera en Cerro Azul, un bosque protegido al noreste de Guayaquil, levantó la preocupación desde varios sectores y, a la vez, despertó la interrogante de qué ha sucedido con el anuncio de reapertura del catastro minero en Ecuador.
El pasado 20 de mayo de 2026, se publicó en el Registro Oficial un Acuerdo Ministerial que dispone «a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) la emisión del acto administrativo correspondiente para la apertura gradual y progresiva del Catastro Minero Nacional, para el registro y otorgamiento de nuevas concesiones de explotación minera correspondiente a pequeña minería de materiales áridos y pétreos, iniciando en el corredor correspondiente a las ciudades Guayaquil, Daule y Samborondón».
El Acuerdo Ministerial añade que «se limitará el otorgamiento de autorizaciones o concesiones mineras de explotación de materiales de construcción áridos y pétreos» en el bosque Cerro Azul. Esto ha levantado la alerta de grupos ambientalistas, que señalan que se abre la posibilidad de una mayor actividad minera dentro de la frágil zona ecológica.
Sin embargo, el Ministerio de Ambiente y Energía recalca que la normativa emitida apunta, precisamente a prevenir riesgos y reducir la vulnerabilidad del Cerro Azul. Además, habla de una «apertura del catastro y otorgamiento de concesiones mineras en el régimen de pequeña minería».
Una de las metas que debía cumplir el Gobierno de Daniel Noboa hasta junio de 2026 como parte del acuerdo de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), es precisamente, emitir regulación para la apertura del catastro minero.
Una decisión pospuesta por ocho años
El catastro minero es la base de datos tecnológica donde se registran y administran las concesiones mineras otorgadas por el Estado. En enero de 2018, durante el gobierno de Lenín Moreno, el Gobierno cerró la función del catastro para otorgar nuevas concesiones, tras presiones de movimientos indígenas y ambientalistas.
El Gobierno de ese entonces dijo que comenzaría un proceso de depuración del catastro.
Desde entonces, su reapertura se ha anunciado repetidamente por distintos gobiernos, algo que la industria minera considera crucial para atraer miles de millones de dólares en inversión extranjera.
«La demora da cuenta, una vez más, de que el Gobierno no ha encontrado el mecanismo correcto de transparencia y gobernanza. Además, mientras siga en vigencia la tasa de control minero, abrir el catastro para nuevas concesiones no atraerá el interés que se espera», señala, David Larenas, presidente del Directorio de la Cámara de Minería del Ecuador.
Añade que «ningún inversionista serio querrá adquirir concesiones si debe pagar las patentes de conservación más altas de la región y, además, una tasa que encarece dramáticamente el costo de mantener una concesión en Ecuador. Los inversores internacionales ya no miran a Ecuador sino que apuestan a jurisdicciones estables y que garantizan previsibilidad como Perú, Argentina o Chile».
Todos los anuncios realizados
1.- Esperanza post-pandemia
- Anuncio: El entonces viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, aseguró que, a pesar de la crisis desatada por el Covid-19, el compromiso del gobierno de Lenín Moreno para reabrir el catastro minero se mantenía en firme para fines de 2020.
- Resultado: Quedó en intenciones debido a la inestabilidad política del cierre de ese periodo de Gobierno y la falta de un software seguro que garantizara la transparencia del sistema.
2.- El Decreto 151
- Anuncio: En agosto de 2021, el presidente Guillermo Lasso firmó el Decreto Ejecutivo 151 (Plan de Acción para el Sector Minero), disponiendo la reapertura del catastro. Posteriormente, en noviembre de 2021, durante el evento internacional Ecuador Open for Business, anunció que el catastro se abriría de forma definitiva en enero de 2022.
- Resultado: No se abrió. El Gobierno argumentó que se necesitaban implementar más filtros técnicos y un nuevo Sistema Integral de Gestión Minera para evitar hackeos o adjudicaciones irregulares.
3.- El ofrecimiento en PDAC
- Anuncio: Durante la Convención Anual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) en Toronto, de 2022, el entonces ministro de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer, anunció que la reapertura del catastro se daría en diciembre de 2022. Explicó que se haría en dos fases, priorizando el trámite de más de 500 procesos represados desde 2018.
- Resultado: El anuncio coincidió con el paro nacional de junio de 2022. Tras las mesas de diálogo que pusieron fin a las movilizaciones, el gobierno de Guillermo Lasso se comprometió a una moratoria minera y a no otorgar nuevos títulos hasta no contar con una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada, sepultando temporalmente la promesa de reapertura.
