Nacionales
Consejo Electoral prepara las directrices con las que se organizarán las seccionales del 2023
Desarrollar el plan piloto para el voto telemático y un cambio en los padrones electorales que se entregan a las Juntas Receptoras del Voto son las novedades que podrían aplicarse para las elecciones seccionales y de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) del 2023.
Este martes, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) prevé debatir y plantear sus consideraciones a las directrices que se aplicarán para los comicios que se realizarán en febrero del 2023.
En los próximos días, el CNE en conjunto con el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) deberá aprobar el calendario electoral para organizar el proceso, que arrancará con la declaratoria del periodo electoral, el mismo que se estima para este 26 de febrero.
Como parte de esas actividades, está la de avanzar en el desarrollo del voto telemático, en especial, para los ecuatorianos residentes en el exterior.
Es la disposición transitoria novena del Código de la Democracia la que establece que el organismo debe implementar “proyectos piloto de voto electrónico, telemático y por correspondencia, para que sean aplicados en el exterior en el proceso electoral subsiguiente a las elecciones generales posteriores a la vigencia de la ley”. Es decir, en el sufragio de febrero del 2023.
La propuesta que está en ciernes es implementar el voto telemático en unas 50 zonas electorales, ubicadas en las Circunscripciones Especiales del Exterior de Europa, Asia y Oceanía; de Estados Unidos y Canadá; y de América Latina, el Caribe y África.
Para ello, se analiza aplicar una fase previa de empadronamiento.
En tanto, en el territorio nacional se podría ejecutar un Plan Piloto de Voto Electrónico, que dependerá del presupuesto con el que cuente el Consejo.
Para esto, se elaboraría un registro electoral (padrón) biométrico, y se tomarían como muestra unas 4.000 juntas receptoras del voto. Este plan deberá evaluar la tecnología con la que cuente el Consejo y el presupuesto que asigne el Gobierno nacional.
Otra propuesta que se presentó es añadir un casillero en el padrón electoral que se entrega a los miembros de las JRV, en el que se escribirá si el elector votó o no votó. En el pleno se explicará en qué contribuirá esta medida.
Actualmente, estos documentos contienen la foto del ciudadano, el nombre y apellido y el espacio para la firma.
Por otra parte, las áreas técnicas de la institución plantean que se mantenga el número de 350 electores por cada Junta Receptora del Voto (JRV) debido a que, en comparación con las últimas elecciones nacionales del 2021, se redujo el tiempo de votación, que tomaba hasta 30 segundos.
En tanto, en las JRV del exterior serían 800 electores por el porcentaje de participación de procesos anteriores.
Para el día de la votación se propone que haya dos urnas: una para que se depositen los votos de alcaldes y prefectos; y otra, para las papeletas de concejales, miembros de juntas parroquiales y las de los candidatos a ser consejeros del CPCCS.
El escrutinio (conteo de votos) se iniciaría con las papeletas de prefectos, alcaldes, concejales, juntas parroquiales; luego de las candidatas mujeres al CPCCS, de los hombres, y finalmente de los postulantes de los pueblos y nacionalidades.
Se planteará que los biombos sean de materiales como plástico, acrílico, policarbonato o similares para aplicar procesos de desinfección, por efecto de la pandemia del coronavirus.
Para el escogimiento de los miembros de las juntas, se excluirá a aquellos cuya edad fluctúe entre los 16 y 17 años; y a los mayores de 60 años, personas con discapacidad y enfermedades catastróficas.
El CNE trabajará en que las notificaciones se hagan principalmente de manera electrónica por la crisis sanitaria y se buscará coordinar compensaciones no económicas para quienes sean escogidos y acudan a integrar las mesas.
También por la pandemia, se elaborará un catastro nacional de las instituciones educativas para incrementar los recintos electorales que permitan ejecutar las recomendaciones sanitarias, como mantener el distanciamiento social entre los miembros de las Juntas y los votantes. (I)
Corporación Participación Ciudadana entrega al CNE su propuesta de reformas electorales
La Corporación Participación Ciudadana (PC) entregó al Consejo Nacional Electoral (CNE) su propuesta de reformas al Código de la Democracia, enfocada en mejorar el sistema de partidos y movimientos políticos.
Fue el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, quien recibió la propuesta presentada por PC, representada por su directora, Ruth Hidalgo y catedráticos y actores de la sociedad civil como Medardo Oleas, Simón Pachano, Arturo Moscoso, entre otros. El evento se dio mediante una reunión virtual, realizada este lunes.
