Nacionales
Consejo Electoral prepara las directrices con las que se organizarán las seccionales del 2023
Desarrollar el plan piloto para el voto telemático y un cambio en los padrones electorales que se entregan a las Juntas Receptoras del Voto son las novedades que podrían aplicarse para las elecciones seccionales y de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) del 2023.
Este martes, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) prevé debatir y plantear sus consideraciones a las directrices que se aplicarán para los comicios que se realizarán en febrero del 2023.
En los próximos días, el CNE en conjunto con el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) deberá aprobar el calendario electoral para organizar el proceso, que arrancará con la declaratoria del periodo electoral, el mismo que se estima para este 26 de febrero.
Como parte de esas actividades, está la de avanzar en el desarrollo del voto telemático, en especial, para los ecuatorianos residentes en el exterior.
Es la disposición transitoria novena del Código de la Democracia la que establece que el organismo debe implementar “proyectos piloto de voto electrónico, telemático y por correspondencia, para que sean aplicados en el exterior en el proceso electoral subsiguiente a las elecciones generales posteriores a la vigencia de la ley”. Es decir, en el sufragio de febrero del 2023.
La propuesta que está en ciernes es implementar el voto telemático en unas 50 zonas electorales, ubicadas en las Circunscripciones Especiales del Exterior de Europa, Asia y Oceanía; de Estados Unidos y Canadá; y de América Latina, el Caribe y África.
Para ello, se analiza aplicar una fase previa de empadronamiento.
En tanto, en el territorio nacional se podría ejecutar un Plan Piloto de Voto Electrónico, que dependerá del presupuesto con el que cuente el Consejo.
Para esto, se elaboraría un registro electoral (padrón) biométrico, y se tomarían como muestra unas 4.000 juntas receptoras del voto. Este plan deberá evaluar la tecnología con la que cuente el Consejo y el presupuesto que asigne el Gobierno nacional.
Otra propuesta que se presentó es añadir un casillero en el padrón electoral que se entrega a los miembros de las JRV, en el que se escribirá si el elector votó o no votó. En el pleno se explicará en qué contribuirá esta medida.
Actualmente, estos documentos contienen la foto del ciudadano, el nombre y apellido y el espacio para la firma.
Por otra parte, las áreas técnicas de la institución plantean que se mantenga el número de 350 electores por cada Junta Receptora del Voto (JRV) debido a que, en comparación con las últimas elecciones nacionales del 2021, se redujo el tiempo de votación, que tomaba hasta 30 segundos.
En tanto, en las JRV del exterior serían 800 electores por el porcentaje de participación de procesos anteriores.
Para el día de la votación se propone que haya dos urnas: una para que se depositen los votos de alcaldes y prefectos; y otra, para las papeletas de concejales, miembros de juntas parroquiales y las de los candidatos a ser consejeros del CPCCS.
El escrutinio (conteo de votos) se iniciaría con las papeletas de prefectos, alcaldes, concejales, juntas parroquiales; luego de las candidatas mujeres al CPCCS, de los hombres, y finalmente de los postulantes de los pueblos y nacionalidades.
Se planteará que los biombos sean de materiales como plástico, acrílico, policarbonato o similares para aplicar procesos de desinfección, por efecto de la pandemia del coronavirus.
Para el escogimiento de los miembros de las juntas, se excluirá a aquellos cuya edad fluctúe entre los 16 y 17 años; y a los mayores de 60 años, personas con discapacidad y enfermedades catastróficas.
El CNE trabajará en que las notificaciones se hagan principalmente de manera electrónica por la crisis sanitaria y se buscará coordinar compensaciones no económicas para quienes sean escogidos y acudan a integrar las mesas.
También por la pandemia, se elaborará un catastro nacional de las instituciones educativas para incrementar los recintos electorales que permitan ejecutar las recomendaciones sanitarias, como mantener el distanciamiento social entre los miembros de las Juntas y los votantes. (I)
Corporación Participación Ciudadana entrega al CNE su propuesta de reformas electorales
La Corporación Participación Ciudadana (PC) entregó al Consejo Nacional Electoral (CNE) su propuesta de reformas al Código de la Democracia, enfocada en mejorar el sistema de partidos y movimientos políticos.
