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Consejo Electoral prepara las directrices con las que se organizarán las seccionales del 2023

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Desarrollar el plan piloto para el voto telemático y un cambio en los padrones electorales que se entregan a las Juntas Receptoras del Voto son las novedades que podrían aplicarse para las elecciones seccionales y de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) del 2023.

Este martes, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) prevé debatir y plantear sus consideraciones a las directrices que se aplicarán para los comicios que se realizarán en febrero del 2023.

En los próximos días, el CNE en conjunto con el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) deberá aprobar el calendario electoral para organizar el proceso, que arrancará con la declaratoria del periodo electoral, el mismo que se estima para este 26 de febrero.

Como parte de esas actividades, está la de avanzar en el desarrollo del voto telemático, en especial, para los ecuatorianos residentes en el exterior.

Es la disposición transitoria novena del Código de la Democracia la que establece que el organismo debe implementar “proyectos piloto de voto electrónico, telemático y por correspondencia, para que sean aplicados en el exterior en el proceso electoral subsiguiente a las elecciones generales posteriores a la vigencia de la ley”. Es decir, en el sufragio de febrero del 2023.

La propuesta que está en ciernes es implementar el voto telemático en unas 50 zonas electorales, ubicadas en las Circunscripciones Especiales del Exterior de Europa, Asia y Oceanía; de Estados Unidos y Canadá; y de América Latina, el Caribe y África.

Para ello, se analiza aplicar una fase previa de empadronamiento.

En tanto, en el territorio nacional se podría ejecutar un Plan Piloto de Voto Electrónico, que dependerá del presupuesto con el que cuente el Consejo.

Para esto, se elaboraría un registro electoral (padrón) biométrico, y se tomarían como muestra unas 4.000 juntas receptoras del voto. Este plan deberá evaluar la tecnología con la que cuente el Consejo y el presupuesto que asigne el Gobierno nacional.

Otra propuesta que se presentó es añadir un casillero en el padrón electoral que se entrega a los miembros de las JRV, en el que se escribirá si el elector votó o no votó. En el pleno se explicará en qué contribuirá esta medida.

Actualmente, estos documentos contienen la foto del ciudadano, el nombre y apellido y el espacio para la firma.

Por otra parte, las áreas técnicas de la institución plantean que se mantenga el número de 350 electores por cada Junta Receptora del Voto (JRV) debido a que, en comparación con las últimas elecciones nacionales del 2021, se redujo el tiempo de votación, que tomaba hasta 30 segundos.

Enrique Pita: Renovación de equipos informáticos tiene que darse y considerarse en el nuevo presupuesto

En tanto, en las JRV del exterior serían 800 electores por el porcentaje de participación de procesos anteriores.

Para el día de la votación se propone que haya dos urnas: una para que se depositen los votos de alcaldes y prefectos; y otra, para las papeletas de concejales, miembros de juntas parroquiales y las de los candidatos a ser consejeros del CPCCS.

El escrutinio (conteo de votos) se iniciaría con las papeletas de prefectos, alcaldes, concejales, juntas parroquiales; luego de las candidatas mujeres al CPCCS, de los hombres, y finalmente de los postulantes de los pueblos y nacionalidades.

Se planteará que los biombos sean de materiales como plástico, acrílico, policarbonato o similares para aplicar procesos de desinfección, por efecto de la pandemia del coronavirus.

Para el escogimiento de los miembros de las juntas, se excluirá a aquellos cuya edad fluctúe entre los 16 y 17 años; y a los mayores de 60 años, personas con discapacidad y enfermedades catastróficas.

El CNE trabajará en que las notificaciones se hagan principalmente de manera electrónica por la crisis sanitaria y se buscará coordinar compensaciones no económicas para quienes sean escogidos y acudan a integrar las mesas.

También por la pandemia, se elaborará un catastro nacional de las instituciones educativas para incrementar los recintos electorales que permitan ejecutar las recomendaciones sanitarias, como mantener el distanciamiento social entre los miembros de las Juntas y los votantes. (I)

Corporación Participación Ciudadana entrega al CNE su propuesta de reformas electorales

La Corporación Participación Ciudadana (PC) entregó al Consejo Nacional Electoral (CNE) su propuesta de reformas al Código de la Democracia, enfocada en mejorar el sistema de partidos y movimientos políticos.