Los temas que se plantean son el porcentaje de firmas que deben entregar quienes aspiran a inscribir un partido o movimiento político, su alcance territorial, que cuenten con un registro de los afiliados actualizados a nivel nacional, la alternabilidad de sus directivas; y entre otras, que se eliminen los distritos para “consolidar” la representación en la Asamblea Nacional.
La expectativa de la sociedad civil es que este paquete de reformas se debata en la Legislatura y sea aprobado antes de las elecciones presidenciales que se realizarán en el 2025. (I) Fuente: El Universo
Nacionales
Daniel Noboa envía una carta sobre Progen, el titulo universitario de Lavinia Valbonesi y otros temas polémicos
El presidente de la República, Daniel Noboa, publicó este miércoles 21 de mayo una carta dirigida “al país” en sus redes sociales, en la que respondió a seis cuestionamientos surgidos en las últimas semanas alrededor de su Gobierno, su familia y decisiones oficiales.
El pronunciamiento aborda temas como el caso Progen, la situación del sistema de salud, las críticas hacia la primera dama Lavinia Valbonesi, el uso de vehículos de lujo y las observaciones sobre electricidad, combustibles e impuestos.
La carta también incluye una defensa pública a la primera dama, Lavinia Valbonesi, luego de los cuestionamientos por su título académico. “El título es legalmente obtenido”, escribió Noboa, quien además aseguró que la primera dama “lleva años ayudando a mujeres que no encontraban salida a sus problemas”.
Otro de los temas que abordó fue el de los vehículos de lujo que ha manejado y que han generado críticas en redes. Noboa reveló que muchos de esos autos fueron adquiridos antes de llegar a la Presidencia y explicó que la decisión estuvo relacionada con la enfermedad de su padre, Álvaro Noboa.
Asimismo, defendió a las empresas de su familia frente a observaciones tributarias y aseguró que “no se cometió ninguna ilegalidad” en los procesos de remisión de intereses.
¿Bajo qué argumentos defendió su administración?
En temas de administración pública, Noboa se refirió al caso Progen y aseguró que los responsables deberán responder ante la justicia. “Que se vayan presos los culpables, basado en las acusaciones de Fiscalía e informes de Contraloría, no los que la oposición desesperada quiere culpar”, señaló el mandatario.
Sobre el sistema de salud, Noboa adelantó que en las próximas tres semanas se anunciarán medidas de abastecimiento, organización y atención hospitalaria. El primer mandatario aseguró además que enfrentan “mafias” enquistadas en distintas instituciones públicas y prometió que no permitirá que “ganen esta batalla”.
También respondió a cuestionamientos sobre electricidad y combustibles, en medio de las recientes alzas en los precios y las preocupaciones por el sistema energético. Sostuvo que “no existe un problema de generación” y dijo que el Gobierno trabaja en la repotenciación preventiva de infraestructura ante la llegada del fenómeno de El Niño. Fuente: Vistazo
La madrugada de este jueves, 21 de mayo de 2026, se realizó un operativo, cuyo objetivo fue desmantelar una red por el presunto delito de tráfico de armas y explosivos. La información fue difundida por el ministro del Interior, John Reimberg.
Cómo fue el operativo
El operativo se realizó en siete provincias: Carchi, Imbabura, Azuay, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe, Pichincha. En total se desplegaron cerca de 400 efectivos de la Policía Nacional.
“Se está desarticulando una organización por presunto tráfico internacional de armas, explosivos y municiones. La afectación es Ecuador, Perú y Colombia”, señaló el titular del ramo.
Estos insumos fueron entregados a bandas delictivas. En Ecuador, por ejemplo, iban para ‘Los Lobos’.
Desde Huaquillas, en El Oro, el ministro Reimberg dijo que esperan tener más de 24 objetivos capturados, entre ellos el cabecilla de esta estructura delictiva.
Las investigaciones estuvieron a cargo de la Policía Nacional y tomaron alrededor de 11 meses hasta buscar todas las evidencias necesarias “para que no salgan de la cárcel”, tomando en cuenta que hay reincidentes. Fuente: El Telégrafo
La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) dio plazo hasta este 21 de mayo a Ecuador y a Colombia para que levanten los aranceles recíprocos, tras considerarlos un gravamen al comercio bilateral.