Fue el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, quien recibió la propuesta presentada por PC, representada por su directora, Ruth Hidalgo y catedráticos y actores de la sociedad civil como Medardo Oleas, Simón Pachano, Arturo Moscoso, entre otros. El evento se dio mediante una reunión virtual, realizada este lunes.
Los temas que se plantean son el porcentaje de firmas que deben entregar quienes aspiran a inscribir un partido o movimiento político, su alcance territorial, que cuenten con un registro de los afiliados actualizados a nivel nacional, la alternabilidad de sus directivas; y entre otras, que se eliminen los distritos para “consolidar” la representación en la Asamblea Nacional.
La expectativa de la sociedad civil es que este paquete de reformas se debata en la Legislatura y sea aprobado antes de las elecciones presidenciales que se realizarán en el 2025. (I) Fuente: El Universo
Nacionales
Golpe a Los Lobos y Los Choneros: hallan USD 1 millón y 2,5 toneladas de droga en operativos con apoyo de EE.UU.
La Policía Nacional, en coordinación con la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos, ejecutó la madrugada de este miércoles 26 de agosto de 2026 dos operativos contra estructuras vinculadas a Los Lobos y Los Choneros, que dejaron cerca de 40 personas aprehendidas.
El comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, calificó las operaciones como un “fuerte golpe” contra las economías criminales de Los Choneros y Los Lobos.
El ministro del Interior, John Reimberg, también destacó los resultados de las intervenciones, ejecutadas después de varios meses de labores investigativas.
Caso Factoría: Golpe contra Los Lobos
El operativo Factoría, dirigido contra una estructura narcodelictiva vinculada a Los Lobos, involucró a 24 personas: 17 fueron aprehendidas durante las intervenciones y siete ya estaban recluidas en cárceles.
Entre los detenidos constan tres presuntos cabecillas, en cuyo poder se habría encontrado aproximadamente USD 1 millón en efectivo.
Como resultado del operativo, las autoridades reportaron la retención de:
- 20 vehículos.
- Una avioneta.
- 15 armas, entre fusiles y pistolas.
- 200 municiones.
- Chalecos antibalas.
- Combustible para avión.
- Joyas de oro.
Además, se inhabilitaron dos pistas clandestinas que presuntamente eran utilizadas para operaciones relacionadas con el tráfico internacional de drogas.
La Policía decomisó una tonelada de sustancias sujetas a fiscalización, localizada dentro de cinco vehículos. Según las investigaciones, la droga estaba lista para ser distribuida a distintos centros de acopio y posteriormente transportada en avionetas hacia Norteamérica.
Durante las intervenciones también fueron detenidos dos ciudadanos mexicanos, presuntamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según las autoridades, coordinaban con Los Lobos el envío de cargamentos mediante pistas clandestinas y aeronaves hacia Norteamérica.
Operativo Jericó contra Los Choneros
En el operativo Jericó en contra de la estructura criminal Los Choneros, las autoridades identificaron a 19 personas: 12 fueron capturadas durante las intervenciones y siete ya se encontraban recluidas.
La operación comprendió 16 allanamientos en las provincias de Los Ríos y Esmeraldas. Durante las diligencias se decomisaron aproximadamente 1,5 toneladas de droga.
Alrededor de 300 agentes de la Policía Nacional y 36 fiscales participaron en los operativos Factoría y Jericó ejecutados simultáneamente durante la madrugada. Fuente: Vistazo
Nacionales
Fiscalía pide prisión para diez nuevos vinculados al caso «Progen»
El fiscal general encargado de Ecuador, Leonardo Alarcón, pidió este martes prisión preventiva para diez nuevos vinculados a un caso de presunto peculado en contratos para la generación eléctrica firmados durante la crisis energética de 2024, en la que ya están procesadas otras 21 personas, entre ellas un exministro de Energía.