Fue el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, quien recibió la propuesta presentada por PC, representada por su directora, Ruth Hidalgo y catedráticos y actores de la sociedad civil como Medardo Oleas, Simón Pachano, Arturo Moscoso, entre otros. El evento se dio mediante una reunión virtual, realizada este lunes.

Los temas que se plantean son el porcentaje de firmas que deben entregar quienes aspiran a inscribir un partido o movimiento político, su alcance territorial, que cuenten con un registro de los afiliados actualizados a nivel nacional, la alternabilidad de sus directivas; y entre otras, que se eliminen los distritos para “consolidar” la representación en la Asamblea Nacional.

La expectativa de la sociedad civil es que este paquete de reformas se debata en la Legislatura y sea aprobado antes de las elecciones presidenciales que se realizarán en el 2025. (I) Fuente: El Universo

Nacionales

CONGOPE se pronuncia ante la eliminación del subsidio al diésel y llama al diálogo para garantizar estabilidad en las provincias

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El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), frente a la reciente medida del Gobierno Nacional de eliminar el subsidio al diésel, expresó su compromiso de velar por la estabilidad y el desarrollo territorial del país, especialmente en el ámbito provincial.

La organización reconoció el esfuerzo gubernamental por democratizar los recursos, los cuales deben destinarse prioritariamente a saldar la deuda histórica con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y a fortalecer áreas estratégicas como seguridad, bienestar social y generación de empleo.

En este sentido, el CONGOPE considera que la medida puede constituirse en una oportunidad para corregir desigualdades, dinamizar la economía, generar empleo y reducir la pobreza, siempre que los incentivos estén debidamente focalizados en los productores, transportistas y familias vulnerables.

Asimismo, la entidad destacó que la eliminación de subsidios mal direccionados, que en gran parte beneficiaban a la minería ilegal y al contrabando, permitirá mitigar estos problemas estructurales a mediano plazo.

No obstante, se advirtió sobre la relevancia de garantizar la continuidad de los sectores productivos y logísticos de las provincias, que dependen del transporte pesado, la maquinaria agrícola y la cadena de suministros para sus actividades cotidianas. En ese marco, el CONGOPE hizo un llamado a la ciudadanía y a los gremios a mantener la calma y evitar medidas de paralización que podrían generar graves impactos sociales y económicos.

El Consorcio reafirmó su voluntad de promover el diálogo y la coordinación interinstitucional con el Gobierno Nacional y los diferentes sectores, a fin de asegurar que los mecanismos redistributivos –como el bono destinado a transportistas– sean suficientes y lleguen oportunamente a los actores directamente involucrados.

Finalmente, el CONGOPE subrayó la importancia de realizar un monitoreo cercano del impacto de esta decisión en las provincias, con el objetivo de mitigar posibles efectos adversos y garantizar la continuidad de la producción, el transporte y la vida cotidiana de los ecuatorianos.

“Las Provincias somos el Ecuador”

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ECSA fue certificada como empresa alineada a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) por grupo EKOS

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En el marco del evento Sustainable Experience, organizado por Grupo Ekos, EcuaCorriente S.A. (ECSA) fue reconocida con la certificación como Empresa Alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Este reconocimiento se otorgó por el Programa de Educación que la empresa impulsa en su zona de influencia minera, una iniciativa que refuerza su compromiso con el ODS 4: Educación de Calidad.

El Comité Evaluador también destacó los programas ambientales, de equidad de género, generación y capacitación de talento, así como el firme compromiso de ECSA con la salud y seguridad de sus colaboradores. Estos esfuerzos se alinean directamente con el ODS 3: Salud y Bienestar, ODS 5: Igualdad de Género, ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico y ODS 13: Acción por el Clima.

El jurado de la certificación estuvo integrado por Rosalía Arteaga, expresidenta de la República y actual presidenta de UNIR Ecuador; Verónica Arias, exsecretaria de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito y catedrática de la Universidad San Francisco de Quito; Fernando Espinosa, rector general de investigaciones de la Universidad Espíritu Santo (UEES); Mauricio Morillo, cofundador de la Revista Ekos y aspirante a Doctorado en Empresa e Innovación por la Universidad de Girona; Alegría Corral, directora del Área de Derecho Ambiental y Sostenibilidad en Lexvalor Abogados; y María Elisa Campos, presidenta ejecutiva de SICMA Ecuador.