4.- El Decreto Ejecutivo 435
Anuncio: El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 435 en diciembre de 2024. Allí ordenó a las autoridades del sector actualizar y articular un catastro conjunto (minero, ambiental y tributario), fijando como fecha límite para este proceso de depuración el 23 de abril de 2025.
Resultado: Aunque el Decreto se enfocó en la regularización y el combate a la minería ilegal, el sector productivo lo interpretó como el paso administrativo previo y obligatorio para fijar nuevas fechas de apertura de concesiones durante 2025.
5.- Reapertura por fases
- Anuncio: La entonces ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, firmó un acuerdo ministerial que viabilizó el inicio de una apertura progresiva a cargo de la Arcom. El cronograma anunciado fue:
- Apertura del catastro únicamente para la pequeña minería no metálica (áridos, pétreos, arcillas): 16 de junio de 2025.
- Apertura para la pequeña minería metálica: septiembre de 2025.
- Apertura total para mediana y gran minería: finales de 2025.
- Resultado: El proceso arrancó con retrasos administrativos para el sector de pequeña minería no metálica. Sin embargo, en la práctica, esta fase no ha arrancado debido a que «se han recibido muchas solicitudes para derechos mineros que en realidad correspondían a minería metálica», dijo el viceministro de Minas, Guillermo Flores el 7 de mayo de 2026.
6.- Postergación del resto de fases
A finales de 2025, el entonces viceministro de Minas, Javier Subía, confirmó que las fases de mediana y gran minería metálica —las que más interés despiertan en las multinacionales— quedaban postergadas para el primer trimestre de 2026.
Sin embargo, el proceso no ha avanzado. Subía dejó el viceministerio en diciembre de 2025. Fuente: Primicias
Nacionales
Estadounidenses ‘de alta peligrosidad’ tenían centro de cultivo de marihuana en Quito
El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre la captura de dos ciudadanos estadounidenses considerados de “alta peligrosidad” por sus vínculos con el narcotráfico en el norte de Quito. Los sujetos tenían un centro de cultivo de marihuana.
El operativo se llevó a cabo el pasado miércoles mediante un acto urgente en el sector de Ponceano. Inicialmente, la Fiscalía había informado sobre el descubrimiento de una plantación de marihuana, semillas, balanzas y teléfonos celulares.
Además, el Ministerio Público señaló que los dos ciudadanos serán procesados por el presunto delito de tráfico de drogas, pero se desconocía la nacionalidad de los sospechosos.
Sin embargo, el ministro del Interior, John Reimberg, indicó este jueves que los implicados son originarios de Estados Unidos. De hecho, autoridades de ese país los requieren por presuntos delitos relacionados con narcotráfico.
El funcionario detalló que la Policía allanó dos inmuebles donde los sujetos mantenían un presunto centro de cultivo, procesamiento y expendio de marihuana.
Los aprehendidos son Hamilton Andrew Sir Rossi y Eguez Guillermo Octavio.

Evidencias encontradas en el operativo
- 46 macetas con plantas presuntamente de marihuana
- 06 frascos con sustancia vegetal verdosa
- 12 fundas plásticas con marihuana
- 03 fundas con semillas presuntamente de marihuana
- 02 recipientes con sustancia vegetal verdosa
- 04 balanzas digitales
- 02 computadoras portátiles
- 01 tablet
- 04 dispositivos móviles
- 01 selladora de fundas plásticas
¿Qué sanción podrían recibir?
El delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La norma menciona que la persona que trafique, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, importe, exporte, tenga o posea con el propósito de comercializar o colocar en el mercado sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, en las cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa pertinente, será sancionada con pena privativa de libertad de la siguiente manera:
- Mínima escala, de uno a tres años.
- Mediana escala, de tres a cinco años.
- Alta escala, de cinco a siete años.
- Gran escala, de diez a trece años.
Fuente: Vistazo
Nacionales
En tres meses de alza de precios del petróleo, Petroecuador no ha aprovechado el boom y su producción sigue en descenso
Desde que comenzó la guerra entre Irán y Estados Unidos, el 28 de febrero de 2026, los precios del petróleo se dispararon, en un escenario de incertidumbre por el cierre del estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del crudo que se consume en el mundo.
Pese a las fluctuaciones, en los tres meses que han pasado desde que comenzó le conflicto, el precio del petróleo WTI, de referencia para el barril de Ecuador, ha sido de USD 97 por barril en promedio.