Ante la inminencia del plazo dado, Ecuador tiene tres caminos: levantar los aranceles, presentar una reconsideración o acción de nulidad a las resoluciones de la CAN o, en un caso extremo, salir del bloque subregional.
La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld aseguró el 19 de mayo de 2026, en una entrevista con Ecuavisa, que el país está preparando una respuesta a la Comunidad Andina, que se entregará en los próximos dos días, aunque sin mayor detalle. «Ecuador siempre estará defendiendo sus intereses y en eso se enfoca la respuesta», añadió en una entrevista con Ecuavisa.
Sommerfeld sostuvo que el país tiene suficiente evidencia para justificar la tasa de seguridad impuesta a Colombia, que actualmente es de 100%.
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre este tema que está dispuesto a levantar los aranceles si Ecuador también lo hace.
Escenario 1: Levantar aranceles
El 21 de enero de 2026, el gobierno de Daniel Noboa anunció la imposición de una denominada «tasa de seguridad» a los productos provenientes de Colombia, con el argumento de que Colombia no ha colaborado en el control del narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.
La medida inicial fue un arancel de 30%, que comenzó a cobrarse desde el 1 de febrero. Colombia respondió de forma recíproca, con un arancel de 30% a las importaciones de Ecuador, a partir del 24 de febrero.
Pero la tensión entre los dos países fue escalando. Y desde el 1 de mayo, Ecuador cobra un arancel de 100% a las importaciones de Colombia. Aunque, está previsto que a partir del 1 de junio, baje a 75%.
Mientras tanto, Colombia está cobrando aranceles, que van desde 35% hasta 75%, a 191 productos importados de Ecuador, desde finales de abril.
Uno de los caminos que podría tomar Ecuador es levantar el arancel impuesto a los productos importados de Colombia, dentro del plazo de 10 días dado por la Secretaría General de la CAN, en una resolución emitida el 7 de mayo.
Escenario 2: Demandar las resoluciones
El Gobierno de Daniel Noboa podría presentar un Recurso de Reconsideración ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) de la Resolución 2582, en la que ordena a Ecuador el levantamiento de la denominada ‘tasa de seguridad’ con la que los productos importados de Colombia están gravados actualmente con un arancel de 100%.
Francisco Rivadeneira, exministro de Comercio Exterior, explica que el objeto de un Recurso de Reconsideración es solicitar la modificación, revocatoria, aclaración o reconsideración de una resolución de la Secretaría. Pero, no suspende automáticamente los efectos de la resolución.
En la Resolución 2582, emitida el 7 de mayo de 2026, la Secretaría General de la CAN calificó la ‘tasa de servicio de control aduanero’ como un «gravamen» a las importaciones de Colombia, que «vulnera el Programa de Liberación de la Comunidad Andina consagrado en el Acuerdo de Cartagena».
Además podría presentar un Recurso de Reconsideración de la Resolución N° 2581, emitida el mismo día, en la que se ordena a Ecuador que retire la restricción de habilitar el Puente Internacional de Rumichaca como único punto de ingreso de mercancías procedentes de Colombia, vía terrestre.
Para el levantamiento de las dos medidas, la CAN concedió un plazo de 10 días hábiles a Ecuador, contados desde el día siguiente de la publicación de estas resoluciones.
Sin embargo, si se presenta una acción por parte de Ecuador, la Secretaría General de la CAN tendría 30 días hábiles para pronunciarse.
Otra vía jurídica podría ser presentar una Acción de Nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN).
Rivadeneira explica que una Acción de Nulidad se presenta si se considera que una resolución de la Secretaría General viola el ordenamiento jurídico andino.
El pronunciamiento del Tribunal de Justicia sobre una Acción de Nulidad podría demorar más de dos años, explica el exministro de Comercio Exterior.
Escenario 3: Salirse de la CAN
Un escenario extremo podría ser que Ecuador salga de la Comunidad Andina (CAN), presentando una denuncia del Acuerdo de Cartagena, constitutivo del bloque.
Sin embargo, los efectos de la salida de un país de la CAN se dan de manera progresiva, primero el país demandante deja de tener obligaciones institucionales con el bloque. Y luego, en un lapso de hasta cinco años, pierde los derechos de libre comercio.
El único país que ha salida hasta ahora de la CAN es Venezuela, que presentó su demanda en 2006, pero mantuvo los beneficios de libre comercio hasta 2011. Fuente: Primicias
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