Mauricio Morillo, cofundador de la Revista Ekos y miembro del Comité Evaluador, resaltó:
“El programa de educación desarrollado por EcuaCorriente en la zona de influencia de la mina Mirador es un aporte significativo. La entrega de becas nacionales e internacionales representa una oportunidad real para que los jóvenes fortalezcan su formación, mejoren su calidad de vida e impulsen su inserción en mejores oportunidades laborales.”

Por su parte, Jeimi Chiluisa Palacios, Coordinadora de Comunicación de EcuaCorriente S.A., destacó: “Los programas que se desarrollan en la mina Mirador benefician tanto a colaboradores como a habitantes de la zona de influencia. Estas iniciativas impulsan un futuro más sostenible y garantizan un enfoque integral que combina educación, desarrollo social, cuidado ambiental y bienestar comunitario.”

Con este reconocimiento, EcuaCorriente S.A. reafirma su compromiso de contribuir al desarrollo sostenible del país, alineando sus acciones a los estándares internacionales que promueven un futuro más responsable e inclusivo.

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Minería en Quimsacocha: el Alcalde de Cuenca denuncia que informes que confirmaban la contaminación se eliminaron en Quito

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El presidente Daniel Noboa descartó seguir con el proyecto minero Loma Larga, que se extiende por tres cantones de Azuay, en Quimsacocha. Sin embargo, trasladó la responsabilidad a la Prefectura y Alcaldía,

El Mandatario señaló que, ante la negativa, serán los gobiernos locales quienes deberán responder a posibles acciones y procesos que ejecute la empresa a cargo del proyecto. Por ello, insistió en que ambas entidades deben «sustentar bien» los informes que motivan el rechazo a la minería.

Al respecto, Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, denunció durante una entrevista para Contacto Directo que el propio Ministerio de Ambiente coincidió con la información recabada por la Empresa de Agua Potable de Cuenca (Etapa) que señalaba una posible contaminación y afectación en Quimsacocha, a causa de la minería.

“El propio informe del ministerio de Ambiente coincidió con el informe técnico de Etapa. Lo que pasó es que desde un escritorio de Quito, con la burocracia, lo hicieron desaparecer, lo borraron y cambiaron de informe», aseveró.

Agregó que otro informe, realizado desde la academia, también advertía sobre afectaciones ambientales. «Son tres informes, al menos, que coinciden con la contaminación de una zona altamente sensible que dota de agua a la ciudad de Cuenca y por eso la reacción de la ciudad«.

¿Paso a la minería ilegal?

El Gobierno ha señalado que la única forma de combatir a la minería ilegal es con minería legal; sin embargo, Zamora aclara que en esta zona la minería ilegal es «inviable», por tres razones:

  • Profundidad del yacimiento
  • Cantidad de recursos
  • Procesos industriales requeridos

Según el Alcalde, para llegar al mineral es necesario excavar a una profundidad de 120 metros «en roca viva» y luego, en galerías, otros 1 300 metros.

La siguiente característica es la cantidad de recursos que se deben remover, en comparación con el yacimiento. «14 millones de toneladas de tierra para poder sacar 64 toneladas de oro»

«Por cada tonelada de tierra apenas se sacaría en oro el equivalente a dos monedas de un centavo»

Finalmente, explicó que el proceso de extracción de oro no es artesanal, sino que requiere procesos industriales.

La empresa minera a cargo del proyecto Loma Larga defiende que no hay conexión entre el agua subterránea, que dota de agua a Cuenca, y la superficial, con la que se operaría. Sin embargo, Zamora aclaró que debido a la condición del suelo permeable, el líquido sí se verá afectado.

Sostuvo que tampoco hay un estudio de la relavera sobre el riesgo de colapso, donde se ubicarán los desechos, a la par de una mala delimitación del área de impacto.

«Según ellos, el proyecto únicamente va a impactar a tres comunidades pequeñas e hicieron la consulta a un grupo myu reducido, cuando el impacto que debió estudiarse es de toda una cuenca hídrica, porque en el páramo llueve siempre y el agua se filtra», resaltó.

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