Se trata de un alza de 56% frente al precio que tuvo el WTI en enero y febrero, cuando el promedio fue de USD 62,2 por barril.
Pero a tres meses del conflicto, el 27 de mayo creció el optimismo ante una posible reapertura del estrecho de Ormuz, tras informaciones iraníes de un preacuerdo entre Estados Unidos e Irán.
Tras esta noticia, el precio del WTI tuvo una caída y se ubicó en USD 88,68 por barril, el precio más bajo en lo que va de mayo.
Y en este contexto ya se habla sobre si se acerca el fin de la tendencia alcista del crudo. Si es así, ¿Ecuador pudo aprovechar este período para captar más ingresos petroleros para las arcas fiscales?
¿Ecuador aprovechó el boom petrolero?
Esta nueva alza de precios del petróleo en el mundo no se veía desde 2022. Y aunque Ecuador es un país exportador de petróleo, no ha podido beneficiarse del todo de este escenario de mayores precios para tener más ingresos petroleros para cubrir el abultado gasto público, dice el exviceministro de Finanzas, Fabián Carrillo.
Carrillo explica que uno de los factores principales es que, en medio del escenario de elevados precios, la producción petrolera de la estatal Petroecuador ha estado a la baja y la empresa naufraga en un constante escenario de inestabilidad, por los cambios de gerentes, añade.
A la par, el país ha estado importando más combustibles, que también han aumentado de precio por la guerra, dice Carrillo.
Este aumento de importación de combustibles ocurre en un escenario en el que el país ha perdido capacidad de refinación sobre todo desde el incendio de la Refinería Esmeraldas, la más grande del país, en marzo de 2026.
«Hay problemas estructurales que afectan a Petroecuador: la producción ha caído por el cierre del ITT, pero, además, no se han hecho las inversiones para aumentar producción». Fabián Carrillo, exviceministro de Finanzas.
¿Cuánto ha caído la producción de Petroecuador?
La empresa estatal Petroecuador es responsable de alrededor del 80% de la producción de petróleo del país.
Y, aunque la producción de la estatal ha venido cayendo desde enero de 2026, en abril se desploma con más fuerza.
Para abril de 2026 Petroecuador tuvo una producción de 356.867 barriles de petróleo por día (bpd). Se trata una caída de 17.733 barriles por día o 5% menos que en abril de 2025.
Así, la empresa pública está lejos de alcanzar la meta de producir 370.000 barriles de petróleo por día en 2026, que anunció en marzo pasado la entonces gerente de Petroecuador, María Daniela Conde.
Tomando en cuenta que en abril de 2026 el precio promedio del petróleo de Ecuador fue de USD 89,45 por barril, el país dejó de recibir USD 1,5 millones por día o USD 45 millones al mes.
Y si la caída sigue en mayo, el impacto será mayor, puesto que el precio estimado para el petróleo de Ecuador es de USD 91 por barril para ese mes, según Petroecuador.
¿Cómo ha estado el precio del petróleo de Ecuador?
En el Presupuesto del Estado el Gobierno de Daniel Noboa preveía que el precio del petróleo ecuatoriano sería de USD 53,5 en promedio en 2026, por lo que el alza sí ha beneficiado a las arcas fiscales con más recursos de lo esperado. Aunque, los ingresos pudieron ser mayores si Petroecuador fuera más eficiente, dice Carrillo.
Desde marzo de 2026, el petróleo ecuatoriano en promedio ha estado por encima de los USD 85 por barril. Sin embargo, ha habido días en que el crudo de Ecuador incluso ha superado los USD 100 por barril.
Ecuador exporta dos tipos de crudo: Oriente, de tipo semipesado y con mejor cotización en el mercado; y Napo, más pesado y generalmente con un precio inferior.
Hasta antes de la guerra, en febrero de 2026, el petróleo ecuatoriano se vendió en promedio en USD 57 por barril. Pero al mes siguiente, en marzo, subió a USD 85,2. Y ya en abril el precio siguió al alza y en algunos días, superó los USD 100 en el caso del crudo Oriente.
Por ejemplo, el 2 de abril de 2026, el crudo Oriente se cotizó en alrededor de USD 102,18 por barril. El crudo Oriente representa alrededor del 60% de lo que exporta el país.
En cambio, el crudo Napo, que representa el 40% de las exportaciones, se cotizó en USD 91,6 por barril. Fuente: Primicias
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