De acuerdo a la teoría de la Fiscalía, durante los procesos de contratación para la adquisición de generadores se habrían «omitido o evadido procedimientos para favorecer» a la empresa Progen, con sede en Estados Unidos, pese a que sus ofertas no cumplían con determinadas especificaciones técnicas, económicas y jurídicas.
A pesar de las irregularidades y deficiencias detectadas, se asignó el 70% del valor total de los contratos por concepto de anticipo, que corresponde a más de USD 104 millones que se han determinado como el presunto perjuicio.
Además, la empresa habría entregado generadores que no eran nuevos ni técnicamente compatibles y nunca entraron en funcionamiento, según el Ministerio Público.
Entre los 21 procesados está el exministro de Energía Antonio Goncalves, representantes de Progen en Ecuador y funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec); mientras que entre los nuevos vinculados están exasesores ministeriales y otros empleados de áreas técnicas y jurídicas de la eléctrica estatal, de acuerdo a medios locales.
Crisis por apagones de hasta catorce horas
Ecuador sufrió una crisis energética que provocó severos racionamientos de electricidad especialmente a finales de 2024 a causa, entre otros, de la sequía de los ríos que alimentan sus principales hidroeléctricas.
Nacionales
¿Se borran las deudas después de 2 años? Esto cambia en el buró de crédito
Los reportes del buró de crédito en Ecuador tendrán un cambio importante. A partir de una nueva regulación, las personas que consulten su historial crediticio encontrarán información correspondiente únicamente a los dos años anteriores a la fecha en que se genere el documento.
La modificación consta en la Resolución JPRFM-2026-033-F, emitida el 20 de agosto de 2026 por la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM).
La reforma establece nuevas reglas para el manejo del Registro de Datos Crediticios y de los burós de información crediticia.
La clave está en diferenciar registro y reporte
Uno de los puntos que puede generar confusión es que dos años no significa que la información desaparecerá del sistema después de ese tiempo.
La normativa establece que los datos de riesgo crediticio podrán mantenerse registrados durante un máximo de cuatro años, contados desde la última fecha de vigencia de la operación.
Pero cuando una persona solicite su reporte crediticio, el documento deberá considerar solamente las operaciones correspondientes a los dos últimos años.
Esto incluye obligaciones vigentes, vencidas o canceladas dentro de ese período.
La disposición se aplica tanto a los reportes elaborados por los burós privados como a los generados a partir del Registro de Datos Crediticios.
¿Una deuda se borra después de dos años?
No necesariamente.
El nuevo límite de dos años establece qué información puede aparecer en el reporte, pero no implica que una obligación pendiente quede eliminada.
Si una persona mantiene una deuda vigente, esta no desaparece por el simple paso de 24 meses. La reforma tampoco establece una condonación de obligaciones.
En cambio, la información podrá permanecer en el Registro de Datos Crediticios durante un máximo de cuatro años. Después de ese plazo podrá ser eliminada de la base de datos en línea, aunque podría conservarse por otros medios cuando corresponda.
Nuevos datos podrán ser considerados
La reforma también abre la puerta a que el análisis crediticio incorpore información proveniente de otras fuentes.
Entre los sectores que aportan información se encuentran las instituciones financieras públicas y privadas, el sector financiero popular y solidario, participantes del mercado de valores, empresas comerciales, aseguradoras y compañías de telecomunicaciones.
Además, podrán utilizarse fuentes complementarias, como información relacionada con el pago de servicios básicos y tributos.
Para que estos datos sean considerados deberán estar vinculados con aspectos crediticios, como el cumplimiento de obligaciones, el comportamiento de pago o la capacidad de endeudamiento.
¿Qué significa para quienes tienen deudas?
El principal cambio para los usuarios será que, al obtener su reporte, no se mostrará información crediticia de más de dos años, aunque determinados registros permanezcan almacenados durante un período mayor.
Por ello, la nueva normativa no borra deudas ni elimina automáticamente un historial negativo. Lo que modifica es el período de información que los reportes pueden mostrar al momento de evaluar el comportamiento financiero de una persona